El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló del Pacto de Mayo, firmado en julio, como «un espacio de diálogo necesario» tras un período de tensiones y acusaciones entre el gobierno nacional y las provincias. «Había empezado con insultos, agravios y acusando a los gobernadores de todos los males. Y ahora se puede dialogar», comentó Weretilneck.

El pacto, que incluye entre sus diez puntos cuestiones como el comercio internacional, la educación, el déficit fiscal y la reducción del endeudamiento, fue valorado por el gobernador por su alineación con los intereses de Río Negro. «Si no podemos vender nuestros productos, no tenemos destino», señaló Weretilneck, enfatizando la necesidad de abrir mercados para los productos rionegrinos. Además, mencionó que la firma del pacto refleja un consenso general sobre estos temas, a pesar de las diferencias que puedan existir en el terreno de la política pública. «Coincidimos en general, por si firmamos», sostuvo.

En el ámbito socioeconómico y ambiental, la firma del pacto y la instalación de una planta de Gas Natural Licuado en Río Negro son temas centrales. Weretilneck explicó que se están cumpliendo los pasos necesarios para que la provincia adhiera al régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI), lo que según el mandatario podría facilitar la llegada de inversiones extranjeras. Asimismo, destacó la competitividad del negocio del gas a nivel mundial y la necesidad de reducir costos. La construcción del oleoducto Vaca Muerta sur y la posible instalación de una planta de GNL en Sierra Grande representan dos proyecciones de crecimiento económico para la región, aunque también plantean desafíos ambientales que deberán ser gestionados con cuidado.

El Pacto de Mayo firmado por Weretilneck presenta varios beneficios y riesgos para Río Negro. Entre los beneficios destacan la seguridad jurídica y la confianza económica, el equilibrio fiscal que promueve la estabilidad económica, y una educación moderna que prepara a futuras generaciones. Además, la reforma tributaria y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos pueden mejorar la eficiencia del gasto gubernamental y la distribución de recursos entre provincias.

Sin embargo, estos beneficios vienen acompañados de riesgos significativos. La reducción del gasto público podría afectar servicios esenciales y programas sociales, mientras que la apertura al comercio internacional podría poner en riesgo industrias locales no preparadas para competir globalmente. Las reformas laboral y previsional, aunque necesarias para la sostenibilidad del sistema, podrían encontrar resistencia social y afectar a trabajadores y pensionados.

El séptimo punto del pacto, que se enfoca en la explotación de recursos naturales, ofrece un crecimiento económico importante y la creación de empleo en sectores como minería, petróleo y gas. No obstante, también conlleva riesgos ambientales significativos, como contaminación y pérdida de biodiversidad, además de posibles conflictos con comunidades locales y la dependencia económica de recursos no renovables, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo.