Piden de 16 a 22 años de prisión para José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina

A José Jorge Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán y ex senador nacional por esa provincia, su sobrina lo denunció ante la justicia de haberla abusado sexual y psicológicamente entre 2017 y 2018 cuando trabajó como su asistente personal, durante la campaña para postularse a un cuarto mandato para la gobernación en las elecciones de 2019. La joven y su círculo íntimo prefirió reservar su identidad para evitar la exposición que implica denunciar a alguien con tanto poder. 

En febrero de 2024 el caso llegó a juicio oral. Durante cuatro meses pasaron decenas de testigos, en audiencias extensas. El último 3 de junio, cuando se cumplieron 9 años de la masiva movilización en todo el país para denunciar la sistemática violencia machista, concluyó la etapa de producción de prueba y Alperovich prestó indagatoria. Mañana, 10 de junio, comenzará la etapa de alegatos, primero expondrán la querella y el fiscal Sandro Abraldes; por último se escucharán los argumentos de la defensa particular de Alperovich a cargo de Augusto Garrido, del estudio Cúneo Libarona, firma del actual Ministro de Justicia de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, al concluir el tramo final, definirá si Alperovich cumplirá una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante.

El abogado querellante, Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, aseveró que los hechos ocurrieron tal como la joven los contó cuatro veces ante la justicia: en la denuncia, en su declaración testimonial, ante los peritos forenses y en el juicio oral. En todos los casos el relato fue coherente y contundente. “Toda la prueba que se produjo después solo vino a fortalecer y enriquecer su testimonio, desde los familiares y amigas a quienes con el tiempo les pudo ir contando el calvario que había vivido. También declaró personal de la empresa contratada para la propaganda de campaña, que contaron el machismo constante y el acoso verbal a muchas personas del equipo, como en el caso de la periodista (Carolina) Servetto de La Gaceta –acosada por Alperovich durante una entrevista. Hasta las expertas del Cuerpo Médico Forense ratificaron sus conclusiones sobre el daño psíquico compatible con la victimización sexual encontrada en la víctima”, explicó Rovatti a lavaca.

La joven tucumana trabajó como administrativa desde el año 2011 en el Archivo Histórico del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán. En 2016 quiso formarse para crecer profesionalmente y estudió “Ceremonial y Protocolo”. Por esa experiencia conoció al ministro Regino Amado –alineado con el entonces gobernador Juan Manzur, opositor de José Alperovich– y la contrató como responsable del área de ceremonial y protocolo del Ministerio de Gobierno.

El 11 de octubre de 2017 la denunciante y Alperovich se cruzaron en un acto de campaña de Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán, que ese año se postuló a diputado nacional en las elecciones legislativas y luego de ganar renunció para continuar en su cargo provincial.

Dos días después de ese encuentro, un tío de la joven y colaborador de Alperovich le envió un mensaje para consultar su situación laboral e invitarla a formar parte de la campaña a la gobernación. Ese mismo día, además del mensaje, se vieron en un acto en la localidad de Alderetes, Alperovich aprovechó la oportunidad, se acercó, la abrazó y “le reiteró la propuesta para sumarse a su equipo, destacando el cariño que le tenía a su padre y por su desempeño laboral actual en el Ministerio”. Pasadas las elecciones, en Casa de Gobierno de la provincia, la denunciante se encontró con el secretario privado del acusado, reconsideró la propuesta de meses atrás y le manifestó su interés en conocer la oferta laboral. Minutos más tarde Alperovich la citó a su casa en horas de la siesta. 

Tenía 27 años cuando se incorporó a la campaña política de su tío, primo hermano de su papá. Entre ellos tenían una relación fraternal y afectuosa desde chicos, que continuó toda su vida en un vínculo personal. Alperovich fue el testigo del segundo matrimonio de su primo y la denunciante junto a su padre acompañó el velorio del padre del ex gobernador, que buscaría en las elecciones de 2019 un cuarto mandato. Ese equipo estaba integrado por funcionarios y familiares, que a su vez son familiares de la víctima. Las múltiples casas de José Alperovich eran las bases de operaciones en las que se programaba la agenda de actividades políticas de la campaña. La primera entrevista de trabajo con el ex senador nacional fue a solas en el quincho de su casa en la calle Martín Fierro. Ese mismo día lo acompañó a un acto. 

En diciembre de 2017 el ministro de Gobierno le informa que “por cuestiones políticas” la joven no podía mantener los dos trabajos. Hizo una apuesta a su carrera y su formación en un entorno de confianza familiar: decidió continuar con Alperovich. A las pocas semanas el candidato desplaza a quien era su asistente personal y le asigna a su sobrina la totalidad de las funciones: manejar su agenda y atender su salud, coordinar reuniones, participar de eventos sociales y políticos, entre muchas otras tareas, como las finanzas de la campaña. Sus días y horarios de trabajo comenzaron a ser flexibles y más aún en un contexto de campaña electoral, que demandaba su tiempo completo.

