Estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo del ITS Catriel N° 3 realizaron una visita pedagógica a la Planta de Tratamiento de Crudo Catriel Oeste, operada por YPF.
La actividad se desarrolló el sábado 30 de mayo en el marco de las cátedras Prácticas Profesionalizantes III y Seguridad IV. Fue coordinada por la Lic. Valeria Agüero, Coordinadora de Prácticas Profesionalizantes del instituto, con el objetivo de fortalecer la formación técnica a partir de la observación directa de procesos reales de la industria.
Durante la jornada, los estudiantes recibieron una inducción de seguridad y una charla introductoria sobre el proceso productivo de la planta. Luego realizaron un recorrido por distintas áreas operativas, donde pudieron conocer de cerca aspectos centrales del funcionamiento de una instalación petrolera.
Entre los contenidos abordados estuvieron el funcionamiento general del proceso productivo, las instalaciones de control de presiones, el Plan de Contingencias, la Red Contra Incendios, el uso de anillos de enfriamiento en tanques de petróleo, la seguridad en la escena y el funcionamiento operativo de autobombas y bombas de presión.
La visita tuvo un valor especial para la formación de futuros profesionales de Seguridad e Higiene, una carrera directamente vinculada con la prevención de riesgos, el cuidado de las personas y la mejora de las condiciones de trabajo en ámbitos industriales.
En una ciudad como Catriel, donde la actividad hidrocarburífera forma parte de la identidad productiva y laboral de la comunidad, este tipo de experiencias permite acercar la formación académica al territorio. No se trata solo de conocer una planta, sino de comprender cómo se aplican en la práctica los protocolos, las medidas preventivas y los criterios técnicos que luego deberán sostenerse en el mundo laboral.
Desde el instituto expresaron su agradecimiento a quienes hicieron posible la actividad y destacaron la predisposición para compartir conocimientos con los estudiantes. En particular, mencionaron a Luis Flores, Jefe de Plantas de YPF; Germán Palavecino y Juan Palavecino, de la Brigada de Emergencia de YPF; y Walter Rojas y Mariano Toro, operadores de planta de Ingeniería SIMA.
La experiencia refuerza el vínculo entre educación técnica, industria y desarrollo local. Para los estudiantes, representó una oportunidad concreta de aprendizaje en terreno. Para Catriel, vuelve a mostrar la importancia de formar profesionales preparados para intervenir en sectores donde la seguridad, la prevención y la responsabilidad técnica son claves.
Catriel tuvo este sábado la primera clase presencial de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, una propuesta de formación superior que ya había sido anunciada y que ahora dio su primer paso concreto dentro de la ciudad.
La clase se desarrolló en las instalaciones del Punto Digital, bajo la coordinación del CRESU, en el marco de una modalidad híbrida que combina instancias virtuales con encuentros presenciales. La materia dictada fue Química Biológica y Biofísica, a cargo de la profesora Ing. Estela Aramburu.
El inicio de la cursada marca un hecho relevante para la agenda educativa local: la carrera dejó de ser solo una propuesta disponible y comenzó a funcionar efectivamente en Catriel. Para quienes estudian, esto significa poder avanzar en una formación universitaria sin tener que trasladarse de manera permanente a otra ciudad.
La Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias apunta a un área sensible y necesaria: la formación de recursos humanos vinculados a la respuesta sanitaria, la atención ante situaciones críticas y el fortalecimiento de capacidades locales en materia de emergencias.
Desde el Municipio destacaron que continúan acompañando el crecimiento de la educación superior y universitaria en la ciudad, con el objetivo de generar más oportunidades para que vecinos y vecinas puedan formarse sin dejar Catriel.
Más allá del comunicado institucional, el dato de fondo es territorial. Cada clase presencial que se abre en la ciudad achica una distancia histórica para muchas familias: la de tener que irse para estudiar. En una comunidad donde el acceso a carreras universitarias siempre estuvo condicionado por los costos de traslado, alquiler y desarraigo, que una tecnicatura comience a cursarse localmente tiene un impacto concreto.
