Opinión: La violencia después de la violencia

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Foto de la movilización por el Día de la Mujer, 8 de marzo, 2018 (Archivo VSN).

*Por Elio Carrasco

La problemática de la violencia en nuestra sociedad es una cuestión que nos trasciende a todos, pero son la mujeres y los niños quienes -históricamente- han sufrido y sufren con mayor énfasis las consecuencias directas e indirectas surgidas de ella. Se trata de un problema de dimensiones importantes y generalizado, que puede encontrarse en una amplia variedad de circunstancias.

Y, a estas alturas, no cabe duda alguna de que la violencia de género en el ámbito familiar trae aparejados efectos colaterales para los hijos e hijas de las víctimas. Sin distinción de edad o sexo, los hijos de quienes padecen el flagelo de la violencia en primera persona terminan sufriendo ellos también, en forma directa (abuso, maltrato físico o verbal) o indirecta (traumas psico-afectivos, inicio o profundización de adicciones u otras secuelas), las consecuencias de esta.

Esto no es ninguna sorpresa, ni es un mal exclusivo de nuestra tierra. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la violencia tiene para la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países, declarando que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo, quizá uno de los más importantes por su creciente incidencia y mortalidad.

«Fui víctima de violencia por muchos años. Una vez que una víctima se libera de la violencia física de su ex pareja, empieza otra pelea. Contra la violencia del abandono, de la indiferencia del Estado y la sociedad», relató una vecina de catriel.

Conversando con una vecina de Catriel, ex víctima de violencia de género, me hizo notar que este es un aspecto muy poco abordado y desarrollado de la problemática por parte de las autoridades y entidades que se especializan en el tema en la localidad y la región. Por si esto fuera poco, con el paso del tiempo, la sociedad contemporánea y el Estado han naturalizado, como si fueran moneda corriente, estas cuestiones que deberían ser motivo de alarma y atención inmediata.

Uno de los mitos de la violencia de género es que el maltrato a las mujeres, no supone un riesgo para sus hijos. Sin embargo este concepto choca de bruces contra la realidad y se desarma. Tanto por la frecuencia con la que los comportamientos violentos de los padres maltratadores afectan a los niños y niñas de forma directa, como por los efectos negativos que tiene sobre el desarrollo infantil y adolescente la exposición a situaciones de violencia indirecta. Si bien lo que varía es el origen de estas, hay una serie de consecuencias comunes tanto de la exposición directa como la indirecta a la violencia, que básicamente las convierte en dos caras de una misma moneda. Esta retroalimentación sin duda repercute negativamente en el estado emocional de ambas víctimas (madre e hijos).

Esta persona, que me relató su experiencia personal ocurrida hace varios años, me explicó como las consecuencias que sufre una mujer por el maltrato físico y psicológico sostenido en el tiempo terminan por trasladarse ineludiblemente hacia sus hijos. Y contó además como, ante este escenario, se vio encerrada en un callejón sin salida y sin nadie que la apoye ante la ausencia absoluta de contención y seguimiento por parte del Estado.

«El Estado interviene en una situación de violencia una sola vez y luego deja a las víctimas totalmente desprotegidas. Y los ecos de la violencia repercuten en la vida de la mujer y sus hijos de mil formas distintas, aun después de separar al agresor del hogar».

«Lo puedo decir porque lo viví. Fui víctima de violencia por muchos años. Una vez que una víctima se libera de la violencia física de su ex pareja, empieza otra pelea. Porque sufre la violencia del abandono, de la indiferencia del Estado y la sociedad. La falta de acompañamiento y contención, no sólo para la mujer sino para sus hijos. En aquel entonces, cuando pedí ayuda al Estado luego de salir del infierno que viví con mi ex pareja, mi hijo no tenía ninguna condena: ni jurídica ni social. Eran otros tiempos, recién surgía la (ley) 3040 y había menos recursos que ahora incluso. Pero eso no cambia nada, hoy mi hijo sufre una adicción, está «marcado» socialmente y condenado a cinco años de prisión por delinquir. Se equivocó y tendrá que cumplir la pena, pero mi hijo como tantos otros jóvenes condenados hoy, una vez también fueron niños con derechos y con sueños. Yo no tengo la certeza sobre si algo hubiera otro el desenlace de haber recibido ayuda y contención en aquellos años, pero todo mi ser se inclina a pensar que sí. Que quizás eso hubiera hecho la diferencia», explicó, con lágrimas en los ojos, esta trabajadora y madre.

La realidad de muchos jóvenes en Catriel que viven o están al borde de situaciones muy similares a las del hijo de esta señora indica que hace falta un análisis más completo e integral de la problemática (y de este aspecto en particular) que hoy en día nadie realiza. No existe ningún medio, agrupación, político o referente alguno que esté instalando este debate en la esfera pública o institucional. No hay políticas públicas serias, definidas y que cuenten con suficientes recursos como para abordar la complejidad tampoco.