En la elevación a juicio consta que a los pocos días ocurrió el primero de los nueve abusos sexuales que sufrió de su jefe y poderoso tío. La violencia fue perpetrada siempre en lugares seguros para Alperovich, luego de una jornada laboral, a solas o con testigos que hicieron la vista gorda al ver a la denunciante después de un ataque. Dos veces la abusó en su departamento en el Edificio Zencity de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Dos veces lo intentó en el auto presuntamente particular del acusado, durante traslados después de actos en la provincia. En San Miguel de Tucumán, una vez más, volvió a intentar tocarla con intenciones sexuales en la casa de una tía de la víctima. La ultrajó cuatro veces en dos casas de la localidad tucumana Yerba Buena, una de su propiedad en la calle Martín Fierro, que cuenta con un decreto ejecutivo de la provincia para usarla en actos oficiales de gobierno, y en la finca de alquiler conocida por el círculo íntimo como “la casa de los Andjel”, familia socia en los negocios de Alperovich.

La violación

La denunciante, en todo momento, le pidió expresamente que no lo hiciera, le dijo que no quería ese trato con él, que no le parecía bien, que la hacía sentir mal. Pero la escena se repitió y en cada episodio creció la gravedad: en un sillón o en el auto empezaba a halagar su forma de trabajar, alardeaba sobre la supuesta protección y el éxito profesional que él le proveía, bufaba comentarios misóginos y degradantes de su cuerpo o actitud afectiva para con él, la manoseaba y le hacía notar “mirá cómo me ponés” como según Thelma Fardín le dijo Juan Dhartés, que el 10 de junio fue condenado en Brasil a 6 años de prisión por abuso sexual contra la actriz. El entonces senador nacional forzó a su sobrina y asistente a tocar sus genitales y en Tucumán, contra su voluntad, la llevó a una habitación y la violó produciéndole severas lesiones físicas y psíquicas. 

En el expediente judicial, además de las declaraciones y las pruebas de chats con el imputado y testigos que confirmaro el deterioro en el ánimo y la salud de la joven, se detallan las pericias psicológicas. La licenciada Mónica Herrán, coordinadora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, fue terminante al ratificar que “los indicadores observados en F.L. mediante la administración de las técnicas proyectivas y en la entrevista clínico semiológica, eran propios de haber cursado situaciones de victimización en la esfera de la sexualidad, agravados por haberse desarrollado en un contexto de relación familiar, laboral y de confianza”.

En poco más de un año la joven había perdido 10 kilos de peso, se le caía el pelo, se le quebraban las uñas, le temblaban las manos y los brazos, le faltaba el apetito, no podía dormir ni concentrarse, tenía ataques de angustia y de llanto incontrolables. 

La perito de la defensa cuestionó en su informe la verosimilitud del relato de la víctima con sustento en el informe pericial del Cuerpo Médico Forense, sin haber hecho preguntas en las tres horas de entrevista que presenció durante el peritaje a la denunciante. La perito de parte de Alperovich “pudiendo haber formulado preguntas y elaborar un informe a partir de sus observaciones, efectuó una valoración posterior de una pericia, a la que por falta de rigor científico solo le caben apreciaciones plagadas de prejuicios y estereotipos”, indicó la perito oficial del Poder Judicial, Mónica Herrán, en un informe ampliatorio del año 2022, donde manifestó que “nunca se perita una pericia” porque constituye un error grave de procedimiento que podría considerarse falso testimonio. 

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta –fiscalía que recibió la denuncia en CABA y presentó su requerimiento de elevación a juicio– rechazó el argumento de “relato inverosímil” sobre el que se sustenta la defensa de Alperovich: “No obstante, la cantidad de elementos de prueba detallados en el presente requerimiento permiten controvertir esa afirmación en torno a la falta de repercusión emocional o sustrato afectivo, como también a la carencia de solidez y coherencia. Por el contrario, su relato se mantuvo coherente, se corresponde con lo referido por los numerosos testigos que brindaron declaración y encuentra también sustento profesional y pericial a raíz de las conclusiones de los peritajes realizados y los testimonios de las profesionales de la salud que tuvieron contacto y entrevistas con F.”.

El enfrentamiento

“El vencimiento de su licencia en el Senado se celebra el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”. Ese día le dijo “nunca más” y decidió renunciar a su trabajo como asistente personal Le mandó un mensaje a Alperovich y le dijo que quería hablar con él.

