Brutalidad policial en Cipolletti: tenía siete costillas rotas y 184 lesiones tras su detención

El médico forense Marcelo Uzal declaró este viernes ante el jurado popular que juzga a cuatro policías por la muerte de Jorge Gatica. Confirmó que la víctima presentaba siete costillas fracturadas, 184 lesiones externas y signos de asfixia. Según su testimonio, las heridas son compatibles con golpes recibidos en posición fetal, esposado y con las manos en la espalda.

Gatica, de 36 años, fue detenido por un hurto el 9 de enero de 2023 en Cipolletti. Ingresó por sus propios medios al hospital local para una revisión médica poco antes de las 23 y fue trasladado a la comisaría 45. Noventa minutos después, lo llevaron muerto al centro de salud. La Fiscalía y las querellas sostienen que la golpiza se produjo en ese intervalo.

El juicio se desarrolla contra la sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31), acusados de aplicar tormentos seguidos de muerte.

Según relató el abogado querellante Rubén Antiguala, Uzal también explicó que la fractura costal causó una laceración en el hígado, generando una hemorragia interna por la que Gatica perdió unos dos litros de sangre. “Tenía golpes desde la cabeza hasta los pies”, afirmó el letrado.

También prestó testimonio el licenciado en Criminalística Luis Palma, quien analizó las grabaciones de las cámaras del hospital. En su opinión, las imágenes muestran que Gatica caminaba con normalidad, algo que no habría sido posible si ya tuviera las costillas rotas.

El relato de una vecina aportó un dato clave: aseguró haber escuchado gritos de auxilio provenientes de la comisaría la noche del hecho. Antiguala señaló que en esa unidad no hay calabozos y que el ataque habría ocurrido en la zona conocida como “la cuadra”.

En el juicio, Henríquez y Carrizo declararon y negaron su participación en los hechos, apuntando contra Sosa. Sin embargo, la querella sostiene que los cuatro actuaron directamente o no hicieron nada para impedirlo.

El proceso también dejó fuera de este debate a un quinto efectivo: el ex oficial de servicio Gastón Moraga, quien fue condenado en un juicio abreviado por no evitar los hechos y por incumplimiento de deberes. Recibió una pena de tres años en suspenso y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Sosa y Quintrel cumplen prisión preventiva, mientras que Henríquez y Carrizo se encuentran con arresto domiciliario. Todos cuentan con defensa particular. El juicio por jurado continuará el próximo lunes.

Crédito: Cecilia Maletti

Fuente: rionegro.com.ar

Petróleo para exportar, sueldos en suspenso: Río Negro firma un acuerdo histórico mientras crece el malestar estatal

En apenas 48 horas, la provincia vivió un doble golpe de realidad. El 16 de mayo, el gobernador Alberto Weretilneck selló un convenio con el consorcio VMOS SA para construir un oleoducto estratégico entre Allen y Punta Colorada, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. El anuncio llegó cargado de promesas: empleo local, infraestructura energética de punta y protagonismo global.

“Río Negro tiene todo para ser protagonista. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó Weretilneck ante representantes de YPF, Chevron, Shell y otras gigantes del sector. El oleoducto —de 470 kilómetros y capacidad inicial de 550.000 barriles diarios— se proyecta como la gran vía de salida del crudo de Vaca Muerta al mundo.

Pero mientras eso ocurría, otro frente quedaba al rojo vivo: el salarial. El 15 de mayo, en la nueva ronda de paritarias, el Gobierno no presentó ninguna oferta. La inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 11,6%, y en la Patagonia el impacto es aún mayor. Sin propuesta, los gremios se levantaron de la mesa.

“No hay plata” para estatales

ATE, UnTER, UPCN y ASSPUR reaccionaron con dureza. “El Gobierno miente y el ajuste lo pagan los trabajadores”, dijo Rodrigo Vicente (ATE). “No ofrecer nada es una falta de respeto”, lanzó ASSPUR. UnTER denunció la falta de inversión en escuelas y alimentación escolar. UPCN calificó de “inadmisible” la ausencia de propuesta y pidió revisar el rumbo.

Los sindicatos difieren sobre cómo recomponer salarios: sumas fijas, porcentajes o escalas. Pero en una cosa coinciden: el Gobierno debe ofrecer algo ahora. La decisión de pasar a un cuarto intermedio sin fecha encendió las alertas.

Un modelo en tensión

La contradicción entre los millones que llegan para el petróleo y los sueldos congelados en el Estado grafica un problema de fondo: ¿puede haber desarrollo energético sin justicia salarial?

La escena deja un interrogante abierto sobre el modelo provincial: Río Negro avanza como eje de exportación energética, pero aún no logra resolver el conflicto con quienes sostienen día a día los servicios públicos.

