EdERSA: «El 70% de la factura de energía no depende de la distribuidora ni del gobierno provincial»

El gerente general de EdERSA, el ingeniero Fernando Barreto, brindó declaraciones luego de la reciente audiencia pública extraordinaria en la que la distribuidora eléctrica solicitó una actualización tarifaria por inflación del 8,5% en promedio.

Según Barreto, más del 70% del costo en las facturas de luz no está bajo el control ni de EdERSA ni del gobierno provincial. Este incremento solicitado responde a los desafíos inflacionarios que enfrenta el país desde hace meses, con aumentos significativos en costos de materiales, suministros y servicios, contratistas y obras, que representan un incremento del 43% solo en el primer trimestre de este año.

«Las subas se deben en gran medida a los ajustes permanentes que realiza el Mercado Mayorista en el costo de abastecimiento”.

Fernando Barreto.

El costo de abastecimiento, que ahora representa el 44% de la factura de los usuarios, experimentó un aumento notable. Barreto señaló que en abril de 2023, el costo para un comercio tipo era de $9,77 el kWh, mientras que en la actualidad asciende a $47 el kWh, un incremento del 371%. Este golpe se intensificó en febrero pasado, con un aumento del 196%, basado en resoluciones de precios estacionales de CAMMESA.

El directivo también recordó la disponibilidad de esquemas de subsidios energéticos tanto a nivel nacional como provincial, y alentó a los usuarios a aprovechar los beneficios de la Segmentación Tarifaria y los subsidios provinciales, para lo cual se ofrece información detallada en el sitio web oficial de EdERSA: www.edersa.com.ar.

Este comunicado de EdERSA busca brindar claridad sobre los factores que inciden en el costo de la energía eléctrica, destacando la importancia de la comprensión y la participación activa de los usuarios en los programas de subsidios disponibles.

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Catriel: intentó robar cobre, se escondió detrás de un poste y fue descubierto pero terminó sobreseído

Un hombre acusado de intentar robar cables de cobre de un tendido eléctrico en Catriel fue sobreseído mediante la aplicación del criterio de oportunidad establecido en el art. 96 del Código Procesal Penal de Río Negro. La jueza Rita Lucía homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa del imputado, después de que la empresa Edersa, víctima del intento de robo, decidiera no continuar con la acusación contra el sospechoso.

El hecho tuvo lugar el 26 de mayo de 2023, cuando Miguel Ángel Bertolaza fue sorprendido tratando de apoderarse del cable de cobre de un poste de tendido eléctrico en la intersección de la calle Venezuela y la avenida Roque Saenz Peña en el barrio Cuatro Esquinas. A pesar de que Bertolaza intentó huir, fue detenido por la policía minutos después del incidente y posteriormente se le formularon cargos en una audiencia realizada el 14 de agosto de 2023.

Unos días después, tanto la defensa del imputado como el Ministerio Público Fiscal solicitaron el sobreseimiento de Bertolaza en base al acuerdo alcanzado, argumentando que no se continuará con el proceso acusatorio. La jueza expresó que, al no existir razón para desatender la decisión del MPF de no continuar con el caso, no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado.

Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que, previo al acuerdo, se consultó a Edersa, quien decidió no continuar con el proceso acusatorio. Además, se destacó que la aplicación del criterio de oportunidad se debe al hecho de que no se concretó el robo y no hubo perjuicio para la empresa, lo que resulta en la extinción de la acción penal y la ausencia de antecedentes penales para el imputado.

Por otro lado, desde el Poder Judicial explicaron a VSN que sería beneficioso «contar con una ordenanza municipal que regule el acopio y la tenencia de cobre en la localidad», en ese sentido destacaron que podría aprovecharse la existencia de una normativa provincial a la que podría adherirse el Concejo Deliberante para reglamentar el municipio una vez esté sancionada. Esta, reglamentada ayer por Provicnia, regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Además, crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. También otorga herramientas legales al Ministerio de Seguridad y Justicia, en forma conjunta con la Policía de Río Negro.

Oleada de robos de cables sacude a Catriel: el impacto en empresas y usuarios

El robo de cables en la ciudad de Catriel y sus alrededores es una creciente preocupación debido a su impacto en la actividad de las empresas petroleras y en los servicios esenciales para la comunidad.

El 3 de enero de 2024, la empresa Aguas Rionegrinas sufrió el robo de cables de la central de control de bombas en el barrio Santa Cruz, lo que provocó complicaciones en el suministro de agua para gran parte de la ciudad. Este incidente se suma a una serie de robos anteriores que afectaron tanto a empresas como a usuarios comunes. Desafortunadamente, este no es un evento aislado, ya que el robo de cables en empresas petroleras también es una realidad recurrente en la zona.

