El anuncio de la intervención del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), ahora bajo el mando de Inés Liendo, genera preocupación y alarma en el ámbito agrario argentino. La designación de Liendo, una figura cercana al sector del PRO que responde a Maurici Macri y con un pasado familiar vinculado a la dictadura militar y al menemismo, despertó críticas y sospechas sobre los motivos reales detrás de esta medida.

El decreto 285/2024 formalizó la intervención del INAFCI y justificó la decisión acusando a los trabajadores del organismo de otorgar beneficios discrecionales a las familias productoras de alimentos. Como resultado, se anunció el despido de 900 trabajadores y trabajadoras, sumiendo al Instituto en una situación crítica. Si bien se informó públicamente el despido, ninguno de ellos recibió aún el telegrama con la notificación oficial. Sin embargo, durante el fin de semana, 700 de ellos fueron dados de baja de los sistemas de Gestión Documental Electrónica, mecanismo que utilizaban cotidianamente para hacer sus tareas. En Corrientes renovaron 64 contratos que vencían el 31 de marzo hasta el 30 de junio, pero no les pagaron los sueldos de marzo a los trabajadores del organismo.

Desde su creación como Subsecretaría, el INAFCI desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y apoyo de la Agricultura Familiar en Argentina. Es el organismo creado para acompañar a quienes producen la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen en el mercado interno, como verduras, frutas y carne. El Instituto impulsa a trabajar desde la agroecología y brinda asesoramiento técnico y social para favorecer el sector. Sin embargo, a lo largo de los años, sufrió vaivenes políticos y una falta de planificación que debilitaron su estructura y capacidad de acción.

El desmantelamiento del INAFCI representa una amenaza para la Agricultura Familiar en Argentina. Tanto es así, que la decisión de cerrarlo obligó a que hasta el lobby eclesiástico emprendiera una cruzada para evitar el desguace de este ente autárquico. Miles de familias rurales que dependen de esta actividad se ven afectadas por la falta de apoyo técnico y económico que brinda el Instituto. Sin las herramientas necesarias para sostener sus cultivos y mejorar su producción, estas familias podrían enfrentar dificultades económicas y sociales aún mayores en el contexto actual del país. Las y los técnicos que trabajan en el organismo acompañan a 250.000 productores y productoras en todo el territorio argentino. Y coinciden en señalar que ese sector es una barrera para el extractivismo que pretende avanzar sobre los territorios.

La resistencia al avance contrario a la agricultura familiar se vuelve cada vez más difícil en un sector desorganizado y desarticulado. Ante esta situación, la unidad y la acción conjunta de todos los actores involucrados en el sector se vuelven fundamentales para defender sus derechos e intereses. Este cierre podría tener un impacto negativo en el tejido social argentino, afectando a comunidades enteras que dependen de esta actividad para su subsistencia. La Agricultura Familiar no solo es una fuente de empleo y producción de alimentos, sino también un elemento clave en la identidad cultural y el desarrollo de las zonas rurales del país.

Mientras tanto, Liendo, como interventora, deberá elaborar un informe detallado sobre el estado del INAFCI y tomar medidas para su «racionalización». Incluye la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad y suspensiones. También tendrá entre sus competencias designar y remover a funcionarios. Las organizaciones sindicales denuncian que los despidos son una estrategia para desmoralizar a los trabajadores y destruir organismos dedicados al apoyo de la agricultura familiar, generando incertidumbre sobre el futuro del sector.

Liendo deberá disponer además una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles y su eventual destino. Y tendrá en sus manos la continuidad o no del instituto creado por ley. “En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, la Interventora informará al Ministerio de Economía el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado”, dice el decreto.