Catriel debatió cómo prevenir las violencias de género en un conversatorio por Ni Una Menos

En el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos, Catriel volvió a poner en discusión una pregunta clave: cómo prevenir las violencias por motivos de género y qué redes existen en la ciudad para acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

La Municipalidad de Catriel, a través de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad, realizó un conversatorio abierto a la comunidad con el objetivo de reflexionar sobre la prevención, los recursos de acompañamiento disponibles y el rol de las instituciones frente a una problemática que sigue atravesando la vida cotidiana.

Del encuentro participaron la comisaria de la Familia, Romina García, y la oficial de servicio Rocío Vázquez, quienes compartieron información sobre los protocolos de actuación y las herramientas institucionales vigentes ante situaciones de violencia por motivos de género.

También formaron parte de la jornada las profesoras Noemí Vielma, Mercedes Piazza y Mónica Perales, quienes aportaron experiencias y reflexiones sobre el abordaje de estas problemáticas en los ámbitos educativos y el impacto que tienen en las nuevas generaciones.

La presencia de docentes sumó una dimensión central al debate: la prevención no empieza únicamente cuando una persona denuncia o pide ayuda, sino también en los espacios donde se construyen vínculos, formas de convivencia, límites y herramientas para reconocer situaciones de violencia.

Acompañaron además la directora de Cultura, Bárbara Soria, las concejalas Rosa Nievas, Teresa Cardona y Carolina Piris, junto a vecinos y vecinas que participaron del espacio de diálogo e intercambio.

El conversatorio se dio en una fecha especialmente sensible. Ni Una Menos surgió en Argentina en 2015 como un reclamo colectivo contra los femicidios y las violencias machistas. Once años después, la consigna sigue vigente y obliga a mirar qué respuestas existen en cada territorio.

En Catriel, esa pregunta tiene una dimensión concreta. No se trata solo de adherir a una fecha nacional, sino de revisar qué canales de acompañamiento funcionan, cómo se articulan las instituciones, qué información llega a la comunidad y qué lugar ocupan la escuela, la Policía, el Municipio, el Concejo y las organizaciones sociales.

Desde el Municipio señalaron que la intención es seguir promoviendo espacios de encuentro, escucha y reflexión para construir una comunidad más igualitaria y libre de violencias.

La jornada dejó una idea de fondo: frente a las violencias por motivos de género, ninguna institución alcanza por sí sola. La prevención requiere protocolos, educación, acompañamiento, decisión política y una comunidad dispuesta a escuchar antes de que sea tarde.

A 11 años de Ni Una Menos, Catriel sigue enfrentando denuncias, medidas judiciales y reclamos por violencia de género

Catriel volverá a sumarse este miércoles 3 de junio a una nueva jornada de movilización por Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de aquella convocatoria que en 2015 logró instalar la violencia de género como una problemática central en la agenda pública argentina.

La actividad fue convocada por la Comisión Camino al 39° Encuentro de Mujeres de Catriel y se desarrollará desde las 19 horas en la Plazoleta de la Familia, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

Según difundieron las organizadoras, la jornada busca recordar el origen del movimiento, pero también volver a poner en agenda reclamos que consideran vigentes. Entre ellos aparecen el pedido de justicia por Agostina Vega, la exigencia de políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la Ley Micaela, además de mayores recursos para programas vinculados a género y diversidad. Sobre el caso Agostina Vega, VientoSur publicó en los últimos días una cobertura sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente y el avance inicial de la investigación judicial.

La convocatoria también expresa el rechazo a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, así como a los discursos de odio y a las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

La movilización llega, además, en un contexto donde la problemática sigue teniendo expresión concreta en la agenda judicial local. Una revisión de resoluciones publicadas por el Poder Judicial de Río Negro durante 2026 muestra múltiples intervenciones del Juzgado de Paz de Catriel en expedientes vinculados a violencia familiar y de género, con medidas urgentes de protección, prohibiciones de acercamiento e impedimentos de contacto.

