Catriel: convocan a inscriptos del Banco de Tierras por la segunda entrega de terrenos

La Municipalidad de Catriel convocó a las personas inscriptas en la modalidad Terrenos No Promocionales – Venta Directa del Banco de Tierras Municipal a una reunión informativa vinculada al próximo proceso de adjudicación.

El encuentro será el jueves 11 de junio, a las 19, en el Salón de la Terminal de Ómnibus. Según informó el Municipio, la convocatoria está dirigida a quienes ya se encuentran inscriptos en esa modalidad y estén interesados en avanzar dentro del proceso.

Durante la reunión se brindarán detalles sobre los requisitos de participación, la documentación necesaria y el procedimiento de adjudicación. También será una instancia para evacuar consultas y ordenar la información antes de la nueva etapa.

El comunicado oficial remarca que la participación de las personas inscriptas es importante para avanzar de manera “transparente y ordenada”. El punto no es menor: el acceso a la tierra sigue siendo uno de los temas más sensibles en Catriel, donde la demanda de lotes convive con el crecimiento urbano, los costos del mercado inmobiliario y la necesidad de reglas claras.

El Banco de Tierras Municipal ya tuvo una primera instancia de adjudicación. En diciembre, el Municipio oficializó la asignación de terrenos no promocionales bajo modalidad de compra directa, con intervención de una comisión evaluadora integrada por representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal.

Ahora, la nueva reunión aparece como un paso previo para avanzar con una segunda entrega dentro de la modalidad no promocional. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuántos terrenos estarán disponibles, dónde estarán ubicados, cuáles serán los valores ni cuál será el cronograma completo del proceso.

Por eso, para las personas inscriptas, la reunión del jueves será una instancia central para conocer qué documentación deberán presentar, qué requisitos deberán cumplir y cómo continuará el procedimiento de adjudicación.

La convocatoria será el jueves 11 de junio, a las 19, en el Salón Terminal de Ómnibus.

Catriel debatió cómo prevenir las violencias de género en un conversatorio por Ni Una Menos

En el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos, Catriel volvió a poner en discusión una pregunta clave: cómo prevenir las violencias por motivos de género y qué redes existen en la ciudad para acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

La Municipalidad de Catriel, a través de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad, realizó un conversatorio abierto a la comunidad con el objetivo de reflexionar sobre la prevención, los recursos de acompañamiento disponibles y el rol de las instituciones frente a una problemática que sigue atravesando la vida cotidiana.

Del encuentro participaron la comisaria de la Familia, Romina García, y la oficial de servicio Rocío Vázquez, quienes compartieron información sobre los protocolos de actuación y las herramientas institucionales vigentes ante situaciones de violencia por motivos de género.

También formaron parte de la jornada las profesoras Noemí Vielma, Mercedes Piazza y Mónica Perales, quienes aportaron experiencias y reflexiones sobre el abordaje de estas problemáticas en los ámbitos educativos y el impacto que tienen en las nuevas generaciones.

La presencia de docentes sumó una dimensión central al debate: la prevención no empieza únicamente cuando una persona denuncia o pide ayuda, sino también en los espacios donde se construyen vínculos, formas de convivencia, límites y herramientas para reconocer situaciones de violencia.

Acompañaron además la directora de Cultura, Bárbara Soria, las concejalas Rosa Nievas, Teresa Cardona y Carolina Piris, junto a vecinos y vecinas que participaron del espacio de diálogo e intercambio.

El conversatorio se dio en una fecha especialmente sensible. Ni Una Menos surgió en Argentina en 2015 como un reclamo colectivo contra los femicidios y las violencias machistas. Once años después, la consigna sigue vigente y obliga a mirar qué respuestas existen en cada territorio.

En Catriel, esa pregunta tiene una dimensión concreta. No se trata solo de adherir a una fecha nacional, sino de revisar qué canales de acompañamiento funcionan, cómo se articulan las instituciones, qué información llega a la comunidad y qué lugar ocupan la escuela, la Policía, el Municipio, el Concejo y las organizaciones sociales.

Desde el Municipio señalaron que la intención es seguir promoviendo espacios de encuentro, escucha y reflexión para construir una comunidad más igualitaria y libre de violencias.

La jornada dejó una idea de fondo: frente a las violencias por motivos de género, ninguna institución alcanza por sí sola. La prevención requiere protocolos, educación, acompañamiento, decisión política y una comunidad dispuesta a escuchar antes de que sea tarde.

