Catriel debatió cómo prevenir las violencias de género en un conversatorio por Ni Una Menos

En el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos, Catriel volvió a poner en discusión una pregunta clave: cómo prevenir las violencias por motivos de género y qué redes existen en la ciudad para acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

La Municipalidad de Catriel, a través de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad, realizó un conversatorio abierto a la comunidad con el objetivo de reflexionar sobre la prevención, los recursos de acompañamiento disponibles y el rol de las instituciones frente a una problemática que sigue atravesando la vida cotidiana.

Del encuentro participaron la comisaria de la Familia, Romina García, y la oficial de servicio Rocío Vázquez, quienes compartieron información sobre los protocolos de actuación y las herramientas institucionales vigentes ante situaciones de violencia por motivos de género.

También formaron parte de la jornada las profesoras Noemí Vielma, Mercedes Piazza y Mónica Perales, quienes aportaron experiencias y reflexiones sobre el abordaje de estas problemáticas en los ámbitos educativos y el impacto que tienen en las nuevas generaciones.

La presencia de docentes sumó una dimensión central al debate: la prevención no empieza únicamente cuando una persona denuncia o pide ayuda, sino también en los espacios donde se construyen vínculos, formas de convivencia, límites y herramientas para reconocer situaciones de violencia.

Acompañaron además la directora de Cultura, Bárbara Soria, las concejalas Rosa Nievas, Teresa Cardona y Carolina Piris, junto a vecinos y vecinas que participaron del espacio de diálogo e intercambio.

El conversatorio se dio en una fecha especialmente sensible. Ni Una Menos surgió en Argentina en 2015 como un reclamo colectivo contra los femicidios y las violencias machistas. Once años después, la consigna sigue vigente y obliga a mirar qué respuestas existen en cada territorio.

En Catriel, esa pregunta tiene una dimensión concreta. No se trata solo de adherir a una fecha nacional, sino de revisar qué canales de acompañamiento funcionan, cómo se articulan las instituciones, qué información llega a la comunidad y qué lugar ocupan la escuela, la Policía, el Municipio, el Concejo y las organizaciones sociales.

Desde el Municipio señalaron que la intención es seguir promoviendo espacios de encuentro, escucha y reflexión para construir una comunidad más igualitaria y libre de violencias.

La jornada dejó una idea de fondo: frente a las violencias por motivos de género, ninguna institución alcanza por sí sola. La prevención requiere protocolos, educación, acompañamiento, decisión política y una comunidad dispuesta a escuchar antes de que sea tarde.

Condenan a una empresa de servicios petroleros a pagar casi $20 millones a una trabajadora de Catriel

El fallo fue dictado el 1 de junio de 2026 en una causa laboral iniciada por tres trabajadores contra Service Petrole Sud SRL y, en forma solidaria, contra Petróleos Sudamericanos SA. Durante el proceso, dos de los demandantes llegaron a acuerdos conciliatorios, por lo que la sentencia resolvió el reclamo de la trabajadora restante.

Según la resolución, la mujer trabajó para Service Petrole Sud SRL desde el 3 de septiembre de 2012 hasta el 8 de agosto de 2024, cuando se colocó en situación de despido indirecto. En términos simples, eso significa que la trabajadora dio por terminado el vínculo porque consideró que la empresa había cometido incumplimientos graves.

La Cámara tuvo por acreditado que la empleadora dejó de pagar salarios, no asignó tareas efectivas y no respondió de manera suficiente a las intimaciones enviadas por la trabajadora. También se tuvo en cuenta que la empresa no contestó la demanda dentro del plazo legal, lo que generó consecuencias procesales a favor de la versión planteada por la parte actora.

De acuerdo con la sentencia, la trabajadora había reclamado el pago de haberes adeudados, aguinaldo, aclaración de su situación laboral y otorgamiento de tareas. Ante la falta de respuestas satisfactorias, finalmente se consideró despedida por culpa de la empleadora.

El Tribunal hizo lugar al reclamo en su mayor extensión y condenó a Service Petrole Sud SRL a pagar $19.671.976,86, monto que incluye indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, salarios adeudados, aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas. A esa suma deberán agregarse los intereses correspondientes hasta el pago efectivo.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el planteo contra Petróleos Sudamericanos SA. La trabajadora buscaba que la operadora respondiera en forma solidaria, bajo el argumento de que Service Petrole Sud prestaba servicios vinculados a la actividad petrolera.

