La Ruta Nacional 151, clave para el tránsito hacia Vaca Muerta y la conexión entre provincias, atraviesa uno de sus peores momentos. La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, volvió a denunciar el «abandono total» de esta vía, por donde circulan a diario trabajadores petroleros, ambulancias, vecinos y turistas. «Intransitable, rota, olvidada», describió.
«Desde hace años vengo reclamando por esta situación: como concejal, como legisladora y ahora como intendenta. No es un reclamo nuevo. Lo que sigue siendo nuevo es la indiferencia de los gobiernos nacionales responsables de esta ruta», expresó. Ante la falta de respuestas, el municipio decidió intervenir con fondos propios: «Nos hacemos cargo de lo que no nos corresponde, porque no podemos seguir esperando mientras se pone en riesgo la vida de nuestra comunidad», sostuvo.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que “la Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta” en toda la región. “Hay un mínimo o nulo mantenimiento. El pavimento ha cumplido su vida útil y hay ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad, lo que la hace extremadamente peligrosa”, advirtió.
La situación de la ruta no solo afecta la seguridad vial, sino que obstaculiza el acceso a la salud, la educación y golpea la economía regional. Por ello, Río Negro presentó un amparo judicial colectivo, acompañado por municipios e instituciones, para que el Estado nacional asuma su responsabilidad en el mantenimiento de este corredor vital.
Mientras tanto, la comunidad sigue enfrentando los efectos concretos del abandono: desmejoras en la calidad de vida, riesgos diarios y una infraestructura que no acompaña el crecimiento ni las exigencias del polo energético que la ciudad representa.
Una vecina de Catriel fue protagonista involuntaria de un choque en cadena ocurrido este jueves cerca de las 17 horas en la Ruta Nacional 151, a la altura del corralón Carlos Isla, en la ciudad de Cipolletti. El hecho generó importantes demoras en la circulación vehicular en plena hora pico.
Según informaron fuentes de la Policía de Río Negro, el siniestro se desencadenó cuando una Toyota Hilux roja, conducida por un hombre de 39 años domiciliado en Cinco Saltos, no advirtió que los vehículos estaban detenidos por el semáforo y colisionó desde atrás a otra Hilux gris, manejada por una mujer de 38 años oriunda de Catriel.
El impacto alcanzó también a un tercer vehículo, un Volkswagen Gol negro, que era conducido por un hombre de 50 años con domicilio en General Roca.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizó los controles de alcoholemia a los tres conductores, los cuales resultaron negativos.
Agentes de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y despejar la vía, que sufrió importantes demoras. Las autoridades recomendaron a quienes transitan por la zona hacerlo con extrema precaución o buscar rutas alternativas.
El hecho vuelve a poner el foco sobre la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los tramos más transitados del Alto Valle.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto; y el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, encabezaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deterioro de la Ruta Nacional 151. El planteo judicial busca que se repare de forma urgente el tramo rionegrino de la traza, entre Cipolletti y el límite con La Pampa, denunciando que su abandono pone en riesgo derechos fundamentales y perjudica a sectores estratégicos de la región.
La presentación, avalada también por la Defensoría del Pueblo, intendentes del Alto Valle Oeste y cámaras empresariales, fue admitida por el Juzgado Federal de General Roca. El tribunal ya corrió vista al Estado Nacional, que tiene once días para responder el fondo de la demanda, y cinco días para pronunciarse sobre las medidas cautelares.
El amparo solicita que se declare la responsabilidad de Nación por la falta de mantenimiento y se ordene la reparación integral de 150 kilómetros de ruta. Además, exige medidas urgentes como señalización adecuada, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, mientras se define el plan de obras.
Según el escrito, la situación impacta en múltiples niveles: el acceso a la salud pública —con más de 576 traslados sanitarios por esa vía en lo que va de 2025—, el sistema educativo —afectando a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas—, y las principales actividades productivas de la provincia, entre ellas la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera. Esta última, clave en la zona, representa el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
La acción también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial. Pese a que por ley el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, los fondos habrían sido desviados, lo que deja a rutas como la 151 en estado crítico.
La presentación legal cita normas constitucionales, tratados internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley de Amparo (16.986), la Ley de Tránsito (24.449) y jurisprudencia vigente.
