Una denuncia por lesiones en contexto de violencia de género, a partir de dos hechos ocurridos el 7 de enero de 2024 en la ciudad de Catriel, dio origen a una causa penal que recientemente quedó formalmente cerrada por decisión judicial. El Juzgado de Garantías de Cipolletti resolvió el sobreseimiento del imputado luego de declarar extinguida la acción penal, tras el cumplimiento de una suspensión de juicio a prueba.
Según consta en el expediente, el primer hecho denunciado ocurrió entre las 10.30 y las 11 de la mañana, cuando el imputado se presentó en el domicilio de su pareja y le propinó golpes de puño en el rostro, provocándole lesiones leves. En ese mismo contexto, ingresó a la vivienda sin autorización y se llevó un teléfono celular propiedad de la mujer.
Horas más tarde, alrededor de las 17.30, se denunció un segundo episodio: el hombre regresó al domicilio, arrojó el teléfono contra la víctima, volvió a causarle lesiones y luego se retiró. Tras el aviso a la policía, fue localizado en otro domicilio, donde se resistió al arresto, esgrimiendo una botella contra el personal policial.
La causa avanzó rápidamente y el 8 de enero de 2024 se le formularon cargos al imputado. Sin embargo, en mayo de ese año, las partes acordaron la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año, al considerar que se reunían los requisitos legales para otorgar el beneficio.
Cumplido ese plazo y acreditado que el imputado respetó las pautas de conducta impuestas, la defensa solicitó la desvinculación definitiva del proceso. La Fiscalía acompañó el pedido y señaló que no se registraron nuevos episodios de violencia ni denuncias durante el período de suspensión.
Con esos elementos, la jueza rionegrina resolvió declarar extinguida la acción penal, conforme a lo previsto en el artículo 76 ter del Código Penal y el artículo 155 inciso 5 del Código Procesal Penal, y dictó el sobreseimiento, dejando a salvo el buen nombre y honor del imputado.
De este modo, una causa iniciada por hechos concretos de violencia denunciados en Catriel quedó cerrada sin llegar a juicio, a partir de una herramienta legal que permite suspender el proceso penal bajo condiciones y darlo por finalizado si esas pautas se cumplen.
Un hombre de 32 años fueacusado porcinco hechos de violencia de géneroque, según la formulación fiscal, se desarrollaron entre el 13 de octubre y el 17 de noviembre, este último dentro del predio de la Fiesta Provincial del Petróleo. La Fiscalía imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, amenazas con arma blanca, daños, desobediencia judicial y coacción. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.
De acuerdo con la acusación, el primer episodio ocurrió el 13 de octubre, cuando el imputado habría arrojado al piso el teléfono de su pareja, destruyéndolo, mientras la amenazaba para retomar la relación. El segundo hecho se registró el 11 de noviembre por la mañana, cuando la mujer volvió a recibir amenazas de muerte con el mismo objetivo. Ese mismo día por la tarde, las amenazas se repitieron en el domicilio de la víctima.
El cuarto episodio se produjo el 17 de noviembre, en el marco de la Fiesta del Petróleo. Según la fiscal, el imputado increpó, empujó e insultó a la mujer dentro del predio. Con estas acciones violó en tres oportunidades la prohibición de acercamiento dictada por la jueza de Paz y luego ratificada por la jueza de Familia.
Horas después, siempre según la investigación preliminar, el hombre se presentó nuevamente en la vivienda de la víctima y la obligó a caminar hasta su domicilio. Allí la habría ingresado por la fuerza a un monoambiente, encerrándola con llave y privándola de su libertad, mientras la amenazaba con un arma blanca. La mujer sufrió lesiones leves.
La fiscal sostuvo que todo ocurrió en un “contexto de violencia física, psicológica y simbólica, basado en una relación desigual de poder”. La acusación pidió la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación. El defensor público no objetó los hechos ni la calificación legal y sólo solicitó una morigeración de la medida.
La jueza de Garantías ordenó la detención preventiva y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, mientras se reúnen nuevas pruebas y se avanza en la investigación de los hechos.
El Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción Judicial de Catriel ratificó una medida de restricción de acercamiento en el marco de una causa por violencia familiar iniciada a partir de una denuncia presentada el 30 de octubre de 2025. La decisión fue tomada por la jueza interviniente mediante una resolución interlocutoria fechada el 3 de noviembre.
Según el fallo, se prohíbe al denunciado acercarse o mantener contacto con la denunciante y con la menor, a una distancia no menor de quinientos metros. La medida alcanza el domicilio, los lugares de tránsito y cualquier espacio público o privado donde se encuentren las víctimas. También se ordena el cese de actos de hostigamiento por cualquier medio, conforme lo establece el artículo 27 inciso D de la Ley 3040 y sus modificaciones.
La jueza dispuso además la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) respecto de la menor involucrada. El expediente permanecerá bajo supervisión judicial hasta que el Juzgado de Familia que resulte competente defina nuevas disposiciones.
Durante el proceso, ambas partes deberán contar con patrocinio letrado, pudiendo acceder a la Defensa Pública en caso de no disponer de representación particular. La medida continuará vigente hasta que el tribunal de familia determine su modificación o cese.
El Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción Judicial de Catriel emitió una resolución interlocutoria este 3 de noviembre mediante la cual ratificó la medida de restricción dictada de manera telefónica el día anterior, en el marco de una denuncia por violencia familiar presentada por una mujer ante la Comisaría de la Familia local.
La medida establece la prohibición de acercamiento y de todo tipo de hostigamiento del hombre denunciado hacia la denunciante, fijando una distancia mínima de quinientos metros entre ambos, tanto en el domicilio particular como en cualquier otro espacio público o privado en el que ella se encuentre. También se ordena que el denunciado se abstenga de realizar actos molestos por cualquier medio, conforme lo dispone el artículo 27 inciso D de la Ley 3040 y sus modificaciones.
El juzgado dispuso que el plazo de vigencia de esta medida preventiva quede sujeto a lo que determine el Juzgado de Familia que resulte asignado por sorteo, instancia que continuará con la sustanciación del proceso.
Ambas partes fueron notificadas sobre la obligación de contar con patrocinio letrado durante el desarrollo judicial, y se informó la posibilidad de acceder al servicio de Defensa Pública. La resolución lleva fecha del 3 de noviembre de 2025 y se registró bajo el expediente CA-00753-JP-2025.
El Juzgado de Familia N°5 de Cipolletti, a cargo del juez Jorge A. Benatti, resolvió el 16 de septiembre de 2025 mantener por 90 días las medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento recíproco entre dos personas residentes en la ciudad de Catriel, en el marco de una causa por violencia familiar recíproca.
La resolución confirma la medida adoptada en primera instancia por la Jueza de Paz de Catriel, quien había dispuesto el cese de hostigamiento y restricción de acercamiento a 500 metros entre las partes, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento. Según el fallo, las medidas tienen carácter provisorio y buscan resguardar la integridad física y psíquica de ambas personas.
El tribunal estableció que el hombre involucrado deberá mantenerse fuera del domicilio ubicado en un complejo de viviendas de Catriel, y advirtió que, vencido el plazo, solo podrá solicitar su reingreso acreditando la realización y resultado favorable de un tratamiento psicológico ordenado en esta instancia. La mujer, por su parte, también podrá solicitar —de forma fundada y con patrocinio letrado— que la medida de exclusión se mantenga más allá del plazo inicial.
Asimismo, el juez Benatti ordenó que ambas partes concurran al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel para iniciar el tratamiento psicológico correspondiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley 3040 de Protección Integral contra la Violencia Familiar. Una vez comprobado el cumplimiento y con informe favorable, podrán solicitar el levantamiento de las restricciones.
El fallo instruye además a la Comisaría local a notificar al denunciado —cuyo paradero actual se desconoce— y a verificar el cumplimiento de las medidas, informando de inmediato a la Justicia en caso de incumplimiento o violación de las órdenes judiciales.
