La Justicia Federal otorgó el reconocimiento definitivo al partido Fuerza Neuquina y Federal, el espacio político ligado al sindicato Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que conduce Marcelo Rucci. La resolución fue firmada el 16 de diciembre de 2025 por la jueza federal Carolina Pandolfi, luego de un trámite que, según se informó, se extendió por casi 15 meses.
De acuerdo con los fundamentos mencionados, el partido presentó 3.365 electores afiliados, por encima del umbral mínimo de 2.280 requerido. También se indicó que se cumplieron instancias formales vinculadas a la designación de autoridades definitivas y a la presentación de documentación partidaria y contable, además de correcciones previas sobre la carta orgánica.
Con el aval definitivo, Fuerza Neuquina y Federal quedó registrado con el número 199 y, según se consignó, podrá intervenir en comicios municipales, provinciales y nacionales. La presidencia del Consejo Partidario quedó en manos de Marcelo Rucci y la vicepresidencia para Ariel Chagua Cano. En la estructura de conducción también fueron mencionados Ernesto Inal, Daniela Urritia, Daniel Adersch y Martín Pereyra, entre otros cargos.
En paralelo, se informó que el armado busca extenderse a Río Negro con la inscripción de un sello similar denominado Fuerza Rionegrina y Federal. En ese punto, el texto describe un trabajo de recolección de avales apoyado en delegaciones gremiales en Catriel y General Roca, con coordinación legal atribuida al apoderado Estanislao López.
La proyección hacia Río Negro aparece asociada a conversaciones políticas en la provincia y a la posibilidad de acuerdos futuros. Una fuente atribuida al entorno del gobernador Alberto Weretilneck sostuvo: “Hay comunicación, colaboración y, en principio, no habría colisión de intereses”. También se citó la idea de que, una vez completado el marco legal, podría explorarse un esquema común: “Todo es posible”.
Rucci planteó que el objetivo de la herramienta partidaria es ampliar participación política desde el sindicato y que la selección de lugares de representación no será por designación directa: “no habrá dedocracia”. Sobre el avance en Río Negro, afirmó: “Estamos pronto a conformar Fuerza Rionegrina y Federal, será cuestión de poco tiempo tener representatividad”.
Un incendio forestal de gran magnitud continúa fuera de control en Puerto Patriada, dentro de la localidad de El Hoyo, y obligó a evacuar a más de 3.000 personas entre turistas y pobladores. El fuego, iniciado el 5 de enero, se expandió rápidamente favorecido por altas temperaturas, fuertes vientos y sequía.
La Fiscalía de Chubut confirmó que el origen del siniestro fue intencional, una situación ratificada por el gobernador Ignacio Torres, quien informó que el foco comenzó en un punto y horario estratégicos, con gran presencia de visitantes en la zona.
Según datos oficiales, el incendio ya provocó daños en alrededor de diez viviendas y alcanzó 1.800 hectáreas de vegetación, incluyendo bosque nativo e implantado. Las autoridades señalaron que algunas casas estaban rodeadas de masa forestal seca, lo que dificultó su defensa.
El operativo incluye a brigadistas provinciales, bomberos voluntarios y equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con apoyo de maquinaria pesada, aviones y helicópteros hidrantes. En total, trabajan más de 230 personas en el terreno.
Desde el municipio de El Hoyo se informó que las evacuaciones se realizaron de forma ordenada, sin heridos ni daños en vehículos, y que unas 30 personas fueron alojadas preventivamente en la Escuela 223. La prioridad operativa es impedir que el fuego avance hacia sectores poblados como El Sausal.
Una adolescente acudió al Registro Civil de General Roca para renovar su Documento Nacional de Identidad y allí fue informada de que su apellido había sido modificado. Hasta ese momento, llevaba únicamente el apellido materno, con el que fue inscripta al nacer y con el que se reconoce en los ámbitos escolar y social.
Ante la consulta, se le explicó que su padre se había presentado de manera espontánea para reconocerla. A raíz de ese trámite, y transcurridos varios años desde su nacimiento, se realizó una reinscripción que colocó el apellido paterno en primer lugar, sin que se le consultara el orden ni se recabara su consentimiento.
La joven manifestó no sentirse identificada con ese apellido. Según lo expuesto en el expediente, el hombre nunca convivió con ella ni con su madre, no brindó apoyo económico y no existió un vínculo afectivo. La crianza fue asumida íntegramente por la madre.
