Mi hijo vive en las Residencias allanadas

Soy el papá de Santiago, alumno de 1er año de Comunicación Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Mi hijo vive en la Residencia Universitaria, ubicada en el predio de la Facultad mencionada, en la calle Río Negro, entre Venezuela y Perú. Comparte el bloque número 3 con otros estudiantes, también tres, de diferentes puntos de Rio Negro y Neuquén. Accedió a este beneficio tras cumplimentar una serie de requisitos exigidos y mantiene aún esta beca tras obtener los objetivos solicitados en el ámbito académico y social, con más el agregado de su comportamiento y su respeto y observación de las normas de convivencia requeridas. En el presente año lectivo regularizó las 8 materias que cursó.

El sábado 9 de diciembre del corriente año, como es de público conocimiento, la Policía Federal por orden del Juzgado de la misma órbita a cargo de Hugo Greca, aunque sólo con la firma del secretario de este, realizó un allanamiento en las residencias universitarias donde vive mi hijo. Su bloque fue allanado, pero no su departamento y además, él tampoco se encontraba en el predio pues estaba de visita en casa de mis padres, en otra localidad rionegrina. De todas maneras, como papá, me siento muy preocupado por la indefensión, que surge de la actuación de las fuerzas de seguridad, en la que se encuentran tanto él como sus compañeros y vecinos tras el procedimiento realizado con una violencia inusitada y una proporcionalidad desmedida de efectivos respecto de los resultados obtenidos. Se estima que la realización de tamaña operatividad debe estar refrendada por un trabajo de inteligencia previa y una investigación tal que permita resultados acordes que guarden relación con el movimiento realizado.

Según se desprende de lo informado por fuentes oficiosas fueron “levantadas” del lugar 4 plantas para analizar si pertenecen a la especie cannabis sativa (marihuana), es decir que este fue el magro resultado del trabajo realizado por unos 30 uniformados que ingresaron a tres bloques del predio rompiendo puertas, desarmando el mobiliario e intimidando a un grupo de jovencitas y jovencitos que, durante al menos tres horas, fueron tratados como narcotraficantes e incluso permanecieron algún tiempo “apuntados” con armas largas.  Es decir que tamaño aparato, que genera un importante gasto de recursos del Estado, arrojó un resultado absolutamente lejano de su objetivo primigenio y fue realizado prácticamente en vano.

Creo que mas allá  de las explicaciones que han solicitado las autoridades de la Facultad y de la Universidad, los estudiantes que viven en las residencias, sus padres y familiares necesitamos que alguien nos de las garantías necesarias para que hechos como este no vuelvan a suceder, y ya que ellos están invocando el respeto a la casa de altos estudios nosotros invocamos el cuidado necesario a la integridad física, psíquica y moral de nuestros hijos, tomando en cuenta que el accionar que las autoridades denuncian como “desmedido, violento, intimidatorio y agresivo” fue sufrido por seres humanos que hoy son señalados por muchos sectores de la sociedad que justifican estos accionares represivos, vaya novedad, y que deben retomar sus vidas no solo cotidianas sino tratar de cerrar con bien sus años académicos, en muchos casos, para poder mantener la beca de residencia que les permita seguir luchando por pervivir en un sistema que todos los días hace algo diferente para expulsarlos.

Dia a día vemos como el Estado, en sus múltiples formas, atenta contra la ciudadanía de diferentes maneras; sin ir más lejos, no hace muchos días, este mismo juzgado libró una orden de allanamiento contra un domicilio de Catriel y las fuerzas de seguridad encargadas de llevar a cabo el procedimiento, allanaron la casa de al lado, también con violencia injustificada y provocando daños morales y materiales. Es nuestro deber como ciudadanos, desde el lugar en que nos encontremos, luchar por nuestros cometidos y exigirle al Estado del cual somos parte fundamental, que nos proporcione garantías, asegure nuestros derechos y nos proteja, así como ha hecho con los intereses económicos de corporaciones y empresarios extranjeros y allegados a familiares del gobierno.

Marcelo Guerrero, papá de Santiago, alumno de la Fadecs.

DNI 21.811.401

Periodista de Viento Sur Noticias

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