Fue a su casa en la calle Martín Fierro y en su declaración contó: “Al verlo, le dije que no podía más, que no seguía trabajando y al decirle que era responsable de todo lo malo que me había hecho en este tiempo yo sentía que estaba matando a mi monstruo, mientras temblaba y lloraba, vi que ni le importaba”. Alperovich le respondió: “Yo nunca te hice nada que no hayas querido”, y se retiró del lugar dejándola devastada. Meses más tarde, en noviembre, decidió acusarlo ante la justicia de CABA y de la provincia de Tucumán.

En su declaración testimonial detalló los abusos vividos y cómo afectó su vida: “Me parece importante destacar lo que nombro en mi carta abierta cuando digo que ni siquiera podía  ponerlo en palabras, para mí era una pesadilla y veía como él se movía cómodamente en los tres escenarios en los que me posicionaba, cosa que me afectó muchísimo porque yo no podía hacer como si nada en lo familiar o laboral, aunque lo laboral me liberaba de él. Me perturbaba mucho cambiar de escenario, me sentía sucia, con culpa, con vergüenza y devastada porque yo no quería vivir eso, a la vez era una presa de la intimidad que me forzaba a tener con él, lo cual grafico como una pesadilla pero de la que no me podía despertar, sólo la podía tapar porque era real. […] Cuando me fui del espacio comenzó una etapa de sincericidio, yo necesitaba contar, tenía mucha necesidad de hablar”.

El banquillo de los acusados esa vez es una silla deslizable. Alperovich frente al presidente del Tribunal, Juan María Ramos Padilla.

El camino para sanar

A un año de enfrentarlo, con la denuncia penal en proceso, la joven escribió una carta abierta de desahogo en la que contó su pesadilla. Esa fue la única vez que se pronunció públicamente:

“Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que fuera verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante. Puse toda mi fuerza en el trabajo, me desafié para demostrar a través de mi desempeño profesional que era una mujer íntegra y respetable por mi labor exhaustiva, útil y sólida. Me encargué de absolutamente todo lo relativo a sus actividades diarias y a su salud. Creí experimentar la resiliencia de ese modo, creí que así podría “olvidar” y recuperar mi dignidad. Sentí culpa, vergüenza. Mucha vergüenza. Eso significó además de un trauma, una tarea con la que tenía que lidiar porque no podía dar cuenta a nadie de lo que me pasaba. Para afuera todo estaba bien, no podía ni decírmelo a mí misma. La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”.

“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga. Creo que legal y socialmente es el lugar en el que le corresponde estar y ser tratado. A nivel personal, trabajo mi recuperación tanto en terapia formal como en otros espacios de ayuda. No le estoy haciendo esto a nadie, ni mucho menos soy una mujer instrumentalizada por nadie, me estoy curando a mí. Arribo una vez más al fin de todo este profundo y doloroso camino: SANAR. Celebro mis avances y continúo para despojarme de este daño que me arrolló y del cual lamentablemente fui víctima, pero con la absoluta convicción de que se puede sanar”.

“Y más que sentir vergüenza por estar vivas podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible (…) ya no se trataba de negar o de morir, se trataba de vivir con”, leí en un libro –Teoría King Kong de Virginie Despentes–. Honrar nuestros dolores nos enseña a suprimir la vergüenza, el miedo o la pura ignorancia de cómo enfrentarlos; a tomar la responsabilidad de mi herida y de mi bienestar. No siempre superamos los traumas, pero cuando los honramos reconociendo que existen, dejamos de ser consumidos por ellos. Hoy valoro la capacidad de reponerme de esta situación no siendo más condescendiente con el trauma: vivo y siento, como, duermo, me río, me ocupo y estoy presente, me capacito, me divierto, trabajo, me cuido, me rodeo de amor, me elijo”.

El acusado

En sus manos gruesas sostenía un dije amarillo con letras borrosas en hebreo, desgastadas de tanto apretarlo y frotarlo. “Es del Rebe, me da fuerzas. Su palabra es muy importante para mí. Es el rabino que Milei visitó su tumba en Nueva York –Menachem Mendel Schneerson, conocido como rebe de Lubavitch, líder religioso del hasidismo–. Sabés  que soy judío, ¿no?”, arremete con la mirada fija a los ojos y una sonrisa fría, ensayada para esas ocasiones con la prensa, al cruzarse en el juzgado con lavaca, antes de los alegatos.

Encantador y con fe, José Alperovich se había sentado ante un tribunal de justicia primero el 3 de junio –fecha emblema de la lucha feminista contra los femicidios y la violencia machista– en  la última audiencia de testimoniales del juicio oral en su contra. Podría haberse llamado a silencio pero decidió defenderse sin perder el temple de una persona con mucho poder. Aferrado a su amuleto reconoció haberse preparado para enfrentar al juez y comenzó su declaración con una teoría: “Este es un juicio armado con un móvil económico y político, yo no abusé de F. Me cambió la vida que por todos lados me digan Alperovich violador. Soy un hombre muerto en vida”.

