El gobierno argentino implementó un ajuste económico sin precedentes, reduciendo el gasto público en un 13% del PIB en solo tres meses. Esto llevó a una caída en la inflación, aunque provocando una recesión pronunciada. Según el FMI, se espera una contracción del 2,8% en la economía este año. La desregulación de varios sectores disparó los precios, afectando especialmente el poder adquisitivo de los ciudadanos, cuyos salarios mínimos disminuyeron un 34,1%.
El consumo masivo se desplomó, reflejado en la caída de productos emblemáticos como la carne, la leche y la yerba mate. En el primer trimestre, la leche experimentó una caída del 18,7%, con un aumento del precio que duplicó su valor en tres meses. Aunque esto beneficia a los productores con exportaciones récord, la crisis local preocupa a muchos.
La carne vacuna, parte integral de la dieta argentina, vió una caída del 17,6% en el consumo interno, mientras que las exportaciones aumentaron significativamente, con China como principal comprador. La yerba mate, otro pilar cultural, sufrió una contracción del 9,2% en el primer trimestre, atribuida en parte a la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Aunque las exportaciones crecieron, la reciente desregulación del mercado plantea preocupaciones sobre la manipulación de precios por parte de grandes empresas.
La discusión en torno al acceso al cannabis medicinal y su regulación en Argentina tomó relevancia en los últimos días, con diversos actores del ámbito civil y gubernamental expresando sus perspectivas y preocupaciones.
La presidenta de Evolución Verde, Perla Peralta, destacó la importancia del Consejo Consultivo Honorario de Cannabis, creado en el marco de la Ley 27.350, que se reunió recientemente por primera vez bajo el gobierno de Milei. Durante esta reunión, se abordaron temas cruciales para el acceso al cannabis medicinal en el país.
Uno de los principales anuncios realizados posteriormente fue la revisión de los requisitos de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). El vocero presidencial Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, aseguro que se detectaron «más de 90,000 solicitudes de productores emitidas sin diagnósticos basados en evidencia científica durante la gestión anterior». Quienes se inscriben, no son “productores” sino pacientes, usuarios del sistema de salud, que para obtener la autorización deben tener una indicación médica. El Ministerio de Salud es quien revisa y aprueba cada requisito.
El Reprocann, creado en 2021, autoriza a los pacientes a cultivar cannabis medicinal, pero el sistema enfrenta serias dificultades. Según el Dr. Leonardo Oscar Busso, el sistema está desbordado, recibiendo en promedio mil solicitudes diarias pero solo pudiendo procesar 40.
La propuesta del gobierno de restringir la cantidad de patologías contempladas en el programa generó descontento entre las organizaciones civiles y la comunidad cannábica. Perla Peralta y Karina Romanelli, de diferentes ONGs, argumentaron que el cannabis medicinal beneficia a una amplia gama de personas y no debería limitarse por motivos burocráticos.
Laura Rodríguez Caldentey, abogada de «Cannabis Medicinal Río Negro y Neuquén», enfatizó la incertidumbre que rodea a las decisiones del gobierno en esta materia y cómo esto afecta a quienes dependen del cannabis medicinal para tratamientos terapéuticos.
Además, se destacó la necesidad de mejorar y ampliar el acceso al cannabis medicinal en el sistema de salud pública, buscando garantizar un acceso equitativo para todos los pacientes. En la reunión del Consejo Consultivo se mencionaron algunas de las posibilidades que se barajan para agilizarlo: incorporación de personal y tecnología para hacer más efectivos los trámites y la posibilidad de limitar las patólogías.
«Sería un problemón, hay mucha gente que utiliza el cannabis medicinal por el insomnio, por la ansiedad, por el bruxismo. Lo que proponen desde el gobierno es que haya menos patologías, para evitar el cuello de botella que tiene el sistema y evitar que haya tantas inscripciones. La planta mejora la calidad de vida de las personas, no solamente las que padecen de ciertas patologías como la epilepsia o el dolor crónico”, explicó Peralta.
El marco legal que regula el cannabis en Argentina expermientó cambios significativos en los últimos años. La derogación del Decreto N° 738/2017 durante el gobierno de Alberto Fernández y la entrada en vigencia del Decreto N° 883/2020 ampliaron las posibilidades de acceso al cannabis medicinal y su cultivo para uso terapéutico. Sin embargo, ley 23.737 sigue penalizando a los usuarios.
