Energía

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a colocar al petróleo en el centro del tablero global. Los ataques iniciados a fines de febrero y la respuesta iraní con misiles y drones abrieron una nueva fase de tensión en Medio Oriente que ya empezó a sentirse en los mercados internacionales. Mientras diplomáticos y organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una expansión regional del conflicto, la reacción del sistema energético fue inmediata: el precio del crudo volvió a subir y la atención del mercado se trasladó rápidamente a una de las rutas petroleras más sensibles del planeta.

Ese punto crítico es el Estrecho de Ormuz, una franja marítima que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo que se comercian en el mundo. Cada vez que la región entra en crisis, ese paso se convierte en el termómetro del mercado energético global. La sola posibilidad de que Irán pueda restringir el tránsito de buques o atacar infraestructura petrolera alcanza para disparar las cotizaciones.

En los últimos días, el barril de crudo Brent —la referencia internacional— superó los 80 dólares y llegó a moverse cerca de los 85 dólares, mientras el petróleo estadounidense WTI también registró fuertes subas. Algunos analistas advierten que, si el conflicto escala o el tránsito por Ormuz se interrumpe, el precio del petróleo podría volver a superar la barrera de los 100 dólares por barril, un escenario que históricamente suele trasladarse a toda la economía mundial.

La reacción del mercado no se explica únicamente por la producción iraní, aunque el país es uno de los actores clave del sistema petrolero global. Irán posee las terceras mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 208.000 millones de barriles, y mantiene un peso estratégico dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Su ubicación geográfica en el Golfo Pérsico lo convierte en un actor central dentro de una región que concentra buena parte de la energía que consume el planeta.

Aun así, el mercado mundial no atraviesa una escasez inmediata de crudo. Según estimaciones de organismos internacionales, la oferta global presenta incluso un excedente cercano a los 3,7 millones de barriles diarios, un colchón que ayuda a amortiguar posibles interrupciones en la producción. Sin embargo, los mercados financieros suelen reaccionar primero al riesgo y recién después a los datos concretos. Por eso, cada declaración política o cada movimiento militar en la región provoca cambios inmediatos en el precio del petróleo.

En medio de este escenario global convulsionado, Argentina aparece en una posición particular dentro del mapa energético. El país atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de su producción petrolera en décadas, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Según datos oficiales de la Secretaría de Energía, en enero de 2026 la producción nacional alcanzó los 4.262.675 metros cúbicos de crudo, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Ese volumen representa un crecimiento cercano al 16% respecto al mismo mes del año anterior y marca un cambio importante frente a la larga etapa de declino productivo que atravesó el país durante buena parte de las últimas décadas. La mayor parte de ese crecimiento se explica por la provincia de Neuquén, donde se concentra el desarrollo del shale oil. Neuquén explica hoy cerca del 70% de la producción petrolera argentina, consolidándose como el principal motor del sector hidrocarburífero del país.

Pero el mapa petrolero argentino no se limita a Vaca Muerta. Río Negro también muestra señales de recuperación en su producción, aunque en una escala menor. En enero de este año la provincia produjo cerca de 114.800 metros cúbicos de petróleo, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 7%. El volumen todavía se mantiene lejos de los niveles históricos que tuvo la provincia a comienzos de los años 2000, pero confirma que la actividad hidrocarburífera sigue teniendo peso dentro de su economía regional.

Con ese escenario de fondo, el gobierno provincial lanzó recientemente un programa de incentivos destinado a reactivar la producción convencional de petróleo y gas en áreas maduras. El esquema busca atraer nuevas inversiones y recuperar pozos mediante trabajos de pulling, reparación y optimización de sistemas de extracción. Para mejorar la rentabilidad de estos proyectos, la provincia redujo las regalías al 6% sobre la producción incremental durante un período de hasta diez años.

Pero dentro del sector energético provincial también comienza a circular otra hipótesis que podría cambiar el mapa petrolero de Río Negro en los próximos años. Fuentes empresariales vinculadas al sector energético señalaron a VientoSur Noticias que algunos yacimientos maduros de la cuenca podrían tener potencial para reconvertirse en desarrollos no convencionales, un modelo de explotación similar al que impulsó el crecimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

Aunque por ahora se trata de evaluaciones preliminares dentro del sector, el planteo abre una posibilidad interesante: que áreas consideradas en declino puedan recuperar valor mediante nuevas tecnologías de extracción. Si esos estudios avanzaran, no solo permitirían extender la vida útil de los yacimientos, sino también atraer inversiones y reactivar actividad en regiones petroleras históricas de la provincia.