Sin embargo, la Cámara rechazó esa parte de la demanda. Para el Tribunal, no quedó probado que la trabajadora hubiera realizado tareas propias, normales y específicas de Petróleos Sudamericanos, ni que estuviera integrada al proceso productivo de la operadora.

La sentencia remarcó que la mujer cumplía tareas administrativas internas para Service Petrole Sud SRL y que no se acreditó que prestara funciones operativas, técnicas o de campo vinculadas directamente con la explotación hidrocarburífera de Petróleos Sudamericanos.

En ese punto, el fallo marca una diferencia importante: la existencia de una relación comercial entre una empresa contratista y una operadora no alcanza por sí sola para extender automáticamente una condena laboral. Para que exista responsabilidad solidaria, la Justicia exige probar una integración concreta del trabajador en la actividad propia de la empresa principal.

El caso tiene impacto local porque vuelve a poner sobre la mesa una discusión frecuente en zonas petroleras como Catriel: qué ocurre con los trabajadores cuando una contratista atraviesa problemas económicos, deja de pagar salarios o interrumpe servicios, y hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas operadoras.

La condena deberá ser cumplida en un plazo de 10 días, según dispuso la Cámara, con más los intereses correspondientes. Además, el fallo reguló honorarios profesionales y ordenó avanzar con los trámites judiciales necesarios para la ejecución del pago.

A 11 años de Ni Una Menos, Catriel sigue enfrentando denuncias, medidas judiciales y reclamos por violencia de género

Catriel volverá a sumarse este miércoles 3 de junio a una nueva jornada de movilización por Ni Una Menos, al cumplirse 11 años de aquella convocatoria que en 2015 logró instalar la violencia de género como una problemática central en la agenda pública argentina.

La actividad fue convocada por la Comisión Camino al 39° Encuentro de Mujeres de Catriel y se desarrollará desde las 19 horas en la Plazoleta de la Familia, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

Según difundieron las organizadoras, la jornada busca recordar el origen del movimiento, pero también volver a poner en agenda reclamos que consideran vigentes. Entre ellos aparecen el pedido de justicia por Agostina Vega, la exigencia de políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la Ley Micaela, además de mayores recursos para programas vinculados a género y diversidad. Sobre el caso Agostina Vega, VientoSur publicó en los últimos días una cobertura sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente y el avance inicial de la investigación judicial.

La convocatoria también expresa el rechazo a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, así como a los discursos de odio y a las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

La movilización llega, además, en un contexto donde la problemática sigue teniendo expresión concreta en la agenda judicial local. Una revisión de resoluciones publicadas por el Poder Judicial de Río Negro durante 2026 muestra múltiples intervenciones del Juzgado de Paz de Catriel en expedientes vinculados a violencia familiar y de género, con medidas urgentes de protección, prohibiciones de acercamiento e impedimentos de contacto.

Ese dato confirma que las situaciones de violencia continúan generando intervenciones judiciales en la ciudad y que el Juzgado de Paz sigue siendo una de las primeras puertas de acceso para quienes buscan protección.

En varios de esos expedientes aparecen medidas de restricción de acercamiento, prohibiciones de comunicación por cualquier medio y derivaciones posteriores a organismos especializados para el seguimiento de los casos. Detrás de cada resolución hay personas que solicitaron asistencia estatal ante situaciones consideradas de riesgo. VientoSur ya había abordado este escenario en una nota sobre causas de violencia familiar en Catriel y la alta demanda judicial en casos de género.

Pero el debate sobre violencia de género en Catriel no se explica únicamente por los expedientes que se tramitan actualmente. También está atravesado por hechos que marcaron profundamente a la comunidad.

Durante la última década, la ciudad registró tres femicidios que tuvieron enorme impacto social y judicial. La propia cobertura de VientoSur sobre las movilizaciones de Ni Una Menos en Catriel viene recuperando esos nombres como parte de la memoria colectiva local.