El desafío ahora será sostener la continuidad de estas propuestas, ampliar la oferta académica y consolidar a Catriel como una ciudad con vida universitaria propia. Porque el crecimiento de la educación superior no se mide solo por los anuncios, sino por las aulas abiertas, los estudiantes cursando y las carreras funcionando en el territorio.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca que la enseñanza del idioma inglés sea obligatoria desde el nivel inicial y durante los primeros años de la escuela primaria.
La iniciativa propone incorporar el inglés como contenido obligatorio para niños y niñas desde los 3 años que asistan a jardines maternales, jardines de infantes y escuelas primarias dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia.
De aprobarse, la enseñanza del idioma se aplicaría de manera gradual y continua en el nivel inicial y en 1°, 2° y 3° grado de primaria.
El proyecto apunta a un tema sensible dentro del sistema educativo: la desigualdad en el acceso a idiomas. Sus fundamentos advierten que, mientras muchas escuelas privadas ya incorporan el inglés con fuerte presencia desde edades tempranas, gran parte de la educación pública no garantiza esa misma oportunidad.
Según los datos citados en la iniciativa, el déficit en la enseñanza de un idioma extranjero en la educación pública primaria alcanza el 68,2%, mientras que en el sector privado es del 15,4%. La diferencia también se profundiza por nivel socioeconómico: en los sectores de menores ingresos el déficit llega al 81,9%, frente al 12,1% en los sectores de mayores ingresos.
Los autores del proyecto sostienen que el inglés funciona hoy como una herramienta clave de acceso a información, tecnología, formación académica y oportunidades laborales. Por eso plantean que, si el Estado no garantiza su enseñanza en la escuela pública, la brecha educativa tiende a ampliarse.
La propuesta también se apoya en argumentos pedagógicos vinculados a la primera infancia. Según el texto, los primeros años de vida son una etapa favorable para la incorporación de nuevas lenguas, especialmente cuando el aprendizaje se trabaja a través del juego, la oralidad y experiencias adecuadas a la edad.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Martina Lacour.
La discusión recién comienza, pero el tema promete abrir debate en la comunidad educativa: qué lugar debe ocupar el inglés en la escuela pública, desde qué edad debería enseñarse y cómo garantizar que esa incorporación no dependa del lugar donde nace o estudia cada niño.
En una provincia con ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, como Catriel, el planteo también toca una pregunta de fondo: cómo asegurar que los chicos y chicas de la educación pública accedan a las mismas herramientas que hoy muchas familias buscan por fuera de la escuela.
La Escuela Municipal de Oficios tendrá un rol activo en uno de los proyectos educativos más importantes que hoy se proyectan para Catriel: la refuncionalización del ex Hospital para el futuro Nodo Universitario de la ciudad.
En las últimas horas, el municipio realizó la entrega de materiales y distintas donaciones aportadas por empresas locales destinadas a fortalecer las herramientas de formación y capacitación que funcionan dentro de la Escuela de Oficios.
Pero además del acompañamiento a los cursos y capacitaciones actuales, la jornada también sirvió para ratificar la participación que tendrá el espacio en el proceso de recuperación y transformación del viejo edificio del hospital.
La iniciativa busca avanzar en la puesta en valor de un lugar histórico de Catriel para convertirlo en un nuevo punto vinculado a la educación, la capacitación y el desarrollo local.
En ese contexto, la participación de la Escuela de Oficios aparece como una pieza importante no solamente desde lo formativo, sino también desde la lógica de trabajo comunitario y aprendizaje práctico que viene creciendo en la ciudad durante los últimos años.
La formación en oficios fue ganando cada vez más protagonismo en Catriel, especialmente en áreas vinculadas a la demanda laboral local y regional. Soldadura, electricidad, carpintería y distintas capacitaciones técnicas comenzaron a consolidarse como herramientas concretas para vecinos que buscan mejorar sus oportunidades laborales o acceder a nuevas salidas de trabajo.
