Fabricio Alvarez

El juzgado de Ejecución de Cipolletti resolvió otorgar el beneficio de salidas transitorias a R.R.A., condenado a 12 años de prisión por homicidio agravado en Catriel. La decisión se fundamentó en informes psicológicos, sociales y legales que avalaron por unanimidad la medida, enmarcada en la Ley 24.660, que regula el régimen de ejecución de penas privativas de la libertad.

El condenado podrá realizar una salida mensual de 12 horas, con las primeras tres bajo custodia penitenciaria permanente. Si estas resultan satisfactorias, las salidas continuarán con monitoreo GPS y supervisión de un tutor designado.

La medida se aplicará únicamente para visitas a un domicilio ubicado en Catriel, evaluado previamente por el área social como apto para recibirlo. Durante las salidas, el beneficiario deberá cumplir reglas estrictas, entre ellas, no deambular por la ciudad, no consumir alcohol o estupefacientes, no portar armas y abstenerse de cualquier contacto con los familiares de la víctima.

El equipo interdisciplinario encargado de evaluar al condenado presentó informes psicológicos que determinaron un riesgo criminológico bajo, ausencia de trastornos psicopatológicos significativos y capacidad para respetar normas y pautas. Además, se destacó su participación en actividades terapéuticas durante la detención, con resultados positivos.

El fiscal Oscar Cid respaldó la medida, señalando que cumple con los requisitos legales y garantiza un proceso gradual de reinserción social. Los familiares de la persona fallecida expresaron su rechazo al beneficio. Argumentaron que el período de evaluación ha sido insuficiente y manifestaron temor por posibles reiteraciones delictivas. La madre de la víctima cuestionó la efectividad de las medidas y pidió garantías de que el condenado no se acerque a su barrio.

El padre del fallecido recordó antecedentes conflictivos en la conducta del condenado desde su juventud y sugirió la posibilidad de trasladarlo a otra jurisdicción. Sin embargo, aclaró que respeta las disposiciones legales, aunque no comparte la decisión.

La Cámara Civil de Cipolletti abrió el proceso de inscripción para síndicos y evaluadores que actuarán en la Cuarta Circunscripción Judicial durante el período 2025-2028. Los interesados deberán formalizar su inscripción entre el 15 y el 29 de noviembre de 2024, siguiendo los lineamientos de la normativa vigente y del Sistema de Gestión Puma.

La convocatoria establece que los aspirantes a síndicos deben presentar una nota dirigida al Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería de Cipolletti, incluyendo información personal, domicilio, y datos de contacto, junto con su inscripción profesional, la cual debe estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. Este registro requiere una antigüedad mínima de cinco años en la matrícula profesional y un historial que demuestre idoneidad, buena conducta, y ausencia de antecedentes penales o inhibiciones para el ejercicio de la sindicatura.

Además, cada aspirante deberá acreditar experiencia y antecedentes académicos relacionados con la sindicatura o la evaluación en concursos y quiebras. Para los registros de evaluadores, la inscripción está abierta a bancos comerciales o de inversión, instituciones financieras, y estudios de auditoría con más de diez años de antigüedad, quienes deben demostrar su autorización para operar por parte del Banco Central de la República Argentina.

La Cámara de Apelaciones evaluará las solicitudes conforme al artículo 253 de la Ley de Concursos y Quiebras y elaborará listas preliminares de postulantes, las cuales serán publicadas durante tres días hábiles en los medios del Tribunal y en la lista de despacho diaria. Durante este período, se admitirán impugnaciones. Finalizada esta etapa, se llevará a cabo un sorteo público para conformar las listas definitivas de síndicos y evaluadores, que incluirán quince titulares y diez suplentes por cada Unidad Jurisdiccional de la Cuarta Circunscripción.

Estas listas serán comunicadas y publicadas nuevamente en la sede del Tribunal y en los canales de difusión del Poder Judicial. Los profesionales seleccionados deberán gestionar su firma digital y matricularse como usuarios en el Sistema de Gestión Puma para formalizar su actuación en el nuevo período.