En resumen, la situación del cannabis en Argentina, y especialmente en Río Negro, refleja la complejidad y los desafíos que enfrenta el país en la regulación y el acceso equitativo a esta importante herramienta terapéutica. La colaboración entre organizaciones civiles, el gobierno y la comunidad cannábica será fundamental para superar estos desafíos y garantizar un acceso justo y seguro al cannabis medicinal para todos los que lo necesitan.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley Bases, impulsada por Javier Milei, con una votación de 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, dándole media sanción y ahora deberá tratarla el Senado. Entre los principales temas de debate se encuentra el Título V, denominado «Modernización laboral», propone una serie de cambios que afectarán negativamente a los trabajadores y beneficiarán a los empleadores. En este contexto, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), mostraron su descontento con los votos de los diputados rionegrinos que apoyaron la medida.
En un comunicado emitido por el gremio docente, señalaron que los diputados Sergio Capozzi (PRO), Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), Aníbal Tortoriello (PRO) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) «desoyeron» el mandato social del pueblo rionegrino que los eligió y «entregaron impunemente nuestros derechos». La declaración continúa expresando un fuerte rechazo hacia el voto a favor de la reforma laboral, denunciando que estos representantes «aumentaron los privilegios de las grandes empresas en detrimento de la clase trabajadora».
Entre los aspectos más controvertidos de la reforma laboral se encuentran la habilitación de la tercerización laboral, la extensión del periodo de prueba, la posibilidad de despidos discriminatorios y la implementación de un fondo de cese laboral, entre otros.
Unter convocó a la unidad en la acción de todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas para resistir estas medidas que consideran un «avasallamiento» de los derechos laborales conquistados históricamente. El sindicato reafirmó su compromiso en defensa de la educación pública y popular, ratificando la importancia de la lucha colectiva en la protección de los derechos del pueblo.
Entre los aspectos más controvertidos de la reforma laboral se encuentran los siguientes:
Tercerización laboral: La ley propuesta elimina la responsabilidad solidaria de la empresa receptora de trabajadores tercerizados, lo que significa que los empleados serán considerados directamente empleados de la empresa que contrató los servicios, incluso si fueron contratados para trabajar en otra empresa. Esto podría fomentar la rotación de trabajadores entre empresas tercerizadas.
Extensión del periodo de prueba: Se propone extender el periodo de prueba a seis meses para todos los contratos por tiempo indeterminado, con la posibilidad de ampliarlo hasta ocho meses o un año mediante convenciones colectivas.
Despido discriminatorio: La ley permitiría despidos por motivos gremiales, de género, económicos, entre otros, siempre y cuando se pague una indemnización mayor.
Fondo de cese laboral: Se contempla la posibilidad de sustituir el actual régimen indemnizatorio por un fondo de cese laboral cuyas normativas serían determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que podría facilitar los despidos.
Fraude laboral: Se habilitaría la contratación «independiente» que encubriría la relación laboral, permitiendo a un trabajador independiente contar con hasta cinco colaboradores sin protección laboral, lo que afectaría sus condiciones de trabajo y su capacidad de sindicalización.
Derogación de indemnizaciones por trabajo no registrado: Se propone eliminar las indemnizaciones por trabajo no registrado, incentivando así la informalidad laboral.
Pase automático a disponibilidad en el sector público: Se plantea que los empleados del sector público cuyos cargos sean suprimidos por reestructuración pasen automáticamente a disponibilidad por un máximo de 12 meses, sin la obligación del Estado de encontrarles un nuevo puesto.
Aunque los cuatro diputados rionegrinos se refirieron a la aprobación de la Ley Bases, lo hicieron con distinto criterio y enfoque. Domingo, heraldo de Weretilneck en el Congreso, eligió hacer silencio sobre el capítulo de reforma laboral y celebró «conservar el Fondo Fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia, el blindaje a Vaca Muerta y los yacimientos rionegrinos para que seamos las provincias quienes decidamos cómo, cuándo y de qué manera otorgamos las concesiones de gas y petróleo».
Villaverde, de la Libertad Avanza, festejó la aprobación de la iniciativa y también el paquete de medidas fiscales. No dijo nada sobre la reforma laboral, lo mismo que Tortoriello y Capozzi (ambos de PRO), que hicieron alusión al «cambio» y solo celebraron la aprobación de la normativa.
La polémica ley abre la puerta a los superpoderes, las privatizaciones, la reforma laboral y la liberación del mercado energético entre otras cosas.
