Pasó en Río Negro: le quebró la muñeca a un juez, golpeó a un fiscal, policías y funcionarios

Un hombre fue imputado en Viedma por una seguidilla de agresiones que dejó un saldo inédito: un juez con una fractura, funcionarios amenazados, policías golpeados y un expediente con seis hechos violentos ocurridos en apenas cinco días. La Justicia resolvió unificar las causas y extender su prisión preventiva.

El primer hecho ocurrió el 27 de marzo, cuando el acusado ingresó a las oficinas de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma y amenazó a una funcionaria. Al día siguiente, agredió físicamente a un hombre en la vía pública luego de que este se negara a darle dinero.

El 29 de marzo, al ser abordado por personal policial, respondió con golpes. Ese mismo día fue detenido y llevado a una audiencia judicial el 30 de marzo, donde lanzó un micrófono al juez que presidía la audiencia, causándole una fractura en la muñeca. Además, amenazó al fiscal y a la defensora pública presentes en la sala.

Antes de ser retirado, también atacó a un agente de seguridad en el calabozo. Todas las agresiones fueron documentadas por actas policiales, certificados médicos y testimonios.

Durante la audiencia realizada este lunes, el Ministerio Público Fiscal solicitó unificar las causas y prorrogar la prisión preventiva. La Defensa Pública no se opuso y propuso avanzar hacia un juicio abreviado que contemple todos los hechos en una única condena.

El juez de Garantías hizo lugar al pedido, extendió la detención por treinta días más y habilitó la continuidad de la investigación preparatoria. Desde la Fiscalía señalaron que se buscará una resolución judicial integral que contemple la totalidad de las víctimas involucradas.

Weretilneck salió al cruce de UNTER: «ahorramos 9800 millones»

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó las medidas implementadas para controlar el uso de licencias médicas en la administración pública y afirmó que, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se evitó un gasto superior a los $9.800 millones en licencias sin justificación. “Esto no es relato, es gestión. Implementamos auditoría médica, revisamos procedimientos y actuamos con decisión”, expresó el mandatario.

Las acciones, según detalló, incluyeron una revisión de los procedimientos administrativos y la implementación de auditorías médicas, con el objetivo de “ordenar el Estado y cuidar los recursos de los rionegrinos”. En ese sentido, Weretilneck remarcó que estas medidas no tienen carácter persecutorio, pero sí forman parte de una política que busca eficiencia en el uso de fondos públicos: “El que trabaja con responsabilidad, sabe que este gobierno lo respalda. El que no, que lo sepa: acá ya no hay lugar para avivadas ni desorden.”

Previo a la comunicación oficial del gobierno provincial Unter había apuntado contra el mandatario rionegrino. A través de un comunicado firmado por su conducción provincial, expresaron que “la educación pública agoniza en Río Negro”, denunciando que el ajuste se aplica sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. “Mientras se publicitan los ahorros en licencias denegadas a estatales enfermos, nada se sabe del destino de esos fondos millonarios”, cuestionaron.

Además, señalaron que la empresa a cargo de las auditorías, Dienst Consulting, representa un costo anual de al menos $3.500 millones para el Estado, y calificaron su intervención como “un infame sistema de auditorías médicas privadas”.

UNTER también criticó la situación general del sistema educativo provincial, denunciando “salarios devaluados, infraestructura deficiente y una obra social que no funciona”. “A las claras está que a la educación pública no van”, advirtieron.

El cruce evidencia un punto de tensión creciente entre el gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto de ajustes presupuestarios y reclamos sectoriales. Mientras el Ejecutivo sostiene que actúa con eficiencia para ordenar el gasto, los gremios advierten sobre el impacto de estas políticas en la salud laboral y el funcionamiento de áreas clave como la educación ¿Vos qué opinás?

Educación en crisis: denuncian desfinanciamiento y precariedad en Río Negro

La conducción de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) volvió a manifestar su preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema educativo provincial. A través de un comunicado emitido este 26 de mayo desde General Roca – Fiske Menuco, denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno a los múltiples reclamos del sector.