En un contexto de precios internacionales más altos, ese tipo de escenarios empieza a ganar atención dentro de la industria. Cuando el valor del barril sube, incluso proyectos de mayor complejidad tecnológica pueden volverse económicamente viables, lo que reabre discusiones que hasta hace poco parecían lejanas.

En otras palabras: lo que hoy parecen campos maduros en declino podrían convertirse mañana en la próxima frontera energética de la provincia.

Pero mientras el mundo discute el precio del petróleo, en Río Negro también se abrió otra discusión clave: cómo se reparten los recursos que genera esa actividad.

En las últimas semanas el gobierno provincial presentó una nueva metodología para distribuir las regalías hidrocarburíferas entre los municipios, un esquema que busca actualizar los criterios vigentes desde 2004 e incorporar a más localidades dentro del sistema de reparto.

La propuesta combina variables técnicas como la producción acumulada del año anterior, la cantidad de pozos dentro de cada ejido municipal y la incidencia indirecta de la actividad en localidades ubicadas hasta 100 kilómetros de las zonas productivas.

Con este esquema, el número de municipios reconocidos dentro del sistema pasaría de 9 a 14, incorporando localidades del Alto Valle que también reciben impacto económico de la actividad petrolera.

Sin embargo, la iniciativa abrió una fuerte discusión política. El municipio de Catriel advirtió que el nuevo cálculo podría reducir de manera significativa los recursos que hoy recibe por regalías, ingresos que representan una de las principales fuentes de financiamiento del Estado local.

Según explicó la intendenta Daniela Salzotto, el cambio podría implicar que la ciudad pase de recibir el 60% que históricamente concentra dentro del reparto entre municipios productores a cerca del 30%, lo que representaría una reducción cercana al 50% de esos ingresos.

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que Catriel continúa siendo el principal polo productor de petróleo de la provincia y que la actividad hidrocarburífera se desarrolla mayoritariamente dentro de su territorio. En ese sentido, advierten que una reducción en los recursos podría afectar obras, servicios y programas municipales.

Desde el gobierno provincial, en cambio, señalaron que no existe ninguna decisión de reducir el monto total de recursos que se coparticipan entre los municipios, sino que el objetivo es actualizar los criterios de distribución utilizando datos productivos y demográficos actuales. También remarcaron que cualquier modificación del sistema deberá debatirse y aprobarse en la Legislatura provincial.

Mientras tanto, la discusión ya comenzó a trasladarse al plano local. El municipio de Catriel convocó a una reunión abierta con vecinos para informar y debatir el impacto que podrían tener estos cambios en la economía de la ciudad, un tema que atraviesa directamente el funcionamiento del Estado municipal, las obras públicas y los servicios.

Para una ciudad petrolera como Catriel, ese vínculo entre geopolítica, energía y política local es mucho más directo de lo que parece. Lo que ocurre a miles de kilómetros en el Golfo Pérsico puede terminar influyendo en el precio del barril, en las decisiones de inversión de las empresas y también en la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos que genera esa actividad.

Cuando el precio del crudo sube, las empresas suelen acelerar trabajos de mantenimiento, reactivación de pozos o intervenciones técnicas que antes no resultaban rentables. Eso puede generar más movimiento para empresas de servicios, transportistas, contratistas y comercios vinculados indirectamente al sector.

Pero el impacto no es únicamente positivo. Si el petróleo se mantiene alto durante mucho tiempo, parte de esa suba suele trasladarse al precio de los combustibles, lo que termina afectando los costos de la vida cotidiana.

Así, en Catriel, una guerra que estalla a miles de kilómetros no solo mueve el precio internacional del barril. También reabre una discusión mucho más cercana y concreta sobre trabajo, recursos y poder. Porque en una ciudad petrolera, el conflicto global tarde o temprano siempre termina bajando al territorio.

La Provincia de Río Negro abrió formalmente el debate para actualizar los índices de coparticipación y regalías utilizando datos del Censo 2022. El Gobierno sostiene que el sistema actual se basa en parámetros de hace más de 30 años y que es necesario modernizarlo para reflejar la realidad demográfica y económica actual. Sin embargo, en Catriel el anuncio encendió luces de alarma: si se aplicara el criterio que trascendió en la reunión con intendentes, la ciudad petrolera podría perder cerca de la mitad de los fondos que recibe por regalías hidrocarburíferas.

Hoy el esquema vigente distribuye recursos con componentes claramente desactualizados.