A partir de este mes, más de 10.000 usuarios residenciales de Edersa la distribuidora eléctrica de Río Negro, verán un aumento significativo en sus facturas de luz al perder el subsidio de Nivel 2 (N2). La medida, impulsada por el gobierno nacional como parte de una política para reducir el déficit fiscal, implica que estos usuarios, que hasta ahora recibían el subsidio automáticamente por sus condiciones socioeconómicas, deberán cubrir un costo mayor en sus consumos eléctricos. En total, la cantidad de usuarios subsidiados en el área de Edersase redujo un 14% en los últimos dos meses.

Para estos hogares, la reasignación implica un golpe directo al bolsillo. Aquellos que han sido reclasificados al Nivel 1 —categoría destinada a usuarios de ingresos más altos— afrontarán un incremento de hasta el 50% en sus facturas mensuales, según explicó Fernando Salice, gerente comercial de Edersa. «Es una medida que responde a una política nacional orientada a reducir el déficit fiscal», comentó el funcionario. Sin embargo, el impacto en los presupuestos familiares no será menor, sobre todo en el contexto de una economía inflacionaria y con tarifas de servicios públicos en ascenso.

El cambio en los subsidios también ha modificado el perfil de los usuarios en la región. Los usuarios clasificados en Nivel 1, quienes perciben ingresos anuales superiores a los 3,5 millones de pesos en la Patagonia, aumentaron un 14%, creciendo de 76.725 en noviembre del año pasado a 92.341 en la actualidad. “Hace un año, los usuarios en Nivel 2 superaban a los de Nivel 1 por casi 30.000, pero ahora los de Nivel 1 son 12.000 más”, detalló Salice, evidenciando la transformación que ha tenido la estructura de subsidios en la zona.

El encarecimiento de la tarifa eléctrica también se debe, en gran medida, al incremento del Costo de Abastecimiento (CA), es decir, el precio que las distribuidoras deben pagar por la energía en el Mercado Mayorista (CAMMESA). Este costo representa aproximadamente el 75% del valor que abonan los usuarios y ha subido hasta un 600% en 2024, afectando directamente el monto final de las facturas. “Casi tres cuartas partes de la tarifa corresponden a costos trasladados al usuario, y el 25% restante se relaciona con decisiones provinciales”, aclaró Salice.

Para aquellos usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el trámite de Segmentación Tarifaria continúa abierto y puede realizarse en el sitio oficial del gobierno (www.argentina.gob.ar/subsidios). Edersa, por su parte, ofrece en su página web (www.edersa.com.ar) una herramienta para verificar la categoría tarifaria de cada usuario y el costo estimado de la próxima factura.

R.A.B., una vecina de Catriel que lucha contra una infección en su rodilla izquierda, tuvo que recurrir a la justicia para acceder al servicio de salud. Hace más de cuatro meses, solicitó un espaciador articulado, dispositivo crucial para contener la infección y aliviar el dolor que la atormenta día a día. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Hospital de Catriel la obligó a recurrir a la justicia, presentando un amparo para exigir el derecho a su salud.

Afectada por un cuadro que requiere reemplazar el espaciador cada seis meses, R.A.B. enfrenta una situación que va más allá de la enfermedad: vive sola, no puede trabajar y depende de la ayuda de otras personas incluso para tareas tan básicas como bañarse.

El dolor la acompaña cada día, tratándolo con medicamentos fuertes como tramadol y pregabalina.

La urgencia de su caso, que requiere una intervención quirúrgica para colocar una prótesis de titanio debido a su alergia al metal, llevó a la jueza Gabriela Lapuente a intervenir.

En su fallo, la magistrada destacó que la falta de acción por parte del Ministerio de Salud no solo prolonga el sufrimiento de la paciente, sino que también vulnera sus derechos más básicos.

«El derecho a la salud y a vivir una vida digna no puede esperar», afirmó, al considerar que la situación de R.A.B. representa una violación clara a los principios constitucionales y tratados internacionales que protegen este derecho.

El pedido de R.A.B. fue claro desde el principio. En junio, había solicitado formalmente el espaciador en el Hospital de Catriel, pero su solicitud se sumió en el silencio administrativo. Las respuestas, si es que llegaron, solo lo hicieron de manera parcial y sin ofrecer soluciones concretas. El expediente en el Ministerio de Salud indicaba que el trámite estaba en curso, pero los plazos se extendieron más allá de lo tolerable para una persona que vive con dolor constante.

