Caso Rodríguez Lastra: Se acordaron tarde de proteger a la víctima

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Casi como si se intentara desviar el foco de la grave situación sufrida por la víctima, el caso “Rodríguez Lastra” ha tenido un sinnúmero de derivaciones impulsadas no sólo por los grupos que militan en contra o a favor del aborto, sino que por el propio médico imputado a través de sus elocuentes discursos y su participación en actos de reconocimiento. Las partes (y los que no son parte) no quieren quedarse afuera del “minuto de fama” y tanto la fiscalía como la defensa aportan su cuota de participación en este circomediático, casi como si fuese un reality show.

El médico Leandro Rodríguez Lastra fue hallado responsable por el juez Álvaro Meynet por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haberle practicado un aborto en el hospital público  a una joven que había sido abusada sexualmente. La causa de justificación (es decir la eximición del aborto como delito) está contemplada en el Código Penal y en una ley provincial que buscó echar luz sobre los procedimientos.

El médico no hizo el aborto, la paciente quedó internada y fue obligada a parir de manera prematura. El bebé luego terminó adoptado por una familia. En julio, el médico participará del juicio de cesura en el que se determinará una pena que es casi “simbólica” puesto que se trata de un delito excarcelable. Lo más perjudicial para el profesional será el tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.

En toda esta historia, fueron tomando protagonismo otras personas que se relacionan de alguna manera con la causa. La joven, a juzgar por lo que se vio en el juicio, participó del debate pero con algunas resistencias. Tal es así que no se presentó al veredicto y, durante las audiencias, el juez Meynet tuvo que dictar una orden para prohibir la difusión de su imágen. Fue un debate público, con la participación de muchísimas personas y la mujer estaba expuesta no solo a medios de comunicación sino a merced de los propios grupos que militan en contra del aborto.

La fiscalía, que hoy le solicitó al juez otra medida cautelar para que el médico dejara de hablar de la joven y del bebé, tampoco respetó las normas que ahora sí invoca en el escrito de estas últimas horas. “Reglas de Brasilia, Carta del Ciudadano, Protección de los Derechos del Niño”, etc, etc. Toda  esa legislación, de cumplimiento obligatorio para los funcionarios judiciales, quedó al descubierto en el debate cuando las partes se refirieron a la joven con nombre y apellido una y mil veces.

En julio, el médico participará del juicio de cesura en el que se determinará una pena que es casi “simbólica” puesto que se trata de un delito excarcelable. Lo más perjudicial para el profesional será el tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.

El juez, en el veredicto, cada vez que tuvo que mencionarla dijo “la paciente”, es que estrictamente el delito de administración pública tiene como víctima al Estado y no a la chica. Es decir su participación/exposición en el debate no era necesaria. Tampoco la del psicólogo Claudio Marín, que está inhabilitado para ejercer por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, a raíz de una suspensión del Colegio de Psicólogos de Cipolletti.

Marín, se jacta de que está avalado por el Ministerio de Salud, aunque más allá de la cuestión burocrática y legal lo cierto es que, mientras la Fiscalía de Cipolletti lo investiga por las denuncias que ha radicado el Colegio de Psicólogos, a la vez lo sienta a su lado para contención de la víctima. Un rol que está asignado a la Oficina de Atención a la Víctima, pero que en este caso se terciarizó hacia el psicólogo Marín.

La fiscalía pidió ayer una medida que comúnmente se denomina “bozal legal”. Hay dos o tres antecedentes de “bozales legales” en la circunscripción aunque lo paradójico es que todas recayeron sobre el propio Marín, en todos los casos por publicitar en los medios de comunicación cuestiones sobres sus pacientes tanto mayores  de edad como niños o niñas.

La jueza Sonia Martín le pidió a Marin que moderara sus declaraciones sobre la víctima del caso López – Abramovich y en consecuencia el psicólogo denunció a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura, acusación que fue posteriormente archivada.

El juez de Familia Jorge Benatti también le prohibió a Marín y a la madre de una niña hablar en cámaras de TV sobre otro caso. Más allá de los ejemplos, la defensa de Rodríguez Lastra insiste con que el único que ventila cuestiones íntimas es el psicólogo, ya que él mismo cita a los medios a su consultorio y pone a la víctima de espaldas para la foto.

Técnicamente, en la medida que no se difunda el nombre de la joven, las partes podrían referirse al caso. De lo contrario sería un acto de censura previa y se sabe que, nuestra Constitución, admite la responsabilidad ulterior (en materia de daños por manifestaciones ante los medios de comunicación) pero no la censura previa ya que sería un ataque contra la libertad de expresión, receptada no solo en las leyes nacionales sino en los pactos internacionales.

La frase es incomprobable pero cuando concluyó el juicio de responsabilidad hay quienes aseguran que escucharon a Rodríguez Lastra afirmar que no le temía a la inhabilitación puesto que el psicólogo Marín está inhabilitado y se sienta, de todas formas, junto al fiscal en el juicio.

Tanta participación mediática en este caso corre del foco un tema principal: la denuncia por violación fue archivada pese a que en el debate se deslizó que el autor pudo provenir del seno familiar. Nadie investigó siquiera una pista.
Respecto del niño que fue adoptado, él ya tiene una familia y deberán ser sus padres quienes deciden si lo someten a cualquier tipo de exposición.

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