Claro deberá pagarle 70 mil pesos a un catrielense

11 de noviembre del 2011. Inicio de operaciones de la empresa Claro de telefonia en diferentes puntos del area metropolitana. En la foto: movimiento comercial de la compa–ia Claro en la sucursal ubicada en el Paseo de las Flores.

Catriel.- La Justicia no hizo lugar a la apelación de la empresa de telefonía claro y confirmó el fallo a favor de dos usuarios rionegrinos que demandaron a la empresa en el marco de la Ley d Defensa al Consumidor. Uno de ellos es de esta localidad y demandó a la firma por un deficiente servicio.

La Cámara de Apelaciones de Cipolletti rechazó las apelaciones que interpuso la empresa Claro AMX Argentina S.A., y de esa forma se confirmaron dos multas que aplicó la dirección de Comercio e Industria de Río Negro. Autoridades de Defensa al Consumidor explicaron que ambas son por 70 mil pesos y que se trató de infracciones a diferentes artículos de la Ley de Defensa al Consumidor.

Uno de los casos, según consta en el expediente, fue por no dar “información veraz, detallada, eficaz y suficiente” luego de la contratación del servicio, y además, señalaron que se explicó de manera “errónea” sobre los “derechos y procedimientos para la baja de los servicios adquiridos”, destacaron. También argumentaron que la firma no dio respuesta frente a los reclamos efectuados.

El reclamo se generó “al no otorgar la baja del producto oportunamente requerido por el denunciante, al emitir los cobros por servicios no prestados y percibir las sumas correspondientes a tales conceptos”, explicaron desde la Justicia. El cliente de Catriel contrató el servicio de internet Móvil 3G, aunque el servicio fue deficiente.

El otro caso implicó a una clienta que se presentó en la oficina municipal de Información al Consumidor de Cipolletti y denunció los inconvenientes que venía experimentando con su línea telefónica, que había sido activada en enero del año 2011. La mujer sostuvo que la empresa Claro no respetó los términos económicos y contractuales de la oferta a la que había accedido. En esa instancia la empresa propuso una propuesta que consistía en la cancelación de la línea sin trámites previos, acreditando los costos de activación por un importe de $220 más impuestos, y a cargo del cliente, pagar los costos de “subsidio remanente” por un importe de $200.37 más impuestos.

En noviembre del año 2011 la mujer denunció el incumplimiento de ese acuerdo y afirmó que la empresa continuó facturándole durante meses un servicio pese a la baja de la línea. Como si fuera poco, la empresa le envió una intimación de pago, bajo la amenaza de iniciarle acciones judiciales. En esas condiciones, el municipio dio por incumplido el acuerdo y derivó la información a la dirección de Comercio e Industria.

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