Además de Weretilneck, Salzotto y Arceo, firmaron el amparo la defensora del Pueblo Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los representantes de cámaras empresariales José Bunter (Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti) y Federico Paolo (Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro).
Desde el Ejecutivo rionegrino remarcaron que esta acción judicial constituye un “paso firme” para defender los derechos de los habitantes y garantizar condiciones seguras en una ruta nacional que cumple funciones vitales para el desarrollo regional.
Según reveló Forbes Argentina, el Gobierno nacional proyecta transformar la Ruta 151 en uno de los primeros tramos viales financiados por capitales privados. A la par, de acuerdo a los anuncios recientes, Catriel aparece como nodo logístico clave para el desarrollo del norte de Vaca Muerta, mientras Río Negro refuerza su estrategia energética con mayor previsión que otras provincias.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo modelo de obra pública que prescinde del financiamiento estatal directo. Según publicó Forbes Argentina, el plan apunta a activar mecanismos de concesión con participación empresarial privada en tramos viales estratégicos, con un caso testigo en la región: la Ruta Nacional 151, que une Cipolletti con Catriel y conecta Río Negro con La Pampa. ➤ Leer la nota completa en Forbes
El esquema contempla además la reactivación de la Ruta 22 —paralizada desde hace más de una década en el tramo Regina-Cipolletti— y el desarrollo de un nuevo corredor detrás del eje urbano del Alto Valle, la llamada “Barda Norte”, pensada como vía industrial alternativa. La inversión proyectada para este primer paquete ronda los 400 millones de dólares. La ejecución estaría a cargo de consorcios empresariales que, a través de un canon aplicado al tránsito pesado (principalmente petrolero), recuperarían lo invertido en construcción, operación y mantenimiento.
Un plan de Nación que aterriza en una demanda histórica
La inclusión de la 151 en este modelo representa una novedad para Catriel, aunque no así para sus habitantes. La ruta ha sido eje de reclamos por deterioro, siniestralidad y postergación durante al menos tres gestiones presidenciales. A pesar de su carácter estratégico —como corredor energético, comercial y social—, los trabajos estructurales nunca se concretaron. El anuncio actual genera atención, pero también cautela: en Catriel persiste una cultura política de “ver para creer”.
Durante el 126° aniversario de la ciudad, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro presentará una demanda judicial contra el Estado nacional por la falta de cumplimiento en las obras prometidas sobre esta vía. La intendenta Daniela Salzotto respaldó la decisión y reiteró la necesidad de una Catriel integrada a los corredores productivos, con planificación territorial y acceso al empleo formal.
Una mirada desde el territorio: Catriel, petróleo y límites de la planificación
Catriel ocupa una posición geográfica crítica en el mapa energético del país. Es base operativa, polo de servicios y enlace entre tres provincias productoras: Río Negro, Neuquén y La Pampa. Su infraestructura, sin embargo, no creció al ritmo de la demanda petrolera. La saturación del tránsito pesado, el deterioro vial y los problemas de conectividad afectan tanto a la logística como a la vida cotidiana. Esto impacta en la industria, pero también en los usuarios de la ruta que enfrentan los riesgos a diario y aún más en los habitantes de la ciudad que afrontan desde hace décadas dificultades para acceder a servicios de salud especializada o realizar trámites judiciales y administrativos.
Desde el área de Planificación y Desarrollo local, Milton Molina señaló que con menos de 120 kilómetros de pavimento se podría mejorar la conexión entre Catriel y zonas clave de producción como Shell, Médano de la Mora y Cruz de Lorena. Aunque estas trazas no están incluidas en el paquete de obras revelado por Forbes, representan una propuesta alternativa complementaria dentro de un contexto de necesidad urgente para la economía local.
Río Negro, por su parte, brindó señales de anticipación. Una fuente del Gobierno provincial aseguró a este medio que “la provincia está un paso adelante respecto a otras jurisdicciones” en la planificación del desarrollo no convencional a futuro. Como contraste, citó el caso de La Pampa, donde a pocos meses del vencimiento de concesiones importantes, todavía no hay certezas sobre el estado de los activos ni de la política futura. De hecho, recientemente hubo una protesta de 100 operarios de Medanito en el Puente Dique que une Catriel y 25 de Mayo.
