EdERSA solicita un aumento del 13% en la tarifa de luz en Río Negro: convocan a audiencia pública

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de Río Negro convocó a una audiencia pública virtual para el 31 de marzo con el objetivo de analizar el pedido de aumento tarifario presentado por la distribuidora EdERSA. La empresa solicita un ajuste del 13% en la tarifa media, argumentando incrementos en costos operativos y la necesidad de inversiones extraordinarias para la restitución del servicio tras eventos climáticos adversos.

La audiencia, convocada mediante resolución del EPRE el 26 de febrero, se llevará a cabo desde la sede central del ente regulador en Cipolletti, ubicada en 9 de Julio 174, y comenzará a las 10 horas. La participación será exclusivamente de manera virtual o remota. Los interesados en exponer deberán inscribirse previamente en la web del EPRE (www.eprern.gov.ar), mientras que los oyentes podrán seguir la transmisión sin inscripción.

EdERSA argumenta que la suba es necesaria debido al incremento en los costos de materiales esenciales como transformadores, medidores y cables. También destaca que los eventos climáticos recientes, como el temporal en el Alto Valle con epicentro en Allen y Fernández Oro, y los incendios en El Bolsón, provocaron daños severos en la infraestructura eléctrica. La reposición de postes, cables y transformadores, sumada a los operativos de emergencia para restablecer el servicio, representó una inversión extraordinaria que, según la empresa, no ha sido contemplada en la tarifa actual.

El presidente del EPRE, Juan Justo, explicó que la audiencia servirá para evaluar detalladamente los fundamentos del pedido y brindar un espacio de participación a los usuarios. Aunque EdERSA plantea un ajuste del 13%, el organismo regulador deberá analizar el impacto real en las tarifas para garantizar la sustentabilidad del servicio sin afectar la economía de los hogares.

Tarifas de luz y gas en Río Negro y Neuquén: entre las más altas del país

El pedido de EdERSA se da en un contexto en el que las tarifas de luz y gas en Río Negro y Neuquén ya figuran entre las más altas del país. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), la factura promedio de electricidad para un usuario residencial de altos ingresos (N1) alcanza los 85.170 pesos en Río Negro y 90.757 pesos en Neuquén, valores que superan ampliamente el promedio nacional de 58.164 pesos.

Uno de los principales factores que explican esta diferencia es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa una parte sustancial de la factura. En Río Negro, el VAD es de 17.800 pesos por megavatio-hora (MWh), mientras que en Neuquén se ubica en 18.300 pesos, ambos por encima del promedio nacional de 15.200 pesos. En comparación, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el peso del VAD es menor, la tarifa promedio para usuarios N1 es de 37.122 pesos.

El gas también muestra costos elevados en la región. A pesar de la cercanía con los yacimientos de producción, los gastos de transporte y distribución impactan en las tarifas. En marzo de 2025, el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se ubicó en 3,80 dólares por millón de BTU (MMBTU), con facturas promedio de 25.900 pesos en Río Negro y 27.100 pesos en Neuquén para usuarios N1, cifras superiores al promedio nacional de 20.492 pesos.

Según el informe del IIEP, en estas provincias el VAD y los costos de transporte explican más del 50% del precio final en las facturas residenciales. Para los usuarios de ingresos medios (N3), el VAD representa el 42% de la factura total, mientras que en los hogares de ingresos bajos (N2) alcanza el 55%.

El alto costo de la energía en la Patagonia responde a la extensa infraestructura de distribución, la menor densidad de usuarios por kilómetro de red y el impacto de factores climáticos en la operación del servicio. Con este escenario de tarifas elevadas, la audiencia pública del 31 de marzo será clave para definir el futuro del cuadro tarifario en Río Negro.

Edersa desmintió a legislador por una denuncia sobre tasas

La distribuidora eléctrica EdERSA desmintió las declaraciones del legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien había denunciado que la empresa aplicó tasas «usureras» a un usuario de General Roca en una refinanciación de deuda. La compañía aseguró que el diputado incurrió en un «grave error» y sostuvo que la persona en cuestión había sido multada por una conexión ilegal sin medidor.

El gerente comercial de EdERSA, Fernando Salice, explicó que el usuario señalado por Delgado Sempé fue detectado con un hurto de energía y que la sanción aplicada está contemplada en el Contrato de Concesión. «El legislador, sin querer o de manera deliberada, defendió a una persona que venía robando energía hace mucho tiempo», afirmó el directivo. También destacó que estos hechos revisten «gran gravedad» por el riesgo que implican para la seguridad pública.