Su abogado defensor le preguntó aquel 3 de junio por cada uno de los días que la denunciante relató las nueve agresiones sexuales que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. En todas sus respuestas reforzó la idea del sin sentido y la inverosimilitud, que será el argumento fuerte de su defensa: “Es incomprensible para mí esta acusación, ¿por qué volvería si había sido abusada? No tiene sentido. Un día soy abusador y otro día no, ¿Cómo es? Ella quiere instalar que yo quiero prostituir a las secretarias. Si me hubiera pedido un favor yo se lo hubiera dado. Pero estos son títulos de una causa armada para que durante cinco años la prensa me diga violín”. En uno de los abusos que denuncia la joven, Alperovich le expresó que “era un violinista famoso –André Rieu -por su habilidad para mover los dedos”, según consta en el expediente judicial. 

“Me tengo que defender y demostrar cosas que no he hecho” dijo el ex senador nacional por Tucumán ante el tribunal, y desde su perspectiva, la responsabilidad parece caer sobre la denunciante: por qué siguió trabajando, por qué volvió a quedarse en el departamento de Puerto Madero, por qué estuvo cerca suyo si la había abusado. Cuestionó cómo empezó a trabajar con él: según Alperovich ella buscó a su hija Sara. Cuestionó el vínculo familiar: dijo que la conoció en 2017, no antes, y que no sabía que eran familiares. Cuestionó la relación de poder: “En la primera reunión le conté mi rutina y le dije que hice crecer a muchas personas en la política, pero va a depender de vos”, declaró ante Ramos Padilla.

“Alperovich se rodeaba de personal de seguridad, asesores y asistentes a quienes también degradaba y nadie se animaba a cuestionar su trato inapropiado”, explicó la querella. Tanto en la elevación a juicio como en las declaraciones testimoniales ante el TOC Nº29 constan relatos de personas que se sintieron incómodas y presenciaron tratos misóginos, comentarios fuera de lugar, chistes sexistas y actitudes degradantes para con las mujeres que trabajaban en su equipo. La naturalización y complicidad ante una figura de tanto poder llevó a que tres testigos de parte de Alperovich fueran acusados durante el juicio por falso testimonio: Manuel Frías, cocinero personal; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayeta, ex policía, custodio y chofer de Alperovich. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante.

Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o reconocen que la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso.

Asimetría de poder

“José Jorge Alperovich sacó provecho de ese contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder para perpetrar los hechos de abuso sexual que se le endilgan”, sostiene la querella. “Durante la indagatoria el acusado ha negado todo, como era esperable. Y ha querido atacar la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único, Deben gritar y resistirse con uñas y dientes a la violación, debe denunciar de inmediato, etc. Estos estereotipos, que distorsionan la averiguación de la verdad y dañan terriblemente a las víctimas, están ya desterrados de nuestras prácticas judiciales y de nuestra manera de pensar. Sabemos que las cosas no funcionan así, sabemos que hay asimetrías de poder, que las víctimas de abuso muchas veces no saben cómo actuar, tienen miedo, se culpabilizan, que el comportamiento de las personas no se puede reducir a un patrón idéntico para todas. Y esto lo explicaron con mucha solvencia las mujeres profesionales del Cuerpo Médico Forense, cuyo trabajo imparcial y dedicado merece ser reconocido”, explicó el abogado querellante Pablo Rovatti a lavaca y aseveró: “Tenemos confianza en el trabajo de la justicia”.

Este lunes la querella pidió 22 años de prisión para el acusado.

Fuente: La Vaca (Lucrecia Raimondi)

Condenan a Juan Darthés a 6 años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin

La justicia de Brasil condenó ayer al actor Juan Darthes a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin ocurrido en Nicaragua en 2009, durante la gira que realizaba el elenco de la tira televisiva “Patito feo”: ella tenía 16 años y él, 45.

“Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mi le cree a muchas otras”, dijo la actriz en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña; Martín Arias Duval, su abogado en Argentina; y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

La sentencia llegó seis años luego de iniciada la denuncia y catorce años después de que sucedieron los hechos. Durante la conferencia, que se realizó para visibilizar la nueva sentencia, Thelma hizo hincapié en que nunca buscó venganza sino reparación. “Tiene que ser una esperanza de que hay una posibilidad de reparación en la justicia – dijo- y que hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos en la sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo con empatía”. 

