La división de poderes, el talón de Aquiles del Movic

Todos tenemos un Talón de Aquiles, si lo tuvo el gran guerrero de la mitología griega, como podríamos esquivarlo los simples mortales. Este gobierno municipal pasó varios años de gestión sabiendo ocultar sus debilidades, o quizá su buen andar en los primeros cuatro años y la pobre oposición idealizaban un proyecto vecinal al que hay que reconocerle logros, especialmente en el periodo entre 2011-2015. Sin embargo, la segunda gestión comenzó a tropezar con algunos escollos que todavía lo tiene a los tumbos.

Sin duda, el intento de avasallar la división de poderes ha sido la principal debilidad de este gobierno. Antes no se notaba porque siempre dominó a placer un Poder Legislativo que desconocía la falta de pluralidad que había en su gestión. El primer sobresalto grande con un gran costo político se dio con el caso Pablo López. La historia es conocida. El ex director de Políticas Integrativas (2011-2015), que fue tercero en la lista de legisladores en 2015. Tenía una banca que le duró un par de meses.

Tras un distanciamiento con el intendente Carlos Johnston, que ya no tenía retorno, con un polémico juicio político, los legisladores lo destituyeron de su cargo. Fue en agosto de 2016. El propio intendente fue quien promulgó la denuncia. El por entonces legislador Nicolás Sgalla criticó con dureza a López.

No conforme con eso Johntson llevó la jugada más lejos. A la Justicia ordinaria. Allí recibió su primer golpe fulero. La jueza Sonia Martín sobreseyó al exedil de la denuncia por supuesta malversación de fondos mientras López se desempeñaba como funcionario en el periodo 2011-2015. No fue por el beneficio de la duda, sino porque no había ningún elemento para sospechar de ese delito.

El Ejecutivo decidió no apelar. Las costas las pagó el municipio. No apelar fue la única decisión coherente de la asesoría legal del municipio que es otro de los eslabones más débiles de este gobierno. “Son cosas muy sensibles, hablamos de malversación de fondos. Cuando uno empieza a buscar culpabilidad en otro, evidencia que no procedió de la manera en que correspondía”, dijo Sgalla en VSN radio en junio del 2016. En ese momento era presidente del bloque.

Cuando la jueza emitió la resolución Sgalla y todo el bloque oficialista hicieron silencio. Un silencio que habló demasiado. En este sentido el exfuncionario tampoco respetó la voluntad popular ya que a fines del 2017 dejó su lugar de legislador para pasar otra vez al Ejecutivo. Una desprolijidad que tiene otros antecedentes en este gobierno. El de Jessica Mash, por ejemplo, actualmente secretaria de Políticas Sociales es otro. Era concejala, elegida por el pueblo.

Ese fue el primer aviso. El más grave llegó con la Convención Constituyente. El Movic logró ganar la elección con 10 puntos de ventaja sobre la segunda fuerza FPV. Sin embargo, no logró la mayoría absoluta. Necesitaba ocho convencionales y logró seis. La falta de habilidad política lo convirtió en la primera minoría porque las fuerzas restantes se unieron.

El intendente no solo no reconoció a las autoridades de la Convención que fueron votadas incluso por su propio partido y criticó la decisión de que los convencionales cobren y el presupuesto que tenían. Más tarde cuando la nueva Carta Orgánica estaba lista fue a la Justicia ordinaria para eliminar algunos artículos que creían eran inconstitucionales. Claro está la Justicia volvió a fallar en contra en todas las instancias, de primera, de segunda. Incluso el Superior Tribunal De Justicia ratificó el fallo de las instancias previas.

Los papelones de la asesoría legal del municipio no terminaron allí. El proceso de expropiación del Lote 14 es el más grave de todos. Porque ni siquiera realizaron el trámite como correspondía. En lugar de iniciar un juicio por expropiación fueron directamente a la consignación por la compra del terreno a expropiar. Ni siquiera estaba la tasación que debe realizarlo un ente provincial. Ese tribunal debe tener entre sus integrantes un representante del dueño de las tierras. También del municipio.

Pero el avasallamiento de la división de poderes por parte del oficialismo tiene otra arista. Tras el fallo que obliga al Ejecutivo a no tomar posesión de las tierras y que acredite la documentación del trámite de expropiación, salieron con un comunicado criticando a la Justicia por el fallo, al dueño de las tierras por no aceptar la oferta y a este medio de comunicación por informar sobre el fallo. Nada se dijo del error que ellos cometieron, un error tan básico e inocente que pone en tela de juicio a los letrados del municipio.

Un día después de que este medio publicara el fallo, el municipio debió calmar la bronca de los vecinos con una reunión en la cual volvieron a culpar a un Otro. Aquí bien podrían valer las palabras de Sgalla cuando hablaba de López: “Cuando uno empieza a buscar culpabilidad en otro, evidencia que no procedió de la manera en que correspondía”. Esa frase se resignifica. Esto también le costó plata al municipio, mucha.

La frutilla del postre y que es más a modo simbólico fue el cierre dominical. El municipio se decidió tras, la presión de la Cámara de Comercio local, a impulsar el cierre de los grandes comercios los días domingo. La medida duró un par de meses hasta que La Anónima presentó una demanda judicial y rápidamente tuvieron que volver sobre sus pasos. La medida que tiene un solo antecedente de La Pampa hasta Ushuaia está en Santa Rosa. No funcionó en ningún otro lado. El municipio se vio obligado a derogar esa ley por presión de la cadena de supermercados. Si no la derogaba seguía curso la demanda judicial.

El continuo ataque a la división de poderes, en su momento con la Convención Constituyente y con la Justicia ordinaria cada vez que falla en contra sobre causas que ellos mismos impulsaron desnudan las falencias de un gobierno que hace dos años viene perdiendo el poder simbólico y destapando cada vez más su talón de Aquiles.

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