La Asamblea Socio-Ambiental de Catriel insiste en un referéndum popular

VSN

La Asamblea Socio-Ambiental de Catriel (ASAC) elevó un comunicado al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adjuntando planillas con más de dos mil firmas ciudadanas acompañando el pedido de un referéndum popular y expresando su “oposición a los términos del proyecto de Crexell” sobre la instalación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. El expediente tuvo un avance reciente en Medio-Ambiente provincial.

En el escrito de la ASAC se consigna la preocupación por lo enunciado en el proyecto, donde se menciona el “sacrificio ambiental de 300 hectáreas (tres millones de m2), convirtiéndolo en el basurero tóxico más grande del continente” sin delimitar “el alcance de los residuos a tratar” y donde se habla de “la DISPOSICIÓN FINAL de tóxicos de origen no específico, convirtiéndolo en un depósito de materiales” en el cual no se “limita la procedencia ni el origen de los residuos a tratar o depositar”, sino que “textualmente se define su alcance tanto para la provincia de Río Negro como para provincias aledañas”.

También resalta que durante la audiencia pública celebrada en Catriel el 31 de marzo por la Secretaría de Medio-Ambiente y Desarrollo Sustentable que conduce Dina Migani, “profesionales idóneos en su rubro plantearon fuertes desacuerdos con el lugar de instalación y el estudio de impacto ambiental sobre la cuenca”.

Puntualmente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, el texto refiere que en el mismo “no se contempla la sinergia de los múltiples impactos ambientales producidos por diversas actividades humanas sobre el ambiente”. Haciendo un señalamiento claro a la planta de tratamiento de Treater en Campo Grande que estaría a menos de 15 kilómetros de donde se emplazaría la de Catriel. Y cita, además, como ejemplos negativos de este tipo de emprendimientos los casos de INDARSA, COMARSA, Real Work SRL, Trater SA, Crexell Servicios Ambientales y de Neuquén, EET Servicios Ambientales SA,  Serma Servicios Ambientales SA y Greencor SA, todos en en la provincia de Neuquén.

El cierre de comunicado dirigido a la máxima autoridad provincial expresa que “la población de Catriel no se opone a la remediación de los pasivos de nuestra actividad hidrocarburífera” sino “al ingreso de residuos de otros ejidos y al proyecto (de Crexell)” porque “no da cumplimiento a leyes ni artículos de nuestra legislación provincial, no está en cumplimiento de los artículos de los contratos de renegociación de las áreas petroleras, el compre rionegrino, ni la antigüedad exigible a la empresa como radicada en Río Negro”.

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