En abril de 2014 fue asesinada Cintia Vergara, un crimen que derivó posteriormente en una condena a prisión perpetua para su expareja y que se convirtió en uno de los casos más recordados por la comunidad. VientoSur señaló en coberturas previas que, aunque el fallo se dictó bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, el hecho es recordado socialmente como uno de los femicidios que marcaron a Catriel.

Seis años después, en marzo de 2020, la desaparición y posterior femicidio de Agustina Atencio, de 17 años, volvió a generar una conmoción masiva. El caso movilizó a toda la ciudad y concluyó también con una condena a prisión perpetua.

En junio de 2022, Catriel volvió a quedar atravesada por otro hecho de extrema violencia con el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, cuyo caso avanzó hasta un juicio por jurados que terminó con una condena por femicidio.

Los tres crímenes ocurrieron en menos de una década y forman parte de la memoria colectiva de una ciudad que, periódicamente, vuelve a preguntarse qué mecanismos existen para prevenir situaciones de violencia antes de que lleguen a consecuencias irreversibles. En esa línea, el documental Ecos del Silencio también recuperó testimonios de familiares de víctimas y puso en primer plano el impacto social de estos femicidios en Catriel.

La discusión también alcanzó en distintos momentos a instituciones públicas locales.

En los últimos años, VientoSur Noticias informó sobre investigaciones administrativas, denuncias, pedidos de intervención institucional y situaciones vinculadas a presuntos hechos de violencia, acoso o conductas incompatibles con la función pública que involucraron a trabajadores, funcionarios o referentes de distintos organismos. En varios de esos casos hubo actuaciones judiciales, investigaciones internas o medidas administrativas. En otros, las denuncias no derivaron en condenas judiciales. Cada situación tuvo su propio recorrido y no admite generalizaciones, pero en conjunto muestran que la problemática no ha permanecido ajena a los ámbitos de poder y decisión de la ciudad.

Uno de esos antecedentes fue una denuncia pública y contravencional por presunto acoso que involucró a un integrante del Tribunal de Cuentas Municipal, caso que generó movilizaciones, pedidos de apartamiento y debate institucional. VientoSur reconstruyó entonces qué estaba confirmado y qué no, diferenciando la denuncia pública, la presentación contravencional y la ausencia de denuncia penal al momento de la publicación.

La discusión también llegó al ámbito laboral municipal. En 2025, un episodio ocurrido en el Vivero Municipal reabrió el debate sobre las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo, el consentimiento, los protocolos institucionales y la necesidad de respuestas claras frente a situaciones de posible acoso o violencia. En 2026, la renuncia obligada de un secretario del Ejecutivo tras ser denunciado por abuso sexual en General Roca fue otro caso testigo importante.

Los femicidios y las situaciones de violencia que llegan a los tribunales también abren otra discusión que suele aparecer cada 3 de junio: cuál es el papel de los hombres en los cambios que la sociedad reclama. Organizaciones, especialistas y organismos públicos coinciden desde hace años en que la respuesta no puede limitarse únicamente a la intervención judicial cuando la violencia ya ocurrió. La prevención también implica revisar prácticas cotidianas, formas de vincularse y modelos culturales que durante décadas naturalizaron el control, los celos, la desigualdad o distintas expresiones de violencia. En una ciudad como Catriel, donde muchas veces las relaciones personales, laborales e institucionales se desarrollan en ámbitos cercanos y conocidos, esa reflexión interpela no sólo al Estado y a la Justicia, sino también a familias, escuelas, clubes, lugares de trabajo y a los propios varones como parte necesaria de cualquier transformación duradera.

Ese contexto explica por qué la convocatoria de este miércoles trasciende la conmemoración de una fecha nacional.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, Catriel vuelve a encontrarse frente a una pregunta que sigue abierta: qué tan eficaces son hoy las herramientas de prevención, protección y acompañamiento disponibles para evitar nuevas situaciones de violencia.

Las organizadoras convocaron a la comunidad a participar bajo una consigna que resume el espíritu de la jornada: “Vivas, libres y sin miedo”.

La movilización comenzará a las 19 horas en la Plazoleta de la Familia y buscará volver a poner en discusión una problemática que, a más de una década del nacimiento de Ni Una Menos, continúa teniendo expresiones concretas en la vida cotidiana, en los tribunales y en la historia reciente de Catriel.

Catriel: fue a la Justicia para que lo operaran y Salud terminó comprando los materiales

Un vecino de Catriel tuvo que acudir a la Justicia para conseguir una cirugía en su pierna derecha. Tras la presentación de un amparo contra el Hospital Área Programa Catriel y el Ministerio de Salud de Río Negro, la Provincia terminó comprando los materiales quirúrgicos con fondos propios y la intervención finalmente se realizó.

El caso fue resuelto por la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 de Cipolletti, a cargo de la jueza María Adela Fernández. La sentencia fue dictada el 1 de junio de 2026 y declaró abstracto el amparo porque el objetivo del reclamo ya se había cumplido: el paciente fue operado el 15 de mayo.

La presentación judicial había sido iniciada el 16 de abril por una familiar del paciente. Según surge del fallo, el hombre reclamaba que se le practicara la cirugía y manifestó que desde el hospital local no recibía información clara sobre cuándo se concretaría la intervención.

El expediente también expone un punto sensible: los materiales quirúrgicos habían sido adjudicados mediante una licitación pública a la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., pero el proveedor no los habría entregado por deudas pendientes vinculadas a IPROSS. Esa situación, remarcó el propio trámite judicial, era ajena al paciente.

A eso se sumó otra dificultad. De acuerdo con la sentencia, en una instancia previa el médico tratante había rechazado operar con materiales de esa firma porque cuestionaba su calidad. Frente a ese escenario, el Ministerio informó que intimó al proveedor y también requirió al profesional que estableciera una fecha de cirugía.

Con el avance del amparo y ante la falta de respuesta del proveedor adjudicado, Salud resolvió dar de baja la orden anterior y adquirir los materiales con fondos propios. El objetivo, según informó el organismo en el expediente, fue garantizar el derecho a la salud del paciente.

El 8 de mayo, el traumatólogo del Hospital de Catriel acreditó la recepción definitiva de los materiales, la entrega de las órdenes para los estudios prequirúrgicos y la fijación de la cirugía para el 15 de mayo. Luego, el Ministerio presentó la foja quirúrgica que confirmó que la intervención se había realizado en la fecha prevista.

Por ese motivo, la jueza declaró que el caso había devenido abstracto. En términos simples, eso significa que la Justicia ya no tenía una decisión práctica que tomar porque el reclamo principal —la cirugía— ya se había cumplido.

El fallo no establece responsabilidades penales ni administrativas. Tampoco afirma que haya existido delito, mala praxis o abandono. Lo que sí deja expuesto es el recorrido que debió hacer un vecino de Catriel para acceder a una intervención médica que requería materiales específicos, decisiones administrativas y coordinación entre el hospital, el Ministerio y el proveedor.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para la ciudad: qué pasa cuando una necesidad de salud termina judicializada. Para el paciente, el resultado fue concreto: la cirugía se hizo. Para la comunidad, queda una pregunta de fondo sobre los tiempos, los insumos y la capacidad de respuesta del sistema público en Catriel.

Cardenales amarillos capturados ilegalmente en Río Negro fueron recuperados en San Juan

Ejemplares de cardenal amarillo, una especie protegida y en peligro de extinción, fueron recuperados en la provincia de San Juan y trasladados nuevamente a Río Negro, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal por presunta captura ilegal de fauna silvestre.

Según informó el Ministerio Público, las aves habrían sido capturadas de manera ilegal en la zona de La Lobería y Punta Bermeja, en la costa rionegrina. La investigación busca determinar quiénes participaron en la extracción, tenencia o eventual comercialización de los ejemplares.

El caso se inició a partir de una denuncia realizada por una legisladora rionegrina, que ingresó en febrero a la Fiscalía de Viedma. A partir de esa presentación, se abrió una investigación preliminar para establecer si existieron infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y a las normas provinciales que protegen la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas.

El rescate se concretó en San Juan mediante un trabajo coordinado con la Subsecretaría provincial de Fauna Silvestre. Tras el procedimiento, los cardenales fueron trasladados a Río Negro y quedarán en cuarentena en un organismo especializado de General Roca, donde serán sometidos a controles y evaluaciones antes de definir cualquier medida de reinserción.