En marzo de 2023, el juez Guillermo Merlo condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre que, junto a un cómplice que logró escapar, intentó robar cerca de 400 metros de cable desnudo de cobre de un pozo petrolero ubicado a pocos kilómetros de Catriel.

El 25 de noviembre de 2023, dos jóvenes fueron detenidos por robar cables del yacimiento «Los Loros Norte» en Catriel. Utilizando motosierras para cortar postes, estos individuos intentaban huir del lugar a bordo de una moto con rollos de cable pertenecientes a la empresa petrolera Petróleos Sudamericanos (PS). Este tipo de actividades delictivas, además de generar un grave riesgo para la seguridad pública, tienen un impacto económico significativo: muchas veces paralizan la actividad en los yacimientos de forma temporal.

Dato relevante:

 

Entre febrero de 2022 y marzo de 2024, se produjeron un total de 16 robos de cables en Catriel y sus alrededores.

El valor del cobre, principal componente de los cables robados, contribuye a alimentar un próspero mercado negro. Se estima que el kilo de cobre se vende en alrededor de 7000 pesos, lo que hace que estos robos sean lucrativos para los delincuentes. Sin embargo, las consecuencias van más allá de la actividad delictiva en sí misma.

Las empresas petroleras de la región son víctimas frecuentes de estos robos, lo que resulta en pérdidas financieras considerables y, en algunos casos, en interrupciones en la producción. Aunque las empresas han solicitado mayores medidas de seguridad a las autoridades, los robos continúan siendo una amenaza persistente.

Pero este problema no se limita a las empresas petroleras. Los usuarios comunes en toda la provincia también se ven afectados por los robos de cables, lo que puede resultar en interrupciones del suministro eléctrico, como lo evidencian los incidentes reportados recientemente en Colonia Ovejero. Desde hace semanas los residentes denuncian que se ven afectados por la interrupción frecuente del servicio debido a robos de cables de tendido eléctrico en la zona donde operan las empresas petroleras , ocurriendo entre una y dos veces al mes. El último incidente tuvo lugar el jueves 14 de marzo a las 22 horas y la energía se recuperó recién el pasado lunes 18 a las 13:30. Los vecinos sostienen que «roban, arreglan y vuelven a robar inmediatamente».

Desde el gobierno provincial sostuvieron que para abordar esta situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia está trabajando en la implementación de la ley de material no ferroso, aprobada por la Legislatura en octubre pasado. Esta ley busca regular el registro y la trazabilidad de los metales no ferrosos para combatir el mercado negro y reducir la incidencia de estos delitos. Sin embargo, queda claro que se necesitarán esfuerzos adicionales y una cooperación continua entre las autoridades y las empresas para resolver este problema y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. Para esto será necesario dotar de mayores recursos y personal tanto a la justicia rionegrina como a las fuerzas policiales, uno de los puntos débiles del gobierno rionegrino durante las últimas décadas.

Aconcagua presentó los resultados anuales de 2023

Aconcagua Energía, empresa del sector energético que trabaja en Catriel Oeste, dio a conocer resultados anuales y del cuarto trimestre de 2023, revelando un importante crecimiento y una gestión financiera sólida.

Durante el último trimestre de 2023, la compañía informó un EBITDA ajustado de U$S 14,3 millones (ARS 6.388 millones), lo que supone un incremento significativo de 10,9 veces en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, el EBITDA anual ajustado alcanzó los U$S 46,5 millones (ARS 13.737 millones) durante el ejercicio 2023, evidenciando un aumento de 8,4 veces respecto a 2022.

En términos de ventas, Aconcagua Energía registró ventas por U$S 34,5 millones (ARS 15.418 millones) en el cuarto trimestre de 2023, representando un aumento de 8,1 veces en comparación con el mismo período del año anterior. Las ventas acumuladas hasta diciembre de 2023 ascendieron a U$S 132,1 millones (ARS 39.012 millones), con un incremento de 6,6 veces respecto a 2022.

Estos resultados fueron presentados por los ex ejecutivos de YPF y fundadores de Aconcagua Energía, Diego S. Trabucco y Javier A. Basso, ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se destacó también la mejora en la calificación crediticia por parte de las agencias Fix SCR y Moody’s Argentina, como resultado del crecimiento sostenido y la solidez del modelo de negocio de la compañía.

Según informaron desde la firma, desde su fundación en 2016, Aconcagua Energía mantiene un crecimiento constante en áreas clave como producción de hidrocarburos, generación de energía, ventas e ingresos. Durante el ejercicio 2023, la producción total promedio de hidrocarburos alcanzó los 11.404 barriles equivalentes por día, con un aumento del 198% en petróleo y del 1.513% en gas en comparación con 2022.

En materia financiera, la empresa mantuvo un nivel de apalancamiento Deuda/EBITDA ajustado de 2,3 veces, en línea con la política definida por sus accionistas. Además, realizó inversiones por U$S 119 millones en infraestructura, workovers y perforación de pozos, un incremento del 678% respecto al año anterior.

