La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una nueva ley que modifica el régimen penal provincial con el objetivo de endurecer las respuestas ante delitos reiterados y mejorar las herramientas investigativas. La norma crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG) e introduce la reiterancia delictiva como criterio para dictar prisión preventiva en casos con múltiples causas abiertas.
Impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, la iniciativa fue aprobada por mayoría en una sesión extensa y con fuertes cruces entre los distintos bloques legislativos. “El mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias. Estamos del lado de las víctimas”, expresó el mandatario tras la votación.
Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación de la figura de reiterancia delictiva, que habilita a los jueces a dictar prisión preventiva cuando una persona acumula más de una causa penal con cargos formalizados. Según el oficialismo, se trata de una herramienta objetiva para enfrentar lo que describen como una “puerta giratoria” en el sistema judicial.
Durante el debate, el legislador Lucas Pica (JSRN) defendió el proyecto: “Buscamos ponerle un cerrojo a la impunidad”, dijo, y sostuvo que la norma se ajusta a la Constitución ya que no implica una condena anticipada, sino una medida cautelar orientada a garantizar el proceso.
El texto también permite a los fiscales solicitar prisión preventiva y a los jueces denegar exenciones en casos de personas con antecedentes reiterados, al considerar esa conducta como un riesgo procesal.
En paralelo, la ley establece la creación de un registro genético que permitirá cruzar datos de ADN recogidos en escenas del crimen con perfiles de personas condenadas, imputadas o personal de fuerzas de seguridad. También podrá utilizarse en casos de personas desaparecidas o no identificadas.
La medida generó críticas desde sectores de la oposición. Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) cuestionó la falta de consulta con organismos judiciales y advirtió sobre el riesgo de avanzar en un enfoque “tribunero” y regresivo en términos de derechos. Legisladoras como Magdalena Odarda y Ana Marks rechazaron la figura de reiterancia por considerarla “inconstitucional” y “punitivista”.
Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos) puso el foco en la capacidad del sistema penitenciario para absorber el posible aumento de personas detenidas. “¿Existe una política carcelaria que acompañe este proyecto?”, preguntó durante la sesión.
La nueva ley forma parte de un paquete más amplio impulsado por el Ejecutivo, que incluye la ley de Doble Instancia y otras reformas en clave de seguridad. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es reforzar el rol del Estado en la protección de las víctimas y el respaldo a la justicia.
El nuevo marco legal abre un escenario de cambios en la política criminal provincial y reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto por las garantías constitucionales.
