Opinión: Licenciado Javier García Guerrero

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Gentileza patagonia.com.ar
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Domingo 8 de junio de 2014
«El contrato de Renovación de Concesiones Hidrocarburíferas a Petrobrás firmado por el Ejecutivo Rionegrino, es nulo por contrariar la Constitución Provincial y la Ley Nacional de Hidrocarburos en vigencia. La inequidad y la falta de garantías reales de esta renovación de promesas incumplidas, son las características esenciales del desigual acuerdo, que constituye un pésimo antecedente y segura fuente de futuros conflictos.
Petrobras está siendo investigada en Brasil por una Comisión Especial del Senado, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público, la Policía Federal y también por organismos de terceros países latinoamericanos por lavado de dinero, tráfico de influencias y recaudación de fondos ilegales para campañas políticas.
En 2004, el director general de Petrobras, Alberto Guimaraes, destacó que en el período 2004/2007 destinarían u$s 1.500 millones para sus operaciones en Argentina, a razón de u$s 250 millones por año, el 56% de los cuales estaría enfocado a la exploración y producción de gas y petróleo, este compromiso de inversión, no se cumplió en absoluto.
En realidad Petrobras ejecuta desde hace un lustro, un importante plan de desinversión comprometido con sus accionistas para no quebrar. Según el Financial Times, la firma brasileña pasó, en cinco años, del puesto 12 al puesto 120 de las mayores empresas del mundo, con un valor de mercado de u$s 76.600 millones, mientras que su deuda líquida asciende a unos u$s 96.000 millones.
En 2012 Petrobras enfrentó su primer balance con pérdidas en 13 años. La Calificadora de riesgo Moody la puso en observación para bajar la calificación de su deuda lo que elevó las tasas de interés que debe afrontar hasta cuadruplicar las que abona su competidora Exxon.
Para recuperar viabilidad financiera, Petrobras ha comprometido a sus accionistas realizar un drástico plan de desinversiones por un total de u$s 14.800 millones en el período 2012-2016 con el propósito de enfocar sus negocios dentro de su propio territorio, reduciendo las inversiones externas a menos del 2% de sus activos. Esta decisión se ha reflejado en la Argentina en la transferencia de concesiones que tenía adjudicadas en Neuquén y Mendoza, la venta de la Refinería de San Lorenzo y las negociaciones por el resto de emprendimientos y estaciones de servicio que posee en el país iniciadas con el grupo Indalao y Techint. En Canadá, Perú y Colombia ha seguido similares etapas de repliegue. En Río Negro en la misma zona cuya concesión pretende renovar también redujo sus inversiones desde la misma fecha, según los propios registros de la Secretaría de Energía del Ejecutivo Provincial.
El ejemplo de Repsol, que ha decidido replicar su provechosa «experiencia argentina”, firmando acuerdos de inversión en Venezuela por un monto total de u$s 7.000 millones que ha obtenido como contraprestación de la entrega de la YPF que «vació” en la Argentina, incumpliendo inversiones y remitiendo hasta el 120% anual de utilidades, es ilustrativo. ¿Tendrá los mismos socios «facilitadores” en Caracas?
Las concesiones indebidas que ha asumido contractualmente La Argentina con los distintos inversores externos, determinan que el 70% de los conflictos denunciados al «Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados” CIADI-Banco Mundial en Latinoamérica tengan como acusado a nuestro país. Las 3/4 partes de las citadas denuncias por un total superior a los u$s 13.000 millones, corresponden a reclamos de empresas transnacionales del sector energético sobre los regímenes tarifarios, impositivos, etc. de concesiones, que la Argentina asumió tratar bajo jurisdicción y legislación extranjera.
En 2013 el Subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén e Integrante del directorio de YPF, Ricardo Esquivel dijo que el derrame responsabilidad de Petrobras que afecto al río Colorado, derivado de la «falta de inversión” tuvo una «altísima gravedad». En Brasil, la Agencia Estado de San Pablo, consignó que «como prevención» tuvieron que ser suspendidos los sistemas de abastecimiento de agua para el riego y el uso de agua potable en las localidades de Catriel, en Neuquén y 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa. Similares denuncias se han presentado ante la Defensoría del Pueblo por distintas ONGs, sin respuestas efectivas por parte del Ejecutivo de Río Negro.
En el área de Medanitos, ha habido numerosos accidentes laborales en algunos casos con el saldo de tres empleados muertos. Esta semana sumamos las «pastillas radioactivas perdidas” por YPF en un pozo de Gauchito Gil, claro que como se informa son «totalmente inocuas” y el santo criollo, seguramente protegerá las napas. Los sindicatos han llevado adelante en Mayo paros simultáneos de todos los trabajadores petroleros de Chubut, Neuquén y Río Negro demandando condiciones de trabajo menos riesgosas, reactivación de las PyMES regionales, etc. sin ninguna respuesta oficial. Los estados provinciales también han demandado a Petrobras por sus incumplimientos ambientales, atrasos y diferencias en el pago de regalías, etc. La Provincia de Neuquén reiteradamente ha intentado cancelar las concesiones a la empresa brasileña, que como en la mayoría de los casos ha optado por judicializar el conflicto llevando el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No es legítimo ni oportuno concesionar áreas por una década en el peor momento de la inversión local y foránea en el país, para obtener dólares que reemplacen a los que se fugaron o no ingresan como nuevas inversiones desde hace años. Chevron reinvierte en Vaca Muerta lo que no puede remesar a su central exterior como utilidades por el cepo cambiario, bajo un contrato secreto con «precios especiales y garantías de utilidades” inconfesables que se sustraen de los controles estatales como si fueran otros «Sueños Compartidos”.
Para tomar decisiones responsables sin malversar los mandatos democráticos, es imprescindible conocer detalladamente el valor de los recursos hidrocarburíferos que se negocian. Si se abandona la posibilidad de contratar la extracción y se decide entregar concesiones,  habría al menos que «escuchar ofertas” con un régimen licitatorio competitivo, con auditorías externas de reservas y de cumplimiento fiables e independientes, con avales bancarios desde el inicio y con una redacción contractual sin ambigüedades que defienda el interés público y ofrezca verosímiles probabilidades de cumplimiento.
El gobierno actual ha elegido el camino de la discrecionalidad del «capitalismo de amigos”, apoyado en las mayorías circunstanciales de que dispone. Nuevamente elige para beneficiar a la irresponsable burocracia política que lo sostiene, la entrega del patrimonio de Río Negro, renovando concesiones de espíritu colonial, ilegales, con empresas de pésimos antecedentes internacionales en situación ruinosa. Empresas que saben aprovechar la extrema debilidad financiera y energética que nos ha generado irresponsablemente esta gestión y de una vocación negociadora pervertida. En Río Negro, un gobierno opaco de transición, fruto de una inesperada desgracia, experto en el arte de rendirse ante los poderosos y excederse en el uso abusivo del poder contra los jubilados, los menores de edad y las poblaciones vulnerables, ejecuta su postrera pantomima intentando despojarnos con su ánimo predatorio, hasta del futuro. Algún día tendrán que dar cuenta de ello».
Lic. Javier García Guerrero
Ex Auditor Principal de la Sindicatura General (SIGEN) de la Presidencia de la Nación Argentina

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