El control médico a estatales se extiende en Río Negro: ya alcanza a policías y educación

El gobierno de Río Negro avanza con la implementación del sistema de auditoría de licencias médicas para todo el personal del Poder Ejecutivo. Desde este lunes, se sumó el control sobre el personal policial, incluyendo a agentes penitenciarios, lo que eleva a más de 55.000 los trabajadores alcanzados por la medida.

La iniciativa, puesta en marcha el 2 de septiembre, se articula entre la empresa estatal Horizonte Seguros, la secretaría de la Función Pública y la firma Dienst Consulting S.A., responsable de auditar y validar los certificados médicos. Según la titular del área, Tania Lastra, el objetivo es “optimizar la atención de la salud laboral” y detectar casos en que las licencias se otorgan “de manera indebida”.

El debut del sistema fue con trabajadores de la administración central (Ley 1844) y del área de Salud (Ley 1904). Dienst informó que rechazó un 17% de las licencias médicas presentadas en ese primer tramo. La semana pasada se incorporó el sector de Educación, con más de 25.000 agentes entre docentes y porteros. En ese rubro, se observó una baja significativa en la cantidad de licencias aceptadas: en solo cuatro días, se aprobaron 881 permisos, una cifra que equivale a apenas un cuarto de los niveles anteriores.

La viceministra de Educación, María Laura Giovanini, señaló que aún no está claro el motivo de esa reducción abrupta y que se realizará un seguimiento más detallado. Según los registros oficiales, antes de la auditoría, las solicitudes de licencia eran aceptadas casi en su totalidad, sin revisión.

El nuevo esquema contempla controles médicos presenciales y virtuales, consultorios en cinco ciudades (Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche), y el uso de telemedicina para seguimiento de casos.

El impacto de este control generó reacciones sindicales, particularmente de la Unter, que cuestiona la legalidad del mecanismo. La conducción gremial, encabezada por Silvana Inostroza, considera que se vulnera el régimen vigente de licencias. El secretario de Salud en la Escuela, Daniel Aciar, calificó al sistema como un “mecanismo perverso” que “persigue y ajusta”, señalando que se modifican indicaciones médicas sin intervención del profesional tratante.

Unter convocó a un Congreso para este viernes 20 en Viedma, donde evaluará acciones a seguir. Además, promueve presentaciones individuales ante los Consejos Escolares y reiteró el pedido de audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, quien aún no ha recibido al sindicato.

Uno de los puntos sensibles es qué sucederá con los docentes cuyas licencias sean rechazadas o acortadas por Dienst, pero que decidan cumplir igualmente con la indicación de su médico y no asistir a las escuelas. Desde la Función Pública confirmaron que esas ausencias serán descontadas del salario.

En el caso de la Policía, cuya incorporación al sistema estaba prevista para la semana pasada pero fue postergada por dificultades operativas, se anticipa una situación compleja debido a los altos índices de ausentismo por razones médicas.

El gobierno insiste en que la medida generará un ahorro sustancial para el Estado. Sin embargo, la falta de transparencia inicial en la contratación de Dienst y las dudas sobre los procedimientos aplicados alimentan el debate sobre la conveniencia y legalidad del nuevo sistema de auditoría laboral.

Fuente: rionegro.com.ar

Río Negro reveló el contrato con Dienst: $3.500 millones anuales para auditar licencias médicas estatales

El gobierno de Río Negro oficializó el contrato entre la aseguradora estatal Horizonte Seguros y la empresa Dienst Consulting S.A. para la auditoría y control de licencias médicas de corta duración del personal estatal. La difusión del acuerdo se produjo tras reiterados pedidos de informes y un recurso de amparo presentado por el legislador José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos.

Desde septiembre de 2024, Dienst se encarga de autorizar y supervisar las licencias médicas de unos 52.000 trabajadores del Poder Ejecutivo provincial. Por este servicio, Horizonte abona $5.615,38 mensuales por cada agente, lo que representa un gasto de aproximadamente $292 millones al mes y un total anual estimado en $3.504 millones.

La información fue remitida por el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, a la Legislatura, junto con una copia del contrato y un informe sobre el impacto económico del nuevo sistema. Según el documento, en los primeros ocho meses de implementación (septiembre 2024 – abril 2025), se habrían evitado gastos por $9.825 millones a partir de licencias denegadas, aunque no se detalló la metodología del cálculo.

El legislador José Luis Berros había solicitado sin éxito el contrato completo mediante un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó su presentación por cuestiones formales. A pesar del fallo, insistió con nuevos reclamos judiciales y legislativos. “Queremos saber exactamente qué servicio se contrató, cómo se lleva a cabo y cuál es la capacidad operativa de la empresa”, expresó en declaraciones recientes.

Por su parte, el ministro Sánchez justificó la entrega del contrato en función de los “principios de publicidad y transparencia, como así también del interés público”, y destacó que el sistema permitió reducir el ausentismo en el sector estatal.