Vista Oil & Gas —titular de concesiones como Entre Lomas y Medanito— tiene presencia activa en Catriel, y en torno a sus operaciones se articula buena parte del empleo y la actividad de servicios regional. Otras operadoras con injerencia en la zona son Aconcagua Energía y Petróleos Sudamericanos. Se prepara una reunión entre la Secretaría de Energía de Río Negro y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) para intercambiar diagnósticos, revisar cuellos de botella y sostener los niveles de empleo en la etapa actual.
La CASEPE se reunirá próximamente con Energía para analizar la coyuntura actual y los caminos a seguir.
El entramado de servicios, entre el sostenimiento y la tensión
Aunque no se registraron despidos masivos, distintos referentes del sector de servicios hidrocarburíferos advierten un panorama ajustado. Las pymes locales denuncian dificultades para cobrar trabajos realizados, una baja sostenida en los pedidos y condiciones contractuales poco claras. “El desarrollo del norte de Vaca Muerta puede tardar entre cinco y seis años. El punto es quién puede sostenerse hasta entonces en estas condiciones”, advirtió un empresario regional.
Desde CASEPE, su presidente Ramiro Arceo destacó que la situación es compleja, pero aún gestionable. Reiteró la necesidad de responsabilidad colectiva, previsibilidad institucional y soluciones sostenibles en el tiempo. La provincia, por su parte, intervino recientemente en el yacimiento Medanito Sur a través de la Secretaría de Trabajo, donde se acordó la incorporación de siete trabajadoras y trabajadores catrielenses, tras una inspección solicitada por la UOCRA. De todas formas, los grupos de desocupados aseguran que hay alrededor de 400 personas esperando un cupo.
Más que una obra: un modelo en disputa
El proyecto de concesión privada sobre la Ruta 151 abre una puerta concreta para renovar infraestructura clave, pero también plantea interrogantes estructurales: ¿Quién define las prioridades de inversión? ¿Qué garantías existen para la inclusión de las comunidades locales? ¿Cómo se distribuyen los beneficios del desarrollo cuando el capital —y no el Estado— toma la iniciativa?
En Catriel, la oportunidad está planteada. La comunidad, el empresariado y el sector público coinciden en que el desarrollo no puede construirse sobre la base del desgaste. Pero también saben que las promesas, por sí solas, no asfaltan caminos.
Mariana Amorosi asumió en noviembre de 2024 como directora del Centro Regional Patagonia Norte del INTA, convirtiéndose en la primera mujer en liderar este organismo estratégico para la producción agropecuaria de Río Negro y Neuquén. Su designación marcó un hito en los 40 años de historia regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la posicionó como una de las dos únicas mujeres al frente de los 15 centros regionales del país.
Contadora pública, magíster en Comercio Exterior e hija de productores, Amorosi conoce el terreno desde adentro: ingresó al INTA a los 21 años y desarrolló su carrera desde el área administrativa hasta llegar al cargo de mayor responsabilidad. “Me crié en el INTA. Este lugar es parte de mi vida”, resumió en diálogo con Diario Río Negro.
Hoy, encabeza un equipo de 350 personas y coordina tres estaciones experimentales —Bariloche, Alto Valle y Valle Inferior— y 16 agencias de extensión, once en Río Negro y cinco en Neuquén. En paralelo, también ocupa la dirección interina de la Estación Experimental de Alto Valle.
El rol del INTA en la región es fundamental para el acompañamiento técnico, la investigación y el desarrollo de productores pequeños, medianos y grandes. Sin embargo, esa estructura se encuentra en riesgo. Amorosi confirmó que el gobierno nacional solicitó ajustes en el organismo, aunque aún no hay definiciones claras. “No sabemos la magnitud del recorte ni dónde se aplicaría”, sostuvo.
Una de las preocupaciones más fuertes es el posible cierre de agencias de extensión, consideradas por Amorosi como “la columna vertebral del INTA”. Otro foco de alerta es el impacto que podría tener la desvinculación de becarios y trabajadores de planta transitoria, que en Patagonia Norte representan el 31% del personal.
Entre los principales aportes del organismo en la región, se destacan el Programa Regional de Madurez y el Banco de Germoplasma en Alto Valle; la promoción de frutos secos en el Valle Inferior, y el laboratorio de fibras textiles y el sistema sanitario ganadero en Bariloche. “En cada alimento hay una tecnología o innovación del INTA. Pero ese trabajo muchas veces no se ve”, afirmó Amorosi.