Condenan a una empresa de servicios petroleros a pagar casi $20 millones a una trabajadora de Catriel

El fallo fue dictado el 1 de junio de 2026 en una causa laboral iniciada por tres trabajadores contra Service Petrole Sud SRL y, en forma solidaria, contra Petróleos Sudamericanos SA. Durante el proceso, dos de los demandantes llegaron a acuerdos conciliatorios, por lo que la sentencia resolvió el reclamo de la trabajadora restante.

Según la resolución, la mujer trabajó para Service Petrole Sud SRL desde el 3 de septiembre de 2012 hasta el 8 de agosto de 2024, cuando se colocó en situación de despido indirecto. En términos simples, eso significa que la trabajadora dio por terminado el vínculo porque consideró que la empresa había cometido incumplimientos graves.

La Cámara tuvo por acreditado que la empleadora dejó de pagar salarios, no asignó tareas efectivas y no respondió de manera suficiente a las intimaciones enviadas por la trabajadora. También se tuvo en cuenta que la empresa no contestó la demanda dentro del plazo legal, lo que generó consecuencias procesales a favor de la versión planteada por la parte actora.

De acuerdo con la sentencia, la trabajadora había reclamado el pago de haberes adeudados, aguinaldo, aclaración de su situación laboral y otorgamiento de tareas. Ante la falta de respuestas satisfactorias, finalmente se consideró despedida por culpa de la empleadora.

El Tribunal hizo lugar al reclamo en su mayor extensión y condenó a Service Petrole Sud SRL a pagar $19.671.976,86, monto que incluye indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, salarios adeudados, aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas. A esa suma deberán agregarse los intereses correspondientes hasta el pago efectivo.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el planteo contra Petróleos Sudamericanos SA. La trabajadora buscaba que la operadora respondiera en forma solidaria, bajo el argumento de que Service Petrole Sud prestaba servicios vinculados a la actividad petrolera.

Sin embargo, la Cámara rechazó esa parte de la demanda. Para el Tribunal, no quedó probado que la trabajadora hubiera realizado tareas propias, normales y específicas de Petróleos Sudamericanos, ni que estuviera integrada al proceso productivo de la operadora.

La sentencia remarcó que la mujer cumplía tareas administrativas internas para Service Petrole Sud SRL y que no se acreditó que prestara funciones operativas, técnicas o de campo vinculadas directamente con la explotación hidrocarburífera de Petróleos Sudamericanos.

En ese punto, el fallo marca una diferencia importante: la existencia de una relación comercial entre una empresa contratista y una operadora no alcanza por sí sola para extender automáticamente una condena laboral. Para que exista responsabilidad solidaria, la Justicia exige probar una integración concreta del trabajador en la actividad propia de la empresa principal.

El caso tiene impacto local porque vuelve a poner sobre la mesa una discusión frecuente en zonas petroleras como Catriel: qué ocurre con los trabajadores cuando una contratista atraviesa problemas económicos, deja de pagar salarios o interrumpe servicios, y hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas operadoras.

La condena deberá ser cumplida en un plazo de 10 días, según dispuso la Cámara, con más los intereses correspondientes. Además, el fallo reguló honorarios profesionales y ordenó avanzar con los trámites judiciales necesarios para la ejecución del pago.

A 11 años de Ni Una Menos, Catriel sigue enfrentando denuncias, medidas judiciales y reclamos por violencia de género

Catriel volverá a sumarse este miércoles 3 de junio a una nueva jornada de movilización por Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de aquella convocatoria que en 2015 logró instalar la violencia de género como una problemática central en la agenda pública argentina.

La actividad fue convocada por la Comisión Camino al 39° Encuentro de Mujeres de Catriel y se desarrollará desde las 19 horas en la Plazoleta de la Familia, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

Según difundieron las organizadoras, la jornada busca recordar el origen del movimiento, pero también volver a poner en agenda reclamos que consideran vigentes. Entre ellos aparecen el pedido de justicia por Agostina Vega, la exigencia de políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la Ley Micaela, además de mayores recursos para programas vinculados a género y diversidad. Sobre el caso Agostina Vega, VientoSur publicó en los últimos días una cobertura sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente y el avance inicial de la investigación judicial.

La convocatoria también expresa el rechazo a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, así como a los discursos de odio y a las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

La movilización llega, además, en un contexto donde la problemática sigue teniendo expresión concreta en la agenda judicial local. Una revisión de resoluciones publicadas por el Poder Judicial de Río Negro durante 2026 muestra múltiples intervenciones del Juzgado de Paz de Catriel en expedientes vinculados a violencia familiar y de género, con medidas urgentes de protección, prohibiciones de acercamiento e impedimentos de contacto.

Ese dato confirma que las situaciones de violencia continúan generando intervenciones judiciales en la ciudad y que el Juzgado de Paz sigue siendo una de las primeras puertas de acceso para quienes buscan protección.

