Conflicto de tierras: La Justicia no pudo garantizar el desalojo

Crédito VSN foto ilustrativa

Catriel. La disputa por unos 8000 m2 de tierra entre dos familias de Catriel culminó con la orden de desalojo por parte de un juez civil. Sin embargo, la Justicia no pudo llevarlo a cabo porque no se deban las garantías procesales para tal acontecimiento. La presencia de menores fue la razón principal por la cual no se efectuó el desalojo. Además, no hubo presencia del SENAF (Secretaria de niñez, adolescencia y familia), quien debe velar por los derechos constitucionales de los menores. La resolución que ordenó el desaolojo fue emitida por juez civil Federico Corsiglia.

El conflicto tiene su génesis en dos familias disputando por la titularidad de un terreno que está a nombre de Méndez. Según el relato de los que promueven el desalojo, hace algunos meses la familia Villegas usurpó ese terreno de 8000 m2 y lo alambró. Colindante a ese terreno, la familia demandada es propietaria de otra gran superficie de unos 7000 m2 aproximadamente. Luego de tomar posesión de ese terreno, del cual ellos aseguran ser dueño legítimos, comenzó la contienda judicial. La parte demandante logró comprobar tener la titularidad de las tierras y por eso el juez civil ordenó el desalojo.

Previo a la sentencia, el fuero civil dio lugar a una medida cautelar de no innovar interpuesta por la demandante en la cual ordena a la familia Villegas y Pardo de no ejecutar “actos de posesión sobre el inmueble (…) reponer el inmueble a estadio anterior en el que se encontraba”. Esa resolución se dictó el 21 de mayo con un plazo de ejecución de 10 días. Sin embargo, no se llevó a cabo. Luego se ordenó el mandamiento de desalojo y posteriormente otra medida cautelar para que no se edifique.

El conflicto comenzó en 2017 cuando la familia Villegas comenzó a cercar el perímetro del terreno en conflicto. Ellos son propietarios de una parcela continua a ese lote y aseguran que son dueños legítimos de esas tierras que viene heredada de sus antepasados. La orden de desalojo sigue en pie y la Justicia deberá definir cómo lo resuelve. Además la parte demandante aseguró que la causa comenzará a correr también en el fuero penal.
Hay versiones que indican que detrás de todo este conflicto existe un interés inmobiliario en el ámbito privado para explotar ese sector de la localidad con un desarrollo urbanístico.

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