Entre los principales puntos señalados, destacan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, las graves deficiencias en la infraestructura escolar en diversas localidades y un sistema de salud laboral que consideran “vulnerado”, tanto por el accionar de auditorías médicas tercerizadas como por el funcionamiento de la obra social provincial IProSS.

Según el gremio, la empresa Dienst Consulting —encargada de las auditorías médicas— implicaría un gasto de al menos 3.500 millones de pesos anuales para el Estado. Mientras se difunden supuestos “ahorros” por licencias denegadas a trabajadores estatales, desde UnTER exigen saber qué destino tienen esos fondos y remarcan que, en su visión, “a la educación pública no van”.

La conducción gremial, integrada por Silvana Inostroza (secretaria general), Gustavo Cifuentes (adjunto), María Castañeda (gremial y de organización) y Pablo Holzmann (prensa, comunicación y cultura), enfatizó que el ajuste impacta directamente en las condiciones de enseñar y aprender.

El comunicado señala que se enmarca en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo provincial, en medio de negociaciones paritarias estancadas y con una infraestructura escolar que acumula reclamos por obras inconclusas y falta de mantenimiento.

Desde el sindicato reiteran su demanda de salarios dignos, condiciones edilicias seguras y un sistema de salud laboral que garantice derechos básicos para quienes sostienen el sistema educativo día a día.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del gobierno provincial sobre las acusaciones presentadas.

Operativos antidroga en Cipolletti y Catriel: uno desarticuló dos puntos de venta, el otro terminó en un fracaso absoluto

Dos procedimientos antidroga realizados esta semana en el Alto Valle expusieron diferencias notorias en la planificación, ejecución y resultados de las investigaciones. En Cipolletti, un operativo de la Policía de Río Negro permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes, con incautación de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y la detención de dos personas. En contraste, en Catriel, una intervención de la Policía Federal terminó sin hallazgos ni detenidos, y con una denuncia pública por daño a la propiedad y falsa acusación.

En Cipolletti, la Delegación de Toxicomanías y Leyes Especiales actuó tras cuatro meses de investigación respaldada por denuncias al 0800-DROGAS de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC). Los allanamientos, autorizados por el juez federal Gustavo Zapata, se realizaron en simultáneo en dos viviendas del barrio 1200 Viviendas. Allí se encontraron 15 envoltorios de cocaína, una sustancia sospechada de ser utilizada para aumentar el pesaje de la droga, celulares y más de 200 mil pesos. Un hombre fue detenido tras intentar escapar por los techos y una mujer fue imputada.

En cambio, en Catriel, el procedimiento ejecutado por la Policía Federal en una vivienda del barrio Preiss (se desconoce por el momento que juez autorizó el operativo), y también iniciado por una denuncia anónima, terminó sin secuestros ni evidencia. El operativo se dirigió al domicilio de Damián Carrasco, quien denunció públicamente haber sido víctima de una acusación infundada. La policía ingresó forzadamente al lugar, según denunció, y solo encontró una huerta con flores y verduras. Carrasco sostuvo que las plantas eran utilizadas para homenajes en el cementerio y difundió imágenes de los daños sufridos en su casa.

El contraste entre ambos casos radica en la forma de abordaje: mientras en Cipolletti se desplegó un trabajo de seguimiento que incluyó informes técnicos y validaciones judiciales, en Catriel el procedimiento se basó exclusivamente en una denuncia anónima y fue cuestionado por vecinos por la falta de resultados y el impacto en la vida privada del denunciante.

“No tengo nada que esconder”, expresó Carrasco en redes sociales, y aseguró que buscará acciones legales. “Esto le puede pasar a cualquiera. Me violentaron la vida”, agregó.

En tanto, desde la Policía de Río Negro destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas y el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal para avanzar en investigaciones que efectivamente apunten a redes de comercialización de droga, evitando intervenciones fallidas que deriven en denuncias de abuso de autoridad o vulneración de derechos.

