Le tiró la camioneta encima porque le pidió el divorcio en Catriel

La jueza de Familia de Cipolletti Marissa Palacios dispuso una prohibición de acercamiento a un hombre de 40 años que amenazó de muerte a su expareja, días después de firmar el divorcio. Según la sentencia el agresor le tiró la camioneta encima mientras la víctima caminaba por la peatonal de Catriel. La quiso obligar a subirla al vehículo y la amenazó de muerte.

“Sos una puta, te voy a matar”, le dijo el hombre. En ese momento la mujer no radicó la enuncia, pero luego se animó a presentarse en la comisaria.

“Atento a la gravedad de los hechos denunciados y siendo que en aplicación de la normativa constitucional-convencional debo dar adecuada protección y efectuar acciones positivas a los efectos que las mujeres puedan llevar adelante una vida libre de violencia; propendiendo al real ejercicio de sus derechos; y, tendiendo a disminuir las desigualdades estructurales existentes en nuestra sociedad”, indicó la magistrada que supuso una restricción de acercamiento de 500 metros,

Además ordenó que de abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento y/o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, incluso mensajes de texto, Facebook, WhatsApp o cualquier medio de comunicación, que no fuere la legal correspondiente. Todo ello, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicación de las medidas dispuestas en el art. 153 y 154 del Código Procesal de Familia.

Expicó que el incumplimiento de las medidas protectorias dispuestas, cuando fuese constatado que medió clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas, da lugar al pase de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, en orden al delito de desobediencia a la autoridad.

Río Negro aprobó el peaje pero no incluirá a los particulares: los detalles de la ley

La Legislatura rionegrina sancionó este jueves la ley que establece una contribución especial de peaje, que abonarán quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. La norma no incluye a los vehículos de uso particular que tributan en Río Negro. La ley obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra.

Carlos Valeri fue el miembro informante del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Explicó que a partir de la ley, se implementará un sistema de telepeaje para transportes de carga en cinco rutas provinciales: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.

Valeri planteó los inconvenientes ocasionados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se agravaron últimamente por la falta de presupuesto y la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. El mal estado de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y provoque su deterioro.

Los fondos recaudados con este sistema de peaje se destinarán exclusivamente al reacondicionamiento y pavimentado de las rutas provinciales. La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de

salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.

Por el bloque UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen expresaron el acompañamiento de su bancada al proyecto. Consideraron que la implementación del peaje es conveniente a fin de mejorar el mantenimiento de las rutas de la provincia, en un contexto de disminución de los recursos que provienen de la coparticipación y del deterioro de la infraestructura vial producido por «camiones que usufructúan las rutas y no dejan nada».

Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la ley «ante la falta de fondos suficientes para hacer el mantenimiento de las rutas».

Javier Acevedo, del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, apoyó la implementación del peaje señalando el deterioro de las rutas provinciales producido por los camiones de la producción del petróleo: «Los que lucran transitando por la provincia con grandes sumas de dinero en el transporte, van a tener que aportar», aseguró. Fernando Frugoni apoyó la propuesta y pidió la exención del pago del peaje para los vehículos radicados en el ejido de San Antonio. Roberta Scavo acompañó también y pidió que se contemple la situación de los vecinos que viven en Carmen de Patagones. 

Leandro García, del bloque Justicialista Nuevo Encuentro, no acompañó la propuesta al considerar que la redacción del proyecto no es clara. Ana Marks también se opuso. Entre otras cosas, criticó la falta de legitimación social que tuvo el proyecto y consideró que «era mucho más fácil ser taxativo en cuanto a quién se quiere cobrar el peaje, que llenar de excepciones la ley, y darle al Ejecutivo la posibilidad de que siga exceptuando indefinidamente, lo que lleva a una dispersión normativa y a una inseguridad jurídica». En cambio Pedro Dantas, del mismo bloque, apoyó la iniciativa.

Patricia Mc Kidd (Pro Unión Republicana) también se opuso, señaló que con este proyecto «se demuestra el carácter antiproductivo del oficialismo y del grupo de aliados que lo acompaña».

Martina Lacour también manifestó su voto en contra. Señaló que el proyecto es anticonstitucional, argumentó que el artículo 9 del proyecto dice que quien tenga una deuda no podrá transitar, lo que contradice el derecho a transitar contemplado en la Constitución. También habló de falta de claridad en a redacción del proyecto y criticó el «poco tiempo de análisis que tuvo el proyecto».