Luego del tratamiento frustrado de enero y a pesar de haber sido blanco de críticas, nos propusimos no responderlas y dar el debate. Seguimos trabajando para que el paquete de medidas pueda ser tratado, porque entendemos lo que significa en materia de gobernabilidad. pic.twitter.com/tCxU2Pw1Aj
Se aprobó la ley de Bases propuesta por el gobierno nacional. Es una buena noticia, no hay que tenerle temor al cambio, Argentina hace tiempo necesita modificaciones estructurales para que podamos salir adelante, crear valor y terminar con la pobreza. pic.twitter.com/kCtgWGaqbv
Educación y la Unter de Río Negro cerraron ayer la negociación salarial para los docentes, acordando un aumento en los haberes mínimos del sector.
El nuevo acuerdo establece un ingreso inicial de 620.000 pesos para abril y 673.000 pesos para mayo. Según señalaron desde el gremio, esto supone un incremento con respecto a los pisos salariales anteriores, que se situaban en 560.000 pesos y 570.000 pesos, respectivamente.
La modificación de los mínimos docentes completó la oferta presentada por Educación, la cual fue validada por la Unter. El acta correspondiente al bimestre pasará ahora a Trabajo para su homologación paritaria. Además, el gobierno provincial decidió finalizar el debate salarial por los meses de abril y mayo.
La última reunión paritaria entre Educación y la Unter marcó un cambio en la estructura de los aumentos salariales, pasando de sumas fijas a incrementos en la escala. Este ajuste tuvo un impacto mayor en los cargos intermedios y superiores, con aumentos cercanos al 50%, mientras que los cargos inferiores experimentaron alzas del 14%.
Con los nuevos pisos salariales, la Unter destacó mejoras significativas en relación a la propuesta anterior, no solo para el cargo testigo (maestro de grado sin antigüedad), sino también para otros cargos equivalentes, como los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y técnicos de Apoyo en la Escuela (TAE).
El acuerdo establece que el mínimo garantizado es para el docente con un solo cargo, y los nuevos montos representan un aumento de 60.000 pesos en abril y 103.000 pesos en mayo con respecto a los pisos originales. En comparación con marzo, el incremento alcanzará el 34,6% para mayo.
Estos nuevos mínimos salariales sitúan al docente por encima de la remuneración de un portero, sin antigüedad, en 17.000 pesos en abril y 20.000 pesos en mayo.
El fallo sienta un freno a los intentos de volver a criminalizar conductas que hasta la propia Corte Suprema determinó que no configuran delitos. El vocero del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, deslizó días atrás la posibilidad de restringir las autorizaciones para el cultivo de cannabis con fines medicinales. El área de Salud también trabaja en esa dirección. Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma establecieron en un fallo de más de 80 páginas que la oferta y venta por internet de semillas de cannabis no constituye un delito cuando se alegan fines terapéuticos.
El fallo absolvió a Alfredo Gerardo Ursic, Alejandro Ariel Muñoz, Mónica Andrea Fauez, Omar Iván González, Guillermo Patricio Sánchez, Luis Carlos Sánchez y Maximiliano Alberto Sánchez. Todos habían sido condenados a penas de entre seis años y sies años y cuatro meses por “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia con fines de comercialización y comercio con plantas o semillas, utilizables para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”. En todos los casos llevaban más de cuatro años presos.
Si bien la Cámara ratificó la ilicitud de la conducta, que contraviene la ley de estupefacientes, consideró que el derecho a la salud estaba por encima de ella: las pruebas reunidas en la causa demostraban que las semillas comercializadas por internet tenían por destino la realización de tratamientos medicinales.
Los imputados ofrecieron por diferentes páginas de internet blíster de tres semillas de cannabis, aclarando que tenían por destino el uso medicinal para el tratamiento de enfermedades como la leucemia, la epilepsia y varias formas de cáncer. Uno de los condenados (ahora absuelto), con patologías que afectaban su vida cotidiana, relató que conoció los fines terapéuticos del cannabis a través de su tío, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que llevó a la muerte al escritor Roberto Fontanarrosa. También al científico británico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la astrofísica contemporánea. Y que hoy aqueja al ex senador y ministro Esteban Bullrich. El aceite de cannabis es un paliativo para los peores efectos de esa enfermedad.
“Esta diferenciación entre la venta de semillas en el caso para el autocultivo orientada a pacientes y la dinámica característica del comercio general de estupefacientes, se destaca del informe de la propia Gendarmería Nacional en cuanto nítidamente plasmó que los “grupos que se autodenominan ‘autocultivadores de cannabis’ promueven las supuestas bondades medicinales del uso del cannabis y sus derivados para el tratamiento de diferentes afecciones como la epilepsia, la leucemia y algunos cánceres; basándose que el aceite de cannabis, si bien no es una cura para estos males, sí sería un paliativo”, sostiene el fallo.