Abusó de una adolescente e intentó matarla: 18 años de prisión

Un hombre fue condenado este viernes a 18 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente e intentar asesinarla para ocultar el delito. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 en una zona de chacras de Villa Regina. El condenado permaneció prófugo durante cinco años, hasta ser capturado en junio de 2024.

Durante el juicio se acreditó que, tras cometer el abuso, el agresor intentó ahogar a la víctima en un canal de riego. La presencia de vecinos, alertados por los gritos, impidió que concretara el crimen. El hombre escapó del lugar y fue declarado en rebeldía.

El tribunal lo encontró culpable por abuso sexual agravado y tentativa de homicidio doblemente agravado —por femicidio y para procurar la impunidad de otro delito—, además de tentativa de homicidio criminis causa contra otra persona.

La Fiscalía solicitó una pena severa, en base a los agravantes: la edad y género de la víctima, el uso de alcohol, el aislamiento del lugar y las secuelas psicológicas. Como único atenuante se reconoció la ausencia de antecedentes penales.

La defensa pidió una condena menor, de 11 años, alegando condiciones de vulnerabilidad social y laboral del acusado. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer una pena de 18 años de prisión, considerando la gravedad y modalidad de los hechos.

Lo golpearon hasta matarlo en una comisaría: el jurado popular los declaró culpables

El jurado popular resolvió por unanimidad la culpabilidad de los cuatro policías acusados por la muerte de Jorge Gatica, ocurrida el 9 de enero de 2023 en la comisaría 45 de Cipolletti. Tres de ellos fueron hallados culpables del delito de “tortura seguida de muerte”, mientras que una sargento fue condenada por no evitar los apremios ilegales.

La decisión del jurado recayó sobre el sargento Alcides Quintrel (32), el cabo primero Jorge Sosa (31) y el cabo primero Walter Carrizo (36), quienes enfrentarán prisión perpetua. La sargento primero Andrea Henríquez (37) fue declarada culpable de “omisión funcional dolosa de evitar la tortura”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de prisión.

Durante los alegatos, la fiscalía hizo una diferenciación clave en su acusación: señaló a Sosa y Quintrel como responsables directos de la tortura, mientras que ubicó a Henríquez y Carrizo como quienes presenciaron los hechos sin intervenir. “Gatica tenía 184 lesiones externas y estuvo todo el tiempo esposado, por si queda una duda sobre la tortura”, señaló el fiscal Santiago Márquez Gauna.

La querella, en cambio, sostuvo que los cuatro debían ser condenados por el mismo delito. “Este hecho tuvo que haber sido un infierno para Gatica. Estaba esposado, sin poder defenderse, mientras uno de los policías preparaba una pizza a metros de él”, afirmó Iván Chelía, abogado de la madre de la víctima.

La defensa, por su parte, intentó desligar a Henríquez y Carrizo. “Ella intervino para detener la golpiza y dejó a Gatica al cuidado de Carrizo”, sostuvo su abogado Federico Diorio. También señaló que Carrizo fue quien le dio agua y trató de reanimarlo al notar que no respiraba.

Jorge Sosa, uno de los imputados, había denunciado durante el juicio presiones internas para falsear los hechos. Aseguró que le indicaron que declare que Gatica “se había golpeado contra la pared” y que, por su menor rango, no le iba a pasar nada. Su abogado, Damián Moreyra, cuestionó además la atención médica y apuntó contra la fiscalía por una investigación “incompleta y direccionada”.

Gatica fue detenido por el presunto robo de dos kilos de carne y chorizos. Murió horas después en la comisaría. La autopsia reveló fracturas, lesiones internas y una hemorragia fatal.

La brutalidad del caso y el proceso judicial que lo siguió pusieron en evidencia una profunda crisis institucional dentro de la Policía de Río Negro. Esta crisis no solo se refleja en los hechos de violencia y encubrimiento, sino también en reclamos estructurales que hace años vienen planteando los propios trabajadores policiales: salarios insuficientes, falta de recursos, condiciones laborales precarias y la ausencia de canales efectivos para expresar demandas sin sufrir represalias.