La solicitud judicial fue presentada por una Defensoría de Menores, que fundamentó el pedido en el abandono paterno y en la inexistencia de contacto entre ambos. También se detalló el malestar que sufrió la adolescente al intentar renovar su documentación y verse obligada a utilizar un apellido con el que no mantiene relación, así como un intento fallido de acercamiento que agravó su situación emocional.
Durante el proceso se reunieron testimonios y dictámenes de organismos intervinientes. El Ministerio Público, el Registro Civil y la Defensoría de Menores coincidieron en apoyar la petición y no formularon objeciones. La jueza del fuero de Familia de Roca analizó el caso a la luz del Código Civil y Comercial, que habilita el cambio de nombre cuando existen “justos motivos”. Consideró acreditada la ausencia de vínculo entre la adolescente y su progenitor, el reconocimiento tardío y sin consentimiento, y el arraigo social y personal del apellido materno como parte de su identidad.
En la sentencia se indicó que la modificación no afecta intereses públicos ni derechos de terceros y que se enmarca en el derecho a la identidad, protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. También se destacó el principio de libertad en la elección del nombre cuando no se generan perjuicios.
Finalmente, se ordenó comunicar el fallo al Registro Civil para su inscripción. Se aclaró que el cambio tendrá efectos hacia el futuro y que no alterará los datos filiatorios consignados en la partida de nacimiento.
El análisis médico ordenado por la Justicia rionegrina se aplicará a Axel Adrián Araneda, de 29 años, imputado por el choque ocurrido el 21 de noviembre en el kilómetro 1204 de la Ruta 22, a la altura de Allen, en el que murieron cuatro integrantes de una familia de Catriel. Las víctimas viajaban en un vehículo (Ecosport) que, tras el impacto, se incendió. El único sobreviviente del siniestro fue Pastor Gutiérrez, mientras que Araneda circulaba en la otra unidad involucrada (una Amarok).
La fiscalía solicitó la pericia para verificar si el imputado presenta lesiones compatibles con un supuesto intento de auxilio, una hipótesis introducida por su defensa en la audiencia de formulación de cargos. El estudio buscará determinar si existen marcas corporales que puedan aportar información sobre lo ocurrido después del impacto.
El abogado defensor, Michel Rischmann, se opuso a la medida al considerar que, transcurridas casi dos semanas desde el hecho, un examen físico no podría brindar certezas. Sostuvo que la historia clínica ya incorporada al expediente debería bastar para conocer el estado de salud del imputado y calificó la revisión como una instancia “invasiva”, sin argumentos suficientes para practicarla.
Tras un cuarto intermedio, la jueza de Garantías Claudia Lemunao autorizó el examen al entender que no vulnera derechos constitucionales y que resulta pertinente debido a que la propia defensa colocó en discusión la conducta de Araneda en la escena del accidente. Consideró relevante determinar si presenta lesiones que se correspondan con esa versión.
El procedimiento fue fijado para el 9 de diciembre, mientras la defensa reservó el derecho de solicitar revisión de la resolución. La investigación continúa en etapa preparatoria, en paralelo a otras diligencias orientadas a reconstruir la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales.
El fin de semana largo dejó dos siniestros viales de alto impacto en la región y reabrió el debate sobre el alcohol al volante en uno de los períodos de mayor circulación del año. En menos de 48 horas, las rutas 22 y 51 concentraron hechos con víctimas fatales, heridos y demoras significativas.
El primero ocurrió el viernes 21 de noviembre, cerca de las 7 de la mañana, en el kilómetro 1203 de la Ruta 22, entre Fernández Oro y Allen. Una Volkswagen Amarok embistió desde atrás a una Ford EcoSport que se encontraba detenida en la banquina mientras sus ocupantes acomodaban equipaje. El impacto provocó la muerte de cuatro personas. El único sobreviviente fue el conductor del rodado menor.
El conductor de la Amarok, Axel Araneda, sufrió lesiones leves y, ya en el hospital, se confirmó que circulaba con 0,46 g/l de alcohol en sangre. El test fue realizado aproximadamente tres horas después del choque, por lo que se especula que la graduación alcohólica al momento del impacto podría haber sido mayor. Araneda estaba bajo libertad condicional por una condena por narcotráfico y quedó detenido tras la formulación de cargos.
Dos días más tarde, el domingo 23 de noviembre alrededor de las 21, un nuevo siniestro volvió a encender las alarmas. En el kilómetro 31 de la Ruta 51, cerca del Tenis Club Mari Menuco, una Toyota Hilux impactó a un Fiat Uno, generando un choque en cadena que involucró también a un Chevrolet Onix y a un Volkswagen Vento. Cuatro personas fueron trasladadas a los hospitales Natalio Burd y San Patricio del Chañar, sin heridas de gravedad. El conductor de la Hilux también dio positivo: registró 0,38 g/l en el test de alcoholemia.