Ese dato confirma que las situaciones de violencia continúan generando intervenciones judiciales en la ciudad y que el Juzgado de Paz sigue siendo una de las primeras puertas de acceso para quienes buscan protección.

En varios de esos expedientes aparecen medidas de restricción de acercamiento, prohibiciones de comunicación por cualquier medio y derivaciones posteriores a organismos especializados para el seguimiento de los casos. Detrás de cada resolución hay personas que solicitaron asistencia estatal ante situaciones consideradas de riesgo. VientoSur ya había abordado este escenario en una nota sobre causas de violencia familiar en Catriel y la alta demanda judicial en casos de género.

Pero el debate sobre violencia de género en Catriel no se explica únicamente por los expedientes que se tramitan actualmente. También está atravesado por hechos que marcaron profundamente a la comunidad.

Durante la última década, la ciudad registró tres femicidios que tuvieron enorme impacto social y judicial. La propia cobertura de VientoSur sobre las movilizaciones de Ni Una Menos en Catriel viene recuperando esos nombres como parte de la memoria colectiva local.

En abril de 2014 fue asesinada Cintia Vergara, un crimen que derivó posteriormente en una condena a prisión perpetua para su expareja y que se convirtió en uno de los casos más recordados por la comunidad. VientoSur señaló en coberturas previas que, aunque el fallo se dictó bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, el hecho es recordado socialmente como uno de los femicidios que marcaron a Catriel.

Seis años después, en marzo de 2020, la desaparición y posterior femicidio de Agustina Atencio, de 17 años, volvió a generar una conmoción masiva. El caso movilizó a toda la ciudad y concluyó también con una condena a prisión perpetua.

En junio de 2022, Catriel volvió a quedar atravesada por otro hecho de extrema violencia con el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, cuyo caso avanzó hasta un juicio por jurados que terminó con una condena por femicidio.

Los tres crímenes ocurrieron en menos de una década y forman parte de la memoria colectiva de una ciudad que, periódicamente, vuelve a preguntarse qué mecanismos existen para prevenir situaciones de violencia antes de que lleguen a consecuencias irreversibles. En esa línea, el documental Ecos del Silencio también recuperó testimonios de familiares de víctimas y puso en primer plano el impacto social de estos femicidios en Catriel.

La discusión también alcanzó en distintos momentos a instituciones públicas locales.

En los últimos años, VientoSur Noticias informó sobre investigaciones administrativas, denuncias, pedidos de intervención institucional y situaciones vinculadas a presuntos hechos de violencia, acoso o conductas incompatibles con la función pública que involucraron a trabajadores, funcionarios o referentes de distintos organismos. En varios de esos casos hubo actuaciones judiciales, investigaciones internas o medidas administrativas. En otros, las denuncias no derivaron en condenas judiciales. Cada situación tuvo su propio recorrido y no admite generalizaciones, pero en conjunto muestran que la problemática no ha permanecido ajena a los ámbitos de poder y decisión de la ciudad.

Uno de esos antecedentes fue una denuncia pública y contravencional por presunto acoso que involucró a un integrante del Tribunal de Cuentas Municipal, caso que generó movilizaciones, pedidos de apartamiento y debate institucional. VientoSur reconstruyó entonces qué estaba confirmado y qué no, diferenciando la denuncia pública, la presentación contravencional y la ausencia de denuncia penal al momento de la publicación.

La discusión también llegó al ámbito laboral municipal. En 2025, un episodio ocurrido en el Vivero Municipal reabrió el debate sobre las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo, el consentimiento, los protocolos institucionales y la necesidad de respuestas claras frente a situaciones de posible acoso o violencia. En 2026, la renuncia obligada de un secretario del Ejecutivo tras ser denunciado por abuso sexual en General Roca fue otro caso testigo importante.

