Durante la audiencia pública realizada en Cipolletti, en el ámbito de la Secretaría de Energía de Río Negro, la intendenta Daniela Salzotto planteó que este tipo de proyectos estratégicos deben traducirse en beneficios concretos para la comunidad local. En ese marco, sostuvo la necesidad de garantizar que al menos el 80% de la mano de obra sea cubierta por trabajadores de la ciudad, además de priorizar el compre local.
La jefa comunal remarcó que Catriel cuenta con mano de obra calificada y experiencia suficiente para integrarse a la obra, y que cada intervención en el territorio debe generar empleo, oportunidades y desarrollo para vecinos y vecinas. En la misma línea, representantes de la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) respaldaron el pedido de priorizar tanto el trabajo como las compras locales.
Según se informó, la obra comenzaría en enero y tendría una duración estimada de 18 meses. En ese contexto, se anunció una convocatoria impulsada por la empresa Techint para que comerciantes y proveedores interesados se inscriban como potenciales abastecedores, con demandas que van desde alimentos y agua mineral hasta herramientas, alquileres y servicios de limpieza.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) habilitó el período de preinscripción para su Oferta 2026, que incluye el Ciclo Secundario para Adultos con orientación en informática y nueve tecnicaturas superiores en áreas de gestión, salud, comunicación, turismo y tecnología. El trámite se realiza en forma online, desde el 10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, o hasta que se completen los cupos.
La propuesta está orientada principalmente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal, aunque el organismo aclara que pueden anotarse todas las personas que residan en Río Negro, quedando la admisión final sujeta a la disponibilidad de vacantes. Para las tecnicaturas se exige título secundario completo o constancia en trámite, domicilio en la provincia, constancia laboral en caso de ser agente estatal y no estar cursando otra carrera del IPAP. Para el secundario de adultos se requiere título primario.
Las cursadas se dictan con modalidad virtual. Cada carrera combina clases sincrónicas diarias vía videoconferencia, que comienzan a partir de las 16:00, y actividades asincrónicas disponibles en el campus académico, a las que se puede acceder en cualquier momento del día. El esquema busca facilitar la participación de quienes trabajan o viven lejos de los grandes centros urbanos.
Entre las tecnicaturas de la oferta 2026 figuran Gestión Administrativa, Administración de Servicios de Salud, Comunicación Social con orientación al Desarrollo y Nuevos Medios, Desarrollo de Software Full Stack, Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, Turismo y Gestión de Gobiernos Municipales, además de las propuestas en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Gestión del Capital Humano. Todas comparten el enfoque en modernización del Estado, gestión de servicios y respuesta a demandas del entorno productivo y social.
Las carreras presentan duraciones de 2 años y un cuatrimestre a 3 años, según el caso, con cargas horarias que van desde 1.616 a 2.300 horas reloj. La tecnicatura en Gestión Administrativa suma 1.648 horas de formación, Administración de Servicios de Salud tiene 1.708 horas, Comunicación Social alcanza 1.728 horas, Desarrollo de Software Full Stack registra 2.048 horas, Soporte de Infraestructura de TI llega a 1.952 horas, Turismo contabiliza 2.300 horas y Gestión de Gobiernos Municipales reúne 1.616 horas.
El plan de estudios de cada tecnicatura combina formación general, fundamentos teóricos, contenidos específicos y prácticas profesionalizantes. En Gestión Administrativa y Gestión de Gobiernos Municipales se detallan cuatro ejes formativos, mientras que en Atención de Servicios de Salud, Turismo, Comunicación, Desarrollo de Software y Soporte TI se describen módulos que integran herramientas de administración, planificación, tecnología y trabajo en campo. Todas las propuestas contemplan un perfil de egreso orientado a la mejora de procesos en el sector público y, en varios casos, también en organizaciones privadas y comunitarias.
Quienes completen la preinscripción en el SIU Guaraní deberán adjuntar la documentación personal escaneada y aguardar el correo de confirmación según los cupos disponibles. En caso de ser admitidos, participarán de un Ciclo Introductorio Virtual previsto para febrero de 2026; la inscripción definitiva a las carreras se formaliza una vez aprobado ese tramo inicial.
Ante más de 20 mil asistentes en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces, Marcelo Esteban Rucci inició un nuevo período como secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La conducción que comparte con Ernesto Inal como secretario general adjunto fue elegida en los comicios internos del 22 de julio, donde una lista única obtuvo el respaldo de más del 90% del padrón de afiliados. El mandato se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2029.
