Polémica por los controles a la planta de tratamiento de residuos especiales

Crédito VSN foto ilustrativa

La Asamblea Socioambiental de Catriel (ASC) emitió un duro comunicado denunciando graves incumplimientos legales del Poder Ejecutivo local y la Secretaría provincial de Medioambiente respecto a la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos especiales que se instaló en el km. 68,5 de la RN 151 y ya se encuentra operando.

La organización señala en el texto que el proyecto de “un megabasurero de 300 hectáreas” fue aprobado por la Secretaría de Medioambiente que dirige Dina Migani “con falta de transparencia sobre las posibles consecuencias para el ambiente y la población en el desarrollo de estas plantas”. Según remarca otro pasaje, se elevaron “múltiples notas” a la Secretaria de Medioambiente de Río Negro, a la Municipalidad de Catriel y al Concejo Deliberante pidiendo información sin obtener ninguna respuesta. La ASC sostuvo que “estas actitudes desestiman las más de 10.000 firmas para pedir un referéndum popular y la falta de respuesta a las inquietudes de vecinos y vecinas en la audiencia pública realizada el 31 de Marzo del año 2017”. Sostiene además que la planta, que pertenece a la familia Crexell, ya se encuentra en funcionamiento pero que las condiciones en las que opera son “desconocidas por falta de información”.

Otro punto que remarca con énfasis es que “la Carta Orgánica (CO) modificada por la Convención Constituyente y que entró en vigencia el 1 de enero del 2018 prohíbe este tipo de emprendimiento dentro el ejido de Catriel, Art 94 Inc.1, 2, 3 y aun así llevaron adelante este proyecto contradiciéndola” (Río Negro judicializó esos puntos de la nueva CO).

Por otra parte criticaron fuertemente el hecho de que Migani haya ofrecido integrar la comisión de seguimiento del proyecto a la ONG local Patrulla Ecológica por no contar con “antecedentes sobre intervenciones, seguimientos y control en proyectos de tratamiento de residuos especiales y disposición final” y desconocer si cuenta con “personal idóneo en la temática” para realizar un trabajo como el que se le asignó. “La gravedad del caso es que estamos ante una de las plantas más grandes de Sudamérica. Consideramos que la suma de estos actos son poco criteriosos y éticos, dejando en claro el desinterés por la voz ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de Catriel”, agregaron. Aseguraron que avalan también este reclamo entidades como FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Greenpeace Argentina y OPS (Observatorio Petrolero Sur).

Otro hecho que menciona el comunicado es el pasivo que dejó la empresa Greencor SA en el mismo lugar en el año 2014. En la audiencia realizada el 24 de marzo de 2017, ante la consulta de VSN, Migani reconoció que era “cierto que en ese lugar trabajó antes otra empresa que dejó un pasivo ambiental”, que la aprobación de ese convenio se hizo sin audiencia pública y aseguró que Crexell se haría cargo de remediarlo.

Desde la ASC señalaron que no hay información “sobre las acciones llevadas a cabo, ni documentación que acredite que el pasivo fue tratado ni las responsabilidades tanto de la empresa como de la operadora sobre esos residuos. Dejando en evidencia la falta de
control por parte de otros organismo del estado DPA y EDHIPSA, y el contralor de la Secretaría de Energía”.  Sostuvieron además que pese a haber presentado y enviado “múltiples notas” solicitando información, no obtuvieron respuesta favorable. Y remarcaron que “aún tenemos la cuestión de la habilitación municipal entregada posiblemente por el
intendente Carlos Johnston y la Sra Viviana Germanier -actualmente legisladora provincial- que fue sin cumplimiento de Audiencia Pública, pasando por encima de las competencias provinciales y los procedimientos administrativos correspondientes”.

Señalaron también que paralelo al proyecto de Crexel habrá otro basurero ya habilitado
por la SAyDS de menos dimensiones -45 hectáreas- perteneciente a la empresa Treater Neuquén S.A. “La misma está cuestionada en su accionar en días pasados con el fotoperiodista alemán Stefan Borghardt, de 28 años, quien fue entregado por la seguridad de la empresa a la policía provincial y, posteriormente detenido y golpeado. Esa empresa ya tiene un capítulo penal impulsado por la Confederación Mapuche de Neuquén, quién junto a Greenpeace la acusa de no cumplir con el cuidado ambiental y estar cometiendo delitos ambientales en su proceder. La justicia neuquina realizó un allanamiento y aún no se conocen los resultados del mismo”, indicaron.

Por último denunciaron que la Secretaría Medio-ambiente local fue creada “con seis meses de retraso” y que “no cuenta con presupuesto para el año 2019”. “Esto evidencia que solo ha interesado la forma, la pantalla, pero no se ha garantizado su funcionamiento. Esta secretaría sin presupuesto también formará parte de la comisión de seguimiento junto con la ONG Patrulla Ecológica, clara muestra del desinterés y la desidia de este gobierno (MOVIC), que continua la ciudadanía comprometiendo su futuro y bienestar”, remata el comunicado.

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