Oleada de robos de cables sacude a Catriel: el impacto en empresas y usuarios

Las empresas petroleras reclamaron ante la Justicia y la Policía, que no tienen recursos para controlar. La Legislatura sancionó una ley que implementará el Ministerio de Justicia ¿Quién se ocupa de proteger y garantizar el servicio a los usuarios?

El robo de cables en la ciudad de Catriel y sus alrededores es una creciente preocupación debido a su impacto en la actividad de las empresas petroleras y en los servicios esenciales para la comunidad.

El 3 de enero de 2024, la empresa Aguas Rionegrinas sufrió el robo de cables de la central de control de bombas en el barrio Santa Cruz, lo que provocó complicaciones en el suministro de agua para gran parte de la ciudad. Este incidente se suma a una serie de robos anteriores que afectaron tanto a empresas como a usuarios comunes. Desafortunadamente, este no es un evento aislado, ya que el robo de cables en empresas petroleras también es una realidad recurrente en la zona.

En marzo de 2023, el juez Guillermo Merlo condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre que, junto a un cómplice que logró escapar, intentó robar cerca de 400 metros de cable desnudo de cobre de un pozo petrolero ubicado a pocos kilómetros de Catriel.

El 25 de noviembre de 2023, dos jóvenes fueron detenidos por robar cables del yacimiento «Los Loros Norte» en Catriel. Utilizando motosierras para cortar postes, estos individuos intentaban huir del lugar a bordo de una moto con rollos de cable pertenecientes a la empresa petrolera Petróleos Sudamericanos (PS). Este tipo de actividades delictivas, además de generar un grave riesgo para la seguridad pública, tienen un impacto económico significativo: muchas veces paralizan la actividad en los yacimientos de forma temporal.

Dato relevante:

 

Entre febrero de 2022 y marzo de 2024, se produjeron un total de 16 robos de cables en Catriel y sus alrededores.

El valor del cobre, principal componente de los cables robados, contribuye a alimentar un próspero mercado negro. Se estima que el kilo de cobre se vende en alrededor de 7000 pesos, lo que hace que estos robos sean lucrativos para los delincuentes. Sin embargo, las consecuencias van más allá de la actividad delictiva en sí misma.

Las empresas petroleras de la región son víctimas frecuentes de estos robos, lo que resulta en pérdidas financieras considerables y, en algunos casos, en interrupciones en la producción. Aunque las empresas han solicitado mayores medidas de seguridad a las autoridades, los robos continúan siendo una amenaza persistente.

Pero este problema no se limita a las empresas petroleras. Los usuarios comunes en toda la provincia también se ven afectados por los robos de cables, lo que puede resultar en interrupciones del suministro eléctrico, como lo evidencian los incidentes reportados recientemente en Colonia Ovejero. Desde hace semanas los residentes denuncian que se ven afectados por la interrupción frecuente del servicio debido a robos de cables de tendido eléctrico en la zona donde operan las empresas petroleras , ocurriendo entre una y dos veces al mes. El último incidente tuvo lugar el jueves 14 de marzo a las 22 horas y la energía se recuperó recién el pasado lunes 18 a las 13:30. Los vecinos sostienen que «roban, arreglan y vuelven a robar inmediatamente».

Desde el gobierno provincial sostuvieron que para abordar esta situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia está trabajando en la implementación de la ley de material no ferroso, aprobada por la Legislatura en octubre pasado. Esta ley busca regular el registro y la trazabilidad de los metales no ferrosos para combatir el mercado negro y reducir la incidencia de estos delitos. Sin embargo, queda claro que se necesitarán esfuerzos adicionales y una cooperación continua entre las autoridades y las empresas para resolver este problema y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. Para esto será necesario dotar de mayores recursos y personal tanto a la justicia rionegrina como a las fuerzas policiales, uno de los puntos débiles del gobierno rionegrino durante las últimas décadas.