País

El Presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, oficializó por decreto la asignación de una suma adicional de $100.000.000.000 destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado de la Presidencia de la Nación para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

El decreto establece el carácter reservado de los fondos asignados, de acuerdo con el artículo 38 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias. Según esta ley, los fondos reservados no están sujetos a las mismas normas de transparencia y control que otros presupuestos públicos, permitiendo a la Secretaría de Inteligencia del Estado disponer de ellos sin necesidad de detallar públicamente su uso específico. Esto, según el Ejecutivo Nacional, se justifica por la necesidad de mantener la confidencialidad en actividades relacionadas con la seguridad nacional.

En cuanto a las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, según la misma Ley N° 25.520, su principal tarea es reunir, analizar y distribuir información para la seguridad interior y exterior del país. Aunque la ley establece límites claros para evitar abusos, la Secretaría de Inteligencia tiene la facultad de realizar espionaje ilegal e interceptar comunicaciones privadas con una orden judicial. Su labor se enfoca en la protección de la seguridad nacional, la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, entre otras tareas.

El decreto entró en vigencia el día de su publicación y fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. Además, se dispondrá su publicación en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

El decreto está firmado por el Presidente Milei y varios ministros, incluyendo a Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.

Fecha de publicación: 23 de julio de 2024. Número de decreto: 47457/24.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó una moratoria fiscal que brinda a los contribuyentes la oportunidad de regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024. Este programa está dirigido a micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y monotributistas, ofreciendo condiciones favorables como planes de pago en hasta 84 cuotas y la condonación de multas hasta el 100%.

Los contribuyentes interesados en adherirse a este plan de pagos podrán hacerlo desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación hasta 150 días corridos después. Las deudas que pueden ser incluidas en esta moratoria abarcan obligaciones en discusión administrativa o judicial, causas en trámite judicial, deudas del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, y aquellas de agentes de retención y percepción que no cumplieron con sus responsabilidades. Sin embargo, están excluidas ciertas obligaciones como aportes a obras sociales, cuotas de ART y aportes del personal de casas particulares.

La moratoria ofrece dos tipos de planes de pago: uno de hasta tres cuotas mensuales con una mayor condonación de intereses (entre el 70% y el 50% dependiendo del momento de solicitud), y otro de mayor plazo, con un máximo de 84 cuotas, dirigido especialmente a micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y monotributistas. Para adherirse, los contribuyentes deben presentar declaraciones juradas, declarar su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y poseer un domicilio fiscal electrónico.

El procedimiento de adhesión se realiza a través del sistema “Mis Facilidades” en el sitio web de AFIP, bajo la opción “Ley N° 27.743 – Regularización Excepcional”. Las cuotas, que tendrán un importe mínimo de $2.000 cada una, vencerán el día 16 de cada mes y se cancelarán mediante débito directo en cuenta bancaria. La caducidad del plan implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, o permitirá a AFIP promover la denuncia penal correspondiente.

La agencia de Noticias Nodal (Noticias de América Latina y el Caribe) emitió esta tarde un comunicado en el que anunciaron que, tras las denuncias de acoso sexual por parte del colectivo Periodistas Argentinas, desvincularon a su director, Pedro Brieger.

El colectivo presentó el martes en el Senado de Argentina el informe «La cultura del acoso: punto y aparte», que contiene el testimonio de 19 mujeres que denunciaron las diferentes situaciones de acoso sexual por parte del mencionado periodista y sociólogo.

En el comunicado, Nodal informó que tras las denuncias, se inició un «proceso» el cual incluyó «activar los protocolos y los mecanismos correspondientes, acompañadas por el asesoramiento de expertas y en el camino de un profundo debate».

«Como se informó el día 27 de junio, asumió como directora la psicóloga Paula Giménez y desde el equipo de la Agencia seguimos comprometides a trabajar por espacios igualitarios y libres de violencias», informa el comunicado. 

Desde Nodal manifestaron solidaridad con las periodistas y reafirmaron su disposición a «construir un periodismo con perspectiva feminista, que permita problematizar lógicas de poder y promover espacios de cuidado».