«No hay compromiso con este costado del problema. Se habla de lo difícil que es para la mujer en el ámbito laboral, se habla de las muertes por abortos ilegales, se habla de acoso callejero. Pero nada se habla sobre como, incluso luego de separar al agresor del núcleo familiar, los ecos de la violencia repercuten en la vida de la mujer y sus hijos de mil formas distintas», señaló a VSN esta vecina de Catriel.

«Ojo, que no se mal interprete, esto no significa restarle importancia ni a los femicidios, ni al aborto legal, ni a las violaciones, ni a ninguno de los otros males que se desprenden de la opresión que aún ejerce el patriarcado sobre las mujeres a lo largo y ancho del país. Lo que trato de visibilizar es que hay muchas consecuencias tan o más graves que la propia violencia y que surgen de ella. Y muchas de ellas ocurren porque el Estado interviene en una situación de violencia una sola vez y luego deja a las víctimas totalmente desprotegidas. Pongo un ejemplo, se separa a un agresor masculino del hogar ¿Y luego qué? ¿Alguien se preocupa realmente por brindarle contención a esa mujer, a esa familia? ¿Se hace un seguimiento serio de cada caso, o solo superficialmente? ¿Se fijan si tiene un lugar digno para vivir con sus hijos? ¿Si le alcanza para alquilar o no? ¿Si tiene trabajo para sostener a su familia? ¿Si ese o esos trabajos alcanzan para darle una vida decente a sus hijos y a ella misma? Todas esas preguntas me las hago cada vez que me entero de un nuevo caso. Y me las hago porque, en el mío no fue así, nadie me ayudó», agregó.

Todo esto desemboca en una nueva victimización de quienes ya padecieron violencia. Nadie asume la responsabilidad civil, ni política de cambiar esta realidad. No hay compromiso verdadero. No se diseñan estrategias ni se trazan políticas de fondo para atacar cada arista del problema. Todo se reduce a intentos aislados de un puñado de representantes de instituciones, grupos civiles de acompañamiento o personas sin preparación profesional con buena intención. Pero no se brinda una contención adecuada a las víctimas, no se hace un seguimiento profundo de cada caso, no hay estudio de los tipos de casuística, no existen fuentes de consulta pública o informes sobre estadísticas a nivel local en cuanto a violencia de género y sus consecuencias, no hay una pelea verdadera contra el flagelo social de la depresión, los suicidios, ni tampoco contra el narcotráfico que existe en la ciudad y que, muchas veces, termina contaminando de los primeros dos males la vida de aquellos individuos que durante su infancia padecieron violencia intrafamiliar.

«En esta ciudad nadie se quiere hacer cargo, es más fácil correr la mirada, desviar los ojos hacia un costado y seguir caminando. Creo que hay algo de mezquindad en eso. Cuando existe una necesidad tan grande de por medio, no hay que abordar estas cuestiones desde lo político partidario o desde los intereses particulares por conveniencia, sino más bien desde lo humano», reflexionó ante este cronista la mujer.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aún así, las mujeres siguen siendo quienes más perjudicadas se ven en el contexto global. Siguen cobrando menos que los hombres por un mismo trabajo, siguen sufriendo hostigamiento laboral, siguen sufriendo violencia, maltrato y acoso sexual desde la niñez hasta la muerte, tan solo por el simple hecho de ser mujeres. Y sus hijos e hijas, también son víctimas indirectas del maltrato a sus madres que en muchas ocasiones incluso termina siendo también focalizado en ellos.

Para que todo eso no ocurra, quienes no sufren ningún tipo de violencia, necesitan prevención. Para conocer sus derechos y que tipo de situaciones pueden encontrarse en la vida. Quienes ejercieron y ejercen violencia, deben ser juzgados y encarcelados con penas más severas. Quienes la sufrieron (o la sufren), necesitan contención y acompañamiento profesional permanente. Si sus hijos, como producto de esa violencia, generaron traumas, cayeron o profundizaron su consumo problemático necesitan asistencia y tratamiento. Y además, para evitar que tengan recaídas, es necesario otro abordaje complementario: atacar el circuito de los delincuentes que comercializan la droga y la hacen llegar directamente a la población más joven a través de mecanismos y cadenas de distribución que, en su amplia mayoría, funcionan con connivencia de las fuerzas de seguridad.

En todas esas situaciones, el Estado es quien debe ser garante del cumplimiento de derechos y ocuparse de elaborar una estrategia que le permita ocuparse de la problemática y sus múltiples consecuencias de una forma seria y completa. Eso, hoy es una deuda pendiente, no suecede a ningún nivel estatal. Ni municipal, ni provincial, ni nacional.

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