Aconcagua Energía también fortaleció su equipo de trabajo, incorporando más de 300 colaboradores durante 2023, lo que representa un crecimiento interanual en recursos humanos y know-how del 100%. Además, estableció alianzas con organizaciones académicas y sociales para promover programas de formación y desarrollo en las provincias donde opera.

«Aconcagua Energía hoy se consolida como uno de los grupos económicos y energéticos más importantes de la Argentina en los sectores donde participa, convirtiéndose en un referente en las cuencas y regiones donde opera manteniendo una estrategia de consolidación y crecimiento sostenible en las tres líneas de negocio que desarrolla», remarcaron.

En La Pampa aseguran que se presentó un reclamo por la propiedad de la planta petrolera cercana a Catriel

Según una noticia publicada el domingo 10 de marzo por el portal Diario Textual de La Pampa, se presentó una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), reclamando el 67,2% de la propiedad de la Planta de Tratamiento de Crudo y Agua de Inyección (PTC) ubicada en cercanías de Catriel (Río Negro). Este reclamo, estaría impulsado por el Gobierno de Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado, Romina Schmidt, planteando que se “determine el porcentaje de propiedad que corresponda” a cada jurisdicción.

Según la publicación, el gobierno pampeano interpuso una “acción declarativa de certeza” ante la CSJN argumentando un presunto derecho de propiedad sobre la base de la reversión de concesiones y la reforma constitucional de 1994. El porcentaje de titularidad requerido surge de las declaraciones juradas a través de las cuales fueron aportados los índices de producción por parte de las empresas respectivas, publicados en el sitio web oficial de la Secretaría de Energía de la Nación.

El reclamo de La Pampa sería en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la provincia de Río Negro, Pampa Energía S.A. y Vista Oil & Gas Argentina. Estas dos son las empresas controlantes de las instalaciones. La PTC, ubicada en Entre Lomas, no entró en el acuerdo de cesión de la operación de seis áreas convencionales ubicadas en la Cuenca Neuquina anunciado por Vista en 2023. Según el decreto N°1821/21, tiene una capacidad máxima operativa de 2.500 m3/día.

¿Cuál es el argumento pampeano? Que el área hidrocarburífera sobre la cual se construyó la planta estaba originariamente conformada por dos áreas (“bloques interjurisdiccionales”), ubicadas ambas entre las provincias de La Pampa y de Río Negro, denominadas “Jagüel de los Machos” y “25 de Mayo – Medanito Sud Este”. Esos dos bloques, a partir de la reforma constitucional de 1994, quedaron a su vez divididos en dos bloques más, conformando un total de cuatro áreas: 25 de Mayo – Medanito S.E. y Jagüel de los Machos La Pampa (ambas en esa provincia) y Jagüel de Los Machos Río Negro y 25 de Mayo – Medanito S.E. Río Negro (ubicadas en esa última provincia).

Es decir, sostuvo, la instalación es “parte indivisible” de los yacimientos originales, considerándolo como «un bien activo compartido». El reclamo se fundamentaría en la reversión de las áreas a partir de la finalización de la concesión (arts. 37, 43 y concesiones de la ley 17.319). En ese marco, La Pampa habría solicitado que “el reconocimiento y la declaración requeridas se efectúen con efecto retroactivo al momento de la reversión” de las áreas. Agregaron que la planta es «una construcción fija imprescindible para la continuidad de la actividad petrolera» y que la empresa concesionaria del área obtiene un “enriquecimiento sin causa”. En esa misma línea, el artículo señala que se quejaron además por el canon que debe pagar por el petróleo que sacan en la zona de Colonia Chica y envían a esa planta para su procesamiento por intermedio de un ducto por debajo del río Colorado, a través del cual se transportan los hidrocarburos desde La Pampa hasta la planta de tratamiento del crudo situada en territorio rionegrino.

El portal informativo aseguró que La Pampa planteó el caso como único” y “excepcional”, pidiendo por una solución basada en la “buena fe y razonabilidad” de los argumentos: dijo que el “espíritu de las normas” aplicables “indica que debe restituirse el área con todos los activos necesarios para la continuidad de las operaciones en la misma y el tratamiento del recurso extraído, considerando al conjunto de instalaciones como un todo sin importar el lugar en que se encuentre cada una de sus partes”. Incluso en la publicación se precisó que el «reclamo por el daño económico se efectuará una vez satisfecha la pretensión formulada», y que incluirá “el costo y perjuicio que sufrió la Provincia por la privación de uso como así también la compensación por falta de desarrollo ocasionado del área” petrolera.