A esto se suma una gestión debilitada, reconocida incluso por autoridades provinciales que admitieron que la fuerza “está destruida” y requiere ser reconstruida desde cero. También persisten falencias en la formación continua del personal, con escasa capacitación profesional y psicológica para enfrentar contextos de alta presión y exigencia.

Aunque el Código Contravencional fue actualizado recientemente por la Ley 5714, todavía subsisten prácticas heredadas de normativas anteriores que habilitaban detenciones arbitrarias y requerirán revisión a la luz de los estándares democráticos actuales. En conjunto, estos factores estructurales y normativos configuran un escenario de condiciones laborales precarizadas en algunos aspectos y un contexto operativo propenso a la reproducción de prácticas abusivas y violaciones a los derechos humanos, como las que derivaron en la muerte de Jorge Gatica.

VientoSur Noticias seguirá informando sobre el dictado de penas y las consecuencias políticas y judiciales de este fallo histórico.

Río Negro: fue detenido por robar carne y murió por una brutal golpiza en la comisaría 45 de Cipolletti

El juicio por jurados contra cuatro policías acusados de torturar hasta la muerte a Jorge Gatica en la comisaría 45 de Cipolletti entra en su tramo definitorio. Este jueves se presentarán los alegatos finales de las partes y el jurado deberá deliberar sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Gatica fue detenido la noche del 9 de enero de 2023 por el presunto hurto de dos kilos de chorizos y dos kilos de carne en un comercio cercano a la unidad policial. Horas después murió en la comisaría, y la autopsia reveló un cuadro de violencia extrema: siete costillas rotas, una laceración en el hígado y un total de 184 lesiones externas compatibles con golpes. Según el médico forense Marcelo Uzal, Gatica perdió aproximadamente dos litros de sangre.

Los acusados son la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), todos presentes en la guardia esa noche. Enfrentan cargos por “tortura seguida de muerte”, delito que contempla prisión perpetua.

Durante el juicio, los imputados prestaron declaración —un derecho que les asiste sin obligación de decir verdad— y coincidieron en negar haber golpeado a Gatica. Sin embargo, se acusaron mutuamente por la agresión que terminó con la vida del detenido. Jorge Sosa apuntó directamente a Quintrel y al oficial de servicio Gastón Moraga, y aseguró que recibió instrucciones para construir una versión falsa de los hechos.

“Me dijeron que tenía que decir que Gatica se había golpeado contra la pared y que como yo era el de menor jerarquía no me iba a pasar nada”, declaró Sosa ante el jurado. También afirmó que existe una cultura de amenazas internas en la fuerza: “No le tengo miedo a la gente del ambiente, le tengo miedo a los oficiales, porque ellos sí nos pueden hacer cosas”.

Sosa también cuestionó la actuación judicial: “Moraga y Antenao vinieron, pero la fiscalía se encargó de que mi abogado no pudiera hacerles las preguntas necesarias”, expresó. Según su testimonio, Quintrel lo acusó falsamente cuando llegaron al hospital de Cipolletti.

Moraga, que estaba a cargo de la guardia aquella noche, no está imputado en este juicio. Fue condenado previamente a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por no haber impedido la tortura y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras un acuerdo con la fiscalía y con el aval de la querella.

La acusación sostiene que los policías golpearon a Gatica mientras estaba esposado, sin posibilidad de defensa. Uno de los agentes habría actuado como vigía para evitar que otros ingresaran, otro simplemente observó, y los demás participaron directamente en las agresiones. Los fiscales aseguran que la brutal golpiza se extendió desde las 22.40 del 9 de enero hasta los primeros minutos del día siguiente.

Los acusados llegaron al juicio con distintas condiciones de detención: Sosa y Quintrel están con prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo cumplen arresto domiciliario.

VientoSur Noticias seguirá informando sobre el desarrollo del juicio y la decisión del jurado popular.