En varios de esos expedientes aparecen medidas de restricción de acercamiento, prohibiciones de comunicación por cualquier medio y derivaciones posteriores a organismos especializados para el seguimiento de los casos. Detrás de cada resolución hay personas que solicitaron asistencia estatal ante situaciones consideradas de riesgo. VientoSur ya había abordado este escenario en una nota sobre causas de violencia familiar en Catriel y la alta demanda judicial en casos de género.

Pero el debate sobre violencia de género en Catriel no se explica únicamente por los expedientes que se tramitan actualmente. También está atravesado por hechos que marcaron profundamente a la comunidad.

Durante la última década, la ciudad registró tres femicidios que tuvieron enorme impacto social y judicial. La propia cobertura de VientoSur sobre las movilizaciones de Ni Una Menos en Catriel viene recuperando esos nombres como parte de la memoria colectiva local.

En abril de 2014 fue asesinada Cintia Vergara, un crimen que derivó posteriormente en una condena a prisión perpetua para su expareja y que se convirtió en uno de los casos más recordados por la comunidad. VientoSur señaló en coberturas previas que, aunque el fallo se dictó bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, el hecho es recordado socialmente como uno de los femicidios que marcaron a Catriel.

Seis años después, en marzo de 2020, la desaparición y posterior femicidio de Agustina Atencio, de 17 años, volvió a generar una conmoción masiva. El caso movilizó a toda la ciudad y concluyó también con una condena a prisión perpetua.

En junio de 2022, Catriel volvió a quedar atravesada por otro hecho de extrema violencia con el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, cuyo caso avanzó hasta un juicio por jurados que terminó con una condena por femicidio.

Los tres crímenes ocurrieron en menos de una década y forman parte de la memoria colectiva de una ciudad que, periódicamente, vuelve a preguntarse qué mecanismos existen para prevenir situaciones de violencia antes de que lleguen a consecuencias irreversibles. En esa línea, el documental Ecos del Silencio también recuperó testimonios de familiares de víctimas y puso en primer plano el impacto social de estos femicidios en Catriel.

La discusión también alcanzó en distintos momentos a instituciones públicas locales.

En los últimos años, VientoSur Noticias informó sobre investigaciones administrativas, denuncias, pedidos de intervención institucional y situaciones vinculadas a presuntos hechos de violencia, acoso o conductas incompatibles con la función pública que involucraron a trabajadores, funcionarios o referentes de distintos organismos. En varios de esos casos hubo actuaciones judiciales, investigaciones internas o medidas administrativas. En otros, las denuncias no derivaron en condenas judiciales. Cada situación tuvo su propio recorrido y no admite generalizaciones, pero en conjunto muestran que la problemática no ha permanecido ajena a los ámbitos de poder y decisión de la ciudad.

Uno de esos antecedentes fue una denuncia pública y contravencional por presunto acoso que involucró a un integrante del Tribunal de Cuentas Municipal, caso que generó movilizaciones, pedidos de apartamiento y debate institucional. VientoSur reconstruyó entonces qué estaba confirmado y qué no, diferenciando la denuncia pública, la presentación contravencional y la ausencia de denuncia penal al momento de la publicación.

La discusión también llegó al ámbito laboral municipal. En 2025, un episodio ocurrido en el Vivero Municipal reabrió el debate sobre las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo, el consentimiento, los protocolos institucionales y la necesidad de respuestas claras frente a situaciones de posible acoso o violencia. En 2026, la renuncia obligada de un secretario del Ejecutivo tras ser denunciado por abuso sexual en General Roca fue otro caso testigo importante.

Los femicidios y las situaciones de violencia que llegan a los tribunales también abren otra discusión que suele aparecer cada 3 de junio: cuál es el papel de los hombres en los cambios que la sociedad reclama. Organizaciones, especialistas y organismos públicos coinciden desde hace años en que la respuesta no puede limitarse únicamente a la intervención judicial cuando la violencia ya ocurrió. La prevención también implica revisar prácticas cotidianas, formas de vincularse y modelos culturales que durante décadas naturalizaron el control, los celos, la desigualdad o distintas expresiones de violencia. En una ciudad como Catriel, donde muchas veces las relaciones personales, laborales e institucionales se desarrollan en ámbitos cercanos y conocidos, esa reflexión interpela no sólo al Estado y a la Justicia, sino también a familias, escuelas, clubes, lugares de trabajo y a los propios varones como parte necesaria de cualquier transformación duradera.

Ese contexto explica por qué la convocatoria de este miércoles trasciende la conmemoración de una fecha nacional.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, Catriel vuelve a encontrarse frente a una pregunta que sigue abierta: qué tan eficaces son hoy las herramientas de prevención, protección y acompañamiento disponibles para evitar nuevas situaciones de violencia.