La articulación entre municipio, empresas y espacios de capacitación también empieza a mostrar una lógica más amplia: la construcción de una ciudad con mayor perfil formativo y educativo, en una región atravesada históricamente por la actividad petrolera y energética.
En ese escenario, el futuro Nodo Universitario aparece como parte de un proceso que busca ampliar alternativas de formación dentro de la propia ciudad y generar nuevos espacios para estudiantes, trabajadores y jóvenes que buscan capacitarse sin tener que trasladarse a otros puntos de la región.
Mientras tanto, el ex Hospital Catriel comienza lentamente a proyectarse hacia una nueva etapa, ya no vinculada únicamente a su historia sanitaria, sino también a la posibilidad de convertirse en un espacio ligado a la educación, la capacitación y las oportunidades para las próximas generaciones.
La tensión entre el Gobierno de Río Negro y la docencia volvió a quedar expuesta este jueves en Viedma, donde el Congreso General Extraordinario de UnTER rechazó la propuesta paritaria presentada el pasado 14 de mayo y advirtió que el conflicto salarial sigue abierto en toda la provincia.
Desde el gremio sostuvieron que la oferta oficial “consolida salarios de pobreza” y profundiza la pérdida del poder adquisitivo en un contexto donde, según remarcaron, los aumentos llegan con retraso frente a la inflación y dejan períodos sin actualización salarial.
La definición se dio durante el CCCXCIV Congreso General Extraordinario, realizado en la capital provincial, donde representantes de distintas seccionales debatieron durante varias horas el escenario salarial, el malestar creciente en las escuelas y las posibles medidas de fuerza.
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría de votos —104 congresales votaron a favor de avanzar con una medida de fuerza— el gremio finalmente no convocó a paro porque no se alcanzaron los dos tercios requeridos por el estatuto interno. La moción de no paro obtuvo 51 votos y además hubo dos abstenciones.
La resolución dejó un mensaje doble: por un lado, la conducción sindical evitó una medida inmediata de interrupción de clases; pero al mismo tiempo quedó expuesto que una parte importante de la representación docente considera insuficiente la respuesta salarial del Gobierno.
“Mientras el gobierno sigue dilatando respuestas, en las escuelas crece el malestar, la sobrecarga y las condiciones precarias”, expresó UnTER en el documento difundido tras el Congreso.
El gremio también confirmó que avanzará con acciones de visibilización en distintas localidades de Río Negro y que continuará articulando reclamos con otros sectores sindicales.
La discusión atraviesa un momento sensible para la educación pública rionegrina. En varias ciudades de la provincia, docentes vienen manifestando preocupación por salarios que pierden frente a la inflación, dificultades para sostener un cargo como único ingreso y problemas estructurales en establecimientos educativos.
En Catriel, el debate también se sigue con atención dentro de las comunidades educativas, donde el impacto económico alcanza tanto a trabajadores de la educación como a familias que atraviesan un contexto cada vez más ajustado.
La falta de acuerdo deja abierto un escenario de conflicto que podría profundizarse en las próximas semanas si no aparece una nueva convocatoria paritaria con una propuesta que logre destrabar la negociación.
“Sin respuestas del gobierno, la docencia se organiza”, señalaron desde el sindicato al cierre del Congreso, en una definición que muestra que el conflicto salarial todavía está lejos de resolverse.
Catriel sigue ampliando su mapa educativo y empieza a consolidar una transformación que hace algunos años parecía lejana: convertirse también en una ciudad universitaria. Este martes se realizó la presentación oficial de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, la primera carrera universitaria vinculada al área de salud que se dicta en la localidad.
La propuesta surge del trabajo articulado entre la Municipalidad de Catriel, el CRESU y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en un contexto donde la formación profesional y el acceso local a estudios superiores empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de la agenda comunitaria.