El acuerdo también fue cuestionado por otros legisladores, entre ellos Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, del bloque libertario, quienes exigieron mayor claridad sobre los mecanismos de control y la cobertura territorial del servicio.

El caso abrió un debate sobre la tercerización de servicios en áreas sensibles como la salud laboral, en un contexto de creciente presión sobre el gasto público y demandas por mayor transparencia en la gestión estatal. La eficacia del sistema y la elección de Dienst Consulting siguen bajo la lupa de la oposición y de sectores gremiales que piden ser parte de la discusión.

Fuente: rionegro.com.ar

Vecinos denunciaron y el Municipio actuó: demolieron un aguantadero en Cipolletti

Un nuevo operativo de demolición de estructuras utilizadas como aguantaderos se llevó adelante este martes por la mañana en Cipolletti, esta vez en el barrio Luis Piedrabuena A. La acción fue impulsada por el Municipio tras recibir reiteradas denuncias vecinales alertando sobre hechos de inseguridad vinculados al inmueble intervenido.

El procedimiento fue coordinado por personal municipal con apoyo de las fuerzas de seguridad. El intendente Rodrigo Buteler estuvo presente en el lugar y destacó el rol de la comunidad en el desarrollo de estas acciones. “De todos los que demolimos, este es el peor”, afirmó en declaraciones a LU19, en referencia al estado del sitio y su uso recurrente para actividades delictivas.

Desde el Municipio subrayaron que estas demoliciones se enmarcan en un plan de intervención para desactivar focos de inseguridad, priorizando aquellos sectores donde las y los vecinos han señalado mayor conflictividad.

El operativo forma parte de una estrategia conjunta entre el gobierno municipal y las fuerzas policiales, orientada a recuperar espacios y mejorar la convivencia en los barrios. No se informó por el momento sobre intervenciones judiciales adicionales vinculadas al caso.

Crisis sanitaria en Cipolletti: tres pediatras para toda la ciudad y sin guardia para ecografías

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) denunció un colapso en el sistema sanitario del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, centro de referencia para Catriel y otras localidades del Alto Valle Oeste. La situación impacta de forma directa en la atención de pacientes derivados, en especial infancias que requieren intervenciones pediátricas o diagnósticos urgentes.

Desde el sindicato indicaron que solo tres pediatras están disponibles para cubrir todo el mes en Cipolletti, lo que obliga a médicos generalistas a asumir la atención infantil sin especialización. También denunciaron demoras de más de un año en cirugías pediátricas y falta de seguimiento postoperatorio, lo que impide avanzar con los procedimientos.

La ausencia de guardias de ecografía agrava el panorama: “Guardias sin cubrir significan diagnósticos paralizados”, advirtieron. Esto se traduce en traslados innecesarios, diagnósticos tardíos y pacientes sin atención, incluso en casos urgentes.

“La salud no se vende, se defiende”, expresó ASSPUR en un comunicado difundido en redes sociales, donde también cuestionaron que mientras el gobierno provincial invierte en propaganda, el personal sanitario enfrenta la crisis sin recursos suficientes.

Catriel depende del hospital cipoleño como primer punto de derivación para casos de mediana y alta complejidad. La situación expuesta por ASSPUR genera preocupación entre profesionales de la salud y vecinos de la región, que advierten sobre la necesidad urgente de reforzar el sistema público.

Al cierre de esta edición, no se había emitido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud de Río Negro ante los dichos de ASSPUR.

Violencia laboral: la Justicia obligó a un empleador a indemnizar a una trabajadora por maltrato constante

La Justicia rionegrina ordenó a un empleador pagar una indemnización a una trabajadora que denunció haber sido víctima de violencia laboral. La mujer había soportado durante meses gritos, malos tratos y comentarios humillantes en su lugar de trabajo. El fallo marca un antecedente importante: la violencia en el trabajo no se resuelve solo con plata, y debe ser tratada con seriedad.

La trabajadora presentó una denuncia por maltrato en la Comisaría de la Familia, amparándose en la Ley 26.485, que protege a las mujeres frente a situaciones de violencia. Después de eso, el empleador ofreció dinero para cerrar el conflicto y firmaron un acuerdo de desvinculación. Sin embargo, ese arreglo no mencionaba lo ocurrido ni reparaba el daño sufrido.

La mujer entonces presentó otra demanda para reclamar por el impacto emocional que le causó el maltrato. La Cámara Laboral fue clara: en casos como este, no se puede firmar un acuerdo económico y dar el tema por cerrado, sobre todo si hay una denuncia activa.

Durante el juicio, varias personas confirmaron que el maltrato era constante y que no se trataba de un hecho aislado. Médicos también comprobaron que la situación afectó la salud emocional y mental de la trabajadora.

