En un causa por usurpación, un juez civil ordenó a varios integrantes de una familia pagar casi un millón de pesos en concepto de capital reclamado por la parte querellante.

El juez cipoleño Fernando Corsiglia dispuso que tres personas de la familia Pardo-Villegas tienen que desembolsar 900 mil pesos para responder a intereses y costas del juicio. El magistrado les da cinco días hábiles para cumplir voluntariamente con lo ordenado.

En el fuero penal también hay una causa por el mismo hecho. Semanas atrás, se formularon cargos contra siete personas. Solo dos están implicados en ambas causas. Están imputados por desobedecer una orden judicial. Además a cuatro de ellos se le suma la acusación del delito de amenazas. El juez de garantías Marcelo Gómez dio por formulados los cargos por un hecho ocurrido en marzo de 2018 en Catriel.

Ahora las partes tienen cuatro meses para desarrollar la investigación previa a la audiencia de control de acusación donde se definirá si la causa llega a juicio. Según consta en un acta de la fiscalía el hecho aconteció el 13 de julio de 2018. Los integrantes de una familia, que reclama ese terreno como propio, no acató la orden del juez y por eso se llegó a esa instancia.

Durante la mañana hubo incidentes con los querellantes y por ese hecho, cuatro de las siete personas imputadas también serán acusadas por amenazas. La disputa por unos 8000 m2 de tierra entre dos familias de Catriel culminó con la orden de desalojo por parte de un juez civil.

El conflicto tiene su génesis en dos familias disputando por la titularidad de un terreno que está a nombre de Méndez. Según el relato de los que promueven el desalojo, hace algunos meses la familia Villegas usurpó y alambró el terreno. Los demandados, que tienen una parcela de similar superficie, aseguran ser dueño legítimos de las tierra. Sin embargo la parte demandante logró comprobar tener la titularidad de las tierras y por eso el juez civil ordenó el desalojo. Los acusados aseguran que hubo un engaño en la compra de la tierra.