La posible liberación de los ejemplares será evaluada por especialistas. De acuerdo con la información oficial, las zonas identificadas como parte de su hábitat natural en la provincia incluyen sectores de La Lobería y Guardia Mitre.

La investigación también avanzó en San Juan sobre la presunta tenencia y comercialización de especies protegidas. En ese marco, se verificó que una de las personas vinculadas al procedimiento tendría domicilio real en Viedma, lo que podría conectar las actuaciones desarrolladas en ambas provincias.

Por ahora, la causa continúa en etapa preliminar. Las medidas dispuestas por la Fiscalía buscan reunir información para establecer cómo fueron capturados los ejemplares, cómo llegaron hasta San Juan y si existió una red o circuito de comercialización ilegal de aves protegidas.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el tráfico de fauna silvestre, una práctica que suele avanzar lejos de la vista pública, pero que impacta directamente sobre especies amenazadas y ecosistemas frágiles. En el caso del cardenal amarillo, la captura para tenencia o venta ilegal representa una de las principales amenazas para su supervivencia.

Desde el Poder Judicial negaron una intervención por un hecho sensible en barrio YPF

Desde el Poder Judicial informaron a VientoSur Noticias que, tras realizar consultas telefónicas con personal policial y con el hospital local, no se registró intervención vinculada a un hecho sensible en barrio YPF de Catriel.

La aclaración se produjo luego de que durante la noche circularan versiones en redes sociales y mensajes privados sobre una presunta situación grave en ese sector de la ciudad durante la noche del domingo.

De acuerdo a la información transmitida desde el ámbito judicial, tanto desde Policía como desde el hospital negaron haber intervenido en un hecho de esas características en barrio YPF.

Por ese motivo, y ante la ausencia de confirmación oficial sobre el episodio mencionado en redes, corresponde aclarar que no hay registros institucionales que respalden la existencia de una intervención policial o sanitaria por un hecho de ese tipo en el sector.

VientoSur había advertido desde el inicio que se trataba de información preliminar y que no difundiría versiones no confirmadas, datos personales ni detalles sensibles. Con la comunicación recibida desde el Poder Judicial, la información queda reformulada en base a la respuesta institucional disponible.

En situaciones sensibles, especialmente cuando involucran posibles hechos personales o familiares, la verificación es central para evitar daños, exposición indebida o circulación de datos falsos.

La recomendación es no compartir versiones no confirmadas y esperar siempre información oficial de los organismos intervinientes.

Desde el Poder Judicial negaron una intervención por un hecho sensible en barrio YPF

Desde el Poder Judicial informaron a VientoSur Noticias que, tras realizar consultas telefónicas con personal policial y con el hospital local, no se registró intervención vinculada a un hecho sensible en barrio YPF de Catriel.

La aclaración se produjo luego de que durante la noche circularan versiones en redes sociales y mensajes privados sobre una presunta situación grave en ese sector de la ciudad.

De acuerdo a la información transmitida desde el ámbito judicial, tanto desde Policía como desde el hospital negaron haber intervenido en un hecho de esas características en barrio YPF.

Por ese motivo, y ante la ausencia de confirmación oficial sobre el episodio mencionado en redes, corresponde aclarar que no hay registros institucionales que respalden la existencia de una intervención policial o sanitaria por un hecho de ese tipo en el sector.

VientoSur había advertido desde el inicio que se trataba de información preliminar y que no difundiría versiones no confirmadas, datos personales ni detalles sensibles. Con la comunicación recibida desde el Poder Judicial, la información queda reformulada en base a la respuesta institucional disponible.

En situaciones sensibles, especialmente cuando involucran posibles hechos personales o familiares, la verificación es central para evitar daños, exposición indebida o circulación de datos falsos.

La recomendación es no compartir versiones no confirmadas y esperar siempre información oficial de los organismos intervinientes.

Encontraron sin vida a Agostina Vega: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el caso

El caso de Agostina Vega tuvo el peor final. La adolescente de 14 años, que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, fue hallada sin vida este sábado en una zona descampada del sur de la capital provincial.