Los femicidios y las situaciones de violencia que llegan a los tribunales también abren otra discusión que suele aparecer cada 3 de junio: cuál es el papel de los hombres en los cambios que la sociedad reclama. Organizaciones, especialistas y organismos públicos coinciden desde hace años en que la respuesta no puede limitarse únicamente a la intervención judicial cuando la violencia ya ocurrió. La prevención también implica revisar prácticas cotidianas, formas de vincularse y modelos culturales que durante décadas naturalizaron el control, los celos, la desigualdad o distintas expresiones de violencia. En una ciudad como Catriel, donde muchas veces las relaciones personales, laborales e institucionales se desarrollan en ámbitos cercanos y conocidos, esa reflexión interpela no sólo al Estado y a la Justicia, sino también a familias, escuelas, clubes, lugares de trabajo y a los propios varones como parte necesaria de cualquier transformación duradera.

Ese contexto explica por qué la convocatoria de este miércoles trasciende la conmemoración de una fecha nacional.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, Catriel vuelve a encontrarse frente a una pregunta que sigue abierta: qué tan eficaces son hoy las herramientas de prevención, protección y acompañamiento disponibles para evitar nuevas situaciones de violencia.

Las organizadoras convocaron a la comunidad a participar bajo una consigna que resume el espíritu de la jornada: “Vivas, libres y sin miedo”.

La movilización comenzará a las 19 horas en la Plazoleta de la Familia y buscará volver a poner en discusión una problemática que, a más de una década del nacimiento de Ni Una Menos, continúa teniendo expresiones concretas en la vida cotidiana, en los tribunales y en la historia reciente de Catriel.

Encontraron sin vida a Agostina Vega: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el caso

El caso de Agostina Vega tuvo el peor final. La adolescente de 14 años, que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, fue hallada sin vida este sábado en una zona descampada del sur de la capital provincial.

El hallazgo se produjo en el sector de Ampliación Ferreyra, en un predio donde los investigadores realizaban rastrillajes desde hacía varias horas. La búsqueda había comenzado luego de que Agostina fuera vista por última vez el sábado 23 de mayo.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón y tiene como único detenido, hasta el momento, a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado como una persona vinculada al entorno familiar de la adolescente.

Según la reconstrucción publicada por distintos medios nacionales y provinciales, una de las líneas principales de investigación sostiene que Agostina habría tomado un remís y luego se habría dirigido a la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

Un elemento clave de la causa fue una cámara de seguridad que registró el ingreso de la adolescente a una vivienda. En un primer momento, la defensa del detenido había negado que la persona del video fuera Agostina. Sin embargo, luego trascendió que Barrelier cambió parte de su versión y admitió que la joven estuvo en su casa esa noche.

Barrelier fue inicialmente imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, la causa podría cambiar de calificación, aunque cualquier nueva imputación dependerá de las pruebas reunidas por la fiscalía, los resultados forenses y la reconstrucción final de los hechos.

El detenido se desempeñaba como empleado municipal en Córdoba y, según publicaciones periodísticas, cumplía funciones vinculadas a áreas de capacitación o tránsito. También trascendió que tenía un antecedente judicial previo por un hecho de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer.

En las últimas horas, también se conoció que la defensa de Barrelier renunció luego de diferencias vinculadas a la estrategia del caso y a los cambios en la declaración del imputado.

La investigación no se limita únicamente al detenido. Tras el hallazgo del cuerpo, medios cordobeses informaron que el fiscal Garzón ordenó la imputación de Melisa Heredia, madre de Agostina, y el secuestro de su teléfono celular. También se habría secuestrado el celular de la abuela de la adolescente. La imputación no implica una condena, sino que forma parte de la investigación sobre el entorno y las circunstancias que rodearon la desaparición.

El fiscal ya había señalado antes del hallazgo que la búsqueda se realizaba “con vida y sin vida”, y que la investigación tenía distintas hipótesis abiertas. Ahora, el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, el análisis de los teléfonos, las cámaras de seguridad, los movimientos previos a la desaparición y las declaraciones incorporadas al expediente.

