Opinión:  Sobre las políticas alimentarias locales

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Foto ilustrativa de archivo.
*Por Talia Bobadilla - Trabajadora Social e integrante de ETAP

Y es que… a problemas complejos no podemos pretender darles soluciones simples.

En la actualidad estamos frente a un fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto. Creciente número de desempleados, subempleados, cesantes prematuros. Esta situación, obliga a las familias a desplegar todas las estrategias a su alcance para poder cubrir las necesidades básicas, una de ellas es la alimentación.

La implementación de comedores comunitarios, nuevo proyecto que forma parte de las políticas alimentarias estatales en la localidad, coloca a las familias en una posición vulnerable. Les atribuye responsabilidad total por las problemáticas que los atraviesan, ya sea la falta de condiciones sociales como económicas adecuadas para la crianza de sus niños y niñas, desconociendo así las situaciones estructurales precarias en las que están inmersas.

El Estado como garante de derechos, debe generar dispositivos y acciones en concordancia con la normativa vigente. La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 4 y 7, sostiene que se debe garantizar el derecho a la convivencia familiar, es por esto, que el Estado debe fortalecer el rol de la familia en la efectivización de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora, brindando la asistencia apropiada (no asistencialismo) para que puedan cumplir con sus responsabilidades en la crianza y protección de los derechos de sus hijos/as.

Aunque se hable de “derechos”, este tipo de políticas focalizadas dirigidas a un sector de la población (en este caso niños y niñas de bajos recursos) solo se traduce en asistencialismo, donde “los pobres” no deben hacer más nada que aceptar dócilmente lo que les dan, colocándolos en una posición pasiva.

Por otro lado, la determinación de quienes deben ser los beneficiarios del programa, como del modo en que deben ser satisfechas las necesidades alimentarias,  denota la falta de reconocimiento de diferentes idiosincrasias y escala de prioridades, exponiendo solo juicios de valor políticos e ideológicos.

La caridad no es la solución, más bien, es un parche. Se debería abordar la problemática con una perspectiva de derechos, el derecho de todas las personas a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada, con criterio de largo plazo y planteando procesos ecológicos, tecnológicos, económicos, nutricionales, sociales y culturales.

La mejor política es la que favorece la autonomía de la comunidad, la que la corre de la dependencia pasiva del Estado, que le permite generar sus propios mecanismos para la reproducción cotidiana, en este caso, que tengan suficientes ingresos para comprar sus alimentos y la suficiente educación para elegir responsablemente.

No deberíamos quedarnos en esta mirada simplista y estigmatizante donde el discurso parece ser: “como no sabes administrar la caja con alimentos que te damos, te mostramos como tenés que alimentar a tus hijos/as por tres meses”. Se debe trabajar para que las personas tengan la posibilidad de llevar a su mesa alimentos que favorezcan su desarrollo saludable, y para que accedan a una educación alimentaria nutricional desde un abordaje comunitario, por supuesto, acompañado de políticas laborales que vayan más allá de la creación de empleos temporarios, precarios, escasos y poco remunerados (becas de duración de un mes).

Las políticas sociales deberían fomentar la construcción de ciudadanía y fortalecer la idea de derechos sociales, no generar más desigualdad e inequidad.

Por ello es que a problemas complejos las respuestas deben ser integrales, rápidas y en un marco de derechos.

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