El hallazgo se produjo en el sector de Ampliación Ferreyra, en un predio donde los investigadores realizaban rastrillajes desde hacía varias horas. La búsqueda había comenzado luego de que Agostina fuera vista por última vez el sábado 23 de mayo.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón y tiene como único detenido, hasta el momento, a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado como una persona vinculada al entorno familiar de la adolescente.

Según la reconstrucción publicada por distintos medios nacionales y provinciales, una de las líneas principales de investigación sostiene que Agostina habría tomado un remís y luego se habría dirigido a la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

Un elemento clave de la causa fue una cámara de seguridad que registró el ingreso de la adolescente a una vivienda. En un primer momento, la defensa del detenido había negado que la persona del video fuera Agostina. Sin embargo, luego trascendió que Barrelier cambió parte de su versión y admitió que la joven estuvo en su casa esa noche.

Barrelier fue inicialmente imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, la causa podría cambiar de calificación, aunque cualquier nueva imputación dependerá de las pruebas reunidas por la fiscalía, los resultados forenses y la reconstrucción final de los hechos.

El detenido se desempeñaba como empleado municipal en Córdoba y, según publicaciones periodísticas, cumplía funciones vinculadas a áreas de capacitación o tránsito. También trascendió que tenía un antecedente judicial previo por un hecho de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer.

En las últimas horas, también se conoció que la defensa de Barrelier renunció luego de diferencias vinculadas a la estrategia del caso y a los cambios en la declaración del imputado.

La investigación no se limita únicamente al detenido. Tras el hallazgo del cuerpo, medios cordobeses informaron que el fiscal Garzón ordenó la imputación de Melisa Heredia, madre de Agostina, y el secuestro de su teléfono celular. También se habría secuestrado el celular de la abuela de la adolescente. La imputación no implica una condena, sino que forma parte de la investigación sobre el entorno y las circunstancias que rodearon la desaparición.

El fiscal ya había señalado antes del hallazgo que la búsqueda se realizaba “con vida y sin vida”, y que la investigación tenía distintas hipótesis abiertas. Ahora, el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, el análisis de los teléfonos, las cámaras de seguridad, los movimientos previos a la desaparición y las declaraciones incorporadas al expediente.

El crimen de Agostina generó conmoción en Córdoba y en todo el país. Durante los días de búsqueda, familiares, vecinos y organizaciones reclamaron respuestas y acompañaron las tareas para intentar dar con su paradero.

Aunque la Justicia todavía debe determinar la calificación final del hecho y confirmar si se trató o no de un femicidio, el caso vuelve a encender alertas en un país atravesado por la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2025 se investigaron 204 causas judiciales por posibles femicidios, con 219 víctimas en total: 200 víctimas directas y 19 vinculadas. El relevamiento oficial indicó que hubo una víctima directa cada 44 horas en el país.

También los observatorios sociales vienen advirtiendo la gravedad del problema. Ahora Que Sí Nos Ven relevó 262 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio durante 2025, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. La diferencia entre registros oficiales y relevamientos sociales muestra algo central: más allá de la calificación judicial de cada caso, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo una emergencia que exige prevención, respuestas rápidas y acompañamiento efectivo.

El caso vuelve a poner en discusión la vulnerabilidad de niñas y adolescentes, los vínculos de confianza dentro del entorno cercano y la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo.

Por ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió desde el momento en que Agostina salió de su casa hasta el hallazgo del cuerpo. También deberá establecer el grado de responsabilidad de cada persona investigada y la calificación legal definitiva del caso.

Mientras tanto, el nombre de Agostina Vega se suma a una lista dolorosa de casos que exigen respuestas judiciales, protección efectiva y una mirada más profunda sobre las situaciones de violencia que atraviesan niñas y adolescentes en Argentina.

Buscan limitar celulares e internet en cárceles de Río Negro para frenar estafas y amenazas

La Legislatura de Río Negro comenzó a recibir proyectos que ponen el foco en un problema cada vez más sensible: el uso de celulares e internet dentro de las cárceles y la posibilidad de que personas privadas de la libertad continúen organizando delitos desde los penales.

