Opinión: “Cada cual atiende su juego”

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Crédito Elio Carrasco (VSN).

*Por Elio Carrasco

Así parece estar la situación hoy en Catriel. Como en la letra de aquella vieja copla infantil que narraba las peripecias de Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. O al menos eso puede uno inferir de los recientes sucesos. La trascendencia al ámbito público de un caso de desnutrición infantil en la localidad puso el foco de atención sobre el accionar de las autoridades locales y abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad del Estado en materia de prevención y atención de este tipo de situaciones. También generó una serie de hechos que uno, como comunicador en ejercicio, no puede dejar de analizar.

En primer lugar, la triste actitud de ciertos sectores de la sociedad catrielense ante la decisión de una familia de escasos recursos que sintió que la coyuntura los obligaba a hacer pública una difícil vivencia personal y -estoy seguro, con todo el dolor del mundo- finalmente resolvió dar a conocer la situación de su bebé para conseguir las respuestas que, por los canales habituales, no pudieron conseguir hasta ese momento. Desde que eso ocurrió, penosamente y lejos de cualquier tipo de apoyo o muestra de solidaridad, no pararon de recibir hostigamiento y señalamientos por parte de los petulantes opinólogos de turno sobre los cuales, bien podría uno sospechar, padecen el síndrome de Hubris. Sepan los entusiastas del escarnio innecesario que es accionar nunca ayudó, ni ayudará a nadie.

Por otra parte, un examen más minucioso amerita el accionar del arco político oficialista y también de la máxima autoridad sanitaria de la localidad. Al día siguiente de que la familia decidiera contar la situación que estaba atravesando, a través de una allegada y referente social del comedor de barrio Preiss, el intendente Carlos Johnston encabezó una conferencia de prensa junto con Jesica Mash, secretaria de Políticas Sociales, y la directora del Hospital Laura Leiva para intentar aclarar como se procedió desde Salud Pública y desde el Ejecutivo ante el caso de Catalina, la beba con desnutrición que finalmente fue derivada al Hospital Juan XXIII de General Roca. “No aclares que oscurece”, reza el refrán. Y bien podría usarse para reflejar el contexto de esta confusa situación. Resulta imposible, al menos para quien escribe estas líneas, interpretar cuál fue la intención real de dicha acción. En principio porque, si el objetivo era proteger a la familia, aclarar los tantos para informar y llevar calma a la población, el efecto conseguido fue el opuesto. El salir a marcar supuestos errores de un tercero tratando de desmentir la información vertida por un audio de WhatsApp viralizado (que la misma familia autorizó y validó), a través de una conferencia de prensa, deja flotando en el aire la sensación de que el intento de brindar explicaciones y deslindar responsabilidades es más para cuidar la propia imagen (y la de las pertinentes autoridades provinciales) que la integridad de los principales afectados. Lo más sensato habría sido no darle entidad a ese audio y/o, en todo caso, convocar a la familia para brindar una conferencia de prensa en conjunto con ellos aclarando lo que fuera necesario. En segundo lugar, no parece tampoco una solución juiciosa confrontar mediáticamente con los dichos de la familia y sus allegados usando los canales oficiales de comunicación que todos los catrielenses solventamos de nuestros bolsillos. Tampoco me parece correcto la utilización de otros ciertos recursos del Estado municipal para fines muy particulares y poco felices de los que bien puedo dar fe pero que, por respeto a una solicitud externa, no reflejaré en estas líneas.

Hay otra cuestión puntual también relacionada con esta última que también merece un párrafo aparte. Durante el transcurso de la conferencia, en varios pasajes, se hizo referencia a la importancia de respetar el secreto médico y se lo utilizó como argumento para justificar el proceder de las autoridades, pero también como una crítica directa hacia quien dio a conocer el caso de la familia. Cabe resaltar que el secreto médico es una obligación exclusiva del profesional de Salud que atiende al paciente y que, desde una visión utilitarista, se ha reconocido para estimular al paciente para que hable con entera libertad de sus síntomas, hábitos y actividades. Nada dice la ley sobre que el paciente, o en este caso sus progenitores, o alguien autorizado por estos, no pueda ni deba realizar declaraciones públicas sobre su situación. Esa pequeña pero clara confusión, alcanzó para reflejar la falta de claridad conceptual que evidenció dicha conferencia en líneas generales. Otra vez esta gestión municipal deja entrever que el asesoramiento legal y comunicacional no son sus puntos más fuertes.

Al margen de eso, nadie puede decir que desde Salud y el municipio no se ocupan de la situación de los pacientes y las familias en condiciones de vulnerabilidad. Lo hacen, quizá, a su tiempo y con su respectivo criterio pudiendo esto generar dilaciones evitables y no muy recomendables en situaciones como las del caso que nos atañe. Bien vale remarcar, que en el caso de la pequeña Catalina debió ser el aparato de Salud -dependiente del gobierno provincial- el que accione de forma más pragmática y responsable en primer lugar. Pero así como Salud no puede desligarse de sus propias responsabilidades, una administración municipal que se vanagloria de los millonarios plazos fijos que posee, no puede estar mezquinando una ayuda esencial u otorgando dádivas en cuenta gotas. En ese sentido ahora que Catalina está mejor, pero deberá seguir con controles, tendrá  la oportunidad de redimirse.

En definitiva asistimos una vez más a un caso donde la sociedad no pudo articular, en tiempo y forma, los resortes de contención para un individuo o un grupo. La situación tuvo que hacerse pública para que se accionen todos los mecanismos correspondientes. Y eso generó malestar en el arco político que, una vez más, quedó expuesto. Pero la información médica brindada por la familia y surgida desde el Juan XXIII señala que, de haber existido una atención y un seguimiento más profundo del caso por parte de todas las autoridades (especialmente del departamento de Pediatría de Salud Pública y de Políticas Sociales), tanto la exposición del caso a través de un audio de WhatsApp, de la familia a través de los medios de comunicación y la -a mi humilde entender- cuestionable conferencia de prensa, hubieran sido tres hechos perfectamente evitables.

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