El crimen de Agostina generó conmoción en Córdoba y en todo el país. Durante los días de búsqueda, familiares, vecinos y organizaciones reclamaron respuestas y acompañaron las tareas para intentar dar con su paradero.

Aunque la Justicia todavía debe determinar la calificación final del hecho y confirmar si se trató o no de un femicidio, el caso vuelve a encender alertas en un país atravesado por la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2025 se investigaron 204 causas judiciales por posibles femicidios, con 219 víctimas en total: 200 víctimas directas y 19 vinculadas. El relevamiento oficial indicó que hubo una víctima directa cada 44 horas en el país.

También los observatorios sociales vienen advirtiendo la gravedad del problema. Ahora Que Sí Nos Ven relevó 262 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio durante 2025, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. La diferencia entre registros oficiales y relevamientos sociales muestra algo central: más allá de la calificación judicial de cada caso, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo una emergencia que exige prevención, respuestas rápidas y acompañamiento efectivo.

El caso vuelve a poner en discusión la vulnerabilidad de niñas y adolescentes, los vínculos de confianza dentro del entorno cercano y la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo.

Por ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió desde el momento en que Agostina salió de su casa hasta el hallazgo del cuerpo. También deberá establecer el grado de responsabilidad de cada persona investigada y la calificación legal definitiva del caso.

Mientras tanto, el nombre de Agostina Vega se suma a una lista dolorosa de casos que exigen respuestas judiciales, protección efectiva y una mirada más profunda sobre las situaciones de violencia que atraviesan niñas y adolescentes en Argentina.

Abusó de una nena en Catriel, la amenazó para que no hablara y fue condenado: evitó la cárcel

Un hombre fue condenado por la Justicia de Río Negro por abuso sexual contra una niña en Catriel, en una causa que se extendió durante varios años y que finalmente se resolvió a través de un juicio abreviado en Cipolletti.

La sentencia fue dictada el 11 de marzo de 2026 por el Foro de Jueces Penales de la IV Circunscripción. Según surge del fallo, el acusado reconoció los hechos ante el juez, acompañado por su defensor, y aceptó la pena acordada con la Fiscalía.

De acuerdo a la investigación, los episodios ocurrieron en distintos momentos entre 2022 y 2025. La víctima era una niña y el condenado tenía cercanía con su entorno familiar, ya que era pareja de una tía.

La causa se inició a partir de la denuncia de la madre, y se sostuvo con distintas pruebas: intervención de la Comisaría de la Familia, informes escolares, pericias y la declaración de la niña en Cámara Gesell, donde pudo relatar lo ocurrido.

Según la acusación, el hombre fue declarado culpable de tres hechos de abuso sexual simple y un hecho de abuso sexual con coacción, este último vinculado a amenazas para que la víctima no contara lo sucedido.

El juez dio por válido el acuerdo entre las partes y lo condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional, lo que implica que no irá a prisión siempre que cumpla con una serie de condiciones.

Entre las medidas que deberá respetar están la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, no tener ningún tipo de contacto con ella, fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y presentarse periódicamente ante autoridades judiciales.

Además, deberá realizar un tratamiento psicológico, participar de un curso de masculinidades y someterse a controles durante un período de tres años.

El fallo ya quedó firme, ya que tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron a apelar. A partir de ahora, será la Justicia de Ejecución la encargada de controlar que el condenado cumpla con todas las condiciones impuestas.

Era su tío: lo acusaron por abuso sexual con acceso carnal en Catriel, pero fue condenado por una figura menor y no irá a la cárcel

El Foro de Jueces Penales de la IV Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento en Cipolletti, condenó a J. L. S. a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por el grave daño a la salud de la víctima, en una causa vinculada a hechos denunciados en la ciudad de Catriel.