Sobre el monto de la factura cuestionada, Salice explicó que la refinanciación mencionada por el legislador responde al esquema de cuotas para el pago de la multa y no a un esquema de intereses abusivos. Además, aseguró que la tasa de interés por financiación aplicada por EdERSA es «la más baja del mercado» y que los usuarios pueden optar por otros mecanismos externos para afrontar sus deudas.

Por su parte, Delgado Sempé había denunciado que un usuario de Roca solicitó la refinanciación de una factura de $97.000 y que EdERSA le aplicó intereses por $550.342, lo que representaría un incremento superior al 400%. «EdERSA actúa con total impunidad, aplicando tasas usureras a familias que apenas pueden afrontar el costo del servicio», había manifestado el diputado. Sin embargo, la empresa sostuvo que esa afirmación es errónea y que el monto corresponde a la penalización por fraude eléctrico.

Entre Lomas: eligen delegados para Aconcagua y piden más mano de obra local

El sindicato de Petroleros Privados brindó una charla informativa en la que se confirmó que, en las próximas semanas, se elegirán delegados en los yacimientos de Entre Lomas y Medanito, operados por la empresa Aconcagua Energía. Durante el encuentro, se abordaron temas laborales clave, como el cierre de las paritarias y la situación de los trabajadores en la región.

Los referentes gremiales informaron que las negociaciones salariales serán en abril y anunciaron que se logró un bono de $300.000 mensuales para los meses de enero, febrero y marzo. La empresa tiene plazo hasta el 15 de marzo para depositar $600.000 correspondientes a los primeros dos meses y los $300.000 restantes se pagarán junto con los haberes de marzo.

Uno de los puntos de conflicto planteados en la reunión fue la contratación de trabajadores provenientes de otras provincias, especialmente de Mendoza. Según denunciaron algunos empleados, cada vez son más los operarios administrativos y choferes que llegan desde fuera de la región, desplazando a la mano de obra local. “Están trayendo mucha gente de afuera, sobre todo de Mendoza. Muchos compañeros se están quejando de esto y el gremio lo está planteando, pero no están escuchando los pedidos”, señaló una fuente del sector hidrocarburífero.

Tensión laboral y reclamos de desocupados

El reclamo por mayor presencia de trabajadores locales en la industria petrolera no es nuevo. En enero de este año, un grupo de desocupados autoconvocados bloqueó el acceso al yacimiento Entre Lomas en protesta por supuestos incumplimientos laborales y falta de oportunidades para trabajadores de la región. Ante esta medida, Aconcagua Energía desmintió las acusaciones y aseguró que el 83% de su personal en la provincia proviene de Catriel, remarcando su «compromiso con la contratación local y el impacto positivo de sus operaciones en la economía de la ciudad».

El conflicto sigue latente y tuvo un nuevo capítulo el 12 de marzo, cuando se realizó una reunión en la que participaron 70 personas de los grupos de desocupados para definir los próximos pasos de su reclamo. Durante el encuentro, se consolidó el liderazgo de Alejandra Ávila, Sebastián Guzmán, Ariel Mansilla y Néstor Sánchez como referentes del movimiento, y se anunció que en los próximos 10 días podrían intensificarse las medidas de protesta.

En este contexto de creciente tensión laboral, la elección de delegados en los yacimientos de Aconcagua Energía será clave para canalizar las demandas de los trabajadores y definir el rumbo de las negociaciones con la empresa.

El contexto de los yacimientos Entre Lomas y Medanito

Por su parte, el yacimiento Medanito, ubicado a 20 kilómetros de Catriel, es uno de los más antiguos y relevantes de la provincia. Allí se perforó el primer pozo en 1962 y, en 2022, la empresa Petróleos Sudamericanos realizó tres nuevas perforaciones para optimizar la producción. Actualmente, la operatoria del yacimiento está a cargo de Aconcagua Energía. Se caracteriza por la extracción de petróleo liviano, proveniente de la formación Vaca Muerta, lo que plantea desafíos comerciales y técnicos para su exportación.

Oportunidad laboral en Catriel: buscan carnicero para incorporarse de inmediato

Una carnicería de Catriel abrió una búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Se trata de la carnicería Carpocer, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 1132, que requiere un carnicero con disponibilidad inmediata.

