En una nueva entrega del ciclo de entrevistas de VientoSur Noticias para el portal de las cooperativas, conversamos con Andrés Chavarri, presidente de La Hormiga Circular, la histórica cooperativa cultural de Villa Regina. Con casi 38 años de trayectoria, la organización sostiene una intensa actividad artística y comunitaria en teatro, música y formación de nuevos públicos, apostando al trabajo colectivo y al cooperativismo como forma de vida.
Durante la entrevista, Chavarri repasa los desafíos que enfrentan en el actual contexto económico y político, destacando la falta de apoyo institucional y el desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro. A pesar de ello, subraya la importancia de sostener la autogestión, generar redes entre cooperativas y seguir creando propuestas para escuelas y toda la comunidad.
Además, nos cuenta sobre los proyectos en marcha para este 2025, como el estreno de una nueva obra para infancias, el programa “Damos Sala” y las producciones musicales de la cooperativa. La charla refleja la fuerza de un colectivo que apuesta por la cultura como herramienta de transformación y por el cooperativismo como modelo sostenible.
En esta primera edición del ciclo de entrevistas de Viento Sur Noticias para el Portal de las Cooperativas conversamos con Silvia Pérez Sisay, licenciada en Ciencias de la Educación, gestora cultural y presidenta de la cooperativa de trabajo Pirconi Producciones de Bariloche. Desde el sur argentino, Silvia comparte su recorrido como educadora y artista comprometida con la transformación social, a través de un proyecto colectivo que desde 2014 busca garantizar el acceso a la cultura en los barrios, especialmente para las infancias.
En el diálogo repasa los orígenes de la cooperativa, la evolución del Festival Internacional de Teatro Infantiles Pichi Keche —un espacio emblemático que apuesta por el arte como derecho— y los desafíos actuales del sector cultural frente al contexto económico y político que atraviesa el país. Con una mirada crítica, pone el foco en la importancia de instituciones como el Instituto Nacional del Teatro y denuncia los retrocesos que afectan al desarrollo de las expresiones artísticas independientes.
La entrevista completa está disponible en nuestro canal de YouTube. Una conversación imperdible para conocer de cerca cómo se construye arte, comunidad y resistencia desde el trabajo cooperativo y la gestión cultural en la Patagonia.
En un hecho que generó sorpresa y preocupación en la comunidad cannábica pampeana, la Policía Federal secuestró 26 plantines y 40 paquetes de semillas de cannabis medicinal del local Pampa Fértil, ubicado en la esquina de Cervantes y Don Bosco, en Santa Rosa. El comercio, que funciona desde hace 13 años, cuenta con habilitación comercial y licencia vigente otorgada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para la venta legal de productos registrados.
“El operativo fue el viernes a las seis de la tarde. Les mostramos toda la documentación, facturas, códigos QR, pero no les importó. Se llevaron todo y nos iniciaron una causa por la Ley de Estupefacientes”, expresó el propietario del local, Daniel Oliveto. El comerciante sostuvo que es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo y remarcó que los productos incautados eran los únicos a los que podían acceder legalmente los usuarios de cannabis medicinal en la provincia.
Según relató Oliveto al diario La Arena, los policías llamaron desde el mismo local al juez federal Juan José Baric, quien ordenó la incautación pese a la presentación de la documentación correspondiente. El comercio opera con habilitación de Categoría F y su licencia tiene vigencia hasta el 31 de julio.
Desde el ámbito judicial, fuentes consultadas aseguraron que no se trató de un allanamiento sino de una intervención directa de la Policía Federal, motivada por la supuesta expiración del permiso de venta. Aunque el permiso no estaría vencido, el juez dispuso el secuestro basándose en la versión policial. “Ahora hay que verificar toda la documentación”, indicaron desde el juzgado. También aclararon que no hubo detenciones ni personas demoradas, y que el comerciante fue notificado en libertad.
Para Oliveto, el operativo tiene un trasfondo político. “Esto no es ignorancia, es una bajada de línea. No quieren más referentes del cannabis medicinal. No escucharon ninguno de nuestros argumentos legales”, denunció. Y recordó que actualmente no hay otro punto habilitado en La Pampa para acceder legalmente a estas variedades.
El caso abre interrogantes sobre la aplicación de la normativa vigente en torno al cannabis medicinal, especialmente en contextos donde el acceso regulado es escaso. Desde el sector, esperan una pronta aclaración judicial y garantías para continuar operando en el marco legal.