Brutalidad policial en Cipolletti: tenía siete costillas rotas y 184 lesiones tras su detención

El médico forense Marcelo Uzal declaró este viernes ante el jurado popular que juzga a cuatro policías por la muerte de Jorge Gatica. Confirmó que la víctima presentaba siete costillas fracturadas, 184 lesiones externas y signos de asfixia. Según su testimonio, las heridas son compatibles con golpes recibidos en posición fetal, esposado y con las manos en la espalda.

Gatica, de 36 años, fue detenido por un hurto el 9 de enero de 2023 en Cipolletti. Ingresó por sus propios medios al hospital local para una revisión médica poco antes de las 23 y fue trasladado a la comisaría 45. Noventa minutos después, lo llevaron muerto al centro de salud. La Fiscalía y las querellas sostienen que la golpiza se produjo en ese intervalo.

El juicio se desarrolla contra la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), acusados de aplicar tormentos seguidos de muerte.

Según relató el abogado querellante Rubén Antiguala, Uzal también explicó que la fractura costal causó una laceración en el hígado, generando una hemorragia interna por la que Gatica perdió unos dos litros de sangre. “Tenía golpes desde la cabeza hasta los pies”, afirmó el letrado.

También prestó testimonio el licenciado en Criminalística Luis Palma, quien analizó las grabaciones de las cámaras del hospital. En su opinión, las imágenes muestran que Gatica caminaba con normalidad, algo que no habría sido posible si ya tuviera las costillas rotas.

El relato de una vecina aportó un dato clave: aseguró haber escuchado gritos de auxilio provenientes de la comisaría la noche del hecho. Antiguala señaló que en esa unidad no hay calabozos y que el ataque habría ocurrido en la zona conocida como “la cuadra”.

En el juicio, Henríquez y Carrizo declararon y negaron su participación en los hechos, apuntando contra Sosa. Sin embargo, la querella sostiene que los cuatro actuaron directamente o no hicieron nada para impedirlo.

El proceso también dejó fuera de este debate a un quinto efectivo: el ex oficial de servicio Gastón Moraga, quien fue condenado en un juicio abreviado por no evitar los hechos y por incumplimiento de deberes. Recibió una pena de tres años en suspenso y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Sosa y Quintrel cumplen prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo se encuentran con arresto domiciliario. Todos cuentan con defensa particular. El juicio por jurado continuará el próximo lunes.

Crédito: Cecilia Maletti

Fuente: rionegro.com.ar

Petróleo para exportar, sueldos en suspenso: Río Negro firma un acuerdo histórico mientras crece el malestar estatal

En apenas 48 horas, la provincia vivió un doble golpe de realidad. El 16 de mayo, el gobernador Alberto Weretilneck selló un convenio con el consorcio VMOS SA para construir un oleoducto estratégico entre Allen y Punta Colorada, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. El anuncio llegó cargado de promesas: empleo local, infraestructura energética de punta y protagonismo global.

“Río Negro tiene todo para ser protagonista. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó Weretilneck ante representantes de YPF, Chevron, Shell y otras gigantes del sector. El oleoducto —de 470 kilómetros y capacidad inicial de 550.000 barriles diarios— se proyecta como la gran vía de salida del crudo de Vaca Muerta al mundo.

Pero mientras eso ocurría, otro frente quedaba al rojo vivo: el salarial. El 15 de mayo, en la nueva ronda de paritarias, el Gobierno no presentó ninguna oferta. La inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 11,6%, y en la Patagonia el impacto es aún mayor. Sin propuesta, los gremios se levantaron de la mesa.

“No hay plata” para estatales

ATE, UnTER, UPCN y ASSPUR reaccionaron con dureza. “El Gobierno miente y el ajuste lo pagan los trabajadores”, dijo Rodrigo Vicente (ATE). “No ofrecer nada es una falta de respeto”, lanzó ASSPUR. UnTER denunció la falta de inversión en escuelas y alimentación escolar. UPCN calificó de “inadmisible” la ausencia de propuesta y pidió revisar el rumbo.