El tránsito en ambos corredores quedó afectado durante horas. La Ruta 22 debió ser interrumpida por completo durante el operativo, mientras que en la Ruta 51 las demoras se prolongaron en una jornada marcada por temperaturas de 36°C y un movimiento sostenido hacia Mari Menuco.
En respuesta a esta seguidilla de siniestros, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Río Negro anunció operativos de control reforzados para este lunes en distintos puntos de las rutas provinciales, con el objetivo de “prevenir siniestros viales y garantizar un regreso seguro”.
La comunidad rionegrina, todavía profundamente conmocionada por la tragedia del viernes, vuelve a quedar frente a una discusión que atraviesa a toda la región: cómo enfrentar la combinación de alto tránsito, cansancio, alcohol y velocidades elevadas en los principales accesos del Alto Valle.
Según publicó Mejor Informado, Axel Adrián Araneda manejaba alcoholizado una Amarok sin patente cuando embistió a una familia que viajaba hacia Las Grutas.
De acuerdo con la información del medio, el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 22, donde la Volkswagen Amarok V6 conducida por Axel Adrián Araneda colisionó con una Ford Ecosport en la que viajaban dos trabajadores hospitalarios de Catriel, una hija y sos dos nietos menores. Tras el impacto, el vehículo menor se incendió. Mejor Informado reportó que murieron dos mujeres adultas y dos niños.
El medio señaló que Araneda registró 0,46 g/l de alcohol en sangre y que la camioneta circulaba sin patente. Fue trasladado al hospital Accame y quedó bajo custodia policial.
Según el mismo portal, Araneda cuenta con una condena federal de 2019 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y obtuvo libertad condicional en 2022. También describió antecedentes familiares vinculados a un operativo de 844 kilos de marihuana en 2016, así como otros episodios policiales en años posteriores.
Mejor Informado señaló que, minutos después del traslado, la madre del conductor protagonizó un incidente en el hospital al intentar ingresar por la fuerza, lo que motivó la intervención policial. Las pericias toxicológicas y mecánicas aún deben avanzar para definir la situación judicial.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) habilitó el período de preinscripción para su Oferta 2026, que incluye el Ciclo Secundario para Adultos con orientación en informática y nueve tecnicaturas superiores en áreas de gestión, salud, comunicación, turismo y tecnología. El trámite se realiza en forma online, desde el 10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, o hasta que se completen los cupos.
La propuesta está orientada principalmente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal, aunque el organismo aclara que pueden anotarse todas las personas que residan en Río Negro, quedando la admisión final sujeta a la disponibilidad de vacantes. Para las tecnicaturas se exige título secundario completo o constancia en trámite, domicilio en la provincia, constancia laboral en caso de ser agente estatal y no estar cursando otra carrera del IPAP. Para el secundario de adultos se requiere título primario.
Las cursadas se dictan con modalidad virtual. Cada carrera combina clases sincrónicas diarias vía videoconferencia, que comienzan a partir de las 16:00, y actividades asincrónicas disponibles en el campus académico, a las que se puede acceder en cualquier momento del día. El esquema busca facilitar la participación de quienes trabajan o viven lejos de los grandes centros urbanos.
Entre las tecnicaturas de la oferta 2026 figuran Gestión Administrativa, Administración de Servicios de Salud, Comunicación Social con orientación al Desarrollo y Nuevos Medios, Desarrollo de Software Full Stack, Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información, Turismo y Gestión de Gobiernos Municipales, además de las propuestas en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Gestión del Capital Humano. Todas comparten el enfoque en modernización del Estado, gestión de servicios y respuesta a demandas del entorno productivo y social.
Las carreras presentan duraciones de 2 años y un cuatrimestre a 3 años, según el caso, con cargas horarias que van desde 1.616 a 2.300 horas reloj. La tecnicatura en Gestión Administrativa suma 1.648 horas de formación, Administración de Servicios de Salud tiene 1.708 horas, Comunicación Social alcanza 1.728 horas, Desarrollo de Software Full Stack registra 2.048 horas, Soporte de Infraestructura de TI llega a 1.952 horas, Turismo contabiliza 2.300 horas y Gestión de Gobiernos Municipales reúne 1.616 horas.