Según explicó el propio Ejecutivo provincial, el 40% del índice de coparticipación se calcula con datos poblacionales de 1991, otro 40% toma como referencia recaudaciones de 1987, 1988 y 1989, y el 20% restante se reparte en partes iguales. En el caso específico de las regalías, los parámetros corresponden a 2004. En términos técnicos, el argumento provincial es consistente: la provincia cambió en tres décadas y la fórmula no refleja la realidad actual.

En 2025, Río Negro distribuyó $10.027 millones en regalías entre los municipios. Catriel recibió $2.104 millones, es decir, poco más del 20% del total. Esa participación se explica por su condición de municipio productor y por su peso histórico en la actividad hidrocarburífera provincial. Sin embargo, durante la reunión convocada por el gobernador Alberto Weretilneck trascendió que la actualización podría implicar una reducción significativa del porcentaje que recibe la ciudad dentro del esquema productor. Se habló de pasar de un 60% histórico a un 30%. Si ese criterio se aplicara tomando como base los ingresos del año pasado, Catriel pasaría de percibir unos $2.104 millones a alrededor de $1.052 millones.

En números simples: una caída cercana a $1.000 millones anuales.

El Gobierno provincial no presentó aún un proyecto formal ni difundió la fórmula técnica concreta que justificaría el cambio. Lo que sí anunció es la apertura de mesas técnicas con participación de intendentes, equipos municipales y legisladores, con el objetivo de construir una propuesta consensuada. Desde Viedma insisten en que no habrá una decisión unilateral y que el proceso será transparente y participativo. El eje central de la actualización sería incorporar el Censo 2022, lo que modificaría el peso demográfico dentro del reparto. Municipios que crecieron en población podrían ganar participación, mientras que otros perderían peso relativo.

Desde Catriel, la preocupación no gira en torno a la actualización en sí, sino a cómo se definan los criterios.

El Ejecutivo local sostiene que la ciudad no solo tiene población, sino una historia productiva que marcó el desarrollo provincial durante más de seis décadas. La actividad petrolera se desarrolló dentro de su ejido, impactó en su infraestructura, moldeó su economía y dejó una huella territorial profunda. El planteo municipal apunta a que el porcentaje actual no responde únicamente a una fórmula demográfica, sino a un reconocimiento del rol productivo histórico y presente.

En este punto aparece una dimensión que casi no figura en los comunicados oficiales: el costo acumulado de esa historia petrolera. No existen informes públicos consolidados sobre el grado de remediación ambiental en el ejido catrielense ni sobre el balance histórico entre extracción, inversión y pasivos ambientales.

Tampoco hay datos sistematizados que permitan medir cuánto del impacto territorial fue compensado con recursos. Si la nueva fórmula prioriza casi exclusivamente la variable poblacional, el peso productivo y sus consecuencias quedarían diluidos en la ecuación.

La discusión, entonces, no es solamente cuánto dinero pierde o gana un municipio.

El debate de fondo es qué criterio define hoy el valor de ser ciudad productora. ¿Debe pesar más la cantidad de habitantes o la generación de recursos estratégicos? ¿Puede un territorio que sostuvo durante décadas la principal actividad económica provincial quedar equiparado a otros que no tienen esa matriz productiva? Son preguntas técnicas, pero también políticas y territoriales.

Lo que sí está claro es que, si la reducción se concretara en los términos mencionados, el impacto sería significativo para el presupuesto local. Menos recursos implican menor margen para obras públicas, servicios, mantenimiento urbano e inversión social. En una ciudad de aproximadamente 24.000 habitantes, una caída cercana a los $1.000 millones no es un ajuste menor.

Hasta ahora, lo único confirmado es que el sistema actual está basado en datos antiguos y que el Gobierno quiere actualizarlo. No hay proyecto de ley presentado ni fórmula publicada. Tampoco hay simulaciones oficiales difundidas que permitan comparar municipio por municipio cómo quedaría el nuevo reparto.

La discusión recién comienza y todavía hay margen para debate técnico y político.

La actualización puede ser razonable desde el punto de vista institucional. La preocupación de Catriel también es legítima desde su historia productiva. Entre ambos argumentos se mueve una discusión que definirá el mapa económico de la ciudad en los próximos años.

Para que el debate sea claro y no se reduzca a consignas, la ciudadanía necesitará conocer la fórmula concreta, los criterios exactos y el impacto real que tendría cada alternativa. Sin esos datos, cualquier posición será parcial.

La pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cambia el porcentaje, sino qué modelo de federalismo interno quiere Río Negro para el futuro: uno centrado en habitantes, uno centrado en producción o uno que combine ambos con equilibrio.