De acuerdo con la sentencia definitiva N° 102, firmada el 9 de marzo de 2026, el tribunal declaró al acusado autor del hecho y además le impuso una serie de pautas de conducta por dos años, entre ellas mantener domicilio fijo, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, someterse a controles periódicos y realizar un curso virtual de masculinidades antes de fin de año.

Según surge del fallo judicial, la acusación inicial sostenía que los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando la víctima era una menor de edad, y que incluían una imputación por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Sin embargo, durante la audiencia de juicio oral realizada el 4 de marzo de 2026, la Fiscalía informó que no contaba con prueba suficiente para sostener esa calificación original.

Entre las dificultades señaladas por el Ministerio Público Fiscal, se mencionó que la víctima manifestó que no quería declarar en el juicio y que tenía dudas sobre algunos aspectos centrales del hecho. A eso se sumó, según expusieron las fiscales en audiencia, el fallecimiento de una testigo considerada relevante y la imposibilidad de que otra familiar declarara por razones de salud.

Frente a ese escenario, la acusación pública reformuló el encuadre legal y sostuvo la imputación por un hecho menor: abuso sexual simple agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima. Esa afectación, según se indicó en el debate, fue respaldada por informes y testimonios de profesionales de la salud mental que asistieron a la joven a lo largo del tiempo.

Siempre de acuerdo con la sentencia, la Fiscalía sostuvo que existían otros elementos para mantener la acusación, entre ellos la denuncia formal presentada en 2024, declaraciones previas, informes psicológicos, antecedentes escolares y actuaciones policiales incorporadas al expediente. El tribunal consideró que ese conjunto de evidencias resultaba suficiente para avanzar con la nueva calificación penal.

En ese contexto, la defensa aceptó la reformulación del cargo y el imputado reconoció su responsabilidad por el hecho atribuido con la nueva calificación legal. El fallo remarca que esa admisión se produjo en audiencia, con asistencia de sus abogados y luego de que se le informaran sus derechos.

La resolución también fijó una reparación económica a favor de la víctima, cuyo monto no fue detallado públicamente en la versión del fallo difundida, y dispuso que el acusado deberá afrontar las costas del proceso. Además, el tribunal ordenó una evaluación por parte del Cuerpo de Investigación Forense para determinar si corresponde un tratamiento psicológico en función del hecho por el que fue declarado responsable.

Los jueces señalaron que la pena acordada resultaba adecuada en función del delito finalmente sostenido por la Fiscalía, la falta de antecedentes condenatorios del acusado, su reconocimiento de responsabilidad y las condiciones pactadas entre las partes. También indicaron que, al haber renunciado las partes a los plazos procesales para recurrir, la sentencia quedó firme una vez notificada.

El caso vuelve a poner en foco las dificultades que suelen atravesar los procesos judiciales por delitos contra la integridad sexual cometidos años atrás, especialmente cuando la prueba testimonial se debilita con el paso del tiempo o cuando la víctima no desea revivir lo sucedido en una audiencia pública. En este expediente, el tribunal destacó que la salida acordada buscó evitar una mayor exposición de la joven y dar cierre al proceso dentro del marco legal vigente.

Condenaron a un hombre por cuatro abusos sexuales y coacción contra una menor en Catriel: no irá preso

La Justicia de Río Negro condenó a D. O. G. por cuatro hechos cometidos en Catriel contra una niña, en un caso que fue resuelto mediante un juicio abreviado pleno ante el Foro de Jueces y Juezas Penales de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Cipolletti. La sentencia definitiva, firmada por el juez Marcelo Gómez, fue dictada el 11 de marzo de 2026 en el expediente MPF-CA-00858-2025.

De acuerdo con el fallo, el hombre fue declarado culpable como autor de tres hechos de abuso sexual simple y de un hecho de abuso sexual simple en concurso real con coacción simple. Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en distintos momentos entre 2022 y junio de 2025 y tuvieron como víctima a una menor de edad de Catriel.

