El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) está generando opiniones divididas en Río Negro, a medida que se acerca la discusión de la Ley Bases en el Senado. El debate comenzará el miércoles 12 de junio a las 10. El gobierno provincial, liderado por Alberto Weretilneck, ya le dio visto bueno a la implementación de este régimen, que promete flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en Argentina, garantizándoles estabilidad fiscal durante 30 años. Aunque se incorporaron cambios en respuesta a las quejas de pymes e industrias locales, el impacto real de esta medida en Río Negro aún es incierto.
El oficialismo, representado por Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, ya confirmó su apoyo a la Ley Bases en el Senado, tras su media sanción en Diputados. El gobierno provincial comenzó un relevamiento para identificar las áreas e industrias que podrían beneficiarse significativamente con estos incentivos. Se estima que los proyectos relacionados con el oleoducto de YPF desde Vaca Muerta a la costa rionegrina, las energías renovables, el plan de exportación de gas natural licuado (GNL) y potencialmente la minería podrían ver un crecimiento cualitativo. Sin embargo, las alternativas como el desarrollo de hidrógeno verde y minería no son tan prioritarias para el gobierno provincial en este momento.
Otra posible ventaja para la provincia es la ubicación de una planta de exportación de GNL de YPF, en asociación con la empresa malaya Petronas, que podría instalarse en Río Negro en lugar de Bahía Blanca. En este sentido, el gobierno de Weretilneck pelea mano a mano con el de Axel Kiccilof y está trabajando para inclinar la balanza a favor de la provincia, considerando el apoyo al RIGI como un paso importante.
Por otro lado, la oposición expresó su rechazo al RIGI, con el senador Martín Doñate de Unión por la Patria (UxP) como vocero principal, acompañado por Silvina García Larraburu (UxP). Doñate aseguró que el RIGI no generará inversiones que aumenten la riqueza y sostuvo que existe riesgo de fuga de divisas y evasión fiscal por parte de las empresas extranjeras beneficiadas por el régimen. Además, Doñate propuso centrar la discusión en el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), impulsado el año pasado por el gobierno de Alberto Fernández y que ya cuenta con media sanción en Diputados.
La controversia alrededor del RIGI refleja las diferentes visiones sobre el desarrollo económico y las inversiones extranjeras en Río Negro. Mientras el oficialismo apuesta por los beneficios a largo plazo y el impulso a sectores estratégicos, la oposición alerta sobre los posibles perjuicios económicos y la necesidad de enfoques alternativos para promover el crecimiento y la estabilidad financiera en la región.
¿Que implica el RIGI?
La reglamentación que pretende aprobar el oficialismo reduce el impuesto a las Ganancias a 25%; suprime el pago de Derechos de Exportación a partir del tercer año; habilita el cómputo del impuesto a los Débitos y Créditos en compensación por Ganancias; elimina derechos de importación e imposibilita que las provincias y municipios fijen o modifiquen tributos sobre los proyectos de inversión englobado en una promesa de estabilidad fiscal por 30 años.
Asimismo, ofrece a las firmas una libre disponibilidad de divisas del 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero. En materia de pleitos legales, permite que los inversores diriman sus conflictos internos directamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Más del 80% de las demandas empresariales al país se resolvieron en favor del demandante.
Un paper de la Cátedra Abierta Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) subraya que las inversiones deben cumplir una serie de requisitos para beneficiar al país receptor como la generación de empleo, el impulso de otros sectores productivos, la dinamización de la economía vía mayores ingresos salariales y fiscales y mejoras en la balanza de pagos por el ingreso de divisas y bienes de capital.
Desde la óptica de los autores del trabajo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no satisface las condiciones necesarias y enumera las cinco falencias que presenta el proyecto del gobierno de Javier Milei:
- Los beneficios impositivos minimizan los ingresos fiscales; de ese modo, se esteriliza una vía esencial para que la explotación de recursos naturales beneficie a la Nación en su conjunto.
- El permiso para importar insumos sin impuestos significa una competencia desleal para empresas locales; es decir, se desalientan los eslabonamientos productivos. Esto llevará a una acentuación de la brecha de productividad entre empresas.
- Al dar prioridad a las empresas que adhieren al RIGI en el acceso a los recursos naturales — por ejemplo, al agua (en desmedro de la población y de la agricultura) o al gas (en detrimento del consumo interno) —, los proyectos en cuestión pueden afectar gravemente a otras empresas y actividades, así como a gran parte de la población.
- Al no obligar a liquidar al menos una parte apreciable de los dólares de exportación y al dar todas las facilidades para importar y girar beneficios, el RIGI no contribuirá siquiera a relajar la restricción externa.
- No se abre la posibilidad de negociar especiales condiciones de trabajo y vivienda para los trabajadores, necesarias en el caso de explotaciones en lugares no habitados previamente.