Una de las iniciativas propone incorporar el concepto de “privación de libertad digital” al sistema penal provincial. El objetivo es que la privación de libertad no se limite únicamente al encierro físico, sino que también contemple la restricción del acceso a dispositivos tecnológicos cuando puedan ser utilizados para cometer delitos.

El proyecto, presentado por el bloque Pro Unión Republicana, plantea modificar el Código Procesal Penal para limitar el uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales dentro de las unidades penitenciarias de Río Negro.

En sus fundamentos, la propuesta advierte que muchas organizaciones criminales pueden continuar operando desde establecimientos penitenciarios mediante teléfonos móviles y conexión a internet. Entre los delitos mencionados aparecen estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.

El texto también menciona antecedentes registrados en Río Negro, entre ellos casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y secuestros recientes de celulares y chips dentro de establecimientos penitenciarios.

La iniciativa aclara que las comunicaciones con familiares, abogados y autoridades judiciales deberán seguir garantizadas, aunque mediante sistemas controlados por el Servicio Penitenciario.

En paralelo, otro proyecto presentado por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, propone prohibir expresamente el ingreso, la tenencia y la utilización de teléfonos móviles, tablets y acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Esta segunda propuesta plantea reemplazar el uso de dispositivos personales por un sistema de comunicaciones institucionales, controlado exclusivamente a través de telefonía fija. Según el proyecto, las llamadas deberían realizarse en horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora.

Uno de los puntos más fuertes de la iniciativa es que cada comunicación debería informar de manera obligatoria a la persona que recibe la llamada que el contacto proviene de una institución carcelaria. Además, se deberían brindar los datos del interno y un número gratuito para realizar denuncias ante posibles delitos.

El proyecto también establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios, como medida para impedir el uso irregular de celulares.

En los fundamentos, Domínguez sostiene que la flexibilización permitida durante la pandemia ya no tiene sustento jurídico ni fáctico. Además, plantea que el uso de estos dispositivos dentro de los penales no constituye un derecho vulnerado, sino una herramienta que puede ser utilizada para extorsionar, estafar, amenazar e incluso organizar delitos más graves.

Ambas iniciativas deberán iniciar ahora su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. El debate promete abrir una discusión de fondo sobre seguridad, derechos, control penitenciario y prevención del delito en Río Negro.

El punto central será cómo garantizar las comunicaciones legítimas de las personas detenidas con sus familias, defensas y autoridades judiciales, sin permitir que los dispositivos tecnológicos se transformen en una herramienta para cometer delitos desde el interior de las cárceles como ocurre ahora.

¿Cómo atraer médicos a Catriel si Salud intima a trabajadores a devolver viviendas después de años de ocupación?

La discusión por seis viviendas vinculadas al Hospital “Dra. Cecilia Grierson” de Catriel abrió una pregunta incómoda para la política sanitaria de Río Negro: cómo atraer nuevos médicos y profesionales a la ciudad sin generar incertidumbre entre trabajadores que llevan años vinculados al sistema público de salud.

El tema tomó estado público luego de que el abogado Angelo Zamataro difundiera un video en redes sociales cuestionando la intimación realizada a seis profesionales de distintas áreas del hospital para que restituyan viviendas que ocupan desde hace años.

VientoSur contactó al abogado, quien confirmó que se trata de seis profesionales de diferentes áreas a quienes el Gobierno provincial les exigió devolver las viviendas en un plazo de 15 días. En diálogo con este medio, Zamataro aclaró que, en principio, representa a una de las personas alcanzadas por la intimación. Según indicó, entre los afectados hay médicos y otros profesionales del sistema de salud. También sostuvo que este jueves ampliará la información sobre el caso.

El abogado planteó además que nunca había visto una situación similar: viviendas asignadas a personal de salud que, después de años de ocupación, son reclamadas por la Provincia. En ese marco, pidió que se explique con claridad cuál será el criterio de regularización y si alcanzará únicamente a viviendas vinculadas al hospital o también a otros trabajadores públicos que habitan en el mismo barrio.

