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En menos de noventa días, el Poder Judicial resolvió un caso de homicidio ocurrido en Catriel. Carlos Emanuel Araya fue condenado a ocho años de prisión luego de reconocer su responsabilidad en el crimen durante una audiencia de juicio abreviado. El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio de Cipolletti, que homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa oficial.

El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2025, durante la madrugada. Según la reconstrucción judicial, tres personas salieron de un local nocturno tipo pool y, en la intersección de las calles Córdoba y Mónaco, se produjo una discusión entre dos de ellas. Tras alejarse del lugar, uno de los involucrados regresó minutos después y atacó a Reducindo Figueroa con un arma blanca. La herida, en el tórax, resultó mortal.

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que incluyeron testimonios presenciales, registros fílmicos y pericias forenses. Un acompañante de la víctima y del acusado describió los hechos, mientras que una agente de la Policía de Río Negro que realizaba adicionales en el lugar afirmó haber visto al agresor. Además, dos vecinos aportaron videos del momento del ataque.

El informe del Cuerpo de Investigación Forense confirmó que la muerte fue causada por una puñalada en la arteria aorta, y señaló heridas compatibles con signos de defensa. En un allanamiento al domicilio del acusado, la policía secuestró prendas coincidentes con las mencionadas por los testigos.

El tribunal dio por acreditada la autoría y responsabilidad de Araya, y aplicó la calificación de homicidio simple, contemplada en el artículo 79 del Código Penal. El joven no contaba con antecedentes penales condenatorios y aceptó los términos del juicio abreviado. Actualmente permanece detenido.

En una resolución que pone en evidencia las falencias en los controles comerciales, dos mujeres de Catriel fueron sobreseídas tras haber realizado al menos seis compras con una tarjeta de débito robada. El juez Juan Pedro Puntel aceptó el planteo de la fiscalía y la defensa, al considerar que no existió dolo por parte de las imputadas debido a la inobservancia de los comerciantes.

El hecho ocurrió en septiembre del año pasado. El martes 3, por la tarde, Débora Sepúlveda realizó una compra en el kiosco «Siempre Abierto» utilizando una tarjeta del Banco Patagonia que había sido sustraída ese mismo día. Horas después, acompañada por María Balmaceda, repitió la maniobra en la despensa «Lo de Yumi», donde efectuaron dos compras más. Al día siguiente, volvieron al mismo local e hicieron otras tres compras.

La investigación reveló que en ninguno de los comercios se exigió la presentación de un documento de identidad ni se verificó que la tarjeta correspondiera al género de las compradoras. Según detalló la fiscal Analía Díaz, las cámaras de seguridad confirmaron que los comerciantes no realizaron el control básico previsto por la normativa vigente, lo cual fue clave para descartar el engaño o ardid necesario para configurar una estafa.

Luego de revisar las pruebas, a la Fiscalía no le quedó alternativa que pedir el sobreseimiento . «La falta de control por parte del empleado del comercio descarta el ardid y el engaño», sostuvo Díaz en su pedido. El juez Puntel coincidió y señaló que «el hecho en los términos imputados no se adecúa a una figura legal», aunque advirtió que la investigación seguirá abierta para esclarecer cómo llegó la tarjeta robada a manos de las mujeres y si existen otros involucrados.

Si bien las imputadas quedaron liberadas de responsabilidad penal en esta causa, el perjuicio económico para el titular de la tarjeta, el banco o la empresa aseguradora aún está en evaluación.

Este fallo vuelve a poner en discusión la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación de identidad en las operaciones comerciales, especialmente en pagos con tarjetas de débito o crédito.