El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto; y el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, encabezaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el deterioro de la Ruta Nacional 151. El planteo judicial busca que se repare de forma urgente el tramo rionegrino de la traza, entre Cipolletti y el límite con La Pampa, denunciando que su abandono pone en riesgo derechos fundamentales y perjudica a sectores estratégicos de la región.
La presentación, avalada también por la Defensoría del Pueblo, intendentes del Alto Valle Oeste y cámaras empresariales, fue admitida por el Juzgado Federal de General Roca. El tribunal ya corrió vista al Estado Nacional, que tiene once días para responder el fondo de la demanda, y cinco días para pronunciarse sobre las medidas cautelares.
El amparo solicita que se declare la responsabilidad de Nación por la falta de mantenimiento y se ordene la reparación integral de 150 kilómetros de ruta. Además, exige medidas urgentes como señalización adecuada, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, mientras se define el plan de obras.
Según el escrito, la situación impacta en múltiples niveles: el acceso a la salud pública —con más de 576 traslados sanitarios por esa vía en lo que va de 2025—, el sistema educativo —afectando a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas—, y las principales actividades productivas de la provincia, entre ellas la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera. Esta última, clave en la zona, representa el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
La acción también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial. Pese a que por ley el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, los fondos habrían sido desviados, lo que deja a rutas como la 151 en estado crítico.
La presentación legal cita normas constitucionales, tratados internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley de Amparo (16.986), la Ley de Tránsito (24.449) y jurisprudencia vigente.
Además de Weretilneck, Salzotto y Arceo, firmaron el amparo la defensora del Pueblo Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los representantes de cámaras empresariales José Bunter (Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti) y Federico Paolo (Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro).
Desde el Ejecutivo rionegrino remarcaron que esta acción judicial constituye un “paso firme” para defender los derechos de los habitantes y garantizar condiciones seguras en una ruta nacional que cumple funciones vitales para el desarrollo regional.