En su video, Zamataro habló de un “escándalo” en el Hospital de Catriel y planteó que la medida llega en un contexto especialmente sensible: la falta de médicos, especialistas y trabajadores de salud en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Esa preocupación no aparece en el vacío, sino dentro de una serie de situaciones vinculadas a Salud Pública. VientoSur informó recientemente que vecinos denunciaron filas desde la madrugada y bajo cero para conseguir un turno en el hospital de Catriel, una situación que volvió a poner en debate la capacidad del sistema público local para responder a la demanda cotidiana.

La necesidad de atención cercana también viene siendo planteada desde los barrios. En barrio Centro, la comisión vecinal impulsó una junta de firmas para pedir la reapertura de la sala de salud del sector, con el objetivo de recuperar un espacio de atención primaria para controles básicos y consultas cotidianas. Ese antecedente muestra que la discusión sanitaria en Catriel no se agota en el hospital: también incluye dispositivos barriales, prevención y cercanía.

“Mientras faltan profesionales de la salud y médicos en toda la Patagonia, en Catriel intimaron a desalojar a seis funcionarios del hospital”, sostuvo.

Según el abogado, las viviendas habrían sido entregadas hace más de 15 años en el marco de un esquema habitacional destinado a facilitar la radicación de trabajadores públicos, entre ellos personal de salud y docentes. Desde su mirada, el objetivo original era que profesionales esenciales pudieran instalarse en ciudades como Catriel, donde atraer y retener personal sanitario suele ser difícil.

Por eso cuestionó que, después de tantos años de ocupación y trabajo, se exija la devolución en un plazo breve.

¿Cómo atraer nuevos profesionales si quienes ya sostuvieron la salud pública sienten incertidumbre sobre su vivienda?

El abogado Angelo Zamataro cuestionó la intimación a seis ocupantes de viviendas vinculadas al Hospital de Catriel y pidió que la Provincia explique el criterio de regularización.

“No se puede dejar en la calle a médicos que han pasado más de veinte años trabajando full time en el hospital, atendiendo guardias, urgencias y salvando vidas en la pandemia”, expresó Zamataro.

La respuesta oficial llegó después de la viralización del video. El Ministerio de Salud de Río Negro, mediante un comunicado firmado por el ministro Demetrio Thalasselis, informó que inició un proceso de regularización de viviendas oficiales asignadas al Hospital de Catriel. Según la cartera sanitaria, se detectó que seis inmuebles continuaban ocupados por profesionales de la salud pese a tener sus contratos de préstamo gratuito vencidos hace varios años.

Salud explicó que estas viviendas tienen un uso temporario y transitorio, con plazos que van de seis meses a un año y medio. El objetivo, según la Provincia, es ofrecer una vivienda inicial a médicos y otros profesionales que llegan desde otras regiones, darles tiempo para instalarse con sus familias y luego permitir que alquilen de manera particular, devolviendo la casa al hospital.

La Provincia sostiene que necesita recuperar esos inmuebles para que vuelvan a cumplir una función estratégica: servir como herramienta para atraer nuevos profesionales a Catriel.

Ahí aparece el centro del conflicto. Para Salud, se trata de ordenar el uso de viviendas oficiales con contratos vencidos y ponerlas nuevamente al servicio del sistema sanitario. Para Zamataro, la medida puede generar el efecto contrario: transmitir a futuros profesionales que, después de años de trabajo y arraigo, podrían quedar expuestos a una intimación para dejar su vivienda.

“¿Qué médico va a querer venir a Catriel si sabe que una vez que pasen los años, haya hecho mejoras o haya construido su vida acá, lo pueden sacar?”, planteó el abogado.

El caso impacta sobre una preocupación conocida en la ciudad. VientoSur ya informó reclamos de trabajadores de la salud pública de Catriel por bajos salarios, falta de insumos y condiciones laborales, un antecedente que muestra que el problema no se limita a una discusión habitacional.

La preocupación también tiene una dimensión regional. Este medio informó cómo la crisis del hospital de Cipolletti impacta en pacientes de Catriel, especialmente cuando se requieren derivaciones o atención de mayor complejidad.

No es un problema nuevo. Hace más de dos décadas, Diario Río Negro ya registraba que Catriel tenía serias dificultades para ofrecer y garantizar condiciones suficientes para el arraigo de profesionales de la Salud Pública y problemas de funcionamiento vinculados a la disponibilidad de médicos y obras en el edificio.