Las disposiciones fueron dictadas con habilitación de días y horas hábiles, ante la situación de riesgo detectada por el tribunal. El expediente continuará bajo seguimiento hasta su elevación al Juzgado de Familia competente, conforme al procedimiento previsto en el Código Procesal de Familia de Río Negro.
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El Juzgado de Paz de Catriel emitió en las últimas horas cinco resoluciones judiciales en el marco de denuncias por situaciones de violencia familiar presentadas por mujeres entre el 23 y el 25 de octubre. En todos los casos se ordenaron restricciones de acercamiento y cese de hostigamiento para proteger a las denunciantes, conforme lo establece la Ley 3040 de medidas urgentes frente a situaciones de riesgo.
Las disposiciones fueron dictadas el 26 de octubre de 2025 y corresponden a los expedientes CA-00728-JP-2025, CA-00730-JP-2025, CA-00731-JP-2025, CA-00732-JP-2025 y CA-00733-JP-2025. Cada fallo ratificó medidas preventivas que ya se habían dispuesto de forma telefónica para garantizar una respuesta inmediata ante los hechos denunciados.
En todos los casos se prohibió el acercamiento a menos de 500 metros de distancia de las mujeres denunciantes, sus domicilios o los lugares que frecuenten, y se estableció la prohibición de actos de hostigamiento o intimidación por cualquier medio.
Uno de los fallos incluyó además custodia policial durante 72 horas en el domicilio de una de las víctimas y la intervención del equipo interdisciplinario de Cipolletti, que evaluará la situación y brindará acompañamiento. En otro expediente, la medida fue recíproca, estableciendo la obligación de ambas partes de evitar el contacto.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Familia que resultará competente, el cual definirá la continuidad o modificación de las medidas de protección. Desde el tribunal se recordó que las partes deberán contar con patrocinio letrado, pudiendo solicitar asistencia a la Defensa Pública.
Las resoluciones fueron dictadas en coordinación con la Comisaría de la Familia de Catriel y los equipos de protección integral, que intervienen en la atención y acompañamiento de casos de violencia doméstica. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo para activar los mecanismos de resguardo disponibles.
Viento Sur Noticias difunde información judicial de acceso público, sin intervenir en los procesos ni mantener vínculo alguno con las partes.
Durante septiembre, el Juzgado de Paz de la IV Circunscripción Judicial de Catriel emitió al menos 28 sentencias interlocutorias vinculadas a denuncias por violencia familiar, conforme a la Ley 3040 y su modificatoria, la Ley 4241, que regula la protección integral de personas en situaciones de conflicto intrafamiliar.
En todos los casos, las intervenciones se originaron a partir de denuncias radicadas en la Comisaría de la Familia de Catriel y se dispusieron medidas preventivas urgentes —algunas de ellas adoptadas por vía telefónica y luego ratificadas por escrito—, destinadas a resguardar la integridad física y psíquica de las personas denunciantes.
La medida más frecuente fue la prohibición de acercamiento y contacto, dictada en más de 20 casos. En la mayoría, el tribunal ordenó que la persona denunciada mantuviera una distancia mínima de 500 metros respecto de la víctima, su vivienda y su lugar de trabajo, y se abstuviera de realizar actos de hostigamiento o comunicación por cualquier medio.
En varias causas, las disposiciones fueron recíprocas, es decir, con prohibiciones de contacto para ambas partes. Estas medidas se aplicaron cuando el conflicto involucraba situaciones de agresión o acoso mutuo.
En al menos cuatro fallos, el Juzgado dispuso la exclusión del hogar de una de las partes, generalmente del presunto agresor, en situaciones donde se compartía la vivienda familiar. En algunos casos, la exclusión se complementó con la orden de rondines policiales por un plazo de entre 48 y 72 horas, como medida de seguridad preventiva. Hubo casos donde además se ordenó asistencia letrada obligatoria y seguimiento judicial por parte del Juzgado de Familia.