En el acto de asunción, Rucci describió una actividad marcada por jornadas largas, traslados y un balance que, según afirmó, incluye más de un centenar de fallecimientos desde el inicio del desarrollo no convencional. Apeló a esa experiencia para reclamar que el proyecto del Gobierno contemple la realidad de los equipos en campo y que las modificaciones no se traduzcan en pérdida de cobertura o de poder de negociación.
Mientras tanto, los borradores difundidos en medios nacionales detallan un esquema que incluye un sistema único de registración laboral, cambios en la responsabilidad de las empresas contratantes, bancos de horas, nuevas reglas de vacaciones, beneficios no remunerativos ampliados y una redefinición de los servicios esenciales durante conflictos. En ese escenario, el sindicato petrolero se posiciona con un mensaje que combina reconocimiento al crecimiento de la actividad y alerta por el impacto que puedan tener las reformas en la seguridad y estabilidad de sus afiliados.
Catriel será sede del nuevo curso de choferes de transporte de carga que comenzará en febrero de 2026. La propuesta combinará instancias presenciales y virtuales, con participación académica de la UNRN. El municipio habilitará una preinscripción para organizar la demanda local y regional.
El programa, con duración de tres meses, incluye requisitos específicos como el carnet E1, condición indispensable para los aspirantes. El cupo estimado alcanza a 60 personas, quienes accederán a certificación orientada a la inserción en empresas del rubro.
La iniciativa se enmarca en un acuerdo con la Municipalidad de Catriel y en la estrategia provincial del gremio de fortalecer la formación profesional vinculada al transporte.
La definición sobre quién operará Señal Picada – Punta Barda, en el oeste de Río Negro, continúa en pausa. Aunque YPF ya cedió su participación como parte del proceso de salida de campos maduros, el cambio de manos todavía requiere el aval del gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck. Esa decisión es particularmente relevante para Catriel, donde la actividad económica local está directamente ligada al desempeño de los yacimientos cercanos.
El peso del bloque no es solo geográfico. De acuerdo con los registros oficiales de 2019, Señal Picada cerró ese año con una producción de 4.124 barriles por día, mientras que el bloque completo Señal Picada – Punta Barda promedió 5.585 barriles diarios. Tomando como referencia un precio internacional en torno a los 60 dólares por barril, ese nivel de producción equivale a unos 2,03 millones de barriles anuales, con un flujo económico del orden de los 121 millones de dólares al año solo para el bloque.
Si se proyectan esos volúmenes a 2025 bajo escenarios de declino, el impacto sigue siendo considerable. Con una hipótesis conservadora de caída acumulada del 20% respecto de 2019, la producción anual estimada rondaría 1,63 millones de barriles, lo que representa cerca de 97 millones de dólares al año con precios similares. En un escenario más pesimista, con una merma del 40%, el bloque podría ubicarse en torno a 1,22 millones de barriles anuales, equivalentes a unos 73 millones de dólares. Aunque se trata de ejercicios estimativos, permiten dimensionar que aun con declino el área sigue moviendo decenas de millones de dólares por año.
La comparación con el cuadro provincial refuerza esa magnitud. Hoy Río Negro aporta alrededor de 21.000 barriles diarios, cerca del 2,8% de la producción nacional de petróleo convencional. El valor de un año de producción del bloque Señal Picada – Punta Barda en su pico reciente equivale a más de una cuarta parte de lo que genera actualmente todo el crudo rionegrino en un año.
En paralelo al debate por el futuro de Punta Barda, el contexto regulatorio también está en movimiento. El Gobierno nacional decidió poner fin a las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, a partir de un acuerdo sellado primero con Chubut y luego extendido a otras provincias productoras. El esquema prevé retenciones nulas por debajo de los 65 dólares, una escala del 0 al 8% entre 65 y 80 dólares, y una alícuota del 8% por encima de ese rango.
En ese tablero, Río Negro mantiene una postura más cautelosa y analiza el impacto fiscal y político antes de definir si se suma al nuevo régimen. La provincia, que discute a la vez temas de infraestructura, financiamiento y reformas laborales con la Nación, evalúa cómo articular la eventual baja de retenciones con sus propias políticas de regalías y cánones en áreas maduras.
El debate no se limita al plano fiscal. El 14 de noviembre, la secretaria de Hidrocarburos rionegrina, Mariela Moya, participó en Buenos Aires de una reunión del comité ejecutivo de la OFEPHI, donde las provincias productoras y representantes empresariales analizaron propuestas para sostener la producción convencional. Allí se discutió un posible régimen de incentivos, con foco en competitividad, actividad y empleo en todas las cuencas.