“Así, claramente, se está frente a un supuesto donde la evolución jurídica en la materia y la admisión de que el consumo de cannabis involucra un uso beneficioso en el contexto de tratamientos médicos, terapéuticos y paliativos, devienen elementos que autorizan a inferir que los imputados pudieron entender equivocada e inevitablemente que la conducta endilgada no resultaba constitutiva de un injusto penal”, añade la resolución.
No obstante, los jueces aclararon que “esta duda probatoria de ningún modo conlleva el reconocimiento de la licitud del obrar y su grado de incompatibilidad con el régimen legal vigente, a partir de donde llevan privados de su libertad 4 años y 6 meses a la fecha”. El fallo dispuso la inmediata libertad de todos.
El voto de mayoría criticó “el déficit que arroja el origen mismo de la pesquisa, cuando de inicio se comprobó en modo fehaciente que las semillas vendidas por internet estaban dirigidas al autocultivo, también con fines terapéuticos, en tanto por ello siquiera se identificó a comprador alguno”.
El juez Slokar hizo un exhaustivo análisis sobre la evolución legislativa y los sucesivos decretos reglamentarios, así como las resoluciones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que regularon el acceso del cannabis a las personas que lo requirieran para sus tratamientos a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
“Los encausados en sus manifestaciones señalaron que la venta de semillas estaba dirigida a personas que realizaban autocultivo y que el objeto procuraba satisfacer la demanda para consumo medicinal, terapéutico y paliativo, lo que evidencia un propósito legítimo tal pregona la normativa vigente a la fecha. Conforme resulta probado del legajo, en las páginas de facebook donde se promocionaba la venta, e incluso de los comentarios de los consumidores, a partir de las características y la cantidad entregada (blíster de hasta tres semillas), sin perjuicio de las eventuales plantas que podrían germinar desde ellas, se desprende que el único fin alentado era el cultivo personal con designios terapéuticos, por lo que –insisten en reafirmar- la venta de semillas no estaba dirigida a personas u organizaciones que fueran a producir plantas de cannabis para su tráfico sino que reunía móviles altruistas”, reseñó el fallo.
La resolución hizo referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 2018 y la evolución legislativa. “Hubo un cambio de perspectiva determinante en favor de un modelo que tenga por centralidad el derecho a la salud integral de las personas reconocido por los pactos internacionales, todos con jerarquía constitucional”.
El martes 23 de abril, se llevará a cabo una marcha federal en defensa de la universidad pública en todo el país. La convocatoria contra el recorte presupuestario convocada por la comunidad académica de todo el país mostrará el martes una inédita confluencia de la oposición al gobierno de Javier Milei. En nuestra región Catriel se suma a las movilizaciones que tendrán lugar en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.
Desde las comunidades educativas de las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro invitaron a sumarse a esta jornada de protesta. En Catriel, la manifestación comenzará el martes 23 de abril a las 18 en la plazoleta de la Familia. Según señala la convocatoria, la marcha busca «expresar apoyo a la universidad pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior».
A nivel regional, previamente, el lunes 22, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la sede de CTA en Roca, donde se detallarán los detalles logísticos de las protestas en cada localidad. En Neuquén, la marcha está programada para las 18 en la capital y a las 10:30 en San Martín de los Andes.
En Cipolletti, estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro convocan a las 11 en la sede de calle España, mientras que en Allen, la concentración será a partir de las 14 en la sede de la Universidad Nacional del Comahue. En Roca, la cita es a las 14 en la plaza San Martín, y en Villa Regina, a las 10 en la plaza de los próceres. En Bariloche, la convocatoria es a las 17:30 en Onelli y Moreno, y en San Martín de los Andes, se realizará una clase pública en la plaza San Martín a partir de las 10:30. En Viedma, la marcha está prevista para las 13:30 en el campus de la Sede Atlántica y a las 15 en Bulevar Contín y 25 de Mayo.
La Marcha Federal Universitaria tenrá réplicas en pueblos y ciudades de todo el país, en el marco de una convocatoria de inédita amplitud, impulsada colectivamente entre las autoridades de las casas de altos estudios, las entidades gremiales que nuclean a las trabajadoras y trabajadores de la educación superior, y también el sector estudiantil.