El plan de estudios de cada tecnicatura combina formación general, fundamentos teóricos, contenidos específicos y prácticas profesionalizantes. En Gestión Administrativa y Gestión de Gobiernos Municipales se detallan cuatro ejes formativos, mientras que en Atención de Servicios de Salud, Turismo, Comunicación, Desarrollo de Software y Soporte TI se describen módulos que integran herramientas de administración, planificación, tecnología y trabajo en campo. Todas las propuestas contemplan un perfil de egreso orientado a la mejora de procesos en el sector público y, en varios casos, también en organizaciones privadas y comunitarias.
Quienes completen la preinscripción en el SIU Guaraní deberán adjuntar la documentación personal escaneada y aguardar el correo de confirmación según los cupos disponibles. En caso de ser admitidos, participarán de un Ciclo Introductorio Virtual previsto para febrero de 2026; la inscripción definitiva a las carreras se formaliza una vez aprobado ese tramo inicial.
Un grupo de jóvenes profesionales de Río Negro participó de la Semana de Integración Federal del CFI y presentó el proyecto “Agua para el Valle”, orientado a fortalecer el acceso sostenible al agua potable en Peñas Blancas. La iniciativa fue reconocida tras su exposición en el encuentro que reúne a representaciones de 23 provincias.
El proyecto plantea una planta potabilizadora modular equipada con filtros de bioarena y sensores de control remoto alimentados por energía solar. La propuesta se apoya en diagnósticos territoriales y en un enfoque que articula lo social, lo productivo y lo ambiental.
El desarrollo se realizará junto a la Comisión de Fomento de Peñas Blancas, el Departamento Provincial de Aguas, Aguas Rionegrinas y el CFI, integrando capacidades técnicas y apoyo financiero. La actividad se enmarca en el cierre del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, que reunió durante tres jornadas a más de 400 participantes en Buenos Aires.
La superficie implantada con alfalfa en Río Negro alcanzó las 27.000 hectáreas, impulsada por condiciones agroclimáticas favorables y la incorporación de sistemas de riego presurizado y nivelación láser en distintas zonas de los valles irrigados. El crecimiento posiciona a la provincia como uno de los principales territorios productores del país, con participación cercana al 20% de las exportaciones nacionales hacia destinos como Medio Oriente y China, en formatos de materia seca y megafardos con valores entre 350 y 440 dólares por tonelada.
El avance se apoya en la reconversión de tierras ganaderas de secano y en nuevas áreas bajo riego en el Valle Medio y el Valle Inferior, donde la disponibilidad de agua del río Negro permitió instalar pivotes centrales y mejorar la eficiencia hídrica. Según la Secretaría de Agricultura, la alfalfa se integra en esquemas de rotación con cultivos como maíz, cebolla, cebada, girasol y avena, contribuyendo a la recuperación de suelos y al abastecimiento de la ganadería provincial.
La cadena incorpora a más de 700 productores, con presencia de empresas como Agrónica SA (Nafosa) en Colonia Josefa, donde además del procesamiento de forraje se registran rendimientos de hasta 18.000 kilos de materia seca por hectárea con niveles proteicos de entre 20% y 22%. La expansión también exige infraestructura adicional: el Gobierno provincial proyecta el desarrollo hidráulico de Colonia Josefa, con una primera etapa de 17.000 hectáreas sobre un total de 37.000, y la electrificación de Negro Muerto y Guardia Mitre, que prevé cubrir 25.000 hectáreas.
En paralelo a los volúmenes destinados al comercio exterior, la actividad también se extiende a iniciativas de menor escala orientadas al consumo interno. En Peñas Blancas, la cooperativa local Quatrifinio Ltda implantó esta semana su primera hectárea de alfalfa, con el objetivo de producir pasturas para animales y diversificar ingresos. Aunque no vinculada al circuito exportador, la experiencia se suma a los proyectos que utilizan el cultivo para mejorar la disponibilidad de forraje y fortalecer sistemas productivos locales.
La combinación de infraestructura, tecnología y demanda externa sitúa a Río Negro en una etapa de crecimiento sostenido en el negocio forrajero. Dentro de ese proceso conviven emprendimientos de gran escala orientados al mercado internacional y experiencias pequeñas que buscan reforzar la producción local, configurando una matriz más diversa dentro de los sistemas agrícolas y ganaderos de la provincia.
La definición sobre quién operará Señal Picada – Punta Barda, en el oeste de Río Negro, continúa en pausa. Aunque YPF ya cedió su participación como parte del proceso de salida de campos maduros, el cambio de manos todavía requiere el aval del gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck. Esa decisión es particularmente relevante para Catriel, donde la actividad económica local está directamente ligada al desempeño de los yacimientos cercanos.
