Carta Orgánica: Duro revés contra el municipio

Catriel.- La Justicia no solo rechazó la medida cautelar que presentó el municipio contra la Carta Orgánica sino que también ridiculizó algunos aspectos  argumentativos. De forma cuasi pedagógica los jueces de la Cámara Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería marcaron algunas contradicciones en la presentación que realizó el municipio y que tenía como objetivo suspender la entrada en vigencia de la Constitución local que fue sancionada el 21 de noviembre pasado.

El primer error grosero que marcaron los jueces fue la presentación de la letrada Laura Morales quien se presentó como apoderada del municipio pero luego fundamenta el amparo como patrocinadora. En el apartado primero la resolución dice que “se presenta Laura Gabriela Morales, invocando su carácter de letrada apoderada de la Municipalidad de Catriel, a su vez con patrocinio letrado, expresando que “por expresas instrucciones de su mandante” comparece a interponer “medida cautelar de no innovar, y en su caso medida innovativa” a fin de obtener la suspensión de la entrada en vigencia de la nueva Carta Orgánica Municipal (en adelante COM), sancionada el 21 de noviembre de 2017 por la Convención Constituyente Municipal, por lo que denomina que serían “gravísimas consecuencias institucionales” que menciona”.

El grave error técnico en la presentación es que cuando uno tiene un poder para presentarse ante la Justicia no puede actuar “por expresas instrucciones de su mandante”, es una contradicción per se. Eso haría un patrocinio que actúa en tal caso bajo instrucciones del demandante. Con un Poder de la naturaleza que explica Morales no puede actuar por órdenes de terceros.

Por otro lado los jueces entendieron que tampoco queda claro quién va a ser el afectado si entra en vigencia la CO, cuestión central para poder atender un reclamo de No innovar. Otra contradicción es que se pidió una medida innovativa y de no innovar, una es para corregir y otra es para evitar. En tanto el Poder Ejecutivo deberá pagar las costas por el procedimiento.

La fundamentación fue que  la nueva constitución tendrá “gravísimas consecuencias institucionales”. El municipio apuntó a las disposiciones atinentes a las modalidades de las contrataciones públicas (arts. 2, 200 y 201 de la COM); la determinación del Ejido Municipal (art. 3 COM); preceptos referidos al derecho a la salud y su responsabilidad (art. 85 COM); la creación de la denominada “Banca del Pueblo” (art. 247 de la COM); las normas referidas al patrimonio municipal, inmuebles y automotores (arts. 191, 193 COM); artículos que disponen sobre las “escrituras” (art. 195 COM), las funciones del Intendente (296 y 306 COM) y el Tribunal de Cuentas (art. 327 COM). El recurso de amparo sostiene que las disposiciones afectarían “derechos adquiridos por contratantes y proveedores, o bien facultades atribuidas a la Provincia por la Constitución rionegrina, o en su caso la ley 4193 y el Código Procesal Civil y Comercial, y se agrega que algunas de las normas municipales citadas afectarían el régimen representativo y republicano”. Además que existiría “peligro en la demora por el daño que se generaría a la vida del Municipio, y manifiesta que no cuenta con otro modo de obtener la precautoria”.

En los argumento del fallo, la Cámara sostiene que “la letrada apoderada del Municipio no detenta legitimación “sustancial” a los fines de promover una actuación judicial de la naturaleza pretendida, cuestionando directamente la entrada en vigencia de la Norma Fundamental (Constitución) del Municipio -persona jurídica de derecho público- a la que dice a su vez que representa en juicios y en cuyo nombre afirma que actúa, significando ello una insuperable contradicción”.

La resolución también pone de manifiesto la autonomía de poderes por lo que la Convención Constituyente fue elegida por el pueblo y con el fin de confeccionar la CO.
“ Que por otra parte, en un sentido amplio y general, cuadra puntualizar que siendo que la Carta Orgánica Municipal atacada ha sido dictada por una Convención Constituyente Municipal, elegida por el pueblo de la localidad de Catriel (que delibera y gobierna a través de sus representantes) para esos fines, y en cuyo seno ha debido debatirse ampliamente la normativa sancionada, ha de presumirse la “legitimitidad” de su convocatoria, elección, actuación y representatividad, y en general de sus actos públicos, institucionales y administrativos, en los términos de los arts. 2, 25, 228 y concordantes de la Constitución Provincial; amén de la explícita garantía a la “autonomía” municipal que consagra dicho plexo; e igualmente de la Carta Nacional.

En términos generales, y siempre desde lo conceptual, la medida precautoria solicitada es, de por sí, restrictiva cuando se trata de actos de la Administración Pública (vid. A. Bacre, Medidas Cautelares, pág. 499 y sus citas). Se ha dicho en doctrina y jurisprudencia que “…no es procedente la prohibición de innovar cuando se ataca la presunción de validez de que están investidos, en principio, los ordenamientos legales y los actos del poder público. De esta manera, aún cuando se plantee la inconstitucionalidad de una ley, ello no puede en principio destruir la legitimidad de que gozan los actos del poder político, razón por la cual, mientras no se desvirtúe esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida…”.

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