El largo camino hacia la justicia

En 2018, Thelma se acercó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Ciudad de Buenos Aires, para realizar la denuncia por el abuso. La respuesta fue que tenía que denunciar el caso en Nicaragua, donde habían sucedido los hechos. Hasta allí fue: el 4 de diciembre de 2018 en Managua se presentó ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal y denunció por “abuso sexual agravado” a Darthés.

La noche que Thelma hizo pública su denuncia, las llamadas a la línea contra el abuso sexual en infancias aumentaron 1200%. “¿A dónde van a llamar hoy las personas que están sufriendo violencia?”, se preguntó hoy Thelma en un claro panorama de desmantelamiento de todas las líneas de atención del Estado en relación a violencias.

Ese mismo diciembre Darthes viajó a Brasil, país del que es ciudadano y que le permitía eludir la justicia nicaraguense para ser juzgado ahí. Recién en 2020 el Ministerio Público Fiscal de Brasil inició la investigación incorporando las pruebas con las que contaba la justicia en Nicaragua y las evidencias que había recolectado la Unidad especializada en Violencia de de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina.

Fue recién en abril de 2021 que el Ministerio Público Fiscal de Brasil acusó formalmente a Juan Darthés por “estupro agravado”, delito acá conocido como violación. En mayo de 2023 Darthes fue absuelto por un tribunal de primera instancia pero la justicia brasileña revocó el fallo de primera instancia y, hoy, el Tribunal Regional Federal de San Pablo dictaminó mayoritariamente por 2 a 1 declararlo culpable de violación. Esta nueva condena da vuelta aquella primera sentencia y obliga a Darthés a seis años de prisión. La condena se dará en “régimen abierto” por lo que podrá salir a trabajar, pero deberá volver a la cárcel todas las noches. “La prisión no será efectiva hasta que no quede firme la sentencia”, aclaró el abogado Duvan.

La condena

“La justicia valoró la palabra de la víctima y entendió, justamente, que en este tipo de delitos su principal prueba es su voz, por lo que el respeto a sus tiempos y la credibilidad en su palabra son esenciales”, dijo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Además detalló que los jueces en esta oportunidad centraron su análisis en el acusado: en su rol de adulto y en su rol de poder, a contramano de lo que suele hacer la justicia que hace foco en quienes denuncian. En esa línea García Rey dio algunos ejemplos de lo que fue el proceso: Thelma tuvo que pasar por nueve pericias en los distintos países y declaró tres veces; al contrario de Darthes, quien declaró una sola vez y no respondió preguntas. En el actual contexto, desde Amnistía remarcaron que el fallo es “una luz para las mujeres y niñas en la región”.

Por su parte, el abogado Martín Arias Duval definió al fallo como “esperanzador”. Dijo: “Estamos acostumbrados a ver casos de cooperacion internacional en casos de narcocriminalidad y es inédito que tres Ministerios Públicos Fiscales hayan colaborado recíprocamente para llevar a juicio un caso como el de Thelma”, remarcó en relación a la investigación conjunta en una denuncia por abuso sexual. Es una práctica que deseamos que se repita”.

Duval aclaró que en estos delitos “son pocas las sentencias definitivas a las que se llegan”. Los datos le dan la razón: en Argentina, según datos de la UFEM, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países de la región, por ejemplo en Brasil, donde Darthes fue condenado, la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%. Duval: “Afortunadamente se empiezan a romper estereotipos y prácticas que tienen que ver con un modo de pensamiento que no hacen más que revictimizar una y otra vez a las víctimas”.

Por su parte la abogada Carla Andrade Junqueira, quien representó a Thelma en Brasil, remarcó estar “orgullosa de la justicia que hizo el tribunal al valorar la prueba con todas las convenciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y de los niños”.

Además, la letrada dejó en claro el importante precedente que deja este caso: “En caso de abuso sexual la palabra de la victima tiene especial importancia, principalmente cuando es consistente con el resto del conjunto probatorio. Eso entendió la justicia: teníamos un robusto conjunto probatorio consistente, que no deja duda sobre la materialidad y autoría del crimen, y cualquier exigencia distinta a esto en casos de abuso sexual es violar las convenciones internacionales en derechos de mujeres y niños”.

Fuente: La Vaca (Anabella Arrascaeta)

Un niño de 11 años denunció a su padre por violencia intrafamiliar: le dieron seis meses de prisión en suspenso

Un desgarrador caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el Alto Valle en 2023 llegó a una resolución judicial. Un niño de 11 años fue víctima de maltrato por parte de su propio padre, quien lo agredió físicamente y lo expulsó de su hogar después de descubrir que el menor tenía las zapatillas rotas.

La situación fue descubierta por la policía de Cinco Saltos después de que el padre agrediera al niño. Como resultado, la jueza María Florencia Caruso, del tribunal de Cipolletti, emitió una sentencia de seis meses de prisión en suspenso para el padre durante un juicio abreviado.