Los sindicatos difieren sobre cómo recomponer salarios: sumas fijas, porcentajes o escalas. Pero en una cosa coinciden: el Gobierno debe ofrecer algo ahora. La decisión de pasar a un cuarto intermedio sin fecha encendió las alertas.

Un modelo en tensión

La contradicción entre los millones que llegan para el petróleo y los sueldos congelados en el Estado grafica un problema de fondo: ¿puede haber desarrollo energético sin justicia salarial?

La escena deja un interrogante abierto sobre el modelo provincial: Río Negro avanza como eje de exportación energética, pero aún no logra resolver el conflicto con quienes sostienen día a día los servicios públicos.

El control médico a estatales se extiende en Río Negro: ya alcanza a policías y educación

El gobierno de Río Negro avanza con la implementación del sistema de auditoría de licencias médicas para todo el personal del Poder Ejecutivo. Desde este lunes, se sumó el control sobre el personal policial, incluyendo a agentes penitenciarios, lo que eleva a más de 55.000 los trabajadores alcanzados por la medida.

La iniciativa, puesta en marcha el 2 de septiembre, se articula entre la empresa estatal Horizonte Seguros, la secretaría de la Función Pública y la firma Dienst Consulting S.A., responsable de auditar y validar los certificados médicos. Según la titular del área, Tania Lastra, el objetivo es “optimizar la atención de la salud laboral” y detectar casos en que las licencias se otorgan “de manera indebida”.

El debut del sistema fue con trabajadores de la administración central (Ley 1844) y del área de Salud (Ley 1904). Dienst informó que rechazó un 17% de las licencias médicas presentadas en ese primer tramo. La semana pasada se incorporó el sector de Educación, con más de 25.000 agentes entre docentes y porteros. En ese rubro, se observó una baja significativa en la cantidad de licencias aceptadas: en solo cuatro días, se aprobaron 881 permisos, una cifra que equivale a apenas un cuarto de los niveles anteriores.

La viceministra de Educación, María Laura Giovanini, señaló que aún no está claro el motivo de esa reducción abrupta y que se realizará un seguimiento más detallado. Según los registros oficiales, antes de la auditoría, las solicitudes de licencia eran aceptadas casi en su totalidad, sin revisión.

El nuevo esquema contempla controles médicos presenciales y virtuales, consultorios en cinco ciudades (Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche), y el uso de telemedicina para seguimiento de casos.

El impacto de este control generó reacciones sindicales, particularmente de la Unter, que cuestiona la legalidad del mecanismo. La conducción gremial, encabezada por Silvana Inostroza, considera que se vulnera el régimen vigente de licencias. El secretario de Salud en la Escuela, Daniel Aciar, calificó al sistema como un “mecanismo perverso” que “persigue y ajusta”, señalando que se modifican indicaciones médicas sin intervención del profesional tratante.

Unter convocó a un Congreso para este viernes 20 en Viedma, donde evaluará acciones a seguir. Además, promueve presentaciones individuales ante los Consejos Escolares y reiteró el pedido de audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, quien aún no ha recibido al sindicato.

Uno de los puntos sensibles es qué sucederá con los docentes cuyas licencias sean rechazadas o acortadas por Dienst, pero que decidan cumplir igualmente con la indicación de su médico y no asistir a las escuelas. Desde la Función Pública confirmaron que esas ausencias serán descontadas del salario.

En el caso de la Policía, cuya incorporación al sistema estaba prevista para la semana pasada pero fue postergada por dificultades operativas, se anticipa una situación compleja debido a los altos índices de ausentismo por razones médicas.

El gobierno insiste en que la medida generará un ahorro sustancial para el Estado. Sin embargo, la falta de transparencia inicial en la contratación de Dienst y las dudas sobre los procedimientos aplicados alimentan el debate sobre la conveniencia y legalidad del nuevo sistema de auditoría laboral.

Fuente: rionegro.com.ar