Por el Bloque Vamos Con Todos, Delgado Sempé expresó la «firme oposición al sistema de peaje» centrándose en críticas al estado de las rutas de la provincia. José Luis Berros  también votó en contra. Justificó su posición con críticas a la falta de claridad en la redacción del proyecto: «Es un desastre», señaló. Consideró que si ante una situación de crisis como la que se está viviendo, sumamos otra contribución, el bolsillo del vecino no lo va aguantar».

En el mismo sentido, Juan Martín (Pro Unión Republicana) se opuso a la iniciativa. Sostuvo que el proyecto «es poco claro, ambiguo y vago». Aseguró que se trata «otro manotazo de ahogado recaudatorio por parte de este Gobierno».

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate aclarando que el principal objetivo de la instalación del peaje es el control del pesaje de los camiones, que son los que deterioran las rutas.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el objeto de la ley y el hecho imponible, explicó que se trata de una contribución especial por hacer uso de una infraestructura vial provincial, y el hecho imponible es transitar por la ruta. Además, aclaró que los sujetos obligados son todos, menos los rionegrinos que tengan el auto para uso particular.

«Ante la dificultad, estamos tratando de mantener las rutas lo mejor posible», fundamentó el legislador de JSRN. «Somos defensores de la productividad, no queremos engañar a nadie con este proyecto, estamos queriendo cuidar la vida de los rionegrinos, con mejores rutas y más seguridad», concluyó.

Pablo Parra declarado culpable por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti

Después de dos horas y media de deliberación, el jurado popular declaró culpable por unanimidad a Pablo Parra por el femicidio de Agustina Fernández, ocurrido el 2 de julio de 2022.


El debate comenzó el lunes pasado y declararon 66 testigos, entre peritos, policías, investigadores y allegados. Este miércoles se expusieron los alegatos de cierre, después las instrucciones, y finalmente el veredicto.

Pablo Parra fue hallado culpable por el delito de femicidio. El jurado tenía tres posibilidades de veredicto: no culpabilidad, culpabilidad por homicidio simple o culpabilidad por femicidio. Finalmente escogió la culpabilidad por femicidio, por unanimidad.

El caso

La fiscalía y la querella acusaron a Pablo Parra, actualmente detenido, por el femicidio de Agustina Fernández ocurrido el 2 de julio de 2022 en Cipolletti. Según la teoría del caso Parra habría asesinado a Agustina Fernández agrediéndola físicamente en el interior del departamento que el acusado alquilaba en un complejo ubicado en calle Confluencia al 1301 de Cipolletti.


El abogado del acusado negó la participación de su cliente en el homicidio, cuestionó las pruebas genéticas y se dirigió al jurado popular con la teoría de que el autor del crimen aún no fue hallado.

El juicio

El debate comenzó el lunes 6 de mayo con las instrucciones iniciales y los alegatos de apertura. Durante siete días, en audiencias que se realizaron a la mañana y a la tarde, el tribunal popular escuchó la declaración de testigos y observó los informes de peritos y profesionales. En total declararon 66 personas en la modalidad presencial y remota. La parte probatoria concluyó ayer martes.


Este miércoles el juicio terminó con los alegatos finales de cada parte y la explicación, por parte del juez técnico Guillermo Baquero Lazcano, de las instrucciones finales de deliberación para el jurado. Tras recibir las instrucciones el jurado pasó a deliberar en sesión secreta. Luego de dos horas y media, la persona elegida por su pares para presidir el jurado popular entregó el veredicto de culpabilidad.


El imputado fue asistido por los defensores Juan Coto y Gonzalo Rodriguez. Por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el fiscal del caso Martin Pezzerra y el adjunto Juan Pablo Escalada. La querella estuvo representada por el padre y la madre de la víctima Agustina Fernández con el patrocinio de los abogados Emanuel Roa Moreno y Damian Moreyra.

Cómo sigue el proceso

Con este resultado finalizó la participación del jurado y las partes tendrán cinco días hábiles para ofrecer nuevas pruebas de cara al juicio de cesura, en el que el juez técnico definirá el monto de la pena.

Transmisión en vivo

En Río Negro ya se realizaron dieciocho juicios por jurados desde 2020, cuando se implementó por primera vez esa modalidad de juzgamiento vigente desde 2019. Esa fue la última etapa de la reforma procesal penal aplicada en 2017.
Las áreas de Comunicación del Poder Judicial y de la Procuración transmiten por el canal de YouTube institucional todas las partes públicas de los juicios por jurados con el objetivo de garantizar la publicidad y la transparencia del proceso.