Al mismo tiempo, el mapa empresarial del convencional se reacomoda. Petróleos Sudamericanos viene ampliando su presencia en cuencas maduras: recientemente adquirió el 30% que Compañía General de Combustibles (CGC) tenía en las áreas La Ventana y Río Tunuyán, en Mendoza, y pasó a operar el 100% de esas concesiones. El acuerdo, firmado el 3 de noviembre con vigencia desde el 1°, incluyó un pago de 30.000 dólares más IVA y un saldo equivalente a 40.000 barriles de petróleo a liquidarse en 48 meses, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.
Esa operación se suma al traspaso de seis áreas mendocinas —Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán— que el gobierno de Mendoza ya autorizó en el marco del Plan Andes, el programa con el que YPF ordena la salida de campos maduros. Con esas decisiones, Petróleos Sudamericanos consolidó un esquema operativo sin socios en parte del norte mendocino.
El contraste con la situación de Punta Barda es evidente: mientras otras jurisdicciones completan sus traspasos y ajustan sus marcos fiscales para retener inversiones, en Río Negro sigue pendiente la definición sobre uno de los bloques que más aportó a la producción provincial en la última década. Para Catriel, el resultado de esa decisión marcará en buena medida el volumen de trabajo disponible para contratistas, proveedores y mano de obra local en los próximos años.
En un escenario donde el convencional busca recuperar competitividad frente a Vaca Muerta, y donde la Nación y las provincias negocian incentivos y retenciones, el futuro de Señal Picada – Punta Barda será una pieza central para entender cómo se reordenará la actividad en el oeste rionegrino y qué rol asumirán las empresas que hoy apuestan a extender el ciclo de los campos maduros.
Un fallo judicial dictado en Cipolletti condenó a la empresa Service Petróleo Sud SRL por despedir sin causa a un trabajador petrolero que atravesaba un tratamiento médico. El empleado se encontraba con licencia por prescripción profesional tras ser diagnosticado con un cuadro de depresión. Según el tribunal, el despido se concretó pocos días después de que el hombre presentara el primer certificado médico.
La sentencia estableció que el vínculo laboral, iniciado en agosto de 2021, era de tiempo indeterminado y que el trabajador había comenzado como ayudante bajo el convenio petrolero, para luego asumir mayores responsabilidades, incluyendo tareas de compras para la firma.
Durante el proceso se incorporó documentación médica, intercambios formales entre las partes y testimonio directo que permitieron al juzgado tener por acreditado tanto el vínculo como la condición del trabajador al momento de la desvinculación.
La empresa no acreditó haber abonado salarios durante los meses de licencia médica —entre octubre y diciembre de 2023— ni el aguinaldo correspondiente al segundo semestre de ese año, ni las vacaciones proporcionales. Por ello, deberá pagar los montos adeudados y también indemnizaciones por despido sin causa: preaviso, antigüedad y el incremento adicional por falta de pago en término.
Además, la firma fue sancionada por no entregar los certificados laborales exigidos al finalizar la relación. La intimación previa enviada por el trabajador, que no fue respondida, habilitó la condena prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.
Service Petrole Sud SRL no se presentó al juicio, lo que derivó en una declaración de rebeldía y en la presunción favorable al relato del trabajador.
La sentencia fija un plazo de diez días para el pago total, que incluirá intereses determinados según los criterios del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Las costas del proceso también quedaron a cargo de la empresa.
La distribuidora eléctrica EdERSA comunicó que hoy, viernes 7/11, realizará tareas de mantenimiento en la línea de media tensión de Catriel entre las 9:00 y las 10:00. Por ese motivo se aplicará un corte programado de energía que alcanzará Colonia Ovejero.
Desde la empresa solicitaron a los usuarios de la zona adoptar precauciones básicas de seguridad durante el lapso de trabajo. “Se trata de un corte programado para ejecutar mantenimiento en media tensión”, indicaron. El operativo se concentrará en el horario anunciado y se restablecerá el servicio una vez finalizadas las tareas, según la información oficial difundida por EdERSA.
La Cámara del Trabajo de Cipolletti condenó a las empresas Pecom Servicios Energía S.A. y Galeno ART S.A. a pagar en forma solidaria una indemnización de $668.513.513,84 a un trabajador petrolero de Catriel por un accidente laboral ocurrido en 2016.
El tribunal, integrado por los jueces María Marta Gejo, María Adela Fernández y Mauro Marinucci, resolvió que tanto la empleadora como la aseguradora son responsables del siniestro por falla en el sistema de seguridad del camión petrolero y falta de controles preventivos. La sentencia, dictada el 1° de julio de 2025, ordena además el pago de intereses e impone las costas del proceso a ambas demandadas.