Las organizadoras convocaron a la comunidad a participar bajo una consigna que resume el espíritu de la jornada: “Vivas, libres y sin miedo”.

La movilización comenzará a las 19 horas en la Plazoleta de la Familia y buscará volver a poner en discusión una problemática que, a más de una década del nacimiento de Ni Una Menos, continúa teniendo expresiones concretas en la vida cotidiana, en los tribunales y en la historia reciente de Catriel.

Catriel: fue a la Justicia para que lo operaran y Salud terminó comprando los materiales

Un vecino de Catriel tuvo que acudir a la Justicia para conseguir una cirugía en su pierna derecha. Tras la presentación de un amparo contra el Hospital Área Programa Catriel y el Ministerio de Salud de Río Negro, la Provincia terminó comprando los materiales quirúrgicos con fondos propios y la intervención finalmente se realizó.

El caso fue resuelto por la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 de Cipolletti, a cargo de la jueza María Adela Fernández. La sentencia fue dictada el 1 de junio de 2026 y declaró abstracto el amparo porque el objetivo del reclamo ya se había cumplido: el paciente fue operado el 15 de mayo.

La presentación judicial había sido iniciada el 16 de abril por una familiar del paciente. Según surge del fallo, el hombre reclamaba que se le practicara la cirugía y manifestó que desde el hospital local no recibía información clara sobre cuándo se concretaría la intervención.

El expediente también expone un punto sensible: los materiales quirúrgicos habían sido adjudicados mediante una licitación pública a la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., pero el proveedor no los habría entregado por deudas pendientes vinculadas a IPROSS. Esa situación, remarcó el propio trámite judicial, era ajena al paciente.

A eso se sumó otra dificultad. De acuerdo con la sentencia, en una instancia previa el médico tratante había rechazado operar con materiales de esa firma porque cuestionaba su calidad. Frente a ese escenario, el Ministerio informó que intimó al proveedor y también requirió al profesional que estableciera una fecha de cirugía.

Con el avance del amparo y ante la falta de respuesta del proveedor adjudicado, Salud resolvió dar de baja la orden anterior y adquirir los materiales con fondos propios. El objetivo, según informó el organismo en el expediente, fue garantizar el derecho a la salud del paciente.

El 8 de mayo, el traumatólogo del Hospital de Catriel acreditó la recepción definitiva de los materiales, la entrega de las órdenes para los estudios prequirúrgicos y la fijación de la cirugía para el 15 de mayo. Luego, el Ministerio presentó la foja quirúrgica que confirmó que la intervención se había realizado en la fecha prevista.

Por ese motivo, la jueza declaró que el caso había devenido abstracto. En términos simples, eso significa que la Justicia ya no tenía una decisión práctica que tomar porque el reclamo principal —la cirugía— ya se había cumplido.

El fallo no establece responsabilidades penales ni administrativas. Tampoco afirma que haya existido delito, mala praxis o abandono. Lo que sí deja expuesto es el recorrido que debió hacer un vecino de Catriel para acceder a una intervención médica que requería materiales específicos, decisiones administrativas y coordinación entre el hospital, el Ministerio y el proveedor.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para la ciudad: qué pasa cuando una necesidad de salud termina judicializada. Para el paciente, el resultado fue concreto: la cirugía se hizo. Para la comunidad, queda una pregunta de fondo sobre los tiempos, los insumos y la capacidad de respuesta del sistema público en Catriel.

Padellaro fue titular en tres partidos con Las Yaguaretés y Argentina ya piensa en Bordeaux

La catrielense Josefina Padellaro volvió a tener participación internacional con Las Yaguaretés, el seleccionado argentino femenino de rugby seven, en la etapa de Valladolid del SVNS World Championship, disputada en España.

Argentina cerró su paso por el torneo en el 11° puesto, luego de vencer a Gran Bretaña por 24-19 en el último partido de la competencia. La victoria permitió cerrar la gira con una sonrisa después de una exigente seguidilla de partidos ante potencias del circuito internacional.

El recorrido argentino comenzó el 29 de mayo con derrota ante Nueva Zelanda por 38-7. En ese encuentro, Josefina Padellaro fue titular. El único try argentino lo marcó Talía Rodich, mientras que la conversión fue de Sofía González.

Ese mismo día, Las Yaguaretés volvieron a jugar ante Japón y cayeron por 33-10. Los tries argentinos fueron apoyados por Talía Rodich y Francesca Iacaruso. Padellaro también integró el equipo inicial en ese partido.

