Cardenales amarillos capturados ilegalmente en Río Negro fueron recuperados en San Juan

Ejemplares de cardenal amarillo, una especie protegida y en peligro de extinción, fueron recuperados en la provincia de San Juan y trasladados nuevamente a Río Negro, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal por presunta captura ilegal de fauna silvestre.

Según informó el Ministerio Público, las aves habrían sido capturadas de manera ilegal en la zona de La Lobería y Punta Bermeja, en la costa rionegrina. La investigación busca determinar quiénes participaron en la extracción, tenencia o eventual comercialización de los ejemplares.

El caso se inició a partir de una denuncia realizada por una legisladora rionegrina, que ingresó en febrero a la Fiscalía de Viedma. A partir de esa presentación, se abrió una investigación preliminar para establecer si existieron infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y a las normas provinciales que protegen la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas.

El rescate se concretó en San Juan mediante un trabajo coordinado con la Subsecretaría provincial de Fauna Silvestre. Tras el procedimiento, los cardenales fueron trasladados a Río Negro y quedarán en cuarentena en un organismo especializado de General Roca, donde serán sometidos a controles y evaluaciones antes de definir cualquier medida de reinserción.

La posible liberación de los ejemplares será evaluada por especialistas. De acuerdo con la información oficial, las zonas identificadas como parte de su hábitat natural en la provincia incluyen sectores de La Lobería y Guardia Mitre.

La investigación también avanzó en San Juan sobre la presunta tenencia y comercialización de especies protegidas. En ese marco, se verificó que una de las personas vinculadas al procedimiento tendría domicilio real en Viedma, lo que podría conectar las actuaciones desarrolladas en ambas provincias.

Por ahora, la causa continúa en etapa preliminar. Las medidas dispuestas por la Fiscalía buscan reunir información para establecer cómo fueron capturados los ejemplares, cómo llegaron hasta San Juan y si existió una red o circuito de comercialización ilegal de aves protegidas.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el tráfico de fauna silvestre, una práctica que suele avanzar lejos de la vista pública, pero que impacta directamente sobre especies amenazadas y ecosistemas frágiles. En el caso del cardenal amarillo, la captura para tenencia o venta ilegal representa una de las principales amenazas para su supervivencia.

¿Pueden usar el celular mientras te operan? Río Negro quiere poner reglas en los quirófanos

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca poner reglas claras sobre el uso de celulares dentro de quirófanos y áreas críticas de salud.

La pregunta toca una preocupación concreta para cualquier paciente: ¿qué pasa si un profesional usa el teléfono mientras se realiza una cirugía? ¿Está permitido? ¿Puede generar riesgos? ¿Se pueden sacar fotos? ¿Y si el celular está contaminado?

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, de Juntos Somos Río Negro, y apunta a ordenar una práctica que hoy forma parte de la vida cotidiana, pero que dentro de un quirófano puede tener consecuencias distintas.

El proyecto no propone prohibir completamente los celulares. Reconoce que en la medicina actual pueden ser útiles para consultar protocolos, revisar información clínica, acceder a aplicaciones de diagnóstico o comunicarse ante una urgencia.

Pero marca una diferencia clave: una cosa es usar el teléfono por una necesidad médica y otra muy distinta es atender llamadas personales, mirar redes sociales, mandar mensajes ajenos al trabajo o sacar fotos sin autorización del paciente.

Eso es lo que la propuesta busca limitar.

Uno de los argumentos centrales es sanitario. Los celulares se usan todo el día, pasan por manos, bolsillos, mesas, autos y distintos ambientes. Pero cuando ingresan a un quirófano no pasan por un proceso de esterilización como otros elementos médicos.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten que distintos estudios identifican a los dispositivos móviles como una posible fuente de contaminación microbiana. También señalan que algunos trabajos registraron tasas de contaminación de hasta el 93% en teléfonos celulares.

Por eso, el texto plantea que su uso dentro de áreas críticas debe estar regulado con protocolos de higiene, capacitación y criterios claros.

Si la iniciativa avanza, los celulares solo podrían utilizarse en quirófanos para fines justificados: urgencias médicas, acceso a historiales clínicos, consulta de protocolos o uso de herramientas de diagnóstico. Además, deberían estar en modo silencioso y alejados de la zona aséptica directa.

