Opinión: El aborto, la moral y el fin de la legalización

*Por Elio Carrasco

La discusión sobre la legalización o no del aborto está abierta y las cartas están sobre la mesa. De un lado, quienes están a favor. Del otro, quienes se oponen. Y entre medio de ellos un debate en forma de guerra dialéctica. Llegar a un consenso resulta difícil. Todos están plenamente convencidos de que sus opiniones y argumentos sobre el aborto son las más correctas, éticas y morales. Por supuesto que algunos la defienden mejor que otros. Hace poco una persona por quien tengo gran aprecio y un enorme respeto, sabiamente, me dijo: “Si querés convencer al otro, no descalifiques, argumentá”. En ese sentido y siguendo atento su consejo, diré que estoy a favor de la legalización del aborto (los anticonceptivos y la educación sexual) y expondré los argumentos en los que baso mi postura al respecto.

A la hora de abordar las situaciones vinculadas al tema, las subdiviré en tres planos. Por un lado discutiré lo tangible, algunos datos de fuentes confiables con los que considero que contamos en la actualidad para informarnos y opinar sobre la temática. Por el otro, argumentaré mi posición en la intrincada discusión ética y moral que se nos abre al hablar y opinar sobre el destino y los derechos de vidas ajenas. Y finalmente explicaré la condición parlamentaria del proyecto de legalización presentado en el Congreso.

Algunos datos a tener en cuenta

En primer lugar hay decir que en Argentina se realizan alrededor de 450 mil abortos clandestinos por año, que derivan en 60 mil internaciones en hospitales públicos por complicaciones, y en los que mueren un promedio de 100 mujeres. Y en segundo, que la primer causa de mortalidad materna en nuestro país es el aborto. Estas referencias suelen ser muy criticadas por los antiabortistas y militantes “pro-vida” alegando una supuesta “falta de veracidad” en las cifras. Por lo cual me tomé el tiempo de investigar la información disponible y descubrí que el primer dato, aunque es estimativo, es oficial. Surge de un informe realizado en 2005 por dos demógrafas (especialistas que estudian la evolución de la población), Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Contaron para ello con la colaboración de integrantes del CENEP (Centro de Estudios de la Población) y del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), quienes realizaron el trabajo de campo. Aquí se puede leer su trabajo completo. Tomándolo como como referencia válida, y haciendo el cálculo matemático, podemos inferir que de 2005 hasta hoy en Argentina murieron por lo menos unas 1300 mujeres como consecuencia inmediata de la penalización del aborto. Seguramente más.

El segundo dato arrojado (el aborto como 1er causa de mortalidad materna) está chequeado por el Ministerio de Salud de la Nación (anuario). De acuerdo al último dato oficial disponible (2016) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto” ubicándolo como principal causal de muerte materna. Estos datos y el grueso de las opiniones médicas profesionales remarcan que las muertes por aborto están mayormente ligadas con complicaciones derivadas de casos en los que se hace de manera insegura.  Incluso un documento elaborado por el UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación elaborado en 2003 señaló que “las estadísticas oficiales muestran que más de un tercio de las muertes maternas tienen relación con abortos, muchos de ellos realizados en clandestinidad, en malas condiciones sanitarias y que, por lo tanto, podrían evitarse”. Y el agravante de esta problemática es que estas muertes ocurren, específicamente, entre las mujeres más pobres, las menos educadas y las más jóvenes. El mismo organismo señala también que en Argentina cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé. El 45% de esos embarazos no fueron planificados.  Este informe de la Organización Mundial de la Salud señala que en las adolescentes de 15 a 19 años, la mayor causa de muerte son las complicaciones del embarazo, tales como la hemorragia, la sepsis, el parto obstruido y las complicaciones de los abortos peligrosos.

Entonces de todos esos datos de fuentes que considero confiables, infiero que se han muerto, se están muriendo y -mientras todo siga tal y como está- se van a seguir muriendo muchísimas mujeres que se podrían salvar con una atención médica adecuada en un hospital público. Eso me genera una mezcla de bronca, impotencia y tristeza.