El bloque Comunidad y sus aliados, alineados con el gobernador Rolando Figueroa, presentó un proyecto de ley que apunta a limitar el acceso a eventos de gran convocatoria en Neuquén para personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Violencia Familiar y de Género.
La medida, impulsada en la Legislatura provincial, incluye espectáculos deportivos, culturales, fiestas populares y todo tipo de entretenimiento masivo. En caso de ser aprobada, los organizadores estarán obligados a verificar que quienes ingresan no figuren en dichos registros. Si se detecta el incumplimiento, podrán recibir multas equivalentes a un porcentaje de la recaudación total del evento.
La propuesta legislativa establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, que deberá coordinar con los municipios la implementación de los controles y auditorías necesarios.
La iniciativa llega en un contexto de creciente debate sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y las políticas de prevención de la violencia de género. Aunque aún no fue tratado en comisiones, desde el oficialismo señalaron que la intención es fortalecer herramientas de sanción social a través del acceso a espacios recreativos, sin reemplazar las instancias judiciales ya vigentes.
El proyecto aún no cuenta con declaraciones públicas de referentes de la oposición ni de organizaciones vinculadas a los derechos de las infancias o la defensa de personas en situación de violencia. En los próximos días se espera que el debate comience a tomar forma en la agenda legislativa provincial.
Un grupo comando protagonizó un millonario asalto durante la noche del miércoles en un predio de una reconocida empresa de transportes en Bariloche. Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron al predio ubicado en la calle 9 de Julio, robaron más de 70 armas de fuego, una camioneta y una caja fuerte.
El hecho fue denunciado alrededor de las 20, tras un llamado al 911 que alertó a la Policía de Río Negro. Inmediatamente se desplegó un amplio operativo en la zona, con Policía de Seguridad, Criminalística y Unidad Regional patagónica, que hasta el momento no ha logrado dar con los responsables ni recuperar el botín.
Representantes de la empresa aún no brindaron declaraciones públicas, mientras que autoridades policiales confirmaron que el caso “se encuentra en una etapa inicial de investigación”, y que se están “analizando cámaras de seguridad, peritajes forenses y rastrillajes por la zona”, según fuentes consultadas por el Diario RÍO NEGRO.
Vecinos de la zona manifestaron al medio sorpresa y preocupación. Un testigo, que prefirió no ser citado con nombre, comentó: “Se escuchó un revuelo fuerte, parecía como si hubiera una balacera, pero después nos dijeron que se habían llevado todo lo que había allí adentro”.
La fiscalía a cargo del caso acusaría por “robo agravado por el uso de fuerza e intimidación”, y solicitó al juzgado la preservación de las imágenes de cámaras públicas y privadas cercanas al lugar. Se trabaja también en establecer si existe relación con otros robos con similares características en la región.
Hasta ahora, no hay detenidos. Las autoridades solicitan colaboración de la comunidad para aportar datos o registros que puedan contribuir con la investigación.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció este jueves sobre el paro convocado por la conducción provincial de UNTER. En declaraciones a medios provinciales, calificó la medida como una “decisión política” y consideró que no existen razones objetivas para interrumpir las clases en este contexto.
Según Weretilneck, los docentes rionegrinos perciben “el segundo mejor salario del país”, cobran en tiempo y forma, y mantienen abiertas las instancias de negociación con el Gobierno. “Ni siquiera analizaron la propuesta que hicimos en paritarias, no hicieron una contrapropuesta y se negaron a seguir dialogando. La decisión del paro estaba tomada de antemano”, afirmó el mandatario.
La medida de fuerza fue convocada por UNTER luego de rechazar la última oferta salarial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el marco de una negociación que no logró avanzar. La propuesta del gobierno fue de un aumento del 1% mensual, para junio, julio y agosto. La conducción sindical determinó un paro de 48 horas que coincide con el inicio del fin de semana largo.
En ese contexto, Weretilneck lamentó la afectación del calendario escolar y cuestionó la orientación de la conducción gremial. “Lo que hay es una decisión política de una conducción sindical que, en vez de estar en las escuelas enseñando a los chicos, toma decisiones más vinculadas a lo partidario que a lo gremial”, sostuvo.
En cuanto a los datos oficiales, desde el Gobierno se informó que entre abril de 2024 y abril de 2025, el aumento salarial acumulado para un maestro de grado con cargo testigo alcanzó el 68,53%, frente a una inflación interanual del 47,3% registrada por el INDEC.