El acto contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas Silvia Ávila, la secretaria académica de la UNCo Julieta Müller, docentes, autoridades institucionales y estudiantes que integran la primera cohorte de la carrera.
Pero la jornada no quedó solamente en una presentación formal. Después del acto comenzó el cursado de la primera materia, un paso que le dio dimensión concreta a un proyecto que apunta a generar nuevas oportunidades educativas sin que jóvenes y adultos tengan que irse de la ciudad para acceder a formación universitaria vinculada a salud.
La llegada de esta tecnicatura también aparece en un momento donde Catriel atraviesa debates profundos sobre desarrollo, servicios y futuro. En una ciudad históricamente ligada a la actividad petrolera, la expansión de propuestas educativas universitarias empieza a mostrar otra dimensión posible para la comunidad: formación local, diversificación profesional y construcción de nuevas herramientas para el sistema sanitario regional.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte de una política orientada a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad, apostando a generar oportunidades de formación y crecimiento dentro de la propia ciudad.
La apertura de esta primera carrera universitaria en salud deja además una señal que excede lo académico: Catriel no solo discute energía, infraestructura o producción. También empieza a discutir qué tipo de comunidad quiere construir hacia adelante y qué lugar ocuparán la educación y el conocimiento en esa transformación.
Un informe interno de seguridad e higiene laboral volvió a poner en discusión las condiciones edilicias del CET N°37 de Catriel. El documento, fechado el 11 de mayo de 2026 y facilitado a VientoSur por familias de estudiantes que asisten al establecimiento, detalla observaciones vinculadas a electricidad, salidas de emergencia, calefacción, sanitarios y distintos sectores del edificio escolar.
Las imágenes y descripciones incluidas en el relevamiento muestran tableros eléctricos abiertos, cables sin protección aislante, luminarias deterioradas y sectores que, según el propio informe, requieren intervención o mantenimiento.
Uno de los puntos más sensibles aparece en el sistema eléctrico. Según el relevamiento, el tablero principal carece de una térmica magnética tetrapolar para cortar la energía neutra y presenta faltantes de cartelería de riesgo eléctrico, mapa unifilar y mediciones de puesta a tierra.
En otro sector, el documento advierte sobre la existencia de cables sin protección y tableros con tapas faltantes, señalando incluso“peligro de electrocución para los alumnos”. También menciona tubos sin protección con riesgo de caída dentro de áreas de circulación estudiantil.
Las aulas tampoco quedaron fuera del relevamiento. Allí se registraron problemas de iluminación, luminarias sin protección y calefactores fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento. El informe también señala ausencia de llaves de cierre de gas.
En sectores utilizados como depósito y salón de usos múltiples, el documento menciona faltantes de techo y placas de aglomerado “a punto de caerse”, recomendando incluso “clausurar” áreas que no sean utilizadas hasta tanto se intervengan las condiciones edilicias.
El relevamiento también advierte observaciones vinculadas a las salidas de emergencia: puertas que se traban por falta de mantenimiento, ausencia de flechas de evacuación, falta de luces de emergencia y una única salida para sectores del segundo piso.
En paralelo, el documento registra faltante de matafuegos y equipos A, B y C vencidos, además de un matafuego de CO sin identificación ni fijación adecuada.
La situación sanitaria también aparece reflejada en el informe, donde se mencionan baños clausurados, “olores nauseabundos”, falta de iluminación y problemas de limpieza dentro del edificio.
En paralelo, desde UNTER difundieron un comunicado cuestionando el estado de distintos establecimientos educativos recorridos junto a integrantes de la seccional Catriel durante el pasado jueves 7 de mayo.
Según expresaron desde el gremio docente, durante esa recorrida detectaron “escuelas atravesadas por el abandono, la precariedad y la falta absoluta de respuestas del Gobierno Provincial”.