En magnitud, podría superar las convocatorias del paro general del 24 de enero pasado y la del 24 de marzo por el Día de la Memoria. Pero esta vez, todo desde abajo del escenario, que estará copado por los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Según anticiparon los organizadores de la protesta, en Buenos Aires la concentración principal será frente al Congreso de la Nación y desde allí las diferentes columnas marcharán hasta Plaza de Mayo. La convocatoria comenzará a las 15.30 y el acto principal en la plaza tendrá un inicio previsto para las 18, aunque ese horario podría cambiar dependiendo del desarrollo de la jornada.
La primera gran adhesión que tuvo la marcha universitaria fue la de la CGT, cuando la semana pasada confirmó el segundo paro general contra el gobierno de Milei, en la reunión de comisión directiva de la central. La propuesta de complementar la movilización del 1 de mayo y el paro del 9 con el acompañamiento a los universitarios fue lanzada por los dirigentes de los gremios de docentes y no docentes y avalada por Héctor Daer y Pablo Moyano, los dos cosecretarios.
La CGT concentrará a las 15 en Entre Ríos e Yrigoyen, a metros del Congreso, para marchar desde ahí. La convocatoria fue para todos los gremios, pero en la central no adelantan estimaciones sobre qué magnitud tendrá la columna. Además de las CGT, marcharán la CTA Autónoma de Cachorro Godoy y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, con fuerte presencia de gremios docentes y estatales.
Rechazo por parte del gobierno nacional: «Es un berrinche»
El Presidente Javier Milei se prepara para una nueva cadena nacional en la previa de la marcha federal universitaria convocada para mañana martes en medio de la profunda crisis presupuestaria y en defensa de la educación pública.
En cadena nacional, hablará hoy a las nueve de la noche, nuevamente en el prime time y dará cuenta de los resultados de los primeros cuatro meses de gestión y buscará “comunicarle al pueblo” lo que vino haciendo hasta ahora, según confirmó el ministro del Interior Guillermo Francos. No está claro si hablará o no de la protesta pero el tema tuvo ocupado al Gobierno todo el fin de semana.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó su desacuerdo con la medida de fuerza convocada por el sector universitario y ahora se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, que apuntó con dureza contra la convocatoria universitaria, calificando el reclamo por el recorte presupuestario como «un berrinche».
Mientras tanto, el paro y la protesta inquieta a todos los estamentos del Gobierno. La semana pasada el Ejecutivo hizo un intento para desactivarla con el anuncio de un aumento de 70 por ciento del presupuesto para gastos de mantenimiento con el supuesto acuerdo de los rectores. Pero rápidamente se supo que el aumento no era tal porque apenas alcanza a menos de un 10 por ciento del presupuesto y es igual a otro comprometido hace un mes y que aún no está pagado. Tampoco habían obtenido el acuerdo de los rectores que salieron a desmentirlo a través del Consejo Interuniversitario Nacional.
El anuncio de la intervención del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), ahora bajo el mando de Inés Liendo, genera preocupación y alarma en el ámbito agrario argentino. La designación de Liendo, una figura cercana al sector del PRO que responde a Maurici Macri y con un pasado familiar vinculado a la dictadura militar y al menemismo, despertó críticas y sospechas sobre los motivos reales detrás de esta medida.
El decreto 285/2024 formalizó la intervención del INAFCI y justificó la decisión acusando a los trabajadores del organismo de otorgar beneficios discrecionales a las familias productoras de alimentos. Como resultado, se anunció el despido de 900 trabajadores y trabajadoras, sumiendo al Instituto en una situación crítica. Si bien se informó públicamente el despido, ninguno de ellos recibió aún el telegrama con la notificación oficial. Sin embargo, durante el fin de semana, 700 de ellos fueron dados de baja de los sistemas de Gestión Documental Electrónica, mecanismo que utilizaban cotidianamente para hacer sus tareas. En Corrientes renovaron 64 contratos que vencían el 31 de marzo hasta el 30 de junio, pero no les pagaron los sueldos de marzo a los trabajadores del organismo.
Desde su creación como Subsecretaría, el INAFCI desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y apoyo de la Agricultura Familiar en Argentina. Es el organismo creado para acompañar a quienes producen la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen en el mercado interno, como verduras, frutas y carne. El Instituto impulsa a trabajar desde la agroecología y brinda asesoramiento técnico y social para favorecer el sector. Sin embargo, a lo largo de los años, sufrió vaivenes políticos y una falta de planificación que debilitaron su estructura y capacidad de acción.