La actividad continuó el sábado con el clásico sudamericano ante Brasil. Argentina perdió 14-7, con try de Candela Delgado y conversión de Sofía González. En ese encuentro, Padellaro volvió a ser titular, completando así tres presencias desde el arranque en la competencia.

Luego, por la semifinal del noveno puesto, Las Yaguaretés enfrentaron a Sudáfrica y cayeron ajustadamente por 19-17. Los tries argentinos fueron de Sofía González, en dos oportunidades, y Cristal Escalante. González también aportó una conversión. En este partido, Padellaro estuvo entre las suplentes.

El cierre llegó con triunfo ante Gran Bretaña por 24-19 en el partido por el 11° puesto. Argentina apoyó cuatro tries, a través de Virginia Brígido, Talía Rodich, Sofía González y Candela Delgado, con dos conversiones de González. Padellaro también estuvo como suplente en ese encuentro.

En total, según la información difundida por la cuenta Las Yaguaretés, Josefina Padellaro fue titular en tres de los cinco partidos disputados por Argentina en Valladolid y estuvo como suplente en los dos restantes. No hay, hasta el momento, una planilla pública oficial que permita precisar la cantidad exacta de minutos jugados en cancha.

El próximo desafío será inmediato. Las Yaguaretés volverán a competir del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia, en una nueva etapa del SVNS World Championship. Argentina integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia y Sudáfrica, un cruce de alta exigencia ante rivales de primer nivel internacional.

Para Padellaro, la convocatoria y la participación en Valladolid representan otro paso importante dentro del seleccionado argentino, en una temporada de roce internacional y crecimiento para el rugby femenino nacional.

La participación de Jose Padellaro con las Yaguaretés

PartidoResultadoParticipación de Padellaro
Argentina vs. Nueva Zelanda7-38Titular
Argentina vs. Japón10-33Titular
Argentina vs. Brasil7-14Titular
Argentina vs. Sudáfrica17-19Suplente
Argentina vs. Gran Bretaña24-19Suplente

Catriel reclama respuestas por más de $1.000 millones destinados al Plan Director de Agua

El Concejo Deliberante de Catriel tuvo una sesión cargada de temas con impacto directo para la ciudad. Entre los principales puntos tratados estuvieron pedidos de informes sobre el Bono VMOS, las regalías del proyecto Calcatreu, fondos vinculados al Plan Director de Agua Potable, una ordenanza sobre grandes generadores de residuos y distintos reconocimientos a iniciativas deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

La información fue confirmada por el Concejo Deliberante. Desde el bloque del Frente de Acción Vecinal, Carolina Piris destacó que los dictámenes tratados fueron elaborados con el objetivo de defender los intereses de la ciudad y promover una gestión más transparente.

Uno de los puntos centrales fue el pedido de información sobre los fondos del Bono VMOS y la necesidad de que Catriel sea incluida en la planificación de obras financiadas con recursos vinculados a una actividad que atraviesa el territorio local.

El tema tiene peso político y económico para la ciudad. El planteo busca saber qué lugar ocupará Catriel en la distribución y ejecución de obras asociadas a esos fondos, en un contexto donde la localidad reclama históricamente mayor reconocimiento por su rol territorial dentro de la actividad hidrocarburífera y energética.

Otro pedido de informes estuvo relacionado con las regalías que generará el proyecto minero Calcatreu. Desde el bloque impulsor sostuvieron que, si Catriel aportó durante décadas al desarrollo provincial a través de sus regalías hidrocarburíferas, también corresponde discutir cómo participará en la distribución de nuevos recursos provinciales.

Durante la sesión también se pidió información sobre más de $1.000 millones vinculados a la paralización del Plan Director de Agua Potable. El reclamo apunta a conocer qué ocurrió con fondos destinados a una obra clave para la ciudad y a sostener que esos recursos deben volver a invertirse en Catriel.

El acceso al agua aparece así como uno de los ejes más sensibles de la agenda pública local. No se trata solo de una discusión administrativa: involucra una obra estructural, recursos millonarios y una demanda básica para la vida cotidiana de los vecinos.

Otro de los proyectos tratados fue una ordenanza para establecer mayores contribuciones a grandes generadores de residuos y actividades de alto impacto ambiental. La iniciativa apunta a proteger los recursos municipales, ordenar responsabilidades y avanzar hacia una ciudad más sustentable.

En paralelo, el Concejo acompañó distintas declaraciones de interés vinculadas a actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias de Catriel. Entre ellas, se incluyeron iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo Municipal y propuestas vinculadas al medio audiovisual NOTICATRIEL, orientadas a reconocer experiencias que aportan a la identidad, la participación y el desarrollo local.

