Convención: el peligroso juego de la democracia mal entendida

La repudiable agresión sufrida por la Convencional del Movic Adelaida Torres, por parte de su par del radicalismo Omar Simionatto, ha sido la piedra de toque de un nuevo conflicto institucional en el marco de la Constituyente catrielense. Este caso ha superado cualquier tipo de límite, dentro de los numerosos inconvenientes que ha tenido el funcionamiento del órgano colegiado, y se ha instalado en la sociedad catrielense luego de la gran exposición mediática y social que ha tenido la situación.

De acuerdo a lo que manifiesta la ley N.º 26.485 de Protección integral de la Mujer, donde se  conceptualizan distintos tipos de violencia, una de cuyas modalidades es la violencia institucional que es “ Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.

Claramente lo sucedido a Torres se enmarca en lo precedente y, les guste o no a muchos opositores, si se está en contra de la violencia de género hay que repudiar enérgicamente la actitud del convencional Simionatto, más allá que no concuerden con la utilización política que pueda devenir de lo actuado.

Entre tantas cuestiones en las que va quedando en deuda la Constituyente, diversos hechos que también merecen un enérgico repudio social e institucional no han merecido ni siquiera la oportunidad de ser tratados. Sin embargo, en las últimas horas, otro convencional, en este caso de la primera minoría, habría sido denunciado también por violencia de género, a pesar de que en su momento le habrían tolerado más de un desplante agresivo.

La profundización de la brecha entre oficialismo y oposición se ha ido jalonando de diferentes hechos desde la concepción misma del órgano constituyente con actitudes de diferente tipificación que alejan a la Convención de su objetivo primigenio que es la creación de un corpus legislativo para los próximos 25 años basado en el consenso y en el debate fundamentado.

Pero más allá de esto ni la política ni la sociedad deben tolerar, bajo ningún tipo de argumento, violencia de ningún tipo y mucho menos aquella que “se ejerce mediante toda acción, u omisión, dentro del marco de una relación desigual de poder, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, por el hecho de ser o sentirse como una mujer”.

Por la sanidad institucional de la política catrielense, la Convención Constituyente local deberá sancionar con la fuerza que se merezca a aquellos que con sus actitudes violentas pretenden hacer valer sus opiniones y posturas.

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