En ese contexto, el sindicato señaló particularmente la situación del CET 37, afirmando que la institución funciona desde hace dos años en un edificio que, según indicaron, “no reúne condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad”.
UNTER también reclamó inversión urgente en infraestructura escolar y la construcción de un edificio propio para la institución técnica.
“No hay calidad educativa posible en escuelas abandonadas por el Estado”, expresaron desde la conducción provincial del gremio docente en un documento firmado por referentes de las áreas de Salud en la Escuela, Nivel Medio, Organización y Prensa.
El informe técnico y el posicionamiento gremial volvieron a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace tiempo a parte de la infraestructura escolar de la provincia: las condiciones edilicias en las que estudiantes y docentes desarrollan actividades diariamente.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación sobre las observaciones incluidas en el relevamiento ni sobre las medidas que podrían adoptarse frente a los puntos señalados en el informe.
Muchas veces, los conflictos más profundos en la infancia no aparecen en un examen, ni en un boletín, ni siquiera en una conversación. Aparecen en silencio. En un dibujo. En una frase escrita. En pequeños gestos que pasan desapercibidos dentro del aula.
Con esa premisa, se realizará en Catriel una jornada de capacitación orientada a docentes bajo el título “Alerta temprana de conflictos en los niños”, una propuesta enfocada en la detección y el acompañamiento de situaciones complejas a través de herramientas vinculadas al análisis de dibujos y escritura infantil.
La convocatoria fue lanzada por el espacio “Catriel Fuerza Rionegrina y Federal” y apunta a brindar recursos para identificar señales tempranas que puedan advertir conflictos emocionales, situaciones de vulnerabilidad o problemáticas que afectan a niños y niñas dentro del ámbito educativo.
La actividad se desarrollará el próximo sábado 16 de mayo a las 9 de la mañana, en el salón de TanGo Energy – Acceso Sur, y será de carácter gratuito. Además, quienes participen podrán acceder a una opción de certificado con resolución nacional.
La jornada contará con la presencia del perito en Psicografología Científica Rubén A. Moreno, quien abordará distintas herramientas de observación y análisis aplicadas a contextos educativos.
El eje de la propuesta gira alrededor de una idea que genera cada vez más atención dentro de ámbitos pedagógicos y de acompañamiento infantil: que muchos niños expresan conflictos, angustias o señales emocionales antes desde lo simbólico que desde la palabra directa.
Por eso, la capacitación buscará trabajar especialmente sobre:
señales de alerta temprana;
indicadores presentes en dibujos y escritura;
herramientas de observación en el aula;
y estrategias de acompañamiento dentro de contextos escolares.
En un contexto donde docentes y equipos educativos enfrentan cada vez más situaciones vinculadas a salud mental, violencia, problemas familiares y dificultades emocionales en niños y adolescentes, este tipo de propuestas empiezan a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la discusión educativa.
La inscripción se realiza a través del número 2995 56-1150 (solo WhatsApp).
La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo este 12 de mayo una fuerte expresión en la Patagonia y volvió a mostrar el peso político, social y territorial que tienen las universidades públicas en Río Negro y Neuquén. Lejos de tratarse de una protesta limitada al ámbito académico, las movilizaciones regionales reunieron a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, sindicatos y organizaciones sociales que marcharon bajo una consigna común: exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La jornada llegó además atravesada por un clima de creciente tensión entre el sistema universitario y el Ejecutivo nacional. Horas antes de la movilización, el medio La Política Online informó que el Gobierno dispuso un recorte de 5.300 millones de pesos sobre partidas destinadas a universidades nacionales, principalmente vinculadas a infraestructura del conocimiento y gastos de capital. El dato profundizó el malestar en el ámbito educativo y reforzó la convocatoria federal.
En paralelo, distintas universidades nacionales vienen denunciando un deterioro acelerado del sistema científico y académico. Según publicó La Política Online, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023, en medio de la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste sobre investigación y ciencia.