Además, los jueces criticaron al empleador por avanzar con el acuerdo sin avisar que había una denuncia en curso. Consideraron que actuó de mala fe. La sentencia se basó en leyes nacionales y tratados internacionales que defienden el derecho a trabajar sin violencia ni discriminación.

El fallo ordena al empleador a pagar una compensación por el daño emocional, los gastos médicos y los intereses correspondientes. Los jueces recordaron que “el derecho laboral forma parte del derecho a los derechos humanos” y que hay que usar todas las herramientas legales para reparar el daño causado.

Narcotráfico y lavado de activos: 21 allanamientos simultáneos

Una causa federal por lavado de activos con vínculos con el narcotráfico derivó el viernes en un importante operativo policial en el Alto Valle de Río Negro. La Policía provincial, junto a otras fuerzas, realizó 21 allanamientos simultáneos en Cipolletti, Allen, General Roca y Fernández Oro, con resultados significativos: ocho personas imputadas, tres detenidas, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y material de prueba relevante.

El punto de partida fue una casa de cambio de Cipolletti, presuntamente vinculada con maniobras de lavado de dinero. La investigación, iniciada hace más de cinco meses, está a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, conducida por Sebastián Gallardo y el secretario penal Francisco Iglesias. Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa involucra además a una empresa internacional de servicios financieros.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y ejecutado por la División de Toxicomanía de Allen, con el respaldo de más de 100 efectivos especializados, el COER del Alto Valle, unidades de comisarías locales, personal de verificación automotor, la Sección Canes Narcóticos y apoyo de Gendarmería Nacional.

Durante los procedimientos se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, una suma considerable de dinero en pesos y dólares, once vehículos y tres motocicletas de alta cilindrada.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró el accionar de las fuerzas intervinientes y sostuvo que “estos resultados son fruto de una tarea silenciosa, pero constante, que deja en claro que en Río Negro no hay lugar para las redes criminales”.

Desde la Jefatura de Policía destacaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades como un factor clave para el éxito del despliegue. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Hallaron un micrófono oculto en el despacho de la intendenta de Huergo

Un micrófono oculto fue encontrado en el despacho de la intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, en un hecho que derivó en una denuncia por presunto espionaje ilegal y un posterior allanamiento en el edificio municipal. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Luppi, con intervención del área de criminalística.

Penilla presentó la denuncia el jueves en la comisaría local, luego de que una empresa privada contratada por ella localizara el dispositivo entre el cielo raso de su oficina. Según relató, decidió tomar esa medida después de notar que ciertos comentarios hechos en su despacho se conocían públicamente. “Habíamos hablado de comprar un semáforo, y al día siguiente ya sabían que lo íbamos a instalar”, ejemplificó.

Aunque fuentes de la causa indicaron que se hallaron dos dispositivos, Penilla afirmó que se trató de un solo micrófono, “con cableado amarillo”, lo que a su entender sugiere que no era reciente. La jefa comunal sostuvo que su preocupación no radica en el contenido que pueda haberse registrado, sino en la violación de la privacidad institucional y de las personas que asisten a su oficina: “Yo atiendo a mucha gente en mi despacho”.

El allanamiento tuvo lugar el mismo día de la denuncia, cerca de las 15:30, y fue solicitado por el Ministerio Público. Previamente, se revisaron las cámaras de seguridad del edificio para descartar que tuvieran micrófonos integrados. Luego, se concretó el hallazgo del dispositivo oculto.

“Estoy muy tranquila”, expresó Penilla, quien también deslizó que el micrófono podría haber estado instalado desde la gestión anterior, cuando la ciudad era gobernada por la UCR. En 2023, Huergo cambió de signo político tras más de tres décadas, con la victoria del Partido Justicialista. Si bien la intendenta no señaló responsables directos, insistió en que el dispositivo no sería reciente.

La investigación continúa en curso, con la recolección de pruebas por parte del personal judicial. Por ahora, no hay imputaciones confirmadas.

Buscan a una joven de 27 años que desapareció

La Policía y la comunidad de General Roca buscan intensamente a Mailén Rayén Aluminé Godoy Ortega, de 27 años, quien desapareció este lunes tras retirarse de su domicilio para llevar a su hijo a la Escuela Primaria N° 133, ubicada en la calle Buenos Aires.

Según la información brindada por allegados, la joven salió cerca del mediodía a bordo de una bicicleta color amarilla y negra. Desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero. Al momento de su desaparición vestía una campera celeste, pantalón de jean y zapatillas negras.

Mailén es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene el cabello castaño hasta los hombros, ojos marrón claro, usa lentes recetados y tiene un tatuaje en el brazo derecho con el nombre “Lautaro”.

La denuncia ya fue radicada ante las autoridades y se solicita a toda persona que pueda aportar datos que permitan ubicarla, que se comunique con la comisaría más cercana o con la Unidad 21 de General Roca.