Lo que sí quedaría prohibido es el uso personal: llamadas que no tengan relación con la atención, redes sociales, mensajes ajenos al trabajo y cualquier registro de imágenes sin consentimiento expreso del paciente.

Los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, tendrían que elaborar sus propios protocolos internos para regular el uso, higiene y desinfección de dispositivos móviles en quirófanos y zonas de alta criticidad. También deberían capacitar al personal sobre los riesgos.

La discusión aparece en un momento donde la seguridad de los pacientes volvió a estar en el centro de la agenda sanitaria. En Río Negro, distintos casos judiciales y reclamos sociales pusieron bajo la lupa la importancia de los protocolos dentro de los establecimientos de salud.

El proyecto no busca demonizar la tecnología. El punto es otro: dentro de un quirófano, un celular no puede usarse como en cualquier lugar. La prioridad debe ser la seguridad del paciente, la asepsia y la concentración del equipo médico.

En términos simples, la propuesta intenta responder una pregunta que muchas personas quizás nunca se hicieron, pero que importa: qué límites debe tener el uso del celular cuando alguien está siendo operado.

Si se aprueba, Río Negro podría contar con una norma específica para ordenar esta práctica y reducir riesgos dentro de quirófanos y áreas críticas de salud.

Maltrato animal: quieren que las personas sancionadas queden registradas en Río Negro

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca crear un registro provincial de personas sancionadas o condenadas por maltrato y crueldad hacia los animales.

La idea es concreta: que quienes ya tengan una sanción firme o una condena por maltratar animales queden registrados oficialmente, tengan que realizar una capacitación obligatoria y puedan recibir consecuencias administrativas si no cumplen.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y propone crear el “Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal”.

El objetivo, según el proyecto, no es hacer una lista para escrachar públicamente a nadie. La finalidad sería administrativa y preventiva: que el Estado, los organismos competentes y las organizaciones protectoras puedan contar con información para actuar mejor y evitar que se repitan situaciones de violencia contra animales.

El registro incluiría a personas que tengan condenas penales o resoluciones firmes en sede administrativa por hechos de maltrato o crueldad animal. Es decir, no alcanzaría con una simple acusación o denuncia: debería existir una decisión firme.

Además, las personas incluidas tendrían que realizar un curso obligatorio de sensibilización sobre derecho animal, cuidado responsable y bienestar de los animales. El plazo para cumplir con esa capacitación sería de seis meses.

Si no cumplen, podrían perder beneficios impositivos provinciales o municipales. En otras palabras: no solo quedarían registradas, sino que también habría consecuencias concretas si ignoran la obligación de capacitarse.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos. El proyecto también aclara que deberá garantizarse el derecho de defensa y el debido proceso de las personas involucradas.

La propuesta parte de una idea de fondo que cada vez gana más lugar en la sociedad: los animales no son cosas. Son seres vivos, sienten dolor, miedo y sufrimiento, y el Estado debe contar con herramientas para protegerlos.

En Catriel, el tema no resulta ajeno. En los últimos años hubo denuncias, rescates e intervenciones vinculadas al abandono, el maltrato y el cuidado responsable de animales.

Uno de los casos más recientes fue el rescate de un caballo que, según informó Corazón Animal Catriel, habría permanecido tres días atado a un poste, sin agua ni comida. El animal tenía una lesión infectada en una pata y se encontraba en estado de extrema debilidad. En ese procedimiento intervinieron la organización proteccionista, Defensa Civil y la Comisaría Novena.

También hubo antecedentes judiciales por maltrato a perros. En 2021, una denuncia vecinal permitió el rescate de un perro que permanecía atado con una cadena corta, sin alimentación suficiente, sin agua y sin resguardo ante el clima. En ese caso intervinieron el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

Estos hechos muestran que la discusión no es lejana ni abstracta. La violencia contra animales también aparece en las ciudades chicas, en los barrios y en situaciones que muchas veces empiezan como reclamos vecinales o publicaciones en redes.

El debate también se conecta con la prevención. Catriel viene realizando campañas de castración gratuita y acciones de tenencia responsable, especialmente para animales en situación de calle y familias que no pueden afrontar el costo de una cirugía.

A eso se suma el trabajo sostenido de organizaciones como Corazón Animal Catriel, que desde hace años realiza rescates, asistencia veterinaria, campañas solidarias y acompañamiento a animales abandonados o en situación de riesgo.