En los últimos meses, trabajadores del INTA se movilizaron para visibilizar la situación. En Viedma, fueron recibidos por legisladores provinciales, que comprometieron el envío de un pedido formal al Ejecutivo Nacional. Además, el Concejo Deliberante local declaró de interés el Módulo Agroecológico de la estación experimental de Valle Inferior, que también podría verse afectado.
Amorosi no esquiva la coyuntura. “Una capacidad que se va es un asesoramiento menos para el productor”, reflexionó. Y remarcó: “Estamos defendiendo el recurso humano, que es lo más importante”.
El INTA cumple 70 años en 2026 y atraviesa uno de sus momentos más críticos. En una región atravesada por el cambio de matriz productiva y la expansión de Vaca Muerta, Amorosi ve un nuevo desafío: articular el saber técnico del INTA con las transformaciones territoriales. “La convivencia con los hidrocarburos es un tema que recién empezamos a indagar. Tenemos mucho para aportar”, concluyó.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este martes la entrega de 48 nuevos móviles para la Policía provincial. El acto oficial marcó la incorporación de 45 patrulleros, 12 motos y un vehículo especial destinado al traslado de personas detenidas, en el marco de una inversión total de $1.248 millones.
Los nuevos recursos se distribuirán entre las seis unidades regionales de la fuerza: General Roca, Bariloche, Cipolletti, Viedma, Los Menucos y Choele Choel. La iniciativa forma parte de un plan integral de seguridad que apunta a reforzar la prevención y el patrullaje en todo el territorio provincial.
«En Río Negro invertimos en seguridad para que la policía actúe con eficacia y compromiso donde más se la necesita», expresó el mandatario, quien remarcó que “la seguridad es una realidad que construimos todos los días”.
Desde el gobierno se destacó que esta incorporación de móviles busca garantizar una presencia policial más activa en las calles y en los distintos barrios, con especial atención a las zonas de mayor demanda operativa.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida también se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la capacitación del personal, la mejora de infraestructura y el fortalecimiento tecnológico del sistema de seguridad.
Hasta el momento, no se precisó la cantidad de móviles que se destinarán a cada ciudad o si Catriel será una de las localidades beneficiadas en esta primera etapa.
En el marco del Día de la Seguridad Vial, se conocieron los datos oficiales del primer trimestre de 2025 sobre siniestralidad vial en Río Negro. El informe fue elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial de la provincia y detalla que entre enero y marzo se produjeron 108 accidentes de tránsito, con un saldo de 22 personas fallecidas y 17 siniestros fatales.
El mes más crítico fue marzo, con 11 víctimas fatales, superando a enero y febrero. Este dato resulta especialmente llamativo considerando que se trata de un período de alta movilidad por turismo estival.
Las rutas nacionales 22 y 151 fueron nuevamente señaladas como las más peligrosas. Ambas registran alta circulación vehicular y continúan siendo foco de reclamos por mejoras en su infraestructura.
La tendencia anual, sin embargo, muestra una leve baja en la cantidad de fallecimientos en siniestros viales. En 2024 se habían registrado 71 víctimas fatales, mientras que en años anteriores las cifras oscilaron entre 23 y 31 muertes. La excepción fue el 2020, año en el que la movilidad estuvo muy limitada por la pandemia.
El informe también aclara que se considera víctima fatal a toda persona que muere en el lugar del accidente o dentro de los 30 días posteriores al hecho.
Más allá del impacto humano, los siniestros viales implican altos costos sociales, económicos y sanitarios: desde pérdida de productividad laboral y gastos de rehabilitación, hasta el sufrimiento físico y emocional de las personas afectadas y sus entornos.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial informaron que durante 2024 se registraron 4.027 muertes por accidentes de tránsito en todo el país, manteniéndose una tendencia decreciente iniciada en 2018.
A nivel provincial, los datos refuerzan la necesidad de avanzar en políticas integrales de prevención y mejoras viales, especialmente en los corredores más conflictivos del norte rionegrino.