Los médicos señalan que en que los abortos en hospitales, con todas las condiciones sanitarias correctas, tienen incluso menos mortalidad que un parto. Pero con la legislación actual, que en la generalidad penaliza el aborto, año tras año miles de mujeres se ven forzadas a realizar esta práctica en la clandestinidad absoluta con la enorme cantidad de riesgos que esto supone. Entonces está a la vista que esa legislación no ha sido eficaz para solucionar el problema y continúa perpetuando el cínico ciclo de un macabro negocio que provoca desidia y muerte y que se esconde ahí donde el Estado está ausente. Negar, ante todos estos datos, que a estas alturas la legalización del aborto se trata de una cuestión de Salud Pública a nivel nacional que requiere urgente atención es simplemente imposible.

Que el Estado y la sociedad se nieguen a considerar el aborto como una problemática de la salud pública afecta la vida de miles de mujeres a lo largo del país. Los tabúes morales y religiosos, entremezclados con la idea de la maternidad como mandato en lugar de deseo, no sólo obstaculizan la despenalización y legalización, sino también la aplicación efectiva de la interrupción del embarazo en los casos ya previstos en la ley (cabe recordar el caso de la joven embarazada víctima de violación y una red de trata a la que en 2012 un grupo de abogados ultra católicos le impidió realizarse un aborto no punible autorizado por la Justicia). Para que quede claro. La resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad continúa impidiendo el acceso a un derecho establecidomediante la criminalización, el amedrentamiento, y la desinformación. 

“Legalizar no quiere decir que estamos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto sino que, ante ciertas circunstancias, la pobre que no tiene recursos no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte. Esa desigualdad a mi no me gusta”, doctor René Favaloro.

¿Puede la legalización provocar un pico eruptivo de abortos en la población?

“Si lo legalizan, todo el mundo va a abortar”, suelen usar como defensa de su postura los antiabortistas. Esta idea no guarda ningún asidero en la realidad. En contra de lo que todavía mucha gente cree, las tasas de aborto son más elevadas en aquellos países donde las leyes son más restrictivas y punitivas (como en Argentina). Y este dato surge de la Organización Mundial de la Salud. De 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher. Explica además que la mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina, regiones en donde el aborto está severamente restringido en casi todos los países. En cambio, la tasa de aborto es de 12 por mil en Europa Occidental, donde existe un amplio acceso tanto al aborto como a la anticoncepción. Penalizar el aborto no evita su práctica, pero sí provoca un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y de muertes derivadas de procedimientos clandestinos e inseguros. En América Latina, por ejemplo, el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de morbilidad y mortalidad ¿Qué recomienda hacer entonces la Organización Mundial de la Salud? Esto:

“Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto”, PARTE DE PRENSA De LA ORGANIZACIÓN MUNDal de la salud SOBRE MORTALIDAD MATERNA

Los abortos no punibles

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la madre, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación (que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia establecía además que cada provincia debía elaborar un protocolo para la atención de los abortos en las situaciones no punibles por el código penal. La situación actual indica que algunas provincias elaboraron dicho protocolo en lineamiento con el fallo, mientras que otras provincias elaboraron protocolos más restrictivos y otras provincias no han elaborado protocolo alguno.

“Penalizar el aborto no evita su práctica, pero sí provoca un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y de muertes derivadas de procedimientos clandestinos e inseguros”, ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD.

El debate moral

La efervescencia en cada respuesta y la discordia que genera el tema develan que la sociedad moderna (al menos la nuestra) todavía no ha resuelto el viejo y antagónico dilema del embarazo indeseado. La mayoría de los razonamientos comparan las necesidades y los derechos de la mujer con la naturaleza y los derechos del embrión o del feto; casi todos son formulados categóricamente poniéndose de parte de uno o del otro. También hay latente un temor a que si el otro “bando” triunfase, muchos de los principios básicos que han guiado sus vidas quedarían devaluados. Justo por eso, hay que debatirlo.

En las polémicas y los debates sobre el aborto, el problema central es si nos regimos por un criterio moral o uno práctico, por uno absoluto o uno situacional. Los antiabortistas eligen siempre el primer criterio y allí no hay argumentos conmensurables que permitan una discusión profunda. El recurso argumentativo condena al otro a elegir entre el bien y el mal, apelando a un principio irreductible y a un parámetro discrecional sobre el “momento” de inicio de la persona humana, para luego verificar si se cumple o no la ley moral.