Los alegatos de apertura del primer día junto con los alegatos de clausura y las instrucciones finales de este miércoles sumaron 16.151 vistas en el canal de YouTube y en el resto de las plataformas en las que se retransmitió el juicio, como por ejemplo los medios de comunicación, las redes sociales y la proyección que efectuó el Poder Judicial de la Pampa. En este último caso, por ser la víctima oriunda de esa provincia, las autoridades decidieron replicar el juicio en un auditorium.

El Poder Judicial de Río Negro informó sobre la iniciativa para reformar la Ley Orgánica

Hoy se llevó a cabo el tratamiento en comisiones de la iniciativa parlamentaria del Superior Tribunal de Justicia para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 206 inciso cuarto de la Constitución Provincial.


La jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, representó al Poder Judicial a fin de brindar un informe sobre la iniciativa parlamentaria, como se dispuso en la Acordada 19/2023.


La vocal del máximo Tribunal rionegrino explicó que el proyecto de ley procura modernizar la norma para adaptarla a los profundos cambios que se dieron en los últimos años en los códigos procesales penal, de Familia, contencioso administrativo, laboral, como también en el Código Procesal Civil y Comercial, cuya reforma analiza la Legislatura. En todos ellos se puso especial énfasis en la digitalización de los legajos, el sistema de audiencias, el cambio de la gestión de los organismos, su competencia y denominación.


“El Poder Judicial desde hace ya 10 años viene desarrollando el Plan Estratégico Consensuado. Se incorporaron 148 proyectos, de los cuales 118 se concretaron y hoy existen 30 en marcha”, explicó.
Luego agregó que la dinámica de gestión del trabajo judicial en la última década cambió de manera radical por el trabajo consensuado de la Magistratura, el funcionariado y los empleados que diseñaron los nuevos modelos en los programas del Plan Estratégico, con el complemento del área de Informatización de la Gestión Judicial.
“Cambió el modo de administrar justicia que nos venía impuesto por la CSJN y que tomamos en 1960 a poco de dejar de ser territorio Nacional y se asumió la plena jurisdicción provincial”, refirió.


“Existe la necesidad de adaptar las estructuras y la denominación de los organismos, que dejan de ser Juzgados y pasan a ser Unidades Procesales, Unidades Jurisdiccionales, junto a otro organismo que se denomina Oficina de tramitación integral con sus titulares”, argumentó.
También resaltó que actualmente “para la toma de decisiones el STJ cuenta con estadísticas. Estas se alimentan de datos concretos, objetivos, que permiten ponderar la necesidad, la oportunidad y la conveniencia” de fortalecer algún fuero, y junto con esos datos también se pondera el acceso a justicia.
Aumento de la demanda en Familia


La jueza Liliana Piccinini se refirió a los cambios en los actuales juzgados multifueros: “hemos analizado concienzudamente el tema, advirtiendo que debe reforzarse en el fuero de familia la atención a la ciudadanía. Allí se ventilan los temas sensibles, cargados de urgencias y emociones encontradas. Allí tramita la violencia intrafamiliar, donde hay que tomar decisiones minuto a minuto”.


Por esta razón, “en el proyecto se propicia que tanto el Juzgado de SAO como el de El Bolsón atiendan solo el fuero de familia”. Mostró estadísticas que indican que en esos ámbitos el flujo de casos civiles es muy bajo y que pueden ser atendidos, con todas las herramientas que hoy están a disposición, por las unidades jurisdiccionales de la cabecera de Circunscripción.


La representante del STJ recordó que la Orgánica es una “ley especial que a diferencia de las leyes generales que rigen para todos, esta por su especificidad rige para el universo de quienes integran y trabajan en el Poder Judicial”.
Funcionarios de Ley: horario vespertino


La magistrada remarcó que “la carrera administrativa está diseñada justamente para lograr el ascenso y llegar a los puestos jerárquicos. Es en definitiva la cristalización del ascenso social vertical”.
En este sentido, “las Jefaturas de Despacho, División y Departamento han sido consideradas por el Legislador como portadoras de la asignación de la denominación de funcionarios de ley, a diferencia del funcionario judicial de carrera. Así está legislado en la actual K 5190”.