El desmantelamiento del INAFCI representa una amenaza para la Agricultura Familiar en Argentina. Tanto es así, que la decisión de cerrarlo obligó a que hasta el lobby eclesiástico emprendiera una cruzada para evitar el desguace de este ente autárquico. Miles de familias rurales que dependen de esta actividad se ven afectadas por la falta de apoyo técnico y económico que brinda el Instituto. Sin las herramientas necesarias para sostener sus cultivos y mejorar su producción, estas familias podrían enfrentar dificultades económicas y sociales aún mayores en el contexto actual del país. Las y los técnicos que trabajan en el organismo acompañan a 250.000 productores y productoras en todo el territorio argentino. Y coinciden en señalar que ese sector es una barrera para el extractivismo que pretende avanzar sobre los territorios.
Liendo es nieta del militar Horacio Liendo, 1er ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla y ministro del Interior del siguiente presidente de facto, Roberto Viola.
La resistencia al avance contrario a la agricultura familiar se vuelve cada vez más difícil en un sector desorganizado y desarticulado. Ante esta situación, la unidad y la acción conjunta de todos los actores involucrados en el sector se vuelven fundamentales para defender sus derechos e intereses. Este cierre podría tener un impacto negativo en el tejido social argentino, afectando a comunidades enteras que dependen de esta actividad para su subsistencia. La Agricultura Familiar no solo es una fuente de empleo y producción de alimentos, sino también un elemento clave en la identidad cultural y el desarrollo de las zonas rurales del país.
Mientras tanto, Liendo, como interventora, deberá elaborar un informe detallado sobre el estado del INAFCI y tomar medidas para su «racionalización». Incluye la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad y suspensiones. También tendrá entre sus competencias designar y remover a funcionarios. Las organizaciones sindicales denuncian que los despidos son una estrategia para desmoralizar a los trabajadores y destruir organismos dedicados al apoyo de la agricultura familiar, generando incertidumbre sobre el futuro del sector.
Liendo deberá disponer además una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles y su eventual destino. Y tendrá en sus manos la continuidad o no del instituto creado por ley. “En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, la Interventora informará al Ministerio de Economía el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado”, dice el decreto.
El presidente Javier Milei encabezó el cierre del acto central en homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas y lo hizo con una expresión propagandística de su partido: «Viva la libertad, carajo«. Además, aprovechó la ocasión para destacar la figura de Julio Argentino Roca. Remarcó el rol que tuvo en la «modernización» de la Argentina.
Tras resaltar la figura del expresidente y emblema de la Generación del 80, Milei aseguró que «no existe soberanía sin prosperidad económica y, como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica».
Asimismo, añadió: «Invito no solo a los miembros del Estado Mayor conjunto y las Fuerzas Armadas sino también a las organizaciones de Veteranos de Malvinas para que sean testigos y estandartes de la nueva Argentina«.
Como cierre de su discurso, el jefe de Estado lanzó su reconocida arenga, ante funcionarios nacionales, jefes militares, veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas: «Viva la libertad, carajo».
En el acto, estuvieron presentes las máximas autoridades del gobierno nacional, como la vicepresidenta Victorial Villarruel, quien hizo referencia al reclamo internacional contra el Reino Unido: «Acá hay una injerencia extracontinental de una potencia sobre el territorio argentino y es hora de que el Reino Unido se siente a discutir realmente con la República Argentina el reclamo de soberanía que está pendiente desde 1833”, concluyó.
La búsqueda de una capitalización del significante de Malvinas: la disputa de fondo
El 2 de abril se conmemora la última maniobra de la dictadura para quedarse en el poder, pero también la muerte de 634 soldados argentinos, más de 1000 heridos, una dolorosa serie de suicidios y secuelas en la salud mental de muchos de quienes pelearon en las islas. Aunque no hay números oficiales, según ex combatientes, la cifra de suicidios se acerca a la de los caídos. Al mismo tiempo, es la fecha que actualiza el compromiso nacional con el reclamo de soberanía. Este año, el aniversario vino recargado y adquierió nuevas dimensiones políticas.
El primer aniversario de la guerra de Malvinas bajo el gobierno actual reavivó la disputa por las memorias del conflicto bélico en Argentina. Mientras una facción del Ejecutivo elogia el colonialismo, otra buscar integrar a veteranos de guerra en roles destacados dentro de la administración pública. Milei, Bullrich y Victoria Villarruel, son figuras destacadas en este debate.
Esta última proviene de una familia militar con una fuerte tradición nacionalista de derecha. Sin embargo, en septiembre de 2023, en plena campaña, Villarruel organizó un acto en la Legislatura porteña que tuvo como invitado de honor a Marcelo Llambías, militar acusado por torturas y vejaciones de soldados argentinos en Malvinas, y actualmente abogado de represores presos por delitos de lesa humanidad. Desde el inicio del gobierno mantiene tensiones internas, especialmente con algunas miradas de Milei y de la ministra de Seguridad, cuya agenda difiere de la de Villarruel. Por citar un ejemplo, a la vicepresidenta no le agradan los elogios del presidente hacia la figura mandatarios extranjeros y no coincide con las políticas impulsadas por Bullrich para combatir el narcotráfico en Rosario.