Para el antiabortista, su contraparte interrumpe la vida de una persona humana y le niega su oportunidad de desplegarse en plenitud. Fija el momento exacto en que esa vida comienza cuando el óvulo fecundado se anida en la pared del útero. Si bien como principio moral la persona humana es irreductible, otorgarle personalidad a un óvulo fecundado adherido al útero resulta poco verosímil para el sentido común. La postulación, muchas veces, viene de una doctrina básicamente religiosa (y específicamente católica) y su última instancia radica en la idea de que Dios crea la vida humana y nadie tiene derecho para alterar ese curso providencial. Los militantes del llamado movimiento “Pro-vida” suelen recurrir a este tipo de paradigmas teológicos y/o la extrapolación de su experiencia personal como argumento para condicionar o juzgar una elección personal ajena sobre el cuerpo de un otro que atraviesa una realidad completamente diferente. Es absolutamente respetable que uno sienta, piense y diga: “Estoy en contra del aborto”. Se trata de vos, de tu vida y tu cuerpo. Diferente es oponerse a la legalización, porque estás buscando imponer lo que tus creencias o experiencias sostienen a un tercero, poniendo en juego muchísimas vidas. Y está claro que el debate sobre el aborto no es individual, al contrario, se trata de un grave problema de Salud Pública que nos incumbe a todos. Se están muriendo mujeres todos los días, todo el tiempo.

Por otra parte muchas veces quienes están tajantemente en contra de la legalización del aborto por defender “el derecho a la vida”, presos de sus convicciones religiosas o los prejuicios culturales, no reparan en la enorme diferencia que existe entre los conceptos de “vida” y “vida digna”, confunden “derecho” con “obligatoriedad”, y no diferencian entre “embrión”, “feto” y “bebé”. Y no entienden que prohibir el aborto no solo no lo evita, sino que lo potencia de la peor manera y maximiza sus consecuencias.

Por ser agnóstico es que respeto las cuestiones del espíritu tanto como las de la lógica humana (y médica sobre todo), que suelen ser los pilares en los que respectivamente se apoyan quienes están en contra y a favor de la legalización del aborto. Pero ante la contrastación de argumentos entre una y otra postura, no puedo dejar de señalar lo grotesca que me resulta la contradicción de declararse a favor “de la vida” siendo conscientes de que el negar el acceso al aborto seguro legal y gratuito y priorizar la “vida” de un embrión en gestación por sobre la de una mujer se pone en riesgo la salud de todas las mujeres del país que -por la actual legislación- hoy en día no tienen acceso a los servicios básicos de atención que la OMS recomienda garantizar como un derecho (incluyendo como uno de ellos el aborto) para tener una calidad de vida saludable en cualquier país del mundo. Y para colmo de males, por si no fuera suficiente con que todas las que decidan practicarse un aborto se ven forzadas a exponerse a altísimos riesgos sanitarios en clandestinidad, la ley las criminaliza por hacerlo. Vendría a ser como el mal remate de un chiste de mal gusto.

Quiero señalar también que existe una contradicción que se plantea cuando se lleva el argumento moral al extremo. Si un aborto interrumpe la vida de un ser humano, y el argumento es el de la inalienabilidad de esa vida, considerada igualmente valiosa en quien ya camina sobre sus dos pies que en el óvulo fecundado adhiriéndose a la pared del útero, entonces la condena penal debería guardar equivalencia, y el aborto no debería diferenciarse de un homicidio en términos legales. ¿Pero no viola eso toda consideración de sentido común? ¿Alguien, en su sano juicio, estaría dispuesto a consentir la cadena perpetua para la mujer que decide abortar o el médico que la asiste? ¿No huele eso a un pérfido fundamentalismo anacrónico? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el descarte de material de inseminación que hacen las clínicas y centros de fertilización? Las preguntas pueden parecer absurdas, pero permiten ilustrar los límites de la posición moralista, llevándola hasta el extremo de sus consecuencias.