Las personas interesadas en el puesto pueden presentarse directamente en el comercio para obtener más información sobre los requisitos y condiciones del empleo.

Renuevan concesión petrolera cercana a Catriel: Tecpetrol manejará Agua Salada hasta 2035

El Gobierno de Río Negro acordó con Tecpetrol la extensión de la concesión del área Agua Salada, ubicada a 50 kilómetros al sur de Catriel. El contrato, que prolonga la explotación hasta 2035, será enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento.

La secretaria de Energía, Andrea Confini, destacó que la renovación forma parte de la estrategia para garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en la provincia. El área Agua Salada aporta actualmente el 20% del gas producido en Río Negro.

El acuerdo también incluye compromisos de inversión, con la perforación de nuevos pozos programada para 2026, en un esfuerzo por sostener y potenciar la actividad en la región.

Petróleo en la mira: Río Negro extiende concesiones y se enciende el debate

La Legislatura de Río Negro aprobó la prórroga por diez años de dos contratos de concesiones hidrocarburíferas en la provincia. Ambas iniciativas fueron sancionadas por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra en el caso del acuerdo con la empresa Petróleos Sudamericanos SA para la explotación de las áreas “Barranca de los Loros”, “El Santigueño”, “Bajo del Piche” y “El Medanito”. La segunda concesión, que involucra a las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JCR SA en las áreas “Centro Este” y “Loma Montosa Oeste”, obtuvo 30 votos afirmativos y 15 negativos.

La legisladora oficialista Lorena Yensen explicó que los contratos corresponden a explotaciones de pozos maduros ubicados en el norte de la provincia y detalló que el primer acuerdo prevé una inversión de casi 70 millones de dólares, mientras que el segundo contempla 26 millones de dólares. Además, se estableció un aporte complementario del 3% mensual sobre la producción de gas y petróleo, que se suma al 12% de regalías. También se incluyeron aportes para infraestructura en educación y salud por 966 mil dólares en el primer contrato y 400 mil dólares en el segundo.

El bono de prórroga que las empresas pagarán a la provincia asciende a 4,8 millones de dólares en el primer caso y 2 millones en el segundo. Yensen destacó que Río Negro es la única provincia que coparticipa este bono con los municipios, asegurando que el gobierno mantiene una mirada “municipalista” en la distribución de los fondos.

Desde la oposición, hubo fuertes críticas a la falta de un seguro de caución ambiental en el acuerdo. Legisladores del bloque Pro Unión Republicana, como Juan Murillo y Juan Martín, manifestaron su rechazo por la ausencia de esta garantía, señalando que la ley provincial exige su inclusión. Martín aseguró que si bien su espacio no es “fundamentalista” en materia ambiental, sí exige que “se cumpla la ley” en lo que respecta a la protección de los recursos naturales.

Por su parte, Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, también votó en contra y cuestionó que la inversión acordada es considerablemente menor a la de la renegociación de 2015, cuando se pactaron 361 millones de dólares, un bono de 9 millones y un aporte social de 1,8 millones de dólares. Según la legisladora, la cifra actual es de 96 millones en total, con un bono y aportes reducidos a 8,2 millones. Además, criticó que al optar por una prórroga, el gobierno evitó la convocatoria a audiencias públicas y la evaluación del cumplimiento de compromisos ambientales y laborales previos.

Desde el oficialismo, Facundo López defendió los contratos y aseguró que la ausencia del seguro de caución ambiental no representa una irregularidad, ya que ninguna provincia petrolera lo aplica. Explicó que la normativa vigente establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente definen estas regulaciones. López destacó que el acuerdo permitirá mantener la producción en pozos convencionales, sostener el empleo en pequeñas y medianas empresas del sector y garantizar fondos para obras en los municipios.

El impacto de la prórroga de los contratos petroleros también generó debate en Catriel, uno de los municipios directamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La intendenta Daniela Salzotto valoró la decisión de la Legislatura y la consideró una oportunidad para exigir el cumplimiento del 80/20 en la contratación de mano de obra local y fortalecer la participación de proveedores catrielenses en la industria. «Hay que seguir exigiendo que cualquier empresa que se radique dé prioridad a los trabajadores de la ciudad», enfatizó, señalando que mantiene contacto con los gremios para coordinar estrategias conjuntas en este sentido.