En Neuquén capital y Viedma se registraron algunas de las principales concentraciones regionales. También hubo convocatorias en General Roca, Bariloche, Cipolletti, Villa Regina y otras localidades donde funcionan sedes universitarias. En Neuquén, la movilización comenzó en el playón central de la Universidad Nacional del Comahue y avanzó luego por el centro de la ciudad con una importante participación social.
La propia UNCo informó que más de 20 mil personas participaron de la movilización en Neuquén capital, en una de las mayores marchas universitarias registradas en la región desde el inicio del conflicto por el financiamiento educativo.
El rol de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue central. Ambas instituciones impulsaron convocatorias conjuntas, conferencias de prensa y actividades coordinadas para defender el financiamiento universitario y advertir sobre el impacto presupuestario en la Patagonia.
La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, encabezaron públicamente el llamado a marchar. Junto a representantes gremiales y estudiantiles, plantearon que la situación ya afecta salarios, investigación, becas, funcionamiento institucional y permanencia estudiantil.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, las autoridades advirtieron además sobre un fenómeno que comenzó a profundizarse durante el último año: la renuncia de docentes y profesionales por deterioro salarial. Según datos difundidos por la propia universidad y replicados por medios regionales, desde 2024 se registraron más de 270 renuncias dentro de la institución.
Ese dato encendió una alarma particular en la Patagonia, donde muchas carreras dependen de perfiles especializados difíciles de reemplazar en el corto plazo. Rectores y gremios sostienen que el problema ya no se limita a una discusión salarial, sino que comienza a afectar la capacidad estructural de las universidades para sostener carreras, investigación científica y extensión territorial.
En Río Negro, la movilización también tuvo fuerte presencia en ciudades intermedias y localidades del interior. La Sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro compartió imágenes de la marcha realizada en Villa Regina, donde estudiantes, docentes y vecinos se sumaron a la convocatoria nacional en defensa de la educación pública.
La protesta además excedió al ámbito estrictamente universitario. En Río Negro, UnTER realizó una “plaza activa” en defensa de la educación pública y contra el ajuste, integrando el reclamo docente provincial al escenario nacional de conflictividad educativa.
La movilización regional también dejó en evidencia otra cuestión de fondo: el papel estratégico que cumplen las universidades públicas en provincias patagónicas con grandes distancias geográficas y fuerte desigualdad territorial. Para miles de familias de Río Negro y Neuquén, la UNCo y la UNRN representan la posibilidad concreta de acceder a educación superior sin abandonar definitivamente sus ciudades o afrontar costos imposibles de sostener en grandes centros urbanos.
La Universidad Nacional del Comahue, con presencia histórica en Neuquén y Río Negro, funciona además como uno de los principales espacios de formación profesional del norte patagónico. La Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2007 y expandida en distintas sedes provinciales, consolidó durante los últimos años una fuerte inserción territorial en ciudades intermedias y localidades del interior.
Por eso, la discusión sobre financiamiento universitario adquirió en la Patagonia una dimensión distinta a la de otros centros urbanos del país. El debate no pasa únicamente por partidas presupuestarias: involucra arraigo, desarrollo regional, acceso a educación pública y continuidad de proyectos científicos vinculados a recursos naturales, energía, ambiente, salud y producción.
Las universidades patagónicas también pusieron el foco en el conflicto judicial abierto con el Gobierno nacional. Tanto la UNCo como la UNRN respaldaron el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron que el Ejecutivo continúe apelando fallos judiciales vinculados al tema.
Mientras la discusión avanza hacia la Corte Suprema, la marcha del 12 de mayo dejó una señal clara en Río Negro y Neuquén: las universidades públicas lograron convertir un conflicto presupuestario en un debate social mucho más amplio sobre el rol del Estado, el acceso a la educación y el futuro del desarrollo regional en la Patagonia.
La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a llenar las calles del país este martes 12 de mayo, pero dejó una señal política más profunda que la foto de una movilización masiva: el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ya no se discute solo en términos presupuestarios. Ahora también se juega en el terreno judicial e institucional.
Bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes, docentes, nodocentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal fue en Plaza de Mayo. En la Patagonia, la convocatoria tuvo fuerte presencia en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con marchas y actividades impulsadas por comunidades universitarias regionales. En Neuquén capital, medios regionales reportaron más de 30 mil personas movilizadas.
En Río Negro y Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro habían convocado en conjunto a la marcha federal. La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, presentaron el llamado como una defensa de la ley de financiamiento y del sistema universitario público en el interior del país.
El dato que diferenció esta marcha de otras protestas universitarias fue el avance del conflicto judicial. Pablo Manili, abogado constitucionalista y patrocinante de la demanda impulsada por 59 universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional, afirmó que se trata de un caso sin antecedentes: “Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”.
Según explicó Manili, la causa comenzó en octubre de 2025, luego de que el Poder Ejecutivo no aplicara la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. En diciembre, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó garantizar los llamados créditos alimentarios, vinculados a salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles. En febrero de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó esa cautelar. Sin embargo, de acuerdo con el planteo de las universidades, el Gobierno volvió a apelar y busca llevar el caso a la Corte Suprema.
Ese punto es central para entender por qué la protesta ya excede el reclamo salarial. Las universidades no solo denuncian falta de recursos: sostienen que el Ejecutivo incumple una ley votada por el Congreso y resoluciones judiciales que ordenan aplicarla. Por eso, el conflicto quedó planteado en tres planos simultáneos: la calle, el Congreso y los tribunales.
El documento difundido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional habló de 203 días sin aplicar la ley y advirtió sobre una situación presupuestaria crítica. Según ese planteo, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. El mismo dato fue retomado por medios nacionales y organismos universitarios como parte del diagnóstico del sector.
La discusión ya no pasa solo por el presupuesto universitario: el conflicto escaló hacia el cumplimiento de una ley votada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
Chequeado también registró el deterioro del financiamiento universitario: en el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado a universidades cayó 7,9 % real interanual y 30,7 % respecto de 2023. Además, señaló que los salarios docentes cayeron 34,2 % desde noviembre de 2023.
El impacto no se limita a las aulas. Rectores y sindicatos advierten que el ajuste afecta salarios, becas, investigación, hospitales universitarios, obras sociales y funcionamiento cotidiano. Las Becas Progresar, las Becas Manuel Belgrano y las becas vinculadas a vocaciones científicas aparecen entre los puntos más sensibles del reclamo, porque inciden directamente en la permanencia de estudiantes de sectores populares dentro del sistema.
En la Patagonia, ese aspecto tiene una dimensión particular. Para muchas localidades del interior, la universidad pública no es solo una institución educativa: es una herramienta de arraigo, movilidad social, formación profesional y desarrollo regional. En ciudades como Neuquén, General Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti, la presencia universitaria permite que miles de jóvenes estudien sin tener que migrar definitivamente a grandes centros urbanos.
Por eso, la marcha del 12 de mayo no puede leerse únicamente como una protesta sectorial. La discusión de fondo es si el financiamiento universitario depende de una decisión discrecional del Gobierno de turno o de una obligación legal aprobada por el Congreso y exigida por la Justicia.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene su política de equilibrio fiscal y cuestiona el impacto presupuestario de la norma. Pero la controversia abierta por las universidades apunta a otro punto: cuando una ley está vigente y existen resoluciones judiciales que ordenan cumplirla, el desacuerdo político no alcanza para suspender su aplicación.
La Corte Suprema aparece ahora como el próximo escenario de una disputa que ya dejó de ser estrictamente universitaria. Lo que comenzó como un reclamo por presupuesto terminó convertido en una discusión sobre educación pública, división de poderes y cumplimiento de la ley.
La marcha mostró volumen en la calle. Pero el conflicto más profundo quedó escrito en los tribunales.
