Qué dice la ley sobre el aborto no punible

El Código penal establece dos causales para la interrupción legal del embarazo. El artículo 86 sostiene que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible, siempre y cuando se encuentre dentro de las 22 semanas de gestación.
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

El apartado dos no resiste ningún análisis ya que es muy claro sobre qué casos puntuales se puede ejercer el aborto no punible. En cambio el artículo uno es mucho más amplio especialmente cuando se habla de la salud de la madre. Es un concepto muy amplio y que deja abierto a la interpretación.
Por eso, entre otras cosas, en 2015 se creó un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). Es un procedimiento nacional que arroja luz a la difusa de la causal que establece el Código Penal. En principio hay que decir que este protocolo amplía el concepto de salud, al de salud integral.
El capítulo 3 sostiene que “La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida, ya que este último debe ser entendido como la situación extrema de la afectación de la salud. Según la OMS, la salud implica el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (OMS, 2006). Una atención adecuada y completa de situaciones que habilitan la ILE implica necesariamente una visión integral de la salud.

Las pautas para identificarlas son:
• El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud de la mujer para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto.
• La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS.
• La afectación de la salud mental puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.
• El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.
• La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE.
Este capítulo pone a la mujer en lugar de saber, y no al médico. Especialmente en las cuestiones psicológicas y psicosocial. Está claro que el profesional tiene más conocimiento en el aspecto médico, pero es la mujer quien puede definir el dolor psicológico y sufrimiento mental asociado a la pérdida de la integridad persona y la autoestima. Es decir que es suficiente la subjetividad de la mujer para que se garantice el derecho a la interrupción no punible. No habría que caer aquí en cierto reduccionismo sobre la banalización de una “afectación”. Por ejemplo en Cipolletti donde se realizan muchos abortos no punibles, muchos hechos responden a esta variable, la psicológica y social.

Caso F.A.L.
Este protocolo se puso en vigencia en 2015 y tuvo como antecedente el caso FAL. Un fallo de la Corte suprema resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. También estará exento de castigo el médico que practique la intervención.
El caso que ocurrió en 2010 en Chubut fue el de una joven de 15 años que había sido abusada por su padrastro, un oficial mayor de la policía de Chubut. La joven que se sometió a la operación fue eximida de pena por el Superior Tribunal de esa provincia. A casi un casi un siglo de haberse previsto legalmente los casos de aborto no punibles y a más de cinco años del fallo “F., A.L.”, que las mujeres accedan al derecho al aborto en los supuestos legalmente contemplados, depende más del criterio del servicio de salud que las reciba, que de la existencia e implementación de políticas públicas claras, sostenidas y universales de prestación de servicio y garantías de derechos.

Río Negro tiene ley

Río Negro tiene una ley sobre esta temática, anterior al protocolo de Nación. Se trata de la ley provincial 4796 promulgada en 2012 y que estipula la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. En esa resolución establece la “objeción de conciencia” para quienes por razones éticas no deseen practicar el aborto. Además debe haber un registro público provincial donde quede constancia de los médicos o auxiliares de salud que sean objetores.
La ley provincial establece que la causal salud contiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social. Ante la posible afectación de alguna de estas tres dimensiones con el motivo del embarazo, la persona tiene derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE). El único requerimiento es el consentimiento informado.
En caso que un profesional con objeción de conciencia atienda una demanda de aborto no punible, debe garantizar el acceso por otros medios a la mujer.

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