Por otro lado, la concejala Juana Cárdenas (JSRN) planteó una visión crítica respecto al uso que el municipio podría darle a estos fondos. Aseguró que muchas de las obras anunciadas por Salzotto dependen de los recursos provenientes de la prórroga de los contratos petroleros y advirtió que aún no hay detalles claros sobre su ejecución. En este contexto, también cuestionó el discurso de la intendenta en la apertura de sesiones ordinarias, al considerarlo más un balance de gestión que una presentación de planes concretos para el año en curso.

La prórroga de estas concesiones sigue generando debate tanto en la Legislatura como en los municipios petroleros, donde los distintos sectores políticos discuten sobre su impacto en el empleo, la inversión y el desarrollo local.

Contratos petroleros: Río Negro define el futuro de seis áreas clave

Este viernes, la Legislatura de Río Negro tratará la prórroga de concesiones petroleras en seis áreas de explotación ubicadas en el norte de la provincia. Los acuerdos involucran a las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JRC SA, y contemplan inversiones por 95,69 millones de dólares, además de un aporte adicional de 8,2 millones de dólares destinado al desarrollo social.

En la jornada previa, las secretarias de Hidrocarburos y de Ambiente y Cambio Climático, Mariela Moya y María Judith Jiménez, expusieron ante un plenario de comisiones los detalles de los convenios firmados en enero por la titular de Energía, Andrea Confini. Durante la reunión, se abordaron aspectos relacionados con la explotación y el estado de la remediación ambiental. Según informaron las funcionarias, entre el 80% y el 85% de los pozos han sido remediados y el plazo para completar el proceso se extiende hasta 2027. También señalaron que las empresas han priorizado la contratación de mano de obra local, un punto que ha cobrado relevancia en el marco del conflicto con las firmas que construyen el oleoducto Vaca Muerta Sur.

Las concesiones en debate incluyen las áreas Centro Este, Loma Montosa Oeste, Bajo del Piche, Barranca de los Loros, El Medanito y El Santiagueño, donde la actividad es mayormente petrolífera. La discusión en la Legislatura tiene implicancias directas en la actividad económica de la provincia y en localidades con una fuerte vinculación con el sector hidrocarburífero, como Catriel.

En la misma sesión, los legisladores tratarán modificaciones en los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Administrativo de la provincia, tras la detección de inconsistencias normativas en las leyes aprobadas el año pasado. También está prevista la evaluación de la propuesta para designar a Gastón Renda como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas, en reemplazo de Pedro Sánchez.

Vaca Muerta Sur: se destraba el conflicto y prometen empleo rionegrino ¿Llegará a Catriel?

El conflicto laboral que mantenía paralizada la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur fue resuelto este martes 25 de febrero tras un acuerdo entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el consorcio Techint-Sacde e YPF. La negociación, realizada en la delegación de la Secretaría de Trabajo en Cipolletti, estableció el cumplimiento del cupo del 80% de empleo rionegrino en la obra.

El acuerdo contempla la incorporación inmediata de 30 trabajadores en un plazo de 48 horas y la posibilidad de sumar más personal en los días siguientes. También se definió un mecanismo para evitar nuevos conflictos: las empresas deberán responder a cualquier reclamo gremial en un plazo máximo de tres días, y la UOCRA deberá notificar con antelación cualquier medida de fuerza.

El conflicto se originó cuando el gremio denunció el incumplimiento del cupo de empleo local, lo que derivó en un bloqueo al acceso del campamento en Chichinales, donde se acopian los materiales para la obra. La medida de fuerza incluyó la interrupción de actividades en el sector y la intervención de fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la compensación a los trabajadores afectados por la protesta. Finalmente, se acordó un pago extraordinario para mitigar el impacto económico en los obreros que no pudieron trabajar durante la medida de fuerza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, intervino en el conflicto denunciando públicamente el incumplimiento de la normativa sobre empleo local. Intendentes de Chichinales, Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo respaldaron el reclamo y exigieron garantías en la contratación de trabajadores rionegrinos.

En paralelo, en Catriel persiste la incertidumbre sobre la llegada de nuevas oportunidades laborales a la ciudad. En enero de este año, un grupo de trabajadores desocupados se manifestó frente a la sede local de la UOCRA exigiendo empleo en la industria petrolera y de la construcción. Durante la protesta, denunciaron que las empresas contratistas continúan incorporando personal de otras provincias, afectando la posibilidad de inserción de la mano de obra local.