El proyecto provincial busca que el Estado tenga una herramienta más para actuar frente a estos casos. No reemplaza las denuncias, ni las investigaciones judiciales, ni el trabajo de las protectoras. Pero podría ordenar antecedentes y generar obligaciones para quienes ya fueron sancionados por maltrato.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada en la Legislatura. Si avanza, Río Negro podría contar con un sistema provincial para registrar a personas sancionadas por crueldad animal y exigirles capacitación obligatoria.

Para Catriel, el debate toca una realidad concreta: qué hacer cuando un animal es abandonado, golpeado, atado, privado de agua o alimento, o sometido a situaciones de sufrimiento. Y también plantea una pregunta más profunda: cómo pasar de la indignación en redes a herramientas reales de prevención, control y responsabilidad.

Buscan limitar celulares e internet en cárceles de Río Negro para frenar estafas y amenazas

La Legislatura de Río Negro comenzó a recibir proyectos que ponen el foco en un problema cada vez más sensible: el uso de celulares e internet dentro de las cárceles y la posibilidad de que personas privadas de la libertad continúen organizando delitos desde los penales.

Una de las iniciativas propone incorporar el concepto de “privación de libertad digital” al sistema penal provincial. El objetivo es que la privación de libertad no se limite únicamente al encierro físico, sino que también contemple la restricción del acceso a dispositivos tecnológicos cuando puedan ser utilizados para cometer delitos.

El proyecto, presentado por el bloque Pro Unión Republicana, plantea modificar el Código Procesal Penal para limitar el uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales dentro de las unidades penitenciarias de Río Negro.

En sus fundamentos, la propuesta advierte que muchas organizaciones criminales pueden continuar operando desde establecimientos penitenciarios mediante teléfonos móviles y conexión a internet. Entre los delitos mencionados aparecen estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.

El texto también menciona antecedentes registrados en Río Negro, entre ellos casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y secuestros recientes de celulares y chips dentro de establecimientos penitenciarios.

La iniciativa aclara que las comunicaciones con familiares, abogados y autoridades judiciales deberán seguir garantizadas, aunque mediante sistemas controlados por el Servicio Penitenciario.

En paralelo, otro proyecto presentado por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, propone prohibir expresamente el ingreso, la tenencia y la utilización de teléfonos móviles, tablets y acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Esta segunda propuesta plantea reemplazar el uso de dispositivos personales por un sistema de comunicaciones institucionales, controlado exclusivamente a través de telefonía fija. Según el proyecto, las llamadas deberían realizarse en horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora.

Uno de los puntos más fuertes de la iniciativa es que cada comunicación debería informar de manera obligatoria a la persona que recibe la llamada que el contacto proviene de una institución carcelaria. Además, se deberían brindar los datos del interno y un número gratuito para realizar denuncias ante posibles delitos.

El proyecto también establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios, como medida para impedir el uso irregular de celulares.

En los fundamentos, Domínguez sostiene que la flexibilización permitida durante la pandemia ya no tiene sustento jurídico ni fáctico. Además, plantea que el uso de estos dispositivos dentro de los penales no constituye un derecho vulnerado, sino una herramienta que puede ser utilizada para extorsionar, estafar, amenazar e incluso organizar delitos más graves.

Ambas iniciativas deberán iniciar ahora su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. El debate promete abrir una discusión de fondo sobre seguridad, derechos, control penitenciario y prevención del delito en Río Negro.

El punto central será cómo garantizar las comunicaciones legítimas de las personas detenidas con sus familias, defensas y autoridades judiciales, sin permitir que los dispositivos tecnológicos se transformen en una herramienta para cometer delitos desde el interior de las cárceles como ocurre ahora.

Quieren que el inglés sea obligatorio desde los 3 años en Río Negro

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca que la enseñanza del idioma inglés sea obligatoria desde el nivel inicial y durante los primeros años de la escuela primaria.

La iniciativa propone incorporar el inglés como contenido obligatorio para niños y niñas desde los 3 años que asistan a jardines maternales, jardines de infantes y escuelas primarias dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia.

De aprobarse, la enseñanza del idioma se aplicaría de manera gradual y continua en el nivel inicial y en 1°, 2° y 3° grado de primaria.