Hasta el momento, desde UNTER no se emitieron declaraciones públicas en respuesta a estos dichos del Gobernador.
Agentes de la Policía de Río Negro, tanto en actividad como retirados, realizaron este jueves 12 de junio una jornada de reclamos en distintas localidades de la provincia, entre ellas Catriel, Cinco Saltos, General Roca, entre otras. Las demandas se concentraron en tres ejes: traslados injustificados, el estado edilicio de las comisarías y la situación previsional del personal retirado.
Desde el Consejo de Bienestar Policial se difundió una carta pública en la que se denuncian deficiencias estructurales en varias dependencias, con especial foco en la Comisaría 7ª de Cinco Saltos. Según el documento, esta unidad lleva más de ocho meses sin gas, sin calefacción y sin condiciones mínimas de higiene, con baños clausurados, mobiliario deteriorado y falta de insumos básicos. El reclamo apunta también a la falta de respuestas institucionales y a la escasa supervisión por parte de las autoridades.
En paralelo, agentes retirados de la fuerza se movilizaron en diversos puntos de la provincia para exigir el pago inmediato y en una sola cuota del adicional por zona desfavorable. Si bien recientemente la Legislatura provincial aprobó un beneficio extraordinario para saldar parte de esa deuda histórica y el Gobierno anunció un haber mínimo garantizado para jubilados y pensionados, los manifestantes consideran que las medidas son insuficientes y cuestionan la modalidad en cuotas. También plantearon que muchos beneficiarios quedaron excluidos por los criterios de antigüedad fijados en la ley.
Según lo informado por el Ejecutivo provincial, a partir de agosto comenzará a implementarse un complemento previsional de $1.036.295, ajustable por inflación y equivalente al 82 % del salario de un agente con dos años de antigüedad y sin vivienda. Además, se estableció un pago por zona desfavorable en 12 cuotas, que implicará un desembolso estimado en $20.000 millones.
No obstante, referentes de los policías retirados expresaron su preocupación por los plazos y advirtieron sobre las consecuencias de seguir postergando soluciones. “Hay compañeros que iniciaron juicios y fallecieron sin cobrar lo que les correspondía”, señalaron. La falta de reglamentación de la ley y la demora en los cobros son otros de los puntos que sostienen el malestar.
En Catriel hubo una concentración de policiales reiterados que reclamaron en el acceso sur de la localidad.
El conjunto de reclamos refleja una problemática estructural que combina demandas laborales, salariales y previsionales, con diferencias marcadas entre los anuncios oficiales y las expectativas del personal policial, tanto activo como retirado.
La protesta de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Río Negro no se detiene. Luego del paro del miércoles 11 de junio que tuvo réplica en Catriel, con una asamblea y reclamos en el hospital local, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) convocó a una nueva jornada provincial y nacional para el próximo miércoles 25 de junio a las 17 horas en la Plaza San Martín de Viedma.
La medida busca sostener el reclamo por salarios congelados desde hace ocho meses, condiciones laborales críticas y un creciente vaciamiento del sistema público. “El Gobierno paralizó la salud con el ajuste. A diferencia de otros hospitales no estamos tan mal, pero hay cuestiones que necesitan optimizarse. A nivel provincial, nosotros visibilizamos lo que ya no funciona”, dijeron desde el gremio en Catriel.
La movilización del 11 tuvo réplicas en diversas localidades, entre ellas Cipolletti, Huergo, El Bolsón, Jacobacci y Viedma. En esta última ciudad, el 12 de junio se realizó un abrazo simbólico al hospital Artémides Zatti, con participación de personal de salud y vecinos. La acción expresó el respaldo a quienes sostienen el sistema desde dentro y reflejó el deterioro que golpea a la atención pública.
“El desmantelamiento golpea con más fuerza a quienes menos tienen”, advirtieron desde ASSPUR, que también denunció el impacto del ajuste en hospitales nacionales como el Garrahan y el Posadas. El gremio cuestionó con dureza tanto al Gobierno provincial como al nacional, acusándolos de “despreciar a quienes sostienen el sistema de salud”.
En Catriel, los trabajadores insistieron en la necesidad de paritarias inmediatas, dotación de insumos y mejora en las condiciones laborales. La asamblea se dio en el marco de una jornada donde quedó en evidencia el malestar generalizado en hospitales y centros de salud.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se expresó este martes tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”. En un mensaje difundido en redes sociales, reivindicó la división de poderes y la importancia de respetar las reglas del Estado de Derecho.