La denuncia contra Brieger

La denuncia pública que se difundió este martes sobre Brieger se «encarna en una persona» pero «también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar», advirtieron las periodistas.

El objetivo de este informe «no es el escrache», explicaron las periodistas en una conferencia de prensa -donde indicaron que consideran «imprescindible» que Brieger pida disculpas públicas a las afectadas-, sino «la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión».

Cinco periodistas mujeres denunciaron públicamente que fueron víctimas de acoso sexual por parte de Pedro Brieger, conocido comunicador especialista en temas internacionales. Los casos ocurrieron entre 1994 y 2019, y fueron revelados por el periodista Alejandro Alfie en su cuenta de la red social X el 23 de junio. Desde entonces, otras denuncias surgieron, totalizando diez relatos que exponen no solo la violencia hacia las mujeres, sino también las prácticas abusivas y machistas en las redacciones y medios de comunicación.

Entre las denunciantes se encuentran una periodista de Télam, una columnista de género de su programa de radio, una alumna de la escuela de periodismo TEA y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). Los testimonios indican un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Brieger, desde comentarios sexuales no deseados hasta comportamientos explícitos. Estos relatos fueron respaldados por el grupo Periodistas Argentinas, aunque todavía no se formalizaron en sede judicial.

La investigación de Alfie comenzó tras un artículo en Clarín sobre un juicio laboral que Brieger ganó contra la TV Pública y Radio Nacional, el cual desencadenó el primer testimonio. Este fue el de una periodista de Télam, quien relató un episodio de acoso durante un viaje a Túnez. La periodista Laura Di Marco también se sumó a las denuncias, recordando su experiencia de acoso en los años 90 y destacando la dificultad de denunciar en un entorno laboral hostil.

Otra periodista, Laura Carpineta, compartió su experiencia, señalando cómo el poder y la influencia de Brieger en el ámbito periodístico la hicieron sentir que debía soportar el acoso. Carpineta agradeció a las mujeres que se animaron a denunciar, lo que le permitió reconocer su propia vivencia como acoso. Leticia Martínez, de la TV Pública, Futurock y El Destape, y July Kolodny también se unieron a las denuncias, describiendo cómo el miedo y la vergüenza las paralizaron durante años.

La organización Mujeres que no fueron tapa publicó un comunicado destacando la persistencia del acoso sexual en los medios y cuestionando el silencio de los compañeros de trabajo de los acosadores. En el comunicado, se subraya la importancia de las denuncias y se condena el sistema machista que permite la impunidad de los agresores.

Pedro Brieger negó las acusaciones, calificándolas de «»infundadas y sugiriendo que podrían estar siendo utilizadas para «desviar la atención de otros problemas del gobierno». Ademá advirtió sobre posibles «acciones legales» si las acusaciones persisten. Brieger fue desvinculado de Radio La Red, C5N y Radio 10 por las acusaciones de acoso sexual en su contra.

La Cámara de Diputados de Argentina debatiendo la sanción de la Ley Bases junto con el paquete fiscal, tras varios meses de intensas negociaciones. Esta jornada, que podría extenderse por cerca de 12 horas, traerá consigo cambios significativos en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.

Uno de los cambios más importantes será en el impuesto a las ganancias. A partir de julio, el mínimo no imponible para solteros disminuirá de $3.500.000 a $1.800.000 brutos ($1.494.000 netos), y para trabajadores casados con hijos, pasará de $2.300.000 brutos ($1.980.000 netos). Esto implicará que 800.000 trabajadores argentinos volverán a pagar este impuesto, con alícuotas que variarán entre el 5% y el 35%.

Además, el impuesto a las ganancias se actualizará trimestralmente durante 2024 y semestralmente a partir de 2025, basándose en el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En cuanto al impuesto a los bienes personales, si se aprueba el paquete fiscal, el nuevo piso para pagarlo aumentará de $27.000.000 a $100.000.000. La deducción de la vivienda familiar se establecerá en $350.000.000.

Para las declaraciones juradas de 2023, las tasas oscilarán entre el 0,5% y el 1,5%. Entre 2024 y 2026, sólo se aplicarán dos alícuotas, entre el 1,25% y el 1,50%. A partir de 2027, habrá una única tasa del 0,25%.