Mientras la obra avanza, el impacto económico comienza a sentirse en la región. En Chichinales, el campamento en construcción ya generó un aumento en la demanda de servicios, incluyendo viandas, transporte y alquileres de viviendas. Comerciantes y proveedores locales reportan una mayor actividad en distintos sectores.

Con el acuerdo firmado, las tareas en Vaca Muerta Sur se reanudan y el sector de la construcción retoma su ritmo en la provincia.

Weretilneck contra las petroleras: «O cumplen o se van»

El conflicto por la contratación de mano de obra local en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur escaló este viernes con una protesta de la UOCRA en Chichinales. El gremio bloqueó el ingreso de trabajadores foráneos al obrador en línea con el reclamo que un día antes encabezó el gobernador Alberto Weretilneck. “Ningún foráneo ingresa”, advirtió un dirigente gremial, denunciando que solo 23 trabajadores locales fueron contratados en la obra.

La medida es liderada por la seccional de Villa Regina y se produce luego de que el Gobierno rionegrino exigiera a Techint, Sacde e YPF que cumplan con la normativa provincial, que obliga a que el 80% del personal contratado sea de la provincia. Weretilneck fue contundente: “Si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará”.

El jueves, en una audiencia con funcionarios provinciales y representantes de las empresas, se remarcó que no solo hay incumplimientos en la contratación de trabajadores rionegrinos, sino también en la aplicación del Compre Rionegrino, que prioriza a proveedores locales en la compra de bienes y servicios. Las empresas se comprometieron a corregir la situación, pero la UOCRA decidió pasar a la acción directa hasta que haya soluciones concretas.

Este reclamo se suma a las demandas históricas de la comunidad de Catriel, donde desocupados, trabajadores, empresarios locales y hasta la intendencia local denuncian desde hace tiempo que las operadoras incumplen la Ley 4818, que prioriza la contratación de residentes. En un contexto de creciente desempleo en la región, la presión sobre las petroleras y contratistas es cada vez mayor.

Mientras tanto, el Gobierno de Río Negro también busca cobrar regalías sobre el petróleo que pasará por el oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra clave de 2.700 millones de dólares que convertirá a Sierra Grande en el principal puerto exportador de crudo del país. La iniciativa choca con la postura de YPF y sus socios, que rechazan este cobro por considerarlo inédito en Argentina.

Las petroleras argumentan que un nuevo fee impactaría en el flujo de fondos del proyecto y dificultaría el financiamiento internacional. Sin embargo, en comparación con las ganancias proyectadas por la exportación de crudo, la regalía que reclama Río Negro representa un porcentaje ínfimo. Además, la provincia aún no cedió el lote fiscal donde se instalará la terminal portuaria, lo que le otorga margen de negociación.

Con las obras adjudicadas y algunos trabajos comenzados, por ahora el conflicto está lejos de resolverse. Mientras la UOCRA bloquea el ingreso de trabajadores foráneos y Weretilneck endurece su postura, las empresas enfrentan un escenario de creciente tensión en la provincia.

Último día: hoy cierra la inscripción al IPAP en Catriel

Este viernes 21 de febrero es la última oportunidad para inscribirse en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) en Catriel. La convocatoria está abierta para quienes deseen finalizar el nivel secundario o inscribirse en una tecnicatura superior con inicio en 2025.

Para inscribirse, los interesados deben enviar un correo electrónico a recursoshumanos@catriel.gob.ar con los siguientes datos:

Nombre y apellido

DNI

Localidad (Catriel, RN)

Nivel educativo alcanzado

Nombre de la tecnicatura o nivel secundario que desean cursar

También es posible realizar la inscripción de manera presencial. Para ello, se debe acudir a la Municipalidad de Catriel en horario matutino y entregar los datos en Mesa de Entrada.

La oferta académica incluye tecnicaturas en sectores estratégicos como Petróleo, Energías Renovables, Operaciones Mineras y Seguridad e Higiene, además de opciones en el área de la salud como Enfermería, Agente Sanitario, Administración de Servicios de Salud y Acompañamiento Terapéutico. También hay propuestas en Desarrollo de Software, Gestión de Gobiernos Municipales, Turismo, Comunicación Social y Comercio Exterior, entre otras.

Quienes quieran acceder a una formación con salida laboral en la región tienen hasta hoy para inscribirse.