Pero uno de los puntos políticos más relevantes de la sesión fue la devolución a comisión de los dos proyectos vinculados a la regulación de las Juntas Vecinales. Esa decisión se tomó por unanimidad, con el objetivo de seguir trabajando una propuesta que reúna mayores consensos y garantice una participación vecinal más amplia.

La devolución a comisión se produjo luego de que el tema generara preocupación en sectores barriales. En la previa, el Consejo Vecinal había definido que los proyectos sobre el funcionamiento de las juntas debían volver a comisión para ser trabajados con los barrios antes de avanzar. Esa postura quedó expresada en el mandato que debía llevar la Banca del Pueblo al recinto.

La decisión del Concejo, en ese punto, dejó una señal institucional clara: cualquier modificación sobre las reglas de funcionamiento de las Juntas Vecinales deberá abrir una instancia de diálogo con los propios barrios.

La sesión dejó varios frentes abiertos. Por un lado, pedidos de información sobre fondos, regalías y obras clave. Por otro, una discusión ambiental vinculada a residuos y actividades de mayor impacto. Y, al mismo tiempo, un debate político sobre participación barrial y el rol de las Juntas Vecinales dentro de la vida institucional de Catriel.

En términos concretos, el Concejo avanzó con iniciativas que buscan respuestas del Ejecutivo y acompañó proyectos de reconocimiento comunitario. Pero el dato más fuerte fue que la reforma de las juntas vecinales no avanzó como estaba planteada y deberá volver a discutirse en comisión.

Ahora, el seguimiento estará puesto en dos cuestiones: qué respuestas llegan sobre los fondos y obras reclamadas, y cómo se abrirá el debate con los barrios para cualquier cambio en la normativa vecinal.

Catriel: Freno al proyecto que buscaba cambiar el funcionamiento de las juntas vecinales

La discusión por el funcionamiento de las Juntas Vecinales de Catriel tuvo un capítulo clave esta semana. Un dictamen que proponía modificar la normativa barrial generó rechazo en sectores vecinales, fue discutido por el Consejo Vecinal y terminó con una decisión concreta: que el proyecto vuelva a comisión y sea trabajado con los barrios antes de avanzar.

El tema no es menor. Las Juntas Vecinales son las organizaciones que representan a cada barrio, canalizan reclamos, administran fondos, impulsan mejoras, sostienen centros comunitarios y participan en la vida institucional de la ciudad. Además, a través del Consejo Vecinal, definen el mandato de la Banca del Pueblo, que tiene voz y voto en el Concejo Deliberante como un concejal más.

La polémica comenzó antes de la sesión del Concejo. La Junta Vecinal de barrio YPF difundió un comunicado en el que expresó su “total desacuerdo y repudio” al tratamiento del Dictamen 001/26 de la Comisión de Asuntos Vecinales, al considerar que no había sido trabajado junto a las juntas vecinales de Catriel.

Desde esa junta plantearon que cualquier modificación sobre el funcionamiento barrial debe ser discutida con quienes representan a los barrios. “La participación vecinal no puede ser eliminada ni subestimada”, señalaron en el comunicado, donde también solicitaron que el dictamen vuelva a comisión y se incorporen las propuestas de todas las juntas.

Según la documentación vinculada al tratamiento legislativo, el dictamen proponía una nueva ordenanza para regular el funcionamiento de las Juntas Vecinales y derogar la Ordenanza Municipal 113/19, que actualmente establece el marco de funcionamiento de las juntas, el Consejo Vecinal, la Banca del Pueblo, el sistema de elecciones, la administración de fondos, las rendiciones y las formas de intervención.

Ese punto fue el que encendió la alarma entre referentes barriales. No se trataba de una modificación menor, sino de un cambio de fondo sobre las reglas que ordenan la representación vecinal en Catriel.

Desde la Junta Vecinal de barrio YPF indicaron a VientoSur que, luego de la publicación del comunicado inicial, hubo una comunicación desde el ámbito del Concejo Deliberante para informar que el dictamen sería devuelto a comisión. También señalaron que en esa conversación se les pidió retirar la publicación de redes sociales, algo que la junta decidió no hacer.

Desde el ámbito del oficialismo en el Concejo explicaron que enviaron el dictamen por error a los presidentes de Juntas Vecinales junto con los dictámenes que si se habían trabajado para ser tratados en sesión.

En lugar de borrar el comunicado original, la Junta Vecinal de barrio YPF difundió después una aclaración pública. Allí informó que la Comisión de Asuntos Vecinales, junto al autor del dictamen, había decidido retirar el proyecto para garantizar un enfoque más democrático e incorporar la participación activa de todas las juntas vecinales.