El fallo de la magistrada se basó en un acuerdo entre las partes, respaldado por pruebas contundentes que incluían testimonios en Cámara Gesell, declaraciones de vecinos y certificados médicos que confirmaban las lesiones sufridas por el menor. Según el veredicto, el padre golpeó al niño en la cabeza y en el brazo, dejándole hematomas visibles.

Además de la pena de prisión en suspenso, se establecieron pautas de conducta para el acusado durante un período de dos años. Estas incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse ante el Juzgado de Ejecución N° 8 de Cipolletti cada dos meses, abstenerse de consumir alcohol y drogas en exceso en lugares públicos y no cometer delitos adicionales, según informes de La Mañana Cipolletti.

En la misma sentencia, la jueza Caruso determinó el sobreseimiento de la madre del menor, quien inicialmente había sido imputada como coautora. Esta decisión se basó en la declaración del niño en Cámara Gesell, donde se dejó en claro que la madre no pudo intervenir para detener la agresión debido a su propia situación de vulnerabilidad.

Avanza la causa contra exintendentes de Río Negro por fraude

El Ministerio Público Fiscal avanzó en la causa denunciadas por funcionarios nacionales en el marco de la ejecución de viviendas del plan federal ‘Techo Digno’, en este caso de la localidad de Sierra Grande.

La Fiscalía le atribuyó a dos exintendentes, y a dos exfuncionarios municipales de cada una de las gestiones de gobierno la coautoria en dos hechos calificados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso. Al empresario implicado lo acusó de ser partícipe necesario.

Según la fiscalía, en lo que constituye el primer hecho, el intendente Renzo Tamburrini, suscribió en diciembre de 2014 un convenio para la construcción de 40 viviendas e infrestructura con referentes de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La construcción debía realizarse en un plazo de 12 meses e implicaba el cumplimiento de ciertos requisitos que estaban debidamente explicitados en dicho contrato.

Según la acusación, en un periodo comprendido entre abril y noviembre del 2015 la municipalidad de Sierra Grande recibió más de 16 millones de pesos que representan el 92% del convenio destinado pura y exclusivamente a la construcción de las viviendas antedichas.

En ese marco, el intendente junto a Mauro Tamburrini – secretario de gobierno y hacienda- ordenó el pago a la empresa Construcciones Normalizadas de 12 millones de pesos equivalente un avance de obra correspondiente al 71%. En la certificación de dicho porcentaje intervino el tercer imputado Ernesto Noel, secretarios de obras y servicios públicos municipal.

Sin embargo, una inspección realizada en abril del 2016 por el IPPV verificó que el avance real de la obra era apenas mayor a un 34 % por lo que se pagó un porcentaje igual en exceso generando con ello un perjuicio al erario municipal de 5 millones de pesos con el consecuente beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lucro indebido. Ese monto actualizado a 2023 asciende a más de 130 millones de pesos. Además pagó un millón de pesos en concepto de infraestructura.

“Se valió del accionar de sus funcionarios que firmaron certificados que daban cuenta de un avance mayor y precisó también de la colaboración del empresario que de ninguna manera podía desconocer el avance real de una obra que estaba a su cargo”, enfatizó la Fiscalía mencionando detalladamente cuáles fueron las obligaciones que el intendente no cumplió al protagonizar dichos hechos.

El segundo hecho, enrostrado en este caso al intendente que lo procedió, Nelson Iribarren, se produce cuando este abona otros dos pagos en concepto de obras de infraestructura informando falsamente avance de obra.

“Sin que se hubiesen recibido desembolsos de Nación correspondientes al acuerdo específico, el intendente junto a Claudia Albariño, Secretaria de Gobierno e Inspección General del Municipio, ordenó pagos a la empresa “Construcciones Normalizadas Viedma S.A.”, equivalente a un avance de obra del 14,02% atribuidos al ítem “movimiento de suelos” y falsamente certificado por Miguel Ángel Mesa, Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos municipal.

También en este hecho, el relevamiento realizado por referentes de IPPV no coincidía con las certificaciones de avance ni con los pagos efectivamente realizados. “El intendente sabiendo que el estado de obra no era real y a fin de beneficiar a la empresa pago indebidamente una suma superior a los dos millones de pesos que actualizados a 2023 superan los 46millones de pesos.

Ambos intendentes, a su turno, firmaron resoluciones internas reconociendo y autorizando los pagos realizados.

La Fiscalía fue precisa en cuanto a la maniobra y a la participación que tuvo cada uno de los imputados. Detallaron largamente el sustento probatorio que ya alcanza los 6 cuerpos de un mismo legajo a partir de la denuncia presentada oportunamente por la sobre certificación de una obra, en la que se señalaban además múltiples inconsistencias en certificados y firmas.