El proyecto apunta a un tema sensible dentro del sistema educativo: la desigualdad en el acceso a idiomas. Sus fundamentos advierten que, mientras muchas escuelas privadas ya incorporan el inglés con fuerte presencia desde edades tempranas, gran parte de la educación pública no garantiza esa misma oportunidad.

Según los datos citados en la iniciativa, el déficit en la enseñanza de un idioma extranjero en la educación pública primaria alcanza el 68,2%, mientras que en el sector privado es del 15,4%. La diferencia también se profundiza por nivel socioeconómico: en los sectores de menores ingresos el déficit llega al 81,9%, frente al 12,1% en los sectores de mayores ingresos.

Los autores del proyecto sostienen que el inglés funciona hoy como una herramienta clave de acceso a información, tecnología, formación académica y oportunidades laborales. Por eso plantean que, si el Estado no garantiza su enseñanza en la escuela pública, la brecha educativa tiende a ampliarse.

La propuesta también se apoya en argumentos pedagógicos vinculados a la primera infancia. Según el texto, los primeros años de vida son una etapa favorable para la incorporación de nuevas lenguas, especialmente cuando el aprendizaje se trabaja a través del juego, la oralidad y experiencias adecuadas a la edad.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Martina Lacour.

La discusión recién comienza, pero el tema promete abrir debate en la comunidad educativa: qué lugar debe ocupar el inglés en la escuela pública, desde qué edad debería enseñarse y cómo garantizar que esa incorporación no dependa del lugar donde nace o estudia cada niño.

En una provincia con ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, como Catriel, el planteo también toca una pregunta de fondo: cómo asegurar que los chicos y chicas de la educación pública accedan a las mismas herramientas que hoy muchas familias buscan por fuera de la escuela.

Último día para anotarse a una capacitación gratuita en programación para jóvenes de Río Negro

El Gobierno de Río Negro recordó que este viernes 29 de mayo cierra la inscripción al Programa Full Stack Developer ITBA 2026, una capacitación gratuita y 100% online destinada a jóvenes interesados en formarse en tecnología, informática y desarrollo de software.

La propuesta es desarrollada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y financiada por Santander. A partir de la invitación realizada a la Provincia, jóvenes rionegrinos podrán postularse para acceder a una formación intensiva vinculada a uno de los sectores con mayor demanda laboral.

El programa tiene una duración de 17 semanas y busca brindar herramientas técnicas y prácticas para la creación de aplicaciones web. Durante la cursada, las y los participantes incorporarán conocimientos vinculados al desarrollo web, metodologías de trabajo y tecnologías utilizadas por la industria tecnológica.

La convocatoria apunta a jóvenes residentes en Río Negro que tengan interés en iniciar o fortalecer su camino en el mundo de la programación. Desde la Provincia señalaron que se valorará especialmente la motivación, la disponibilidad para sostener la cursada y el compromiso con una formación intensiva.

El dato es clave para Catriel y la región: al ser una propuesta online, permite acceder a capacitación de calidad sin tener que trasladarse a grandes centros urbanos. En un contexto donde cada vez más trabajos vinculados a la tecnología pueden realizarse de manera remota, este tipo de programas abre una puerta concreta para quienes buscan sumar herramientas laborales desde su propia ciudad.

Según informó el Gobierno provincial, Río Negro contará con vacantes garantizadas y al menos 10 cupos mínimos para jóvenes de la provincia. La selección será definida por la Escuela de Innovación del ITBA.

Las personas interesadas deberán postularse a través de la plataforma Santander Open Academy, en la página del Programa Full Stack Developer ITBA 2026.

Datos clave

Inscripción: hasta el viernes 29 de mayo.
Modalidad: 100% online.
Costo: gratuito.
Duración: 17 semanas.
Destinatarios: jóvenes residentes en Río Negro interesados en tecnología, informática y programación.
Cupos: Río Negro cuenta con vacantes garantizadas y al menos 10 cupos mínimos para jóvenes de la provincia.
Selección: a cargo de la Escuela de Innovación del ITBA.

La formación se suma a una agenda más amplia de capacitación tecnológica impulsada por la Provincia, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y preparar a jóvenes rionegrinos para los nuevos desafíos de la economía del conocimiento.