Según el fallo, el trabajador, quien llevaba casi una década desempeñándose en tareas de montaje y maniobra de equipos pesados, sufrió una importante lesión cuando el malacate del camión en el que trabajaba se activó de forma inesperada. Los testigos confirmaron que el sistema carecía de pulsador de emergencia y que no había señal sonora o lumínica que advirtiera su funcionamiento.
El tribunal determinó que el camión constituía una “cosa riesgosa” y que la empresa no acreditó haber realizado capacitaciones específicas ni mantenimientos adecuados. Asimismo, responsabilizó a Galeno ART por no haber controlado las condiciones de seguridad ni impartido cursos de prevención en los años previos al accidente.
Las pericias médicas establecieron que el hombre afectado padece una incapacidad física y psíquica del 65,84%, producto del daño funcional en su mano y de un trastorno emocional derivado del hecho. El fallo consideró probado que la lesión afectó tanto su desempeño laboral como su calidad de vida, al ser el sostén económico de su familia.
La sentencia aplica el Código Civil y Comercial y dispone el resarcimiento integral del daño físico, moral y patrimonial. Además, fija honorarios profesionales y periciales por más de $330 millones en total.
El fallo, que puede ser apelado, marca un precedente de peso en la industria petrolera regional, al reafirmar la obligación de las empresas y aseguradoras de garantizar entornos de trabajo seguros y prevenir accidentes derivados del uso de maquinaria pesada.
El secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, encabezó el pasado jueves una multitudinaria asamblea en Añelo donde anunció la ampliación de beneficios para los trabajadores del sector. Según informó el gremio, se alcanzó un acuerdo con la Cámara Empresaria de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que eleva el adicional por zona desfavorable al 85%, cinco puntos más que lo establecido en 2022.
Además, Rucci confirmó la firma de un convenio con YPF y Tecpetrol que incorpora un seguro por siniestros laborales y de vida. El esquema garantiza la continuidad de ingresos por un período de cinco años para el trabajador en caso de accidente grave, o para su familia en caso de fallecimiento.
“Lo dijimos siempre: la dignidad no se negocia. Conseguimos que la zona llegue al 85% y que, si hay un siniestro grave, la familia del trabajador tenga la tranquilidad de un salario por cinco años. Eso no es un favor: es justicia”, sostuvo Rucci ante los afiliados.
El dirigente advirtió, sin embargo, que el gremio exigirá que todas las operadoras de la Cuenca Neuquina se sumen al acuerdo: “Algunas empresas firmaron; otras todavía no. Si no lo hacen, nos van a tener en los yacimientos, porque el costo de implementación son monedas comparado con la vida y la tranquilidad de una familia”, remarcó.
Durante la asamblea, el secretario general también destacó el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, quien dispuso medidas fiscales para sostener la actividad convencional y reincorporar a unos 800 despedidos.
El encuentro, que según el sindicato reunió a más de 20.000 trabajadores, también sirvió como escenario político: Rucci presentó oficialmente el partido Fuerza Neuquina y Federal, espacio que preside tras su alejamiento del Movimiento Popular Neuquino. El dirigente aclaró que la fuerza no competirá en las elecciones nacionales de este año, pero sí proyecta participar en los comicios provinciales de 2027.
Con los acuerdos anunciados, el gremio busca consolidar mejoras en las condiciones laborales y de seguridad, al tiempo que abre un nuevo capítulo en la vida política de su principal referente.
El martes por la noche un grupo de empleados se concentró frente a las instalaciones de San Antonio para visibilizar la situación. Según informaron los delegados, los trabajadores fueron notificados telefónicamente y de inmediato se puso en conocimiento al Sindicato de Petroleros Privados.
En el lugar se hizo presente Miguel Díaz, integrante de la comisión directiva del gremio, acompañado por el delegado de Trabajo local, Claudio González. Díaz remarcó que “aquí ningún compañero va a perder el trabajo. Aquí hay un conflicto entre San Antonio y CBS. Quieren traer a otra empresa para reemplazar a los trabajadores. Nosotros siempre vamos a defender las fuentes de trabajo”.
El dirigente instó a los empleados a permanecer en el lugar hasta obtener definiciones. En ese sentido, este miércoles a las 9 se programó una reunión en Neuquén de la que participarán representantes de la empresa, la contratista, el sindicato y autoridades laborales para intentar destrabar el conflicto.
La protesta en Catriel se enmarca en una serie de despidos que alcanzaron a distintos puntos de la cuenca en los últimos días, lo que mantiene en alerta al gremio y a las familias de los trabajadores involucrados.