A su turno las defensas requirieron precisiones y uno de los siete abogados intervinientes en representación de cada uno los imputados se opuso a la formulación de cargos. Todos aclararon sí, sus posturas disidentes adelantando que serán debatidas en el momento procesal oportuno.

Finalmente el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de los próximos cuatro.

Catriel: un adolescente eligió su apellido materno y la justicia lo aprobó

La Jueza Marissa Lucia Palacios del Juzgado de Familia Nº 7 de Cipolletti emitió un fallo autorizando el cambio de nombre de un menor, suprimiendo el apellido paterno. La solicitud fue realizada por la madre del adolescente, representada por la Dra. Marianela Hanndorf, debido a la falta de contacto del joven con su padre y su familia paterna durante aproximadamente diez años.

El adolescente manifestó sentirse identificado únicamente con el apellido materno en su vida diaria, escolar y social. Tanto en la escuela como en otras actividades, se le conoce mayormente por el apellido de su madre. Aunque en algunas instancias se reconoció por ambos apellidos, los informes escolares y municipales respaldan su identificación con el apellido materno.

A pesar de la falta de comparecencia de testigos en las audiencias programadas, las declaraciones del joven en dos ocasiones, a los 16 y 20 años, fueron consistentes. Expreso inequívocamente su falta de identificación con el apellido paterno y la perturbación que le causa tener que emplearlo, mientras que se siente identificado con el apellido de su madre.

Considerando las circunstancias del caso y los justos motivos presentados, la jueza determinó que es procedente el cambio de nombre y la supresión del apellido paterno. Este fallo se fundamenta en el derecho humano a la identidad personal y la autonomía de la voluntad, según lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normativas pertinentes.

Por lo tanto, la justicia ordenó que el adolescente mantenga de ahora en más únicamente el apellido materno. Se emitió un oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas para que se realice la inscripción correspondiente. El fallo fue notificado a la madre del joven y al mismo, quien ahora podrá continuar construyendo su identidad de acuerdo a sus preferencias personales.

Un juez ordenó custodia policial por 15 días para una víctima de violencia en Catriel

Una medida judicial fue adoptada en un caso de violencia en Catriel, el pasado 18 de enero de 2024. En este fallo, se resolvió mantener medidas cautelares previas, incluyendo la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento, por un período de 90 días.

Destacando la gravedad del asunto, la justicio ordenó a la Policía de Catriel una guardia policial en el domicilio de la víctima por un lapso de 15 días. Esto con el fin de asegurar la seguridad de la denunciante, manteniendo al denunciado identificado con las siglas M.A.N. alejado, según lo establecido por la ley.

Además, se indicó a la policía para que tome las medidas adecuadas si se encuentra al hombre infringiendo las órdenes judiciales, con la posibilidad de dar intervención a las autoridades correspondientes.

Las partes fueron notificadas de estas medidas, al denunciado se le ordenó cumplirlas estrictamente. Además, se ofreció asistencia legal para ambos, asegurando que puedan acceder a defensores públicos si es necesario.

La Dra. María Gabriela Lapuente, Jueza de Feria, fue la encargada de emitir este fallo, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima mientras se lleva a cabo el proceso legal.

Ratificaron la posesión de un inmueble a la Municipalidad de Catriel

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería de Cipolletti rechazó el 27 de mayo de este año el recurso de apelación interpuesto por una mujer contra la Municipalidad de Catriel, en un caso de prescripción adquisitiva. La demandante había solicitado el reconocimiento de la posesión veinteañal de un inmueble, alegando una posesión pacífica e ininterrumpida por más de 20 años.

La Municipalidad de Catriel, resistió la acción y reconvino por reivindicación, argumentando que la mujer había recibido el terreno en comodato en 2000, un contrato rescindido en 2005 por incumplimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la acción de prescripción adquisitiva por falta de prueba de interversión de título, reconociendo a la Municipalidad como legítima dueña.

En su apelación, la apelante argumentó la extemporaneidad y falsedad de la prueba documental presentada por la demandada, además de cuestionar la validez del contrato de comodato. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó que los planteos de la actora fueron extemporáneos y carecieron de fundamentos suficientes para desvirtuar la sentencia inicial.

Los jueces Alejandro Cabral y Vedia, E. Emilce Álvarez y Marcelo A. Gutiérrez, ratificaron que la relación contractual inicial y la documentación respaldan la posición de la Municipalidad. La Cámara concluyó que no hubo interversión de título y que la rescisión del comodato fue válida y justificada.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones decidió imponer las costas del proceso a la actora y reguló los honorarios del letrado patrocinante en el 25% de lo que le sea regulado en la instancia de grado.