La actualización bajó el tono del conflicto, pero dejó expuesto el punto central del reclamo: los barrios quieren ser escuchados antes de que se modifiquen las normas que regulan su propio funcionamiento.

El jueves 28 de mayo, el tema llegó al Consejo Vecinal. Allí, presidentes y representantes barriales analizaron el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y definieron el mandato que debía llevar la Banca del Pueblo.

En ese encuentro, el punto vinculado a la reforma de las Juntas Vecinales fue uno de los más sensibles. Según quedó asentado en el acta, se planteó que los dictámenes sobre el funcionamiento de las juntas debían volver a comisión para ser trabajados con los barrios.

La votación fue contundente: 9 votos positivos para que el tema vuelva a comisión, ningún voto negativo y una abstención. En la práctica, el Consejo Vecinal dejó una señal clara: una reforma barrial no puede avanzar sin la participación directa de las juntas.

Durante la reunión también aparecieron cuestionamientos por la falta de tiempo para analizar los proyectos. Algunos representantes dejaron asentado que la documentación llegó con poco margen, lo que dificulta leer, consultar en cada barrio y votar con información suficiente.

Ese reclamo, recurrente en sesiones del Consejo Vecinal, explica varias abstenciones en otros puntos del orden del día. No siempre se trató de oposición al contenido de los proyectos, sino de una advertencia institucional: los barrios necesitan tiempo, información y participación real para definir posiciones.

La discusión deja una pregunta de fondo para la política local: quién decide cómo deben funcionar las juntas vecinales. Para los barrios, la respuesta fue clara: cualquier cambio debe ser construido con ellos, no solo desde los bloques del Concejo Deliberante.

Ahora, el debate deberá continuar en comisión. El desafío será transformar el conflicto en una instancia de trabajo real, donde las juntas puedan presentar propuestas, revisar los cambios y defender el rol que cumplen en cada barrio de Catriel.

Por ahora, el mensaje político fue directo: el reclamo vecinal tuvo impacto, el dictamen no avanzó como estaba planteado y las juntas pidieron ser parte de la discusión antes de que se cambien las reglas de la representación barrial.

¿Pueden usar el celular mientras te operan? Río Negro quiere poner reglas en los quirófanos

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca poner reglas claras sobre el uso de celulares dentro de quirófanos y áreas críticas de salud.

La pregunta toca una preocupación concreta para cualquier paciente: ¿qué pasa si un profesional usa el teléfono mientras se realiza una cirugía? ¿Está permitido? ¿Puede generar riesgos? ¿Se pueden sacar fotos? ¿Y si el celular está contaminado?

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, de Juntos Somos Río Negro, y apunta a ordenar una práctica que hoy forma parte de la vida cotidiana, pero que dentro de un quirófano puede tener consecuencias distintas.

El proyecto no propone prohibir completamente los celulares. Reconoce que en la medicina actual pueden ser útiles para consultar protocolos, revisar información clínica, acceder a aplicaciones de diagnóstico o comunicarse ante una urgencia.

Pero marca una diferencia clave: una cosa es usar el teléfono por una necesidad médica y otra muy distinta es atender llamadas personales, mirar redes sociales, mandar mensajes ajenos al trabajo o sacar fotos sin autorización del paciente.

Eso es lo que la propuesta busca limitar.

Uno de los argumentos centrales es sanitario. Los celulares se usan todo el día, pasan por manos, bolsillos, mesas, autos y distintos ambientes. Pero cuando ingresan a un quirófano no pasan por un proceso de esterilización como otros elementos médicos.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten que distintos estudios identifican a los dispositivos móviles como una posible fuente de contaminación microbiana. También señalan que algunos trabajos registraron tasas de contaminación de hasta el 93% en teléfonos celulares.

Por eso, el texto plantea que su uso dentro de áreas críticas debe estar regulado con protocolos de higiene, capacitación y criterios claros.

Si la iniciativa avanza, los celulares solo podrían utilizarse en quirófanos para fines justificados: urgencias médicas, acceso a historiales clínicos, consulta de protocolos o uso de herramientas de diagnóstico. Además, deberían estar en modo silencioso y alejados de la zona aséptica directa.

Lo que sí quedaría prohibido es el uso personal: llamadas que no tengan relación con la atención, redes sociales, mensajes ajenos al trabajo y cualquier registro de imágenes sin consentimiento expreso del paciente.

Los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, tendrían que elaborar sus propios protocolos internos para regular el uso, higiene y desinfección de dispositivos móviles en quirófanos y zonas de alta criticidad. También deberían capacitar al personal sobre los riesgos.