En varios expedientes se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), cuando las denuncias involucraban a menores de edad o requerían acompañamiento psicosocial. Además, el Juzgado remitió cinco causas al Juzgado de Familia por no encuadrar en los parámetros de la Ley 3040, al tratarse de conflictos familiares sin hechos de violencia actual.
Las actuaciones del Juzgado de Paz de Catriel evidencian su función preventiva y de contención inmediata en casos de riesgo, mientras se aguarda la intervención del fuero de Familia, que es el competente para dictar medidas prolongadas o definitivas.
Cada resolución recuerda a las partes la obligación de contar con patrocinio letrado, pudiendo acceder al servicio gratuito de la Defensa Pública en caso de no tener representación particular.
Las intervenciones de septiembre muestran la continuidad del trabajo institucional del Juzgado de Paz frente a los casos de violencia intrafamiliar en Catriel. El dato no pasa inadvertido: se registró casi una denuncia por día durante el mes, lo que refleja tanto la persistencia del problema como la respuesta sostenida del sistema judicial, dentro de las posibilidades que dan los recursos asignados. El debate sobre la prevención y el acompañamiento a las víctimas sigue abierto en redes.
Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18 horas, la Plazoleta de la Familia ubicada en la confluencia de Av. San Martín y Roca será escenario de una nueva concentración bajo la consigna “Ni quietas ni solas, ni una menos”, en repudio al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
El caso conmocionó al país: las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, habían desaparecido el viernes pasado y fueron encontradas asesinadas este miércoles en una vivienda del conurbano bonaerense. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el crimen fue cometido por una banda vinculada al narcotráfico, en un hecho que expone la dimensión extrema de la violencia de género en contextos atravesados por el crimen organizado.
Hay cuatro personas detenidas por «homicidio agravado» y en la investigación se habla de otros responsables, que forman parte de un grupo narcotraficante transnacional.
Colectivos de mujeres convocaron a marchas en todo el país para pedir justicia: las primeras movilizaciones fueron en La Tablada, en el partido de La Matanza –de donde eran las jóvenes–, en La Plata y en Plaza Flores, barrio porteño en donde trabajaban. Durante la tarde, además, dos hombres dispararon contra la casa de Lara, según denunció su familia a la policía.
Morena, Brenda y Lara estaban desaparecidas desde el viernes pasado a la noche, y sus familias presentaron la denuncia el sábado. Según la reconstrucción que hizo la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, que lleva adelante la investigación, las víctimas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca el viernes alrededor de las 21:30 en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada –en el cruce de las avenidas Monseñor Bufano y Crovara– del municipio de La Matanza. Una cámara de seguridad registró el momento en que las tres jóvenes entraron a la camioneta. El resultado de las autopsias confirmó que fueron asesinadas el mismo viernes, y luego enterradas.
La principal hipótesis de la fiscalía –cuyo titular es Gastón Duplaá– es que se trataba de un ajuste de cuentas con este grupo narco, y por tal motivo interviene también en la causa la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Alonso precisó, además, que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Dos de los detenidos en el marco de la investigación.
Una respuesta nacional y regional
La convocatoria de Ni Una Menos se replicará este fin de semana en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, miles de personas marcharon este miércoles a Plaza Flores bajo la consigna “¡Fue triple femicidio! Justicia por Brenda, Lara y Morena”.
“Hoy hay tres menos. Hoy hay tres familias que están rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que esto no le pasa a cualquiera. Les pasa a las pobres. Son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional. Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. ¡Justicia para las compañeras y que no pase más!”, dijo Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR, frente a la multitud que formó una ronda en el centro de la Plaza Flores.
Orellano continuó: “Justicia es que tomemos la calle y que el feminismo vuelva a hacer carne en la agenda la transversalidad de lo que le pasa a las personas pobres. Pongan el cuerpo, muchachas. Salgan de las redes”.
En la Patagonia y la región, también se confirmaron manifestaciones en plazas y espacios públicos. En Catriel, además de la concentración, las organizaciones feministas anticiparon que se informará sobre la preparación para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se realizará en noviembre en Corrientes. “Necesitamos transformar la rabia en lucha, y hacerlo juntas”, señalaron desde la campaña local.