El peso del bloque no es solo geográfico. De acuerdo con los registros oficiales de 2019, Señal Picada cerró ese año con una producción de 4.124 barriles por día, mientras que el bloque completo Señal Picada – Punta Barda promedió 5.585 barriles diarios. Tomando como referencia un precio internacional en torno a los 60 dólares por barril, ese nivel de producción equivale a unos 2,03 millones de barriles anuales, con un flujo económico del orden de los 121 millones de dólares al año solo para el bloque.
Si se proyectan esos volúmenes a 2025 bajo escenarios de declino, el impacto sigue siendo considerable. Con una hipótesis conservadora de caída acumulada del 20% respecto de 2019, la producción anual estimada rondaría 1,63 millones de barriles, lo que representa cerca de 97 millones de dólares al año con precios similares. En un escenario más pesimista, con una merma del 40%, el bloque podría ubicarse en torno a 1,22 millones de barriles anuales, equivalentes a unos 73 millones de dólares. Aunque se trata de ejercicios estimativos, permiten dimensionar que aun con declino el área sigue moviendo decenas de millones de dólares por año.
La comparación con el cuadro provincial refuerza esa magnitud. Hoy Río Negro aporta alrededor de 21.000 barriles diarios, cerca del 2,8% de la producción nacional de petróleo convencional. El valor de un año de producción del bloque Señal Picada – Punta Barda en su pico reciente equivale a más de una cuarta parte de lo que genera actualmente todo el crudo rionegrino en un año.
En paralelo al debate por el futuro de Punta Barda, el contexto regulatorio también está en movimiento. El Gobierno nacional decidió poner fin a las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, a partir de un acuerdo sellado primero con Chubut y luego extendido a otras provincias productoras. El esquema prevé retenciones nulas por debajo de los 65 dólares, una escala del 0 al 8% entre 65 y 80 dólares, y una alícuota del 8% por encima de ese rango.
En ese tablero, Río Negro mantiene una postura más cautelosa y analiza el impacto fiscal y político antes de definir si se suma al nuevo régimen. La provincia, que discute a la vez temas de infraestructura, financiamiento y reformas laborales con la Nación, evalúa cómo articular la eventual baja de retenciones con sus propias políticas de regalías y cánones en áreas maduras.
El debate no se limita al plano fiscal. El 14 de noviembre, la secretaria de Hidrocarburos rionegrina, Mariela Moya, participó en Buenos Aires de una reunión del comité ejecutivo de la OFEPHI, donde las provincias productoras y representantes empresariales analizaron propuestas para sostener la producción convencional. Allí se discutió un posible régimen de incentivos, con foco en competitividad, actividad y empleo en todas las cuencas.
Al mismo tiempo, el mapa empresarial del convencional se reacomoda. Petróleos Sudamericanos viene ampliando su presencia en cuencas maduras: recientemente adquirió el 30% que Compañía General de Combustibles (CGC) tenía en las áreas La Ventana y Río Tunuyán, en Mendoza, y pasó a operar el 100% de esas concesiones. El acuerdo, firmado el 3 de noviembre con vigencia desde el 1°, incluyó un pago de 30.000 dólares más IVA y un saldo equivalente a 40.000 barriles de petróleo a liquidarse en 48 meses, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.
Esa operación se suma al traspaso de seis áreas mendocinas —Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán— que el gobierno de Mendoza ya autorizó en el marco del Plan Andes, el programa con el que YPF ordena la salida de campos maduros. Con esas decisiones, Petróleos Sudamericanos consolidó un esquema operativo sin socios en parte del norte mendocino.
El contraste con la situación de Punta Barda es evidente: mientras otras jurisdicciones completan sus traspasos y ajustan sus marcos fiscales para retener inversiones, en Río Negro sigue pendiente la definición sobre uno de los bloques que más aportó a la producción provincial en la última década. Para Catriel, el resultado de esa decisión marcará en buena medida el volumen de trabajo disponible para contratistas, proveedores y mano de obra local en los próximos años.
En un escenario donde el convencional busca recuperar competitividad frente a Vaca Muerta, y donde la Nación y las provincias negocian incentivos y retenciones, el futuro de Señal Picada – Punta Barda será una pieza central para entender cómo se reordenará la actividad en el oeste rionegrino y qué rol asumirán las empresas que hoy apuestan a extender el ciclo de los campos maduros.