Por su parte, Bullrich y Milei poseen sus propias alianzas políticas con militares. El avance castrense no responde a la estrategia de un bloque orgánico y monolítico a la manera de un partido militar, más bien adopta la forma de un «militarismo civil» que tracciona a participar de la vida política. Para entender el mapa político de este activismo, es necesario poner atención a las diferencias entre militares en actividad y retirados, a la competencia entre fuerzas (ejército, armada y fuerza aérea), a la clase militar (año de graduación), a las compañías de Malvinas. Son líneas que establecen afinidades, competencias y desconfianzas.
En su activismo reivindicatorio del rol de las fuerzas armadas en los setenta, la veta que más le rindió políticamente a Villarroel es la del reconocimiento de las víctimas de las organizaciones políticas armadas en su Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Pero la exaltación de lo actuado por la oficialidad en Malvinas es otra línea central de su agenda.
En tanto referente de la familia militar, especialmente en el ámbito de los retirados, Villarroel expresa una tradición de derecha nacionalista que recela del globalismo de sus aliados de la La Libertad Avanza (LLA), ejemplificado en la mención que hizo Milei en la campaña presidencial calificando a Margaret Thatcher como uno de los grandes líderes de la humanidad. Basta con leer las redes sociales, los foros de discusión de militares y escuchar los discursos legislativos para detectar que Malvinas es una llaga en un ensamblado de derechas cuya prioridad es rechazar al kirchnerismo, a las izquierdas, los feminismos y los derechos humanos, pero en donde anidan contradicciones profundas, entre las que se ubica el problema de la soberanía.
Desplazada de los ámbitos ejecutivos, los militares que asumen en cargos políticos responden a Bullrich y al jefe de Gabinete Nicolás Posse, Villarroel despliega su política desde el ámbito legislativo ylas nuevas oficinas que se ocupan de difundir el relato de Malvinas como una gesta autónoma del marco del terrorismo de Estado en el que tuvo lugar.En ese sentido, designó el 15 de febrero como titular de la Dirección Gesta de Malvinas a quien fue corresponsal en Malvinas del Canal 7 (la Televisión Pública), Nicolás Kasanzew. El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), organización integrada exclusivamente por soldados que pelearon en las islas, repudió esta designación y denunció que Kasanzew fue el representante de la dictadura en el canal oficial durante la Guerra, que “cubrió como casi único corresponsal debido a la censura” y fue vocero del “vamos ganando” con el que la Junta Militar le mentía a la población. La Dirección Gesta de Malvinas quedó a cargo del museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado dentro del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, en el predio de la ex ESMA.
El despliegue político por parte de Villarruel del acontecimiento Malvinas parecía alcanzar un pico con la propuesta de realizar un desfile histórico el 2 de abril: una gran marcha militar desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Pero luego, desde el Ejecutivo se le impuso el “no hay plata” y el desfile quedó postergado para el 9 de julio, fecha en la que las referencias histórico-políticas y militares serán otras y el liderazgo que lo capitalice también.
A 42 años de la guerra, la cuestión Malvinas adquiere una nueva centralidad política. Como recuerda el hit mundialista, “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré” expresa una comunión patriótica transversal, muy potente y de gran vigencia. No sorprende entonces que sea una usina privilegiada de sentidos y disputas. Mientras quienes están en el poder hoy acumulan y disputan poder internamente con estos materiales simbólicos, los sectores comprometidos con una democracia popular no logran intervenir en este aniversario para dotarlo de un sentido diferente.
El resurgimiento del interés por temas relacionados con las fuerzas armadas coincide con medidas gubernamentales que generan preocupaciones respecto a los derechos de la población. Algunos sectores sociales y políticos expresan de forma constante inquietudes sobre la repetición de las políticas de ajuste que afectan y profundizan la desigualdad en la sociedad, tal como ocurrió durante la dictadura militar. A pesar de los desafíos políticos y sociales, es importante mantener un debate constructivo sobre el significado histórico de eventos importantes como la guerra de Malvinas y sus consecuencias, sin que esto interfiera con la participación en la lucha por condiciones de vida dignas y el respeto por los derechos fundamentales de la población.