“Nótese que desde siempre, en la histórica K 2430, y en la actual, los Jefes de Despacho, División y Departamento subrogan a los Secretarios de Cámara y de primera instancia, que son funcionarios de la Constitución”, añadió. “Es así porque dada la jerarquía alcanzada en la carrera administrativa, son funcionarios que adquirieron idoneidad para ese desempeño”.


La jueza expresó que “el clamor y el estado de alerta que causa esta jerarquización, según entendemos, surge por la carga horaria”. Sin embargo, ya desde la Ley 2430 se estableció “una carga horaria del funcionariado de ley de un mínimo de 8 horas y desde siempre se cumplió en horario vespertino”.
En este marco, recordó las leyes que permiten este horario para el personal jerarquizado e incluyó al Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Río Negro: “para los agentes con cargos del agrupamiento de gerentes públicos, la jornada es de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales”, estipula.
Concluyó que “las 8 horas para cargos gerenciales es normal, no quita derechos, sino que a mayor cargo mayor responsabilidad, mayor retribución”.
Advirtió que el personal jerarquizado, las jefaturas de Departamento, División y Despacho, están excluidas del ámbito de la ley 5009 por el propio Estatuto del Sitrajur.
Por último, afirmó que “este tema, la jornada de trabajo de 8 horas, ha paralizado desde hace 7 años el consenso de un convenio colectivo”.
Financiamiento gremial
En última instancia, la jueza rebatió el argumento que “el proyecto intenta desfinanciar al gremio”. Al respecto, dijo en primer lugar que “si el funcionariado quiere afiliarse y aportar al Sitrajur es un acto de autonomía de la voluntad que en modo alguno podría prohibirse; pero debe quedar en claro que no están representados por el gremio”.
Finalmente, recordó que en la iniciativa parlamentaria se mantiene lo que ya establecía la vieja ley 2430 “la contribución al Sitrajur que se integra con el 2 por mil de la tasa de justicia”. Agregó que es un artículo complejo ya que la ley de asociaciones sindicales prohíbe que el empleador subvencione al sindicato, salvo que exista una norma legal.
“Para que la norma sea más clara y prolija lo único que se modifica es el destino de esos fondos ya que la ley actual dice que son para la obra social y el Sitrajur no administra ninguna obra social” y estipula que el destino sea el que se establece en la ley 5009, refiriéndose a “aquellos gastos de funcionamiento de la paritaria”.
“Caso contrario se estaría subvencionando por doble vía al gremio con dinero de los contribuyentes y de los justiciables”, recalcó.
“Fácil es entender que el dos por mil de la recaudación anual de la tasa de justicia importa una suma importante que excede los gastos de la paritaria, ya que –por ejemplo- la salarial ni siquiera demanda gastos de movilidad, puesto que no se trasladan, se hace vía ZOOM”, concluyó la vocal del máximo Tribunal.

La inflación finalmente bajó a un dígito: 8,8% en abril

El índice de inflación finalmente descendió a un dígito, ya que arrojó 8,8% en abril último, informó el INDEC.

En el primer cuatrimestre, el costo de vida subió 65%, mientras que en los últimos doce meses fue del 289,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad. 

Le siguieron Comunicación (14,2%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Prendas de vestir y calzado (9,6%) por cambios de temporada.

Las divisiones con mayor incidencia fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) en las regiones de GBA, Cuyo y Patagonia, donde se destacaron las subas de Gas, Suministro de Agua y Electricidad; y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6%) en las demás regiones, donde se destacaron Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en abril fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y Bienes y servicios varios (5,7%).

A nivel de las categorías, Regulados (18,4%) lideró el incremento seguida por Estacionales (9,9%), mientras que el IPC Núcleo aumentó un 6,3%.

Justamente, este número venía monitoreando el Gobierno, ya que allí puede verse una baja sostenible y una proyección del futuro de la inflación al no considerar los productos estacionales ni los precios de las tarifas de servicios públicos, algo que este mes pegó de lleno.

“La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 6.3%. Este fue el dato más bajo desde enero de 2023”, sostuvieron fuentes oficiales desde Economía.

Además, indicaron que la inflación de abril “volvió a ser muy inferior a la expectativa de los analistas participantes en el REM de diciembre”.