Personalmente creo que la legitimidad del aborto o el antiaborto es de consideración, en primer lugar, de la mujer que sostiene el embarazo y que decide llevarlo a término o interrumpirlo. Las razones a esgrimir podrán ser muy diversas en uno u otro sentido. Pero adopto esta postura siguiendo como principio ético y social el derecho de cada cual a decidir sobre su vida conforme a sus valores y su visión de lo que es valioso.

El proyecto de legalización del aborto fue presentado con récord de firmas en el Congreso

Un total de 71 legisladores de distintos bloques parlamentarios firmaron el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esta la séptima ocasión en la que la iniciativa ingresa al Congreso. La decisión es no demorar el tratamiento en el recinto más allá de mitad de año. El proyecto tiene que ser girado a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia, que el 20 de marzo tendrá su primer plenario para definir el cronograma de audiencias públicas, que se extendería hasta junio. Entre los 71 firmantes -58 menos que el quórum-, el FpV-PJ aporta 38 de sus 64 y la UCR 14 de sus 40 (más los 2 de Evolución, Martín Lousteau y Carla Carrizo).

Están los 3 de la izquierda y los 4 del Movimiento Evita. El PRO suma sólo 5 de sus 55 (Marcelo Wechsler, Sergio Wisky, Daniel Lipovetzky, Samanta Acerenza y Juan Carlos “Cali” Villalonga). El Frente Renovador sólo 2 de sus 17: Cecilia Moreau y Raúl Pérez. Menos ayuda el interbloque Argentina Federal, con sólo 1 de los 34. Se trata de Carolina Moisés. El colectivo Economía Feminista encuestó a varios diputados y senadores sobre su posición al respecto. De 257 diputados, unos 88 se expresaron a favor y 105 en contra. De 72 senadores 12 están a favor y 26 en contra. Todavía hay 71 diputados y senadores que no se expresaron sobre el tema. Lo cual quiere decir que no está dicha la última palabra. Un dato de color: En Río Negro todos los diputados están a favor del aborto legal mientras que en San Juan y La Rioja, por ejemplo, están todos en contra.

El fin de la legalización

Lo que se reclama, a través de la “Campaña Nacional por la Legalización del Aborto”, no es la mera posibilidad de abortar cuando, donde y como se quiera. El eslogan cultural que se pregona es “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir“. Es decir, se pide la legalización del aborto como la última opción posible cuando fallaron todas las protecciones primarias. Está más que claro que necesitamos mayor y mejor educación sexual no solo en las escuelas si no también en cada espacio social en el cual sea aplicable porque el desconocimiento de las cifras y situaciones de muertes por abortos clandestinos, las prácticas sexuales y los métodos anticonceptivos en la actualidad pareciera verse más profundizado en los mayores que no recibieron educación sexual que en aquellas personas más jóvenes que si la recibieron o se informaron al respecto. Prueba de ello es que quienes se sumaron en Catriel a la movilización del lunes 19 de febrero y a la del #8M con pañuelos verdes sean en su mayoría adolescentes y jóvenes mujeres profesionales de las cuales muchas han leído sobre la temática, se han informado cabalmente y han tomado su decisión en base a datos extraídos de fuentes confiables que gracias a los avances de la tecnología hoy en día al alcance de todos, pero lamentablemente son aprovechados por unos pocos. En contrapartida existen aún muchas personas que por su crianza, sus creencias o por simple costumbrismo conductual no se permiten confrontar y actualizar aquellos paradigmas culturales que les fueron socialmente transmitidos y se aferran a su postura defendiéndola en base a datos incomprobables, argumentos teológicos, o lo que es peor: denigración verbal/digital y un sentimiento de superioridad moral. Nadie merece eso.

Está claro que más allá de cualquier postura y su argumento cada uno tiene derecho a creer, pensar y expresar lo que quiera sin que tenga que ser hostigado por ello aún cuando podamos discrepar profundamente con ello. Así como es evidente que hoy el debate por la legalización del aborto a nivel parlamentario y social es una de las tantas profundas discusiones que nos debemos después de treinta y cinco años de democracia. Parece ser que la deuda por fin comienza a saldarse. Bienvenido sea.

 

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