La relación entre el Gobierno Nacional y las provincias argentinas se ve envuelta en un nuevo capítulo de tensión, esta vez centrado en el financiamiento de las cajas previsionales provinciales y la discusión sobre la reforma fiscal. A 44 días del Pacto de Mayo, un acuerdo propuesto por Javier Milei y previsto para el 25 de mayo en Córdoba, el clima político se caldea ante la inminente presentación parlamentaria de la nueva Ley Bases y el articulado del paquete fiscal.
Nación y los gobiernos provinciales se enfrentaron este fin de semana por el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. La medida del Gobierno nacional de suspender ciertos artículos que regulaban la transferencia de fondos generó controversia. Estos artículos disponían el modo en que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía liquidar los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación en la década del ’90.
Este conflicto afecta directamente a los habitantes de Río Negro, ya que el Gobierno nacional no giró fondos para sostener el déficit de las cajas de previsión social provinciales no transferidas, tal como lo obligaba la Ley de Presupuesto 2023. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en 2022, el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación representó el 0,5% del PBI, afectando a provincias como Entre Ríos, Santa Cruz y Santa Fe, que presentaron déficits significativos en sus sistemas previsionales.
Tras conocerse la medida, los gobiernos de Santa Fe y Chubut adelantaron que irán a la Justicia para reclamar por el pago de los adelantos. La disputa se centra en el origen del sistema de compensaciones, que se remonta a los acuerdos entre la Nación y las provincias en los años ’90. Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, indicó que en esa década hubo convenios por los cuales 10 provincias transfirieron sus regímenes provinciales al nacional debido a fuertes déficits en sus cuentas. La versión oficial es que no se trata de la “eliminación” de esas transferencias, sino de un redireccionamiento para otras partidas.
En este contexto, este viernes se llevará a cabo una reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y un grupo de gobernadores, considerados «dialoguistas» o «aliados». Se discutirá la nueva Ley Bases y el paquete fiscal, con énfasis en la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Mientras los gobernadores del norte del país respaldan esta medida, los del centro y sur plantean objeciones y sugieren modificaciones en los mínimos no imponibles y las alícuotas.
La disputa por el reparto de fondos y la reforma fiscal, sumado a la eliminación de otros programas como el Fondo Nacional del Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte, agudiza las tensiones entre las provincias y el Gobierno Nacional. Las declaraciones del Jefe de Estado, criticando la transparencia en las negociaciones con los gobernadores, echan leña a un fuego político ya encendido.
“Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó en una entrevista con CNN.
“Fue un error haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta”.
Javier Milei, en entrevista con la CNN.
Con la posibilidad de que los gobernadores decidan judicializar la medida ante la Corte Suprema de Justicia, el clima político se tensa aún más en la previa de un nuevo debate en el Congreso y a las puertas del Pacto de Mayo. La incertidumbre y la discordia marcan el escenario político argentino en un momento crucial para el país.
El Presidente, en ese contexto, volvió a convocar a la oposición a firmar el Pacto de Mayo y señaló que invitará para la ocasión especialmente a los jefes de las Fuerzas Armadas y a las organizaciones de veteranos de Malvinas «para que sean testigos y estandartes de la nueva Argentina». En ese sentido, pidió que el respeto a los héroes del conflicto bélico y a los militares «no sea monopolio de un espacio político».
El Presidente de la Nación convoca al pueblo argentino a inaugurar una era de reconciliación con quienes visten uniforme en defensa de la Patria, nuestras Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/0u26yAg9Mr
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El Presidente Javier Milei en el Homenaje a los Héroes de Malvinas, 2 de abril 2024 pic.twitter.com/vzko0R4psn
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 2, 2024
El Gobierno argentino anunció que las jubilaciones correspondientes al mes de abril serán abonadas en dos cuotas, en medio de rumores sobre la renuncia de Mariano de los Heros a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La Anses detalló que la primera liquidación comprenderá el haber mensual, mientras que en una segunda parte, durante el mismo mes, se abonará el aumento por movilidad previsional y un bono adicional de 70 mil pesos.
El organismo previsional explicó que esta decisión responde a la reciente modificación de la fórmula de movilidad y sus consecuentes adelantos, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios accedan a sus haberes sin demoras.
En el marco del Decreto 274/2024, el Gobierno oficializó la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, que entrará en vigencia a partir de julio. Según esta fórmula, los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con cobertura nacional.
Por lo tanto, a partir de julio, las jubilaciones se actualizarán tomando como referencia el IPC del mes anterior. Por ejemplo, en julio se considerará el IPC de mayo, en agosto el de junio, y así sucesivamente.