De ser cierto el reclamo, hay que ver como impacta la noticia en el vínculo entre Zilotto y el gobernador de Río Negro Alberto Weretilenck, que se reunió y firmó la declaración de Puerto Madryn con este y otros mandatarios del bloque político-económico regional Provincias Unidas del Sur apenas tres días antes de la publicación de esta versión periodística. Hasta el momento, ni el mandatario rionegrino ni la secretaría de Energía a cargo de Andrea Confini han hecho declaraciones al respecto.

La noticia bien podría ser considerado un segundo baldazo de agua fría para el sector hidrocarburífero en territorio rionegrino tras el anuncio de retracción de la petrolera británica President Petroleum, que hizo reversión parcial de sus áreas al Estado Provincial devolviendole a Río Negro una parte Puesto Flores-Estancia Vieja, de Puesto Prado y de Las Bases y la totalidad del área de exploración Angostura. Según datos de la Secretaría de Energía, en enero este área produjo alrededor de 1.000 barriles de petróleo por día. La firma tiene también una planta de tratamiento de crudo, puesta en marcha en agosto del 2021.

Mientras tanto, habrá que esperar para confirmar que ocurrirá con las pretensiones pampeanas sobre un bien productivo ubicado el área de producción rionegrina. Nuestra ciudad es la que más producción aporta a la provincia, que se ubica como la quinta productora de petróleo y la sexta de gas en el país. Actualmente Río Negro tiene 35 concesiones operadas por 12 empresas e integra la denominada cuenca sedimentaria Neuquina junto a Neuquén y parte de las provincias de La Pampa y Mendoza.

Sin dudas será interesante ver como se posiciona el gobierno provincial en esta coyuntura en caso de confirmarse la inesperada disputa por la propiedad de la planta petrolera en Catriel. No solo porque involucra a dos provincias vecinas, La Pampa y Río Negro, sino que también tiene implicaciones significativas para la industria petrolera en toda la región y en puntual para el municipio que actualmente conduce la peronista Daniela Salzotto.

Cabe recordar que el gobierno de Río Negro anunció que este año se renegociarán los contratos petroleros. Weretilneck adelantó que la fecha límite es junio y que no se repetirá el esquema de negociación de 2014 pero aseguró que «algo habrá para los municipios». La titular de Energía, Confini, aseguró que “la idea que tenemos es no es tratar de exprimir a las empresas sino que acompañen el desarrollo de la provinciaterminar negociaciones en el primer semestre del año para que arranquen con las inversiones que llevan su tiempo”. En ese sentido explicó que se buscaría no aplicar íntegramente lo que dice la ley sino «ver distintas alternativas, según planes de inversión y en especial según el cumplimiento de objetivos para poder alcanzar mejores beneficios». El objetivo de Río Negro es lograr frenar el declino, la caída de la producción hasta tanto las áreas rionegrinas con potencial en Vaca Muerta comiencen a dar nayores frutos.

Secretaría de Energía de Río Negro.
El mapa hidrocarburífero de Río Negro. Portal oficial de la Secretaría de Energía, 2024.
https://twitter.com/rionegrogob/status/1765752564119732420

Energía Patagonia SA: la apuesta por la autonomía de los gobernadores de la región

El próximo 7 de marzo en Puerto Madryn, los líderes de la Patagonia tienen programado presentar un proyecto fundamental destinado a fortalecer la autonomía energética de la región. Bajo el nombre de «Energía Patagonia SA», esta iniciativa buscará abordar diversos conflictos relacionados con represas, hidrocarburos y energías renovables.

El contexto que rodea esta propuesta se encuentra marcado por la creciente disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Esta tensión escaló a los niveles más alto, especialmente después de que Torres amenazara con suspender el envío de petróleo debido a una disputa por la coparticipación, alegando una deuda de la provincia con la Nación. Milei, por su parte, argumentó que la retención no es ilegal pero giró los fondos tras un fallo judicial a favor de Chubut.

En una entrevista radial, Torres explicó que la creación de Energía Patagonia SA tiene como objetivo principal otorgar más autonomía a las provincias en sus negociaciones con el Gobierno Nacional. Destacó la importancia de que las provincias puedan tomar decisiones locales en proyectos energéticos, considerando que los recursos son de ellas.

La presentación de este proyecto está prevista para coincidir con una reunión en Puerto Madryn del Parlamento Patagónico y los gobernadores de la región. Torres subrayó que la discusión va más allá de interpretaciones legales y resaltó la necesidad de definir el modelo de país deseado, enfatizando la relevancia de que la Patagonia tenga voz en las concesiones y proyectos de infraestructura.

Además, Torres denunció la falta de agua en Comodoro Rivadavia y criticó la partida de YPF sin asumir responsabilidades sociales y ambientales, afirmando que la provincia luchará por sus recursos y discutirá estas cuestiones. Este proyecto de autonomía energética podría significar un cambio significativo en las relaciones entre las provincias y el Gobierno Nacional, especialmente en un contexto de disputas por recursos clave.