“Vivimos en un país con división de poderes, instituciones vigentes y una Justicia que es parte esencial del Estado de Derecho. Ese es el contrato democrático. Nos guste o no, así funciona la democracia”, manifestó el mandatario provincial.
En ese marco, recordó la aprobación de la Ley de Ficha Limpia en Río Negro, que prohíbe postularse a cargos públicos a personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos. “No se trata de afinidades. Se trata de reglas. Y las reglas no se doblan según la conveniencia del momento”, afirmó.
Aunque no hizo mención directa a la expresidenta, las declaraciones de Weretilneck llegaron pocas horas después de que el máximo tribunal ratificara la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por administración fraudulenta.
El gobernador concluyó su mensaje destacando que, si bien las posturas políticas deben ser respetadas, “ninguna está por encima de la República”.
A nivel nacional, el fallo generó respuestas dispares, con sectores que celebraron la decisión judicial y otros que la calificaron de persecución política.
El incendio en un sector de un hospital de alta complejidad en Río Negro, provocado por una persona con antecedentes de violencia y sin contención adecuada, volvió a poner en el centro del debate el estado del sistema de salud pública en la provincia. Lejos de ser un caso aislado, el hecho refleja múltiples problemáticas estructurales que atraviesan al sistema: falta de inversión sostenida, precariedad laboral, ausencia de redes efectivas de atención para personas con padecimientos mentales y una gestión cuestionada por su orientación más política que técnica.
Según expresó Oscar Lobos, trabajador del sistema sanitario con casi cuatro décadas de experiencia, la situación se repite en diversos puntos de la provincia. “Los edificios están deteriorados, los insumos son mínimos, el equipamiento es obsoleto y el personal sanitario cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.
El caso, que terminó con la inhabilitación de un hospital clave para una amplia región, tuvo como protagonista a un hombre con enfermedad mental grave, antecedentes penales y sin acceso a una red de atención adecuada. “Una bomba buscando dónde estallar”, sintetizó Lobos en su análisis.
Además de denunciar la situación de desfinanciamiento generalizado del sistema, el trabajador apuntó contra la estructura del IPROSS, el Instituto Provincial del Seguro de Salud, al que todos los empleados públicos deben aportar. “La salud privada de mayor complejidad es constantemente financiada por nosotros. Y aún así, cuando hay una emergencia, quien salva la vida es la salud pública”, remarcó.
Lobos aclara que su crítica no está dirigida a una gestión puntual, sino al modelo político sostenido a lo largo de los años. “Pasaron muchas banderas partidarias y todas nos trajeron hasta acá”, dijo. Sin embargo, subrayó que los responsables de gestionar el sistema no siempre cuentan con formación o experiencia para hacerlo, siendo designados muchas veces por criterios políticos o familiares.
La reflexión también se dirige a la comunidad. “La salud pública es de todos. No es sólo el personal de salud quien debe defenderla. Cada vecino de Río Negro, cada organización barrial, cada institución, debería estar involucrada”, afirmó.
En un contexto donde la emergencia se convierte en norma, y la resiliencia del personal sanitario sostiene gran parte del sistema, la pregunta es inevitable: ¿Qué parte de la salud pública estamos dispuestos a defender, y desde dónde?
En Catriel, si bien la situación dista de ser óptima, se registraron algunas mejoras en las últimas semanas. Según señalaron desde ASSPUR, el hospital local no funciona al 100%, pero logró reactivar la atención en áreas críticas: actualmente hay tres ginecólogos, dos pediatras y un cirujano en funciones, con pocos días sin cobertura. Esta realidad, aunque lejos del ideal, contrasta con el escenario más crítico que atraviesan otros hospitales de la provincia. Sin embargo, persisten situaciones preocupantes: recientemente una profesional de la salud fue agredida, en un hecho similar al ocurrido en Cipolletti. En el área de Salud Mental también se detectan situaciones de vulnerabilidad: un joven que había ingresado a robar y fue hallado dormido dentro del hospital intentó atacar a trabajadoras de guardia. Como respuesta, se reforzó la seguridad con presencia policial y la instalación de cámaras.
Mañana, desde las 11 en el hall del Hospital, el personal de Salud realizará una asamblea para debatir sobre la situación del sistema sanitario a nivel provincial y local.