UnTER rechazó la oferta salarial pero no realizará paro: exigen paritarias urgente

La tensión entre el Gobierno de Río Negro y la docencia volvió a quedar expuesta este jueves en Viedma, donde el Congreso General Extraordinario de UnTER rechazó la propuesta paritaria presentada el pasado 14 de mayo y advirtió que el conflicto salarial sigue abierto en toda la provincia.

Desde el gremio sostuvieron que la oferta oficial “consolida salarios de pobreza” y profundiza la pérdida del poder adquisitivo en un contexto donde, según remarcaron, los aumentos llegan con retraso frente a la inflación y dejan períodos sin actualización salarial.

La definición se dio durante el CCCXCIV Congreso General Extraordinario, realizado en la capital provincial, donde representantes de distintas seccionales debatieron durante varias horas el escenario salarial, el malestar creciente en las escuelas y las posibles medidas de fuerza.

Aunque la moción de paro obtuvo mayoría de votos —104 congresales votaron a favor de avanzar con una medida de fuerza— el gremio finalmente no convocó a paro porque no se alcanzaron los dos tercios requeridos por el estatuto interno. La moción de no paro obtuvo 51 votos y además hubo dos abstenciones.

La resolución dejó un mensaje doble: por un lado, la conducción sindical evitó una medida inmediata de interrupción de clases; pero al mismo tiempo quedó expuesto que una parte importante de la representación docente considera insuficiente la respuesta salarial del Gobierno.

“Mientras el gobierno sigue dilatando respuestas, en las escuelas crece el malestar, la sobrecarga y las condiciones precarias”, expresó UnTER en el documento difundido tras el Congreso.

El gremio también confirmó que avanzará con acciones de visibilización en distintas localidades de Río Negro y que continuará articulando reclamos con otros sectores sindicales.

La discusión atraviesa un momento sensible para la educación pública rionegrina. En varias ciudades de la provincia, docentes vienen manifestando preocupación por salarios que pierden frente a la inflación, dificultades para sostener un cargo como único ingreso y problemas estructurales en establecimientos educativos.

En Catriel, el debate también se sigue con atención dentro de las comunidades educativas, donde el impacto económico alcanza tanto a trabajadores de la educación como a familias que atraviesan un contexto cada vez más ajustado.

La falta de acuerdo deja abierto un escenario de conflicto que podría profundizarse en las próximas semanas si no aparece una nueva convocatoria paritaria con una propuesta que logre destrabar la negociación.

“Sin respuestas del gobierno, la docencia se organiza”, señalaron desde el sindicato al cierre del Congreso, en una definición que muestra que el conflicto salarial todavía está lejos de resolverse.

Zona Fría: el nuevo esquema podría encarecer las boletas de gas en la Patagonia

La discusión por las tarifas de gas volvió a instalarse en la Patagonia y esta vez el debate toca un punto sensible para miles de hogares: el régimen de Zona Fría.

Aunque el proyecto que comenzó a debatirse en el Congreso mantiene el reconocimiento del clima extremo para las provincias del sur, introduce modificaciones en el cálculo de los subsidios que podrían traducirse en un aumento real de las boletas para usuarios residenciales de la región.

El cambio central está en el nuevo esquema de topes y segmentación. Hasta ahora, gran parte de los usuarios alcanzados por el beneficio accedían a descuentos automáticos sobre el consumo de gas. Con la reforma, el subsidio seguiría existiendo, pero con límites más estrictos y nuevas condiciones de aplicación.

En términos concretos, eso significa que en ciudades patagónicas donde el gas no es un lujo sino una necesidad cotidiana durante gran parte del año, el impacto económico podría sentirse fuerte en invierno.

La Patagonia tiene uno de los consumos residenciales más altos del país por razones climáticas. En localidades como Catriel, donde las bajas temperaturas obligan a sostener calefacción constante durante meses, cualquier modificación en el esquema tarifario repercute directamente en la economía familiar.

El proyecto también elimina la cobertura automática que hoy alcanza a usuarios de otras regiones incorporadas al régimen en los últimos años, lo que reabre una discusión política y económica sobre el sentido original de la Ley de Zona Fría.

Mientras tanto, en el sur del país la preocupación pasa por otro lado: cuánto terminarán pagando realmente las familias si el nuevo esquema reduce el alcance efectivo de los descuentos.