Debate y opiniones en la Cámara de Diputados

La sesión en la Cámara de Diputados ya comenzó. Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, adelantó su voto positivo: “El trabajo a consciencia permitió mejorar las leyes, incorporar diferentes miradas y otorgar pluralidad. Desde nuestro bloque vamos a acompañar el dictamen de la mayoría de la Ley Bases”, argumentó.

En la votación anterior a fines de abril, los diputados de Río Negro apoyaron mayoritariamente el proyecto oficialista. Aníbal Tortoriello, Lorena Villaverde, Agustín Domingo y Sergio Capozzi votaron a favor, mientras que Martín Soria, de Unión por la Patria, rechazó el proyecto. No se esperan modificaciones en las posiciones respecto a la última votación.

Sin embargo, no todas las opiniones son favorables. Enrique Viale, abogado ambientalista, criticó duramente el Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases, afirmando: «El RIGI que están discutiendo en la Ley Bases no solo vende nuestra soberanía, la entrega. Establecerá jurisdicción extranjera en el caso de controversias y cualquier norma que se oponga al régimen puede ser juzgado en tribunales de afuera».

Los diputados que se mostraron a favor del RIGI, aseguran que podría incentivar la llegada de capital extranjero, lo que en teoría podría traducirse en un mayor desarrollo de infraestructuras, tecnologías y proyectos productivos en sectores clave como la minería, el petróleo, el gas y la agricultura. Estas inversiones podrían generar empleo, incrementar la producción y mejorar la balanza comercial del país.

Sin embargo, existen serias preocupaciones sobre los riesgos de sobreexplotación y degradación ambiental. La explotación intensiva de recursos naturales sin una adecuada regulación y supervisión puede llevar a la deforestación, la contaminación de suelos y aguas, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas enteros. Las experiencias previas en América Latina muestran que, sin controles estrictos, la entrada masiva de inversiones puede tener consecuencias ambientales desastrosas.

El Gobierno, a través de la intervención del ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones), decidió eliminar todas las regulaciones que imponían topes a las tarifas de internet, celulares y cable. Esta medida se formalizó mediante la Resolución 13/2024, y se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que derogó el DNU 690/2020, el cual declaraba estos servicios como «públicos esenciales y estratégicos». Con esta derogación, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios.

El impacto inmediato de esta decisión podría traducirse en un aumento significativo en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Anteriormente, las resoluciones del ENACOM bajo la gestión de Claudio Ambrosini limitaban los aumentos a un 5% y, en algunos casos, hasta un 10% mensual. Sin estos topes, las empresas tienen la libertad de ajustar sus precios de acuerdo con sus necesidades y estrategias de mercado, lo que podría resultar en aumentos de costos para los consumidores.

Desde la perspectiva de las empresas de telecomunicaciones, esta desregulación es vista como una oportunidad para «mejorar la competitividad y calidad de los servicios», según explicaron desde el sector y el gobierno nacional. La justificación del organismo regulador es que la libre fijación de precios es «esencial para el desarrollo y crecimiento del sector», permitiendo a los licenciatarios «adaptarse mejor a las condiciones del mercado y realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y los servicios ofrecidos».

Sin embargo, para los consumidores, la eliminación de los topes tarifarios puede representar un desafío económico, especialmente en un contexto inflacionario. Los usuarios de internet, servicios móviles y televisión por cable podrían enfrentar un incremento en sus gastos mensuales, lo que afectaría su presupuesto familiar y su capacidad de acceso a estos servicios esenciales. Este impacto podría ser más severo en los sectores de menores ingresos, exacerbando la brecha digital y limitando el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

La resolución, que entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, marca un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina. La intervención del ENACOM, liderada por Juan Martín Ozores y los interventores adjuntos Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, tiene el objetivo de auditar la gestión anterior y evaluar la estructura organizativa del ente, con miras a fomentar su profesionalización y eficiencia. Sin embargo, por el momento la prioridad parecen tenerla los intereses de las corporaciones de telecomunicación.