Siempre según la reconstrucción incorporada a la sentencia, los episodios habrían ocurrido en distintos contextos: en una vivienda, en la vía pública mientras circulaban en motocicleta, en la casa de una familiar y en una destreza criolla. En uno de esos hechos, de acuerdo con la acusación aceptada en el acuerdo, el imputado además habría amenazado a la niña con dañar a familiares directos para obligarla a callar.

La resolución judicial señala que la acusación fue sostenida por el Ministerio Público Fiscal con distintos elementos de prueba. Entre ellos, se mencionan la denuncia presentada por la madre de la niña, la declaración de la menor en Cámara Gesell, informes de profesionales del área forense y de OFAVI, actuaciones policiales, allanamientos y documentación escolar que, según el fallo, dio cuenta de cambios en el estado de ánimo y en la conducta de la víctima.

Uno de los puntos centrales valorados en la sentencia fue el testimonio anticipado de la niña bajo modalidad de Cámara Gesell, realizado en septiembre de 2025 en Catriel. Según el fallo, la psicóloga interviniente observó un elevado nivel de angustia y consignó que la menor realizó un relato espontáneo, identificó a la persona implicada y explicó el vínculo que mantenía con ella.

El caso se resolvió mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. En la audiencia, la fiscal Analía Díaz sostuvo la acusación y propuso una pena de tres años de prisión en suspenso, mientras que la defensa oficial, a cargo de Marcelo Caraballo, expresó su conformidad con el abreviado. El imputado, según dejó asentado el juez, reconoció de manera libre los hechos, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena y con las pautas de conducta impuestas.

La sentencia también deja constancia de que la madre de la niña, en su carácter de denunciante y representante legal de la menor, fue informada del alcance del acuerdo y manifestó su conformidad con esa vía de resolución.

En función de ese acuerdo, el tribunal impuso a D. O. G. una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo en una unidad carcelaria, aunque sujeta al cumplimiento de reglas estrictas durante tres años. Entre esas condiciones figuran no cometer nuevos delitos, mantener domicilio informado, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar del alcohol, someterse al control del IAPL, presentarse periódicamente ante la Justicia o la Comisaría 9ª de Catriel, realizar un curso virtual de masculinidades y cumplir un tratamiento psicológico para control de impulsos.

Además, el fallo ordenó una prohibición de acercamiento de al menos 300 metros respecto de la víctima y de su domicilio, junto con la prohibición de todo tipo de contacto por cualquier medio. También se estableció que, ante un eventual encuentro casual en la vía pública, será obligación del condenado retirarse del lugar.

En los fundamentos, el juez consideró que tanto la existencia de los hechos como la autoría quedaron acreditadas a partir del material probatorio reunido y de la confesión formulada por el acusado en audiencia, con asistencia de su defensor. También sostuvo que la pena acordada resultaba adecuada en función de la escala penal aplicable, la falta de antecedentes condenatorios computables y el reconocimiento de responsabilidad.

Como las partes renunciaron a los plazos para recurrir, la sentencia quedó firme una vez notificada. A partir de ahora, la Oficina Judicial deberá realizar la liquidación de costas, comunicar la condena a los registros correspondientes y remitir el legajo al Juzgado de Ejecución Penal para el control del cumplimiento de las condiciones impuestas.

Catriel: lo condenaron por abuso sexual agravado contra la hija de su pareja pero no irá preso

Un hombre de Catriel fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años y aprovechando una situación de convivencia preexistente, de acuerdo con una sentencia dictada el 10 de marzo de 2026 por el Foro de Jueces Penales de la 4ª Circunscripción Judicial con sede en Cipolletti.

De acuerdo con el fallo judicial, la resolución homologó un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa oficial y la Defensoría de Menores en el legajo MPF-CA-00051-2025. En ese marco, el imputado, identificado por sus iniciales F. O. C., aceptó la acusación, la calificación legal, el monto de la pena y su modalidad de cumplimiento.