El debate ocurre además en un contexto complejo para muchas economías regionales. Inflación, tarifas, alquileres y alimentos presionan sobre ingresos que en muchos casos ya vienen deteriorados. En ese escenario, el gas ocupa un lugar central dentro del presupuesto doméstico patagónico.

La discusión también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica de la región: la paradoja de vivir en territorios productores de energía donde, aun así, los costos de acceso a servicios esenciales siguen generando incertidumbre.

Por ahora, el proyecto continúa en tratamiento legislativo y todavía podrían incorporarse modificaciones. Sin embargo, el avance de la iniciativa ya encendió alertas en distintas provincias patagónicas, donde el régimen de Zona Fría es considerado mucho más que un beneficio tarifario: una herramienta de equilibrio frente a las condiciones climáticas del sur argentino.

Porque en la Patagonia, el gas no atraviesa solamente una discusión económica. También forma parte de la vida cotidiana, del invierno y de la manera en que miles de familias sostienen el día a día cuando baja la temperatura.

FECORN renovó su conducción y cerró una etapa histórica del cooperativismo rionegrino

La Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) oficializó esta semana la conformación de un nuevo Consejo de Administración, en una renovación que dentro del cooperativismo provincial empezó a leerse como algo más profundo que un simple recambio institucional.

El cambio más significativo fue la salida de Alfredo Gaiga, una de las figuras más visibles y reconocidas que tuvo la federación durante las últimas décadas y uno de los dirigentes con mayor presencia territorial dentro del cooperativismo rionegrino.

Horas antes de darse a conocer oficialmente la nueva conducción, Gaiga envió una carta de despedida a integrantes del sector donde explicó que la decisión estuvo vinculada a la necesidad de renovación dentro de la federación.

“La oxigenación hace bien. La llegada de personas nuevas renueva esperanzas, trae expectativas frescas, impulsa proyectos y fortalece los equipos”, expresó en el mensaje difundido el pasado 17 de mayo.

Durante distintas etapas dentro de FECORN, Gaiga participó en procesos de integración y articulación entre cooperativas de servicios públicos, trabajo, producción y economía social, además de impulsar encuentros y espacios de intercambio cooperativo en distintos puntos de Río Negro.

Su figura quedó especialmente asociada a una idea que repitió en múltiples intervenciones públicas: entender al cooperativismo no solamente como una estructura económica, sino también como una herramienta de organización social, participación y construcción comunitaria. “El cooperativismo es una escuela de democracia”, sostuvo durante una de sus últimas visitas institucionales a Catriel.

La renovación de autoridades ocurre además en un contexto donde muchas cooperativas atraviesan desafíos vinculados al financiamiento, el sostenimiento de servicios, la representación institucional y las nuevas tensiones económicas que impactan sobre distintas localidades de la provincia.

Por eso, dentro del sector, la conformación del nuevo Consejo comenzó a interpretarse como el inicio de una nueva etapa para la federación.

La nueva conducción será encabezada por Alejandro Pozas, presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, acompañado por representantes de distintas entidades cooperativas de Río Negro.

En medio de ese recambio también aparecen algunas continuidades que mantienen presencia dentro de la estructura federativa y reflejan el peso que todavía conservan la trayectoria e historia de cooperativas históricas de la provincia como Cotecal dentro de la agenda de FECORN. Entre ellas, la permanencia de Laura Morales dentro de la secretaría de la federación, sosteniendo representación desde Catriel.

La nueva composición del Consejo abre ahora un escenario de renovación institucional que, dentro del cooperativismo rionegrino, muchos esperan que sirva para fortalecer vínculos entre entidades, ampliar representación territorial y consolidar nuevos espacios de trabajo conjunto en toda la provincia.

Entre recambios, continuidades y nuevas representaciones territoriales, FECORN presentó oficialmente a las autoridades que conducirán la federación durante la nueva etapa institucional.

Conformación del nuevo Consejo de Administración de FeCoRN

La conformación del nuevo Consejo de Administración quedó establecida de la siguiente manera:

Presidente: Coop. de Electricidad Bariloche Ltda., Alejandro Pozas.

Vicepresidente: Coop. Agua Lamarque Ltda., Waldo Maúlen.

Secretaria: Coop. Cotecal Ltda., Laura Morales.

Prosecretaria: Coop. Agua Luis Beltrán Ltda., Valeria Vuillermin.

Tesorero: Coop. La Chimpayense Ltda., Ramón Basta.