Un principio de incendio registrado este lunes (30-06) por la mañana en los calabozos de la Comisaría 28 de San Carlos de Bariloche obligó a evacuar preventivamente el edificio y derivó en la hospitalización de siete personas por inhalación de humo. El fuego, iniciado por dos internos que incendiaron colchones y frazadas, generó una densa humareda que afectó a tres policías y cuatro detenidos, quienes fueron asistidos por ambulancias públicas y privadas.
El hecho ocurrió en la sede policial ubicada en calle La Paz. Según información preliminar, el fuego habría sido originado en señal de protesta por las bajas temperaturas dentro del calabozo. La situación fue controlada por Bomberos Voluntarios, que improvisaron un sistema de ventilación para disipar el humo y evitar mayores daños estructurales.
La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista, quien se presentó en el lugar junto a personal de Criminalística para relevar cámaras de seguridad, verificar el estado de la estructura y entrevistar al personal. “Se están determinando las circunstancias en las que se inició el fuego”, indicó el jefe de la Unidad Regional III, Nelson Torres.
Desde la Fiscalía informaron que el caso continúa en etapa de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer las causas del incidente.
El Consejo de Bienestar Policial emitió un comunicado en el que denunció serias irregularidades en la dependencia. Señalaron que la comisaría no contaba con matafuegos en condiciones y advirtieron que allí se alojaban al menos seis presos condenados, lo cual está prohibido por ley en la provincia.
También cuestionaron al Gobierno provincial por la supuesta contradicción entre su política de seguridad y la falta de infraestructura carcelaria. “No se puede seguir gobernando con tanta soberbia y falta de recursos”, expresaron, apuntando contra autoridades del sistema penitenciario y del Poder Judicial.
La situación reabre el debate sobre el estado edilicio de las comisarías en Río Negro y el uso de estas dependencias como lugares de alojamiento prolongado para personas condenadas, una práctica reiteradamente cuestionada por organismos de derechos humanos y el propio personal policial.
Una joven rionegrina consiguió un fallo judicial que le permitió suprimir el apellido de su padre, condenado por abusos sexuales en su contra, y modificar su segundo nombre de pila. La resolución fue dictada por una jueza de Familia, tras una presentación del Ministerio Público de la Defensa que respaldó la solicitud con pruebas documentales y fundamentos legales.
La joven argumentó que el apellido paterno y su segundo nombre le generaban recuerdos dolorosos, ya que habían sido impuestos por su padre, quien fue luego condenado por la Justicia. El pedido incluyó el deseo de identificarse únicamente con el apellido materno, como parte de un proceso de reparación personal.
Entre las pruebas presentadas se destacó la sentencia condenatoria, considerada “un justificativo más que suficiente para hacer lugar a todo lo peticionado”, según expresó la jueza a cargo. También se incorporaron el DNI de la joven, la partida de nacimiento, y dictámenes de organismos como el Registro Civil y el Ministerio Público Fiscal, que no presentaron objeciones al cambio.
“La facultad de poder elegir el nombre y el apellido con el cual la persona se siente realmente identificada, si no genera perjuicios a terceros, debe ser respetada y resguardada por los Estados”, expresó la defensora civil que representó a la joven.
El fallo se apoyó en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite el cambio de nombre cuando se acredita una afectación a la personalidad. También se citaron normativas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen el derecho a la identidad.
La resolución le permitirá a la joven llevar en toda su documentación únicamente el apellido de su madre y un nuevo segundo nombre, elegido por ella misma. El caso constituye un ejemplo concreto del ejercicio del derecho a la identidad como herramienta para la reconstrucción y el bienestar personal.
¿Conocés un caso similar? El Ministerio Público de la Defensa atiende consultas en sus Centros de Atención (CADEP) de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Se puede consultar la ubicación más cercana desde su sitio oficial.
La empresa constructora de Río Negro que había lanzado recientemente una búsqueda laboral para cubrir un puesto de secretaria administrativa informó que ya completó el proceso de selección. Según indicaron, la vacante fue cubierta y decidieron cerrar la convocatoria.
La propuesta, que ofrecía una jornada laboral de 4 horas diarias bajo la modalidad home office, había generado gran interés entre quienes buscan empleo con flexibilidad horaria y posibilidad de trabajo remoto.
Desde la firma agradecieron el interés de todas las personas que se postularon y aclararon que ya no se encuentra disponible el número de contacto publicado previamente.