Según la acusación fiscal reproducida en la sentencia, se le atribuyeron dos hechos ocurridos en Catriel en un contexto de convivencia con la víctima, una niña menor de edad. El primero fue calificado como tentativa de abuso sexual simple agravado, en un episodio ocurrido entre marzo y septiembre de 2024. El segundo, ocurrido el 7 de enero de 2025, fue encuadrado como abuso sexual simple agravado.

La sentencia señala que la investigación se sostuvo, entre otros elementos, en la denuncia de la madre de la niña, el relato de la víctima en Cámara Gesell y declaraciones testimoniales incorporadas por la Fiscalía. El juez interviniente, Julio César Sueldo, sostuvo que, además de la admisión del imputado, la prueba descripta por el Ministerio Público Fiscal y no objetada por la defensa acreditó integralmente los hechos, por lo que correspondía homologar el acuerdo alcanzado por las partes.

En el fallo se indica que la Fiscalía estuvo representada por la Dra. Analía Díaz, mientras que la Defensora de Menores, Dra. Alicia Merino, informó haber mantenido contacto con la víctima y expresó su conformidad con lo resuelto. Por su parte, la defensa oficial, a cargo de la Dra. Silvana Ayenao, también prestó consentimiento al acuerdo.

Además de la condena condicional, el imputado deberá cumplir durante dos años una serie de pautas de conducta. Entre ellas, fijar y mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas en lugares públicos, presentarse ante organismos de control y someterse a una evaluación para determinar si requiere tratamiento. También deberá realizar un curso virtual de masculinidad, informar periódicamente sobre sus condiciones de vida ante la Unidad 9ª de Catriel y respetar una prohibición total de contacto con la víctima.

La resolución también le impone una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la menor y de su domicilio. En caso de un encuentro ocasional, deberá retirarse del lugar, según lo establecido en la sentencia con base en el artículo 27 bis del Código Penal.

Con esta decisión, el tribunal dio por finalizada la instancia de juicio mediante un acuerdo pleno entre las partes y dispuso la remisión del legajo al Juzgado de Ejecución, que deberá controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Exclusión del hogar y restricción de 500 metros en un caso de violencia en Catriel

La decisión ya fue tomada y refuerza medidas urgentes.

La Justicia de Río Negro ratificó una serie de disposiciones en el marco de una causa por violencia familiar iniciada días atrás en Catriel, donde se dispuso la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia una mujer que realizó la denuncia.

Según consta en la resolución emitida por la Unidad Procesal N° 7 de Cipolletti, las medidas alcanzan a un hombre identificado en el expediente y establecen que deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea público o privado.

De acuerdo a lo indicado en el fallo, la denuncia fue radicada el 2 de abril de 2026, y ese mismo día el Juzgado de Paz de Catriel dispuso las primeras medidas de protección, que ahora fueron ratificadas por la Justicia.

La resolución también establece que el acusado deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Incluso se advierte que acciones como insistencia en la comunicación, seguimiento o intimidación podrían ser consideradas incumplimientos de la orden judicial.

Según el texto oficial, el objetivo de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la persona denunciante, en el marco de la legislación vigente sobre violencia familiar y de género.

Además, se dispuso la realización de rondines policiales durante 15 días en el domicilio de la mujer, como medida adicional de resguardo.

En paralelo, tanto la denunciante como la persona denunciada deberán concurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel, donde deberán iniciar un tratamiento en cumplimiento de lo establecido por la normativa provincial.

La Justicia también dejó constancia de que las medidas son de carácter provisorio y que su eventual modificación dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas, incluyendo el tratamiento correspondiente.

Asimismo, se advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una nueva instancia judicial.

Por ahora, la prioridad está puesta en la protección.

Y en garantizar que las medidas se cumplan.