Protesorero: Coop. Río Negro Ltda., Gustado Adrian Figueroa.

Vocal Titular 1: Coop. La Comarca Ltda., Gabriel Pappático.

Vocal Titular 2: Coop. Patagonia Norte, Pablo Hernández.

Vocal Titular 3: Coop. Acqua Viva Ltda., Magali Carrasco.

Vocal Suplente 1: Coop. Telefónica Los Menucos Ltda., Antonio Rodríguez.

Vocal Suplente 2: Coop. Coopetel Ltda., Marcelo Contardi.

Vocal Suplente 3: Coop. Credicoop Ltda., Sandra Ledezma.

Síndica Titular: Coop. Aiken Ltda., Marina Muñoz.

Síndico Suplente: Coop. Agua Jacobacci Ltda., Alejandro Laurin.

La ruta del desastre: qué pasó con la RN 151 y por qué nunca terminaron la obra

La Ruta Nacional 151 volvió a quedar en el centro de la polémica después de que el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, expusiera una cronología que muestra cómo una obra anunciada hace más de diez años terminó atrapada entre licitaciones fallidas, cambios de gobierno y falta de fondos, mientras miles de conductores siguen transitando un corredor destruido.

El punto más crítico está en el sector del kilómetro 270 y la intersección con la Ruta Provincial 20, un tramo que hoy muchos vecinos y transportistas describen directamente como “intransitable”. La situación se agravó todavía más en los últimos meses: según detalló Gatica, en agosto de 2025 hubo siete siniestros en apenas tres días.

La historia comenzó en 2012, cuando el Gobierno de La Pampa pidió a Vialidad Nacional los estudios necesarios para avanzar con la recuperación de la RN 151, especialmente castigada por el tránsito pesado vinculado a la actividad petrolera. El deterioro ya era evidente y el objetivo era intervenir el tramo entre 25 de Mayo y el límite con Río Negro.

Tres años después, en 2015, la obra fue adjudicada a la UTE Maquivial-Nehuén, una empresa de Buenos Aires. El contrato se firmó durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero el escenario económico rápidamente dejó atrasados tanto el presupuesto como los plazos previstos.

Con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, la situación entró en un limbo. La empresa presentó varias veces el plan de trabajo, pero Vialidad Nacional lo rechazó por problemas técnicos y financieros. En la práctica, la obra nunca arrancó realmente. Solo hubo tareas menores y algunos movimientos aislados. Sin embargo, el contrato tampoco fue rescindido.

Ahí aparece uno de los datos más sensibles del conflicto: según explicó Gatica, rescindir el vínculo implicaba pagar indemnizaciones millonarias y volver a lanzar una licitación nacional que podía demorar entre cuatro y cinco años más. Por eso, Vialidad optó por mantener el contrato vigente aunque el avance fuera mínimo.

Durante la gestión de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, el proyecto se retomó mediante el sistema C.Re.Ma. Malla 137. Hubo algunos avances parciales: en La Pampa lograron pavimentarse 33 kilómetros, mientras que en Río Negro se trabajó sobre sectores entre Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel y 25 de Mayo, aunque muchos tramos quedaron apenas fresados y con bacheos provisorios, sin la carpeta asfáltica definitiva.

Pero el escenario volvió a frenarse tras el cambio de gobierno nacional. Desde diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Javier Milei, se paralizó el pago de certificados y la obra quedó nuevamente detenida. Sin mantenimiento, las zonas fresadas comenzaron a destruirse todavía más rápido.

En paralelo, crecieron las advertencias. Desde UOCRA denunciaron el riesgo permanente para quienes circulan por la ruta e incluso mencionaron la posibilidad de cortes y protestas si la situación continúa sin respuestas.

Aunque en septiembre de 2025 se anunció la supuesta reactivación de 41 kilómetros en Río Negro, todavía no existe una fecha concreta de inicio ni garantías sobre los fondos necesarios para terminar la obra.

Mientras tanto, vecinos, camioneros y familias que recorren diariamente la RN 151 siguen enfrentando pozos, banquinas deterioradas y sectores donde manejar de noche se volvió una verdadera lotería. Y cada nuevo accidente vuelve a abrir la misma pregunta: cómo una obra anunciada hace más de una década terminó convertida en uno de los símbolos más visibles del abandono vial en la Patagonia.