Con la intervención judicial, el fallo ordena al Ministerio de Salud que en un plazo de 72 horas entregue el espaciador y garantice la cirugía que R.A.B. necesita. De no cumplir con la orden, el ministro responsable podría enfrentar sanciones penales, lo que refleja la gravedad de la inacción estatal en este caso.

En un esfuerzo por mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en Catriel, Ederesa llevará a cabo tareas de poda preventiva y desrame en las líneas de media y baja tensión. Informaron que estos trabajos son esenciales para garantizar la previsibilidad y el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, especialmente en áreas donde el crecimiento de árboles puede interferir con el tendido.

Cortes programados

Con el objetivo de llevar adelante estas tareas de manera segura, se han programado tres cortes de energía en diferentes sectores de la ciudad. Las interrupciones del servicio se realizarán según el siguiente cronograma:

• Jueves 24 de octubre: De 17:00 a 19:00, se realizará la poda en la calle Comodoro Rivadavia, entre Savio y Plaza Huincul.
• Sábado 26 de octubre:
  • De 14:00 a 15:00, el corte afectará a la calle Primeros Pobladores hacia la Ruta Nacional 151, así como a las calles Chubut, Rawson, Jamaica y Atenas. También estarán comprendidos en esta franja el barrio YPF, el barrio Preiss, el Acceso Norte, el hospital Cecilia Grierson y el Complejo Cotecal.
  • De 15:00 a 17:00, se llevará a cabo el trabajo de poda en el cuadrante delimitado por las calles Primeros Pobladores, Chubut, Clemente Zurita y Neuquén.

Recomendaciones para los vecinos

Se recomienda a los vecinos tomar las medidas de seguridad pertinentes durante los cortes de energía, asegurando la desconexión de equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. Además, se aconseja planificar las actividades que requieran el uso de electricidad durante las horas fuera de los cortes para minimizar inconvenientes.

Importancia de la poda preventiva

Las tareas de poda y desrame son fundamentales para evitar situaciones de riesgo como cortes inesperados, caídas de ramas sobre el tendido eléctrico o fluctuaciones en el suministro. Estas intervenciones programadas forman parte de un mantenimiento continuo para asegurar que la comunidad cuente con un servicio eléctrico más confiable y seguro.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan no solo reducir las incidencias en el suministro, sino también fortalecer la infraestructura eléctrica en Catriel, garantizando un servicio que se ajuste a las necesidades de todos los usuarios.

El gobierno de Río Negro citó al gremio docente UnTER a una audiencia paritaria para el jueves 24 de octubre, a las 11, en la Secretaría de Trabajo. La reunión, encabezada por la ministra de Educación, Silvia Ocampos, tiene como objetivo discutir la nueva pauta salarial para el cierre del año, tras semanas de conflicto y malestar en el sector educativo.

La convocatoria llevó a UnTER a posponer su Congreso Extraordinario, que estaba previsto para el viernes 25 en Villa Regina. Desde el sindicato, afirmaron que el gobierno «cumple tardíamente» con la promesa realizada en la audiencia del 13 de agosto de reabrir el diálogo. Además de la discusión salarial, UnTER exigirá que se aborden cambios en las condiciones laborales, señalando que la audiencia debe ir más allá de los aumentos.

El encuentro se da en un contexto de tensión con la ministra Ocampos, luego de que el gobierno condicionara el diálogo a la suspensión de las medidas de fuerza del gremio. La relación también se vio afectada por la reciente declaración de la educación como «servicio esencial» y las nuevas políticas de control de licencias médicas, que generaron críticas por parte de los trabajadores.

Las negociaciones se desarrollarán en un marco de restricciones financieras para la provincia, que no logró ofrecer aumentos en las mesas paritarias con otros gremios estatales, como ATE, UPCN y ASSPUR. La audiencia del jueves se presenta como una oportunidad para retomar el camino del diálogo, con la expectativa de encontrar respuestas a las demandas del sector docente.

Un juez de Ejecución permitió que un condenado por robo en Catriel se pueda mudar a San Juan para poder trabajar. El hombre fue condenado a una pena de prisión en suspenso, es decir que purga su pena en libertad a cambio de una serie de condiciones. En ese contexto, su defensa solicitó el permiso para una mudanza por cuestiones laborales.

El Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti ajustó las pautas de seguimiento para un condenado a pena en suspenso que cambió su domicilio a San Juan por razones laborales. El juez Lucas Lizzi resolvió en audiencia realizada por videoconferencia que la supervisión pasará a la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado de la Provincia de San Juan, dejando sin efecto la intervención del Instituto de Asistencia a Presos Liberados (IAPL), con sede en Río Negro.

El condenado identificado en el fallo como D.V. explicó que trabajaba en una cantera de productos minerales en San Juan y residía cerca de una comisaría, a solo tres cuadras de distancia. Durante la audiencia, su defensor solicitó que las presentaciones sean por medios digitales y que la comisaría no forme parte del control, ya que consideró que no contribuye a la reinserción social.

El fiscal coincidió en que la supervisión debería adaptarse a la nueva situación del condenado, sugiriendo que las autoridades correspondientes en San Juan realicen el seguimiento a través de entrevistas periódicas. La defensa solicitó que la audiencia se considere como una presentación válida, lo cual fue aceptado por el juez.

El juez Lizzi dictaminó que el condenado se someterá a control cada dos meses ante la Dirección de Protección al Preso de San Juan, eliminando la obligación de presentarse en el Juzgado de Paz de Catriel.

También instruyó que el IAPL deje de intervenir en el caso y que el organismo de San Juan coordine la modalidad de control.

El magistrado remarcó la necesidad de buscar la reinserción social del condenado y señaló que la comisaría no resulta adecuada para esta etapa del proceso. Además, recordó que el control incluye la obligación de no cometer delitos, condición que sigue vigente.

Finalmente, la audiencia concluyó con la aceptación de los cambios por parte de todas las partes involucradas, dejando registrado el nuevo domicilio del condenado y notificando a los organismos pertinentes sobre el cese de las pautas anteriores.

El gobierno de Río Negro, bajo la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, tomó la decisión de rescindir el contrato del plan director de agua potable de Catriel. Esta obra, considerada fundamental para asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad, se encontraba paralizada debido a la falta de financiamiento por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa).

El contrato, adjudicado en octubre de 2021 a la UTE conformada por Ecosur S.A. e Impex S.A., tenía un avance del 26,7% al momento de la suspensión de los trabajos en mayo de 2023. Las dificultades surgieron debido a la demora en los pagos por parte del Enohsa y la falta de redeterminación de precios que permitiera ajustar los costos de la obra, afectados por la inflación. La empresa contratista solicitó en diversas oportunidades la adecuación de los valores contractuales, advirtiendo que la situación financiera volvía imposible continuar con los trabajos, pero estas solicitudes fueron rechazadas.

Ante esta situación, el gobierno provincial decidió rescindir el contrato e intimar a la contratista a devolver más de 1.030 millones de pesos al Departamento Provincial de Aguas (DPA). Este monto incluye un anticipo financiero de 972 millones de pesos, dos vehículos 4×4 que la empresa debía entregar al organismo y los costos asociados a la construcción de una vivienda que debía realizarse en el predio de la nueva planta potabilizadora, tras la demolición de una propiedad perteneciente al DPA. Además, se suman deudas menores, como combustible y patentamientos de los vehículos.

El decreto firmado por el gobernador establece que la empresa tiene un plazo de 15 días para abonar el monto adeudado en la cuenta del DPA. De no cumplir con esta obligación, el gobierno provincial recurrirá a la Fiscalía de Estado para ejecutar las garantías y cobrar la deuda mediante las pólizas de seguro de caución.

El Departamento Provincial de Aguas, que asumió la administración del proyecto tras la rescisión del contrato, será responsable de recibir los avances de obra y de gestionar los próximos pasos para su posible reactivación. Esta infraestructura es considerada de suma importancia para Catriel, ya que está diseñada para mejorar y ampliar la red de agua potable en una ciudad que experimenta un crecimiento constante y enfrenta desafíos en la provisión de servicios esenciales.

El proyecto, financiado originalmente por el Enohsa pero gestionado a nivel provincial, representa una obra clave para asegurar el suministro de agua potable a la población de Catriel. Con la rescisión del contrato, se espera que la provincia determine las acciones necesarias para retomar esta iniciativa, que quedó interrumpida tras los problemas financieros que afectaron su desarrollo.