“No se le va a permitir a ningún trabajador”: Salzotto habló tras una denuncia por abuso en el Municipio

“No se le va a permitir a ningún trabajador municipal, sea del rango que sea”. Con esa definición, la intendenta Daniela Salzotto se refirió a la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una trabajadora del área de Tránsito contra un compañero, y confirmó que el Municipio adoptó medidas desde el inicio del caso.

Según indicó en conferencia de prensa, la actuación fue inmediata. “Tomamos medidas desde la primera hora con el caso denunciado. Se apartó al involucrado y se contuvo a la denunciante. Se activó el Tribunal de Disciplina como corresponde”, señaló.

De acuerdo a la información oficial, el trabajador señalado fue apartado de sus funciones, mientras avanza el procedimiento administrativo interno. En paralelo, se dispuso acompañamiento institucional para la denunciante.

Durante su intervención, la jefa comunal también hizo referencia a un contexto más amplio. “En esta localidad, lamentablemente, tenemos prácticas naturalizadas en relación a la violencia, al abuso, al bullying”, afirmó.

El caso se encuentra actualmente en órbita del Tribunal de Disciplina. Hasta el momento, no se informaron definiciones del organismo públicamente, pero si trascendió la existencia de una denuncia en sede policial y la activación del proceso penal por parte de la Justicia.

En ese marco, Salzotto sostuvo que el criterio de actuación será uniforme dentro del Municipio y remarcó que no se admitirán conductas de este tipo en el ámbito laboral.

Finalmente, planteó la necesidad de que este tipo de intervenciones se extiendan a otros sectores. “Pido que se tome el ejemplo en el petróleo, en Educación, en comercio, para que estas prácticas no sean aceptadas de forma natural”, expresó.

El proceso administrativo continúa en curso y se esperan definiciones a partir del avance de las actuaciones internas.

Catriel: denunciaron a un trabajador de Tránsito por abuso sexual

Un nuevo caso bajo investigación judicial y administrativa se abrió en el ámbito municipal tras la denuncia de una trabajadora del área de Tránsito contra un colega, a quien acusó de haber incurrido en conductas de índole sexual sin su consentimiento durante una jornada laboral.

El episodio, siempre según la información aportada por fuentes oficiales, habría tenido lugar en el marco de un operativo nocturno de control y prevención desarrollado en la ciudad.

En ese contexto, la inspectora señaló que el agente denunciado habría efectuado comentarios de carácter inapropiado y contacto físico indebido, situación que —de acuerdo a su relato— fue inmediatamente rechazada.

Luego del hecho, la mujer dio aviso a sus superiores y formalizó la denuncia correspondiente en la comisaría 9na de Catriel, lo que derivó en la intervención de la Justicia y en la activación de los mecanismos institucionales internos.

Como primera medida, el Ejecutivo dispuso la separación preventiva del trabajador mientras se sustancia el proceso.

Desde el Municipio confirmaron que se inició un sumario administrativo, instancia en la que se evaluarán las responsabilidades del agente denunciado.

En paralelo, la causa penal se encuentra en etapa inicial y contempla la recolección de pruebas. En ese marco, trascendió la posible existencia de testigos, aunque ese aspecto forma parte de la investigación en curso.

Fuentes oficiales indicaron además que la denunciante está siendo acompañada y contenida por el Municipio, en línea con los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

El caso permanece bajo análisis judicial, por lo que no existen imputaciones firmes ni resoluciones definitivas, y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia respecto del agente involucrado.

El caso se suma a otros antecedentes dentro de la estructura municipal. Según pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales, tiempo atrás un funcionario con rango de director fue denunciado penalmente por un presunto abuso sexual agravado ocurrido en otra localidad.

Aunque esa situación no tuvo difusión pública en la ciudad en ese momento, posteriormente el Municipio avanzó con su desvinculación del área que encabezaba.

En ese contexto, el nuevo episodio vuelve a poner en foco los mecanismos institucionales de prevención y respuesta ante denuncias de este tipo dentro del ámbito estatal.