La provincia calificó de «falaz y malintencionada» la acusación del gremio, que responsabilizó al Estado por el fallecimiento de María Isabel Millache. Aseguran que nunca se le negó una licencia médica y detallaron el procedimiento aplicado.
El gobierno de Río Negro respondió a la denuncia realizada por la Unter, que responsabilizó a la Provincia por la muerte de María Isabel Millache, una docente de 56 años del Valle Medio que padecía problemas de salud. A través de un comunicado, el Ejecutivo calificó la acusación sindical como «falaz y malintencionada» y detalló el proceso formal vinculado a su licencia médica y reubicación laboral.
Millache, quien ejercía en la escuela primaria de Chimpay y residía en Luis Beltrán, falleció recientemente, lo que generó conmoción en la comunidad educativa y motivó una fuerte crítica del gremio docente. Según Unter, la docente sufrió un importante cuadro de estrés luego de que se le negara la continuidad de su licencia médica y se la reubicara en la residencia estudiantil de mujeres de Luis Beltrán.
El Gobierno negó esta versión y aseguró que «nunca se le negó ninguna licencia». Explicaron que el 4 de diciembre de 2024, la Junta Médica de la Función Pública dictaminó que Millache podía realizar tareas con restricciones, por lo que se decidió su reubicación en la Residencia de Señoritas de Luis Beltrán. Sin embargo, ante gestiones de la Consejera Escolar ante el Consejo Provincial de Educación y dada su situación de salud, la docente fue eximida de la obligación de presentarse en esa institución.
El Ejecutivo provincial detalló que el 24 de febrero se dispuso su reubicación mientras se encontraba de licencia y que, desde entonces, realizaba tareas desde su domicilio sin necesidad de acudir a su lugar de trabajo. Además, señalaron que la docente manifestó su conformidad con esta decisión.
En el comunicado, el Gobierno también descartó cualquier vínculo entre este caso y la consultora Dienst, empresa encargada del Programa Control de Ausentismo, que en los últimos meses redujo significativamente la cantidad de licencias médicas en la administración pública. «Las disposiciones respecto de sus licencias estuvieron a cargo de la Junta Médica Provincial. La empresa encargada del control de ausentismo no dispuso ningún tipo de reubicación en este caso», aclararon.
Por último, indicaron que hasta la denuncia pública realizada por Unter, «no se registraron en el Consejo Provincial de Educación reclamos formales por este caso». La respuesta oficial refuta así varios aspectos señalados por el gremio, que en un comunicado y declaraciones a medios había responsabilizado al Estado por lo ocurrido.