La discusión aparece en un momento donde la seguridad de los pacientes volvió a estar en el centro de la agenda sanitaria. En Río Negro, distintos casos judiciales y reclamos sociales pusieron bajo la lupa la importancia de los protocolos dentro de los establecimientos de salud.

El proyecto no busca demonizar la tecnología. El punto es otro: dentro de un quirófano, un celular no puede usarse como en cualquier lugar. La prioridad debe ser la seguridad del paciente, la asepsia y la concentración del equipo médico.

En términos simples, la propuesta intenta responder una pregunta que muchas personas quizás nunca se hicieron, pero que importa: qué límites debe tener el uso del celular cuando alguien está siendo operado.

Si se aprueba, Río Negro podría contar con una norma específica para ordenar esta práctica y reducir riesgos dentro de quirófanos y áreas críticas de salud.

Maltrato animal: quieren que las personas sancionadas queden registradas en Río Negro

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca crear un registro provincial de personas sancionadas o condenadas por maltrato y crueldad hacia los animales.

La idea es concreta: que quienes ya tengan una sanción firme o una condena por maltratar animales queden registrados oficialmente, tengan que realizar una capacitación obligatoria y puedan recibir consecuencias administrativas si no cumplen.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y propone crear el “Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal”.

El objetivo, según el proyecto, no es hacer una lista para escrachar públicamente a nadie. La finalidad sería administrativa y preventiva: que el Estado, los organismos competentes y las organizaciones protectoras puedan contar con información para actuar mejor y evitar que se repitan situaciones de violencia contra animales.

El registro incluiría a personas que tengan condenas penales o resoluciones firmes en sede administrativa por hechos de maltrato o crueldad animal. Es decir, no alcanzaría con una simple acusación o denuncia: debería existir una decisión firme.

Además, las personas incluidas tendrían que realizar un curso obligatorio de sensibilización sobre derecho animal, cuidado responsable y bienestar de los animales. El plazo para cumplir con esa capacitación sería de seis meses.

Si no cumplen, podrían perder beneficios impositivos provinciales o municipales. En otras palabras: no solo quedarían registradas, sino que también habría consecuencias concretas si ignoran la obligación de capacitarse.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos. El proyecto también aclara que deberá garantizarse el derecho de defensa y el debido proceso de las personas involucradas.

La propuesta parte de una idea de fondo que cada vez gana más lugar en la sociedad: los animales no son cosas. Son seres vivos, sienten dolor, miedo y sufrimiento, y el Estado debe contar con herramientas para protegerlos.

En Catriel, el tema no resulta ajeno. En los últimos años hubo denuncias, rescates e intervenciones vinculadas al abandono, el maltrato y el cuidado responsable de animales.

Uno de los casos más recientes fue el rescate de un caballo que, según informó Corazón Animal Catriel, habría permanecido tres días atado a un poste, sin agua ni comida. El animal tenía una lesión infectada en una pata y se encontraba en estado de extrema debilidad. En ese procedimiento intervinieron la organización proteccionista, Defensa Civil y la Comisaría Novena.

También hubo antecedentes judiciales por maltrato a perros. En 2021, una denuncia vecinal permitió el rescate de un perro que permanecía atado con una cadena corta, sin alimentación suficiente, sin agua y sin resguardo ante el clima. En ese caso intervinieron el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

Estos hechos muestran que la discusión no es lejana ni abstracta. La violencia contra animales también aparece en las ciudades chicas, en los barrios y en situaciones que muchas veces empiezan como reclamos vecinales o publicaciones en redes.

El debate también se conecta con la prevención. Catriel viene realizando campañas de castración gratuita y acciones de tenencia responsable, especialmente para animales en situación de calle y familias que no pueden afrontar el costo de una cirugía.

A eso se suma el trabajo sostenido de organizaciones como Corazón Animal Catriel, que desde hace años realiza rescates, asistencia veterinaria, campañas solidarias y acompañamiento a animales abandonados o en situación de riesgo.

El proyecto provincial busca que el Estado tenga una herramienta más para actuar frente a estos casos. No reemplaza las denuncias, ni las investigaciones judiciales, ni el trabajo de las protectoras. Pero podría ordenar antecedentes y generar obligaciones para quienes ya fueron sancionados por maltrato.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada en la Legislatura. Si avanza, Río Negro podría contar con un sistema provincial para registrar a personas sancionadas por crueldad animal y exigirles capacitación obligatoria.

Para Catriel, el debate toca una realidad concreta: qué hacer cuando un animal es abandonado, golpeado, atado, privado de agua o alimento, o sometido a situaciones de sufrimiento. Y también plantea una pregunta más profunda: cómo pasar de la indignación en redes a herramientas reales de prevención, control y responsabilidad.