Desde el Palacio de Hacienda comentaron que “la fuerte desaceleración en los últimos meses se sustenta en el programa económico implementado en diciembre, cuyos pilares son el equilibrio fiscal, el saneamiento de la hoja de balance del BCRA y la implementación de medidas de desregulación y reducción de costos para el sector privado. Esto permitió transitar, en menos de 5 meses, de una economía con expectativas desancladas y alto riesgo de hiperinflación a una que ha generado las condiciones para la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo luego de 7 años”.

Fuente: NA

Irá 40 días preso por robar un pack de cerveza en Catriel

La justicia de Río Negro condenó a un hombre a 40 días de prisión efectiva por el robo de un pack de cerveza en un local comercial de Catriel. El hecho ocurrió en julio  de 2022 y el sospechoso fue detenido por policía de La Pampa luego de una extensa persecución que inició el propietario del local.

El condenado Dario Morales reconoció el hecho y como tenía antecedentes se fijó una pena de prisión efectiva. El proceso penal culminó con un juicio abreviado por lo que la sentencia quedó automáticamente firme. Julio Sueldo fue el juez de la causa.

Según se desprende del fallo, el día del hecho el condenado con un joven menor de edad dejaron un auto en marcha sobre Av Roca y posteriormente, previa distribución de tareas, se  dirigieron al interior del local comercial y sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas, tomaron ilegítimamente del interior de una heladera 03 Pack de 06 latas de Cerveza Marca Quilmes.

Luego salieron corriendo hacia Av Roca, se subieron al auto y se fugaron. El propietario salió en persecución tras ello en un rodado Ford Focus, e inició una persecución por distintas calles de Catriel, por la Ruta 151, que finalizó en Ruta 34 a 3 km de la ciudad de 25 de Mayo, La Pampa. Allí los delincuentes fueron detenidos.

Salzotto presiona a Weretilneck por los contratos petroleros

El municipio de Catriel volvió a cargar contra el gobierno nacional por la renegociación de los contratos petroleros. La intendenta de Catriel se refugió en un sector de la sociedad para insistir con la convocatoria para negociar las prórrogas de las concesiones de explotación hidrocarburífera en Río Negro, que tiene su mayor caudal de áreas en Catriel.

“¿En Catriel hay hambre?, sí; en Catriel hay hambre, asistimos a 300 personas en los comedores que sostenemos con fondos propios, y sabemos que puede empeorar” esas fueron algunas de las palabras que mencionó la Intendenta Salzotto a la convocatoria que se dio cita este jueves 2 de mayo por la tarde en el centro de la ciudad.  La resistencia social y política se plantean como una posibilidad de freno a las negociaciones no consensuadas con los verdaderos interesados en ver los resultados: toda la comunidad toda de Catriel.

Desde el Ejecutivo sostiene que no se está cumpliendo con la normativa vigente. «La ley  Nº 4818 sienta las  Bases y Condiciones para la Renegociación de Concesiones Hidrocarburíferas y  también establece el destino de los fondos provenientes de la renegociación, un dato nada menor si se considera que en la agilidad aparente a un nuevo acuerdo, para que la provincia tenga un sustento económico con el fin de hacer frente a las obligaciones de la gestión, estaría llevándose la negociación sin dar cumplimiento a lo establecido por la ley, es decir, Catriel no está siendo tenida en cuenta, ya que la Intendenta no está convocada  a esa mesa en la se dictaminará un  fallo tan importante como es el que decide el futuro que les espera a los catrielenseses».

El proyecto, que fue presentado a mediados de abril en la Legislatura Provincial por el Partido Justicialista, plantea con argumentos válidos la transferencia de las áreas de Señal Picada y Punta Barda por el término de 99 años para que sea municipalizada. La intendenta resaltaba a los presentes en su discurso las gestiones que vienen realizando:   (…)  Presentamos un proyecto amplio, sólido, no nos subestimen, no  somos improvisados (…) el proyecto  de municipalización de las áreas, también incluye  los venteos, la remediación  ambiental. Si no nos dan participación, nos vamos a ir a Viedma, iremos a  las áreas hasta que nos permitan sentarnos en la mesa de discusión y nos escuchen (…) estamos empoderados, somos el punto de acceso a la región de Vaca Muerta, y nuestra ruta se rompe por el los vehículos pesados que la transitan,(…)nosotros tenemos que ir al valle, a centros de mayor complejidad médica o por trámites que no podemos hacer acá y padecemos la ruta (…) Catriel hoy dice basta, queremos ser parte de la negociación, queremos ese porcentaje histórico, queremos conocer qué planes tienen (…) porque nos van a seguir contaminado, nos van a seguir explotando, exigimos la audiencia pública, la consulta previa (…)”

La Patagonia sabe de resistencia  y el antecedente más cercano se realizó en la década del 90 en la provincia de Neuquén, en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co,  y la maniobra de los trabajadores desocupados y del municipio lograron con el tiempo que el yacimiento  El Mangrullo sea   la única área hidrocarburífera del país cuyas regalías no van a una provincia sino a un ente intermunicipal: Cutral Co y Plaza Huincul.