El mapa de los femicidios en la Argentina
Los datos oficiales muestran la persistencia de la violencia letal contra mujeres y disidencias. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 hubo 228 víctimas directas de femicidio, lo que equivale a una cada 39 horas.
La ONG La Casa del Encuentro contabilizó además 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
Si bien la mayoría de los casos se produce en contextos de pareja o expareja, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) advirtió que también se registran femicidios vinculados al crimen organizado, a la trata de personas y a otros escenarios de vulnerabilidad, lo que los vuelve aún más invisibilizados.
Recursos y acompañamiento en Catriel
En la ciudad, las personas que atraviesen situaciones de violencia de género pueden comunicarse con la Subsecretaría de Género, Igualdad y Diversidad (SubsMID), que dispone de una guardia activa las 24 horas al 299 556 0206 o acercarse a su sede en Reconquista 153.
La SubsMID brinda atención psicológica, asesoramiento legal, acompañamiento integral y articulación con el Poder Judicial, SENAF, salud pública y fuerzas de seguridad. También funciona allí el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV).
Además, la Comisaría de la Familia (Juan Benigar 929) atiende de manera permanente en el teléfono 299 576 9055.
Un fallo de la Justicia de Familia de Bariloche reconoció el desequilibrio económico que sufrió una mujer tras separarse de su pareja, con quien convivió durante más de doce años. Durante ese tiempo, ella se dedicó de manera exclusiva al cuidado de sus hijas y a las tareas del hogar, mientras él consolidaba un emprendimiento comercial que hoy emplea a varias personas.
La jueza admitió el reclamo y ordenó el pago de una compensación económica actualizada superior a los 100 millones de pesos, aplicando los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial. Fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar una perspectiva de género que repare la desigualdad estructural generada por el reparto de roles en la convivencia.
En su fallo, la magistrada destacó que la mujer no solo aportó al cuidado familiar, sino también a la mejora de la vivienda y a la administración del negocio de su pareja, sin que esos aportes se vieran reflejados en su situación económica posterior. Tras la ruptura, ella quedó a cargo de sus hijas, sin vivienda propia ni patrimonio, y con su carrera profesional relegada.
El hombre no respondió a la demanda y fue declarado en rebeldía. En tanto, los testimonios corroboraron que la mujer incluso debió cerrar un pequeño emprendimiento por la sobrecarga doméstica.
El análisis incluyó referencias a estándares internacionales de derechos humanos y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La jueza aclaró que la compensación no equivale a una indemnización ni a una extensión de la cuota alimentaria, sino a un derecho autónomo cuyo objetivo es restituir condiciones de autonomía económica para la parte más perjudicada.
En el marco de las acciones de sensibilización y promoción de derechos, la Subsecretaría de la Mujer de Catriel (SubsMID) realizó este miércoles un taller sobre prevención de violencias en el noviazgo y las adolescencias, destinado a estudiantes de la ESRN N°21. La actividad se llevó a cabo en el espacio EVE y contó con la participación de agrupamientos de 2°, 3°, 4° y 5° año, en el horario de 13:30 a 15.
El encuentro se centró en identificar y problematizar situaciones de violencia en relaciones afectivas, así como en desconstruir estereotipos de género y fomentar vínculos respetuosos entre adolescentes. Según informaron desde la Subsecretaría, fueron los propios estudiantes quienes, a partir de sus inquietudes, propusieron dar continuidad a los talleres en las próximas semanas.
Desde el equipo municipal agradecieron a la docente Belén Castillo, quien realizó la invitación y acompañó el desarrollo de la actividad, y a la comunidad educativa de la ESRN N°21 por abrir el espacio para este tipo de iniciativas.
«Este tipo de talleres se inscriben en una línea de trabajo sostenida por el área de Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio, que viene impulsando encuentros en instituciones educativas con el objetivo de prevenir situaciones de violencia de género en edades tempranas y promover herramientas de cuidado en los vínculos adolescentes», indicaron desde la SubsMID.
