Los gobernadores provinciales expresan escepticismo respecto de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y sostienen que el proyecto —rebautizado como una “modernización” del sistema de trabajo— tendrá más valor simbólico que impacto real en la generación de empleo.

Según fuentes cercanas a varios mandatarios, en las provincias creen que la iniciativa apunta principalmente a enviar una señal de confianza a los mercados y a cumplir con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de Estados Unidos, que reclaman al presidente Javier Milei mostrar consensos internos para sostener su programa económico.

En ese contexto, los gobernadores dejaron de referirse a la medida como una “reforma” y prefieren hablar de un proceso de “modernización laboral”. “Nos tendríamos que estar revoleando sillas si fuera una reforma fundacional”, reconoció a La Política Online un dirigente cercano a uno de los mandatarios, al remarcar que no esperan cambios estructurales en las condiciones de contratación o en la creación de empleo.

La propuesta es elaborada por el Ministerio de Capital Humano, bajo la coordinación de Julio Cordero y Miguel Punte. Sin embargo, sectores empresariales manifestaron malestar por no haber sido convocados a participar del diseño del proyecto. “No la piden Pagani o Urquía, la piden las pymes”, apuntaron desde Córdoba, en referencia a la falta de involucramiento de las grandes compañías nucleadas en la UIA.

Para dotar de legitimidad al plan, el Ejecutivo prevé que la presentación formal se realice a través del Consejo de Mayo, órgano impulsado por el propio Milei que reúne representantes políticos, sindicales y empresariales. Su presidente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, actúa como vocero de las provincias; mientras que Gerardo Martínez (UOCRA) representa a la CGT y Martín Rapallini a la Unión Industrial Argentina.

A pesar de ese esquema, tanto los mandatarios como el empresariado advierten que no hubo una negociación amplia acorde a la magnitud del tema. “El Gobierno está más interesado en mostrar que puede aprobar una reforma laboral que en discutir su contenido”, evaluó un dirigente provincial.

Hasta el momento, no se conocen detalles del texto que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre, aunque todo indica que se tratará de un proyecto moderado en sus alcances y orientado a consolidar respaldo político más que a introducir transformaciones estructurales en el mercado laboral argentino.