En diálogo con Daniela Salzotto en horas de la mañana, Ramón Rioseco, actual intendente de Cutral Co, le manifestó el cambio conveniente que se ha ido produciendo  en su comarca, el impulso e industrialización en beneficio de sus habitantes a partir de la posesión municipal el área petrolera.

A las palabras de Daniela Salzotto le sucedieron las del Presidente del Concejo Legislativo, Alberto Ariaudo, que planteó que el argumento de lo expresado en el Proyecto de Ley, que ya fue elevado, contempla porcentajes y  una serie de instancias que favorecen a Catriel , “(…) un plan detallado, desde la A a la Z, siendo la Z la movilización de todo el pueblo(…)”. Además se sumó a los discursos un joven legislador provincial, pero con mucha trayectoria política y militancia social: José Luis Berros,  que no dudó en viajar hoy por la tarde para acompañar a Daniela y al Pueblo de Catriel en esta demanda, tan necesaria de fortalecerse con el apoyo de todos los sectores. Berros se comprometió en sostener las peticiones de Catriel ante la Legislatura Provincial e instó a llevar adelante el proyecto de manera conjunta, movilizando a más personas.

Más de la mitad de las causas que ingresan al fuero de Familia son por casos de violencia

Un total de 19.659 expedientes ingresaron al fuero de Familia del Poder Judicial de Río Negro el año pasado. El 59 por ciento del total de ingresos, es decir, 11.663 legajos, corresponden a casos de violencia familiar y de género. A ese número se le suman las 8.407 denuncias radicadas en los juzgados de Paz, lo que representa un total de 20.070 casos.


El aumento en las causas por violencia familiar y de género mantiene una curva en ascenso en los juzgados de Familia en los últimos cinco años: 7.528 en 2019; 6.607 en 2020; 9.551 en 2021; 10.348 en 2022 y 11.663 en 2023, sin contar las denuncias ante los juzgados de Paz.


El Superior Tribunal de Justicia, en función de los datos objetivos, aprobó una serie de políticas públicas para abordar el flagelo. No solo reforzó el fuero de Familia con la creación de nuevos juzgados y secretarías, sino que implementó un cambio de modelo en la gestión. Con la incorporación de las Oficinas de Tramitación Integral, las juezas y el juez de Familia de Río Negro ya no tienen trámites administrativos a su cargo y pueden disponer de mayor tiempo para realizar audiencias y resolver.


El Poder Judicial también promovió la sanción de un Código Procesal del fuero de Familia propio, en sintonía con los cambios de paradigmas y la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015. La normativa otorga mayores herramientas a los jueces y juezas de Familia.


En 2022, el STJ y la Procuración precisaron roles de jueces de Familia, jueces de Paz, fiscales, defensores y Policía. Lo hicieron mediante una acordada que contiene las principales pautas para abordar la violencia familiar y de género.
Además, se dictan capacitaciones permanentes en la materia para todo el fuero de Familia y los Juzgados de Paz.


El fuero de Familia en el Poder Judicial de Río Negro se compone con 16 organismos entre juzgados de Familia, juzgados Multifueros y Unidades Procesales. Los juzgados de Paz también tienen competencia en la materia, especialmente para el dictado de medidas urgentes. La información surge del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.

Aconcagua anunció programas para pymes en Río Negro

La operadora Aconcagua Energía lanzó un programa de capacitaciones de talleres para pymes de Río Negro, Neuquén y Mendoza. La petrolera, con varias operaciones en suelo rionegrino, anunció tres talleres de capacitación virtual diseñados para “potenciar la gestión diaria de las pequeñas y medianas empresas”.

“Inspirados por la innovación, propusimos tres talleres virtuales que se realizarán entre los meses de mayo y agosto, que permitirán adquirir o actualizar conocimiento de la red, a través de la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan al progreso empresarial”, resaltaron desde la empresa. 