Prescripción adquisitiva: juicio de usucapión

La prescripción adquisitiva, también denominada usucapión, nace como forma de otorgar el beneficio a aquel que demuestra interés en ejercer ese derecho, y a modo de castigo contra quien ha omitido hacerlo descuidando el bien.

Prescripción adquisitiva breve

Es aquella que se sustenta en un justo título y en la buena fe. Los bienes inmuebles deberán poseerse, al menos, durante 10 años para poder solicitar la declaración de usucapión. Si fueran bienes muebles hurtados o perdidos, el plazo transcurrido deberá ser de 2 años.

El tiempo de la posesión se contará siempre desde el momento de la registración del justo título si la cosa fuere registrable (un auto, una casa, por ejemplo), según el artículo 1898.

Prescripción adquisitiva larga

Según el artículo 1899 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, la prescripción adquisitiva larga tendrá lugar cuando no exista justo título o buena fe, y se exigirá que hayan transcurrido 20 años de posesión (conocido como posesión veinteañal).

Aquí no podrá invocarse contra quien pretende usucapir, la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe en la posesión. Esto se funda en la necesidad de seguridad jurídica, porque de otro modo nunca existiría certeza acerca de a quién corresponde el derecho real sobre la cosa.

Conmoción en Río Negro: lo encontraron muerto a puñaladas en una vivienda en llamas

La localidad rionegrina de San Antonio Oeste se encuentra en estado de shock tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 53 años, identificado como Néstor Velozo, que presentaba múltiples heridas de arma blanca. El hecho tuvo lugar en el interior de una vivienda que estaba siendo consumida por un incendio.

En la madrugada del sábado, un llamado de emergencia alertó a la Policía y a los bomberos sobre un incendio en una casa ubicada en la parte trasera de un terreno en la calle Andrés Rolando 686. Al llegar al lugar, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Velozo, quien trabajaba como taxista en la localidad.

De inmediato, la Justicia fue notificada y el Gabinete de Criminalística comenzó a trabajar en el lugar. El médico policial determinó que el cadáver presentaba varias puñaladas, con profundos cortes en el tórax, la cara y la espalda.

La fiscalía de Viedma tomó las riendas de la investigación, continuando el proceso iniciado por el fiscal de San Antonio Oeste, Gustavo Arbues. Actualmente, no se descartan hipótesis, ya que se está investigando si el incendio fue provocado intencionalmente, lo que podría arrojar más luz sobre el homicidio.

El cuerpo de Velozo fue trasladado a la morgue judicial de Viedma, donde se realizará la autopsia para obtener detalles precisos sobre las causas de la muerte. Además, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, mientras que el Gabinete Científico lleva a cabo un minucioso relevamiento en la vivienda en busca de más evidencias, incluyendo el teléfono móvil de la víctima.

Río Negro: Pidieron perpetua para el femicida de Agustina

La fiscalía solicitó que Pablo Parra sea declarado culpable por el femicidio de Agustina sea condenado a prisión perpetua, única pena posible de acuerdo a la calificación legal. La querella y la defensa avanzaron en el mismo pedido y el juez adelantó que impondrá esa pena. La sentencia se conocerá en los próximos días.

El fiscal jefe a cargo de la acusación describió la modalidad del ataque, la planificación previa y las actitudes posteriores al crimen y que fueron desarrolladas por el imputado.

«Matar a una mujer en cualquier contexto es grave pero cuando quien produce una muerte tiene este tipo de comportamientos demuestra la necesidad de una mayor pena», consideró el representante del Ministerio Público.

Concluyó que el Código Penal prevé como única pena posible la prisión perpetua y solicitó que se aplique la misma.

En idéntico sentido se expresó la querella particular que representa a la familia de Agustina y solicitó la máxima pena posible en la legislación nacional.

La defensa del acusado comenzó expresando que mantenían las reservas de impugnación y que – pese a respetar el veredicto del jurado popular – era contrario a la prueba rendida en juicio. Sin perjuicio de ello, aceptó el pedido de pena de las acusadoras.

El juez que dirigió el debate ante los jurados populares adelantó que dictaría la prisión perpetua. «Los jueces no tenemos margen, el Código Penal prevé sólo la pena a prisión perpetua», aseveró.

La sentencia será dictada en los próximos cinco días hábiles y a partir de allí, comenzará a correr el plazo para que la defensa haga uso del derecho a impugnar.

Previamente, las partes acusadoras también había requerido que se extienda la prisión preventiva del imputado a lo que el juez hizo lugar.

El siguiente video fue elaborado por la Dirección de Comunicación Judicial del momento de la resolución del juez.