Uno de los programas está destinado al uso de herramientas virtuales. Indagará sobre el uso de almacenamiento online. Será los cinco viernes consecutivos 14, 21, 28 de junio y 5, 12 de agosto, desde las 18 a las 20.

Otro está orientado al desarrollo web.  A través de Google SITES, los asistentes aprenderán a construir el sitio web de su empresa o negocio. Se llevará a cabo en cinco encuentros los viernes 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio, desde las 18 a las 20.

Finalmente, un tercer curso que se introducirá en el Power BI, una herramienta que permite unir, analizar y presentar datos empresariales de manera efectiva en informes y paneles. Al aprender cómo se usa “la empresa tendrá, de manera fácil, el acceso a datos dentro y fuera de la organización, casi en cualquier dispositivo. Para este taller se deberá contar con una cuenta de Microsoft corporativa”, indicaron.

Se llevará a cabo los cinco viernes consecutivos: 19 y 26 de julio y el 2, 9 y 16 de agosto, desde las 18 a las 20. La convocatoria está dirigida a Pymes y también a emprendedores. Para preinscribirse deberán registrarse en cualquiera de las tres propuestas mencionadas a través de: https://bit.ly/sitesaconcagua

Este ciclo de capacitación cuenta con el apoyo de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, la municipalidad de Catriel, de Cipolletti, de Malargüe, de Luján de Cuyo, de la ciudad de Mendoza, la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros (Casepe), la Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros (CaMESPe) y Edhipsa, la empresa provincial de Río Negro.

Código Contravencional: se modificaron nueve artículos en Río Negro

El 29 de marzo entró en vigencia la modificación de nueve artículos del Código Contravencional, que define y sanciona conductas que alteran la buena convivencia social pero que no tienen la misma gravedad que un delito penal. Los jueces y las juezas de Paz de toda la provincia son las autoridades judiciales exclusivamente competentes para intervenir en las actuaciones que inicia la Policía.


La Legislatura de Río Negro modificó nueve artículos del Código Contravencional, cuestión que se reflejó en la publicación del Boletín Oficial del 21 de marzo. La nueva norma se sancionó en 2022 y reemplazó un régimen del año 1969, aprobado bajo otro paradigma social.


Durante los dos años de vigencia, se realizó un relevamiento por las comisarías y en los juzgados de Paz con el objetivo de otorgar más herramientas para abordar los conflictos. Producto de esa evaluación, se reformaron nueve artículos.

Los artículos reformados

En primer lugar se fijó la competencia entre los juzgados de Paz y los juzgados de Faltas municipales. Cuando el hecho que se comete esté penado por una ordenanza, la competencia corresponde a la autoridad municipal.
También se legisló sobre el incumplimiento de una pena contravencional, que en derecho se conoce como quebrantamiento de pena.

https://vientosurnoticias.com.ar/rio-negro-vendera-sus-dos-aviones-sanitarios-por-motivos-economicos-y-operativos/: Código Contravencional: se modificaron nueve artículos en Río Negro


En los casos de flagrancia se puede aplicar la pena de arresto por un plazo máximo de 30 días.
Respecto de las agresiones en la vía pública, la reforma del artículo prevé como sanciones la obligación de realizar trabajo de utilidad pública, la multa o el arresto. El artículo contempla a quien provoca o incita a cometer una agresión, a quien atemoriza a las personas o comete actos de discriminación a través de cualquier medio.


El artículo de las agresiones en la vía pública contempla una serie de agravantes cuando la falta es cometida por más de tres personas, cuando la víctima es una persona menor, mujer o personas del colectivo LGTB o mayor de 70 años. También para los casos en que la víctima trabaja en el Estado (Salud, Educación, Policía, Poder Judicial o bombero voluntario) y la contravención esté motivada en su tarea, función o cargo. O cuando se utilizan medios de difusión masiva (internet o redes sociales) para cometer la falta.

Intervención policial

El artículo 69 le otorga facultades a la autoridad policial para hacer cesar el hecho contravencional y evitar un daño mayor. Otorga la demora preventiva hasta un máximo de ocho horas con la comunicación inmediata a los jueces y juezas de Paz. También la Policía tiene la potestad de secuestrar los elementos relacionados a la contravención en casos de flagrancia.
Además se le otorgan facultades a los jueces y juezas de Paz para dictar medidas cautelares fundadas como la prohibición de acercamiento, de contacto, de concurrencia u otras medidas para hacer cesar los efectos de la contravención.