Justicia

Catriel: denunciaron a un trabajador de Tránsito por abuso sexual

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Un nuevo caso bajo investigación judicial y administrativa se abrió en el ámbito municipal tras la denuncia de una trabajadora del área de Tránsito contra un colega, a quien acusó de haber incurrido en conductas de índole sexual sin su consentimiento durante una jornada laboral.

El episodio, siempre según la información aportada por fuentes oficiales, habría tenido lugar en el marco de un operativo nocturno de control y prevención desarrollado en la ciudad.

En ese contexto, la inspectora señaló que el agente denunciado habría efectuado comentarios de carácter inapropiado y contacto físico indebido, situación que —de acuerdo a su relato— fue inmediatamente rechazada.

Luego del hecho, la mujer dio aviso a sus superiores y formalizó la denuncia correspondiente en la comisaría 9na de Catriel, lo que derivó en la intervención de la Justicia y en la activación de los mecanismos institucionales internos.

Como primera medida, el Ejecutivo dispuso la separación preventiva del trabajador mientras se sustancia el proceso.

Desde el Municipio confirmaron que se inició un sumario administrativo, instancia en la que se evaluarán las responsabilidades del agente denunciado.

En paralelo, la causa penal se encuentra en etapa inicial y contempla la recolección de pruebas. En ese marco, trascendió la posible existencia de testigos, aunque ese aspecto forma parte de la investigación en curso.

Fuentes oficiales indicaron además que la denunciante está siendo acompañada y contenida por el Municipio, en línea con los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

El caso permanece bajo análisis judicial, por lo que no existen imputaciones firmes ni resoluciones definitivas, y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia respecto del agente involucrado.

El caso se suma a otros antecedentes dentro de la estructura municipal. Según pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales, tiempo atrás un funcionario con rango de director fue denunciado penalmente por un presunto abuso sexual agravado ocurrido en otra localidad.

Aunque esa situación no tuvo difusión pública en la ciudad en ese momento, posteriormente el Municipio avanzó con su desvinculación del área que encabezaba.

En ese contexto, el nuevo episodio vuelve a poner en foco los mecanismos institucionales de prevención y respuesta ante denuncias de este tipo dentro del ámbito estatal.

Golpeó a un médico recién operado y lo amenazó de muerte: no se presentó a la audiencia y la causa quedó en pausa

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Entró alterada, exigió ser atendida sin turno y en minutos la situación se volvió incontrolable. Una mujer protagonizó un violento episodio en un centro de salud de Catriel: golpeó a un médico que estaba en recuperación tras una operación, amenazó con matarlo y generó pánico entre pacientes, incluidos niños. Meses después, cuando debía enfrentar la acusación, no apareció.

El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2025 en el Centro de Atención Primaria del barrio Cuatro Esquinas. La agresora llegó con un bebé en brazos y exigió un certificado médico sin turno. Ante la negativa del personal, reaccionó con violencia: insultó, pateó la puerta del consultorio y atacó físicamente al médico, quien atravesaba una reciente intervención quirúrgica.

La situación escaló rápidamente. Testigos relataron que la mujer salió del edificio, intentó quitarle el celular a un adolescente “para llamar a la policía”, pero regresó aún más exaltada. Fue entonces cuando amenazó de muerte al profesional, asegurando que “lo iba a esperar en la calle” e involucrando a su pareja en la advertencia. La escena generó temor entre quienes aguardaban atención.

La Fiscalía la imputó por lesiones, amenazas y daños, pero el proceso quedó trabado. El fiscal Bruno Lomazzi confirmó que la mujer había sido notificada personalmente de la audiencia, aunque no se presentó, lo que impidió avanzar con la acusación formal. Incluso su defensor oficial, Marcelo Caraballo, no había logrado contactarla en las horas previas. Ante este escenario, la jueza Sonia Martín resolvió suspender la audiencia hasta nueva fecha.

El caso suma un dato que agrava el cuadro: no es la primera vez. En diciembre de 2023, la mujer fue condenada a un año de prisión efectiva tras un juicio abreviado por un violento ataque a un matrimonio en Catriel. En ese episodio, ingresó junto a otras personas armadas con cuchillos y un caño, apuñalaron a las víctimas, causaron daños materiales y lanzaron amenazas de muerte.

Ahora, con una nueva causa en curso y sin presentarse ante la Justicia, el proceso quedó en suspenso. La incógnita es cuándo —y en qué condiciones— volverá a enfrentarse a las acusaciones.

Catriel: vecinos piden más seguridad y la policía trabaja con recursos limitados

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La visita del subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Elio Tapia, a Catriel se da en un contexto donde la dinámica de seguridad local presenta variaciones, con períodos de relativa calma y otros con mayor cantidad de hechos reportados, en un escenario que impacta tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en el trabajo operativo de la fuerza.

Tapia recorrió la Unidad 9°, mantuvo reuniones con jefes policiales y visitó sectores como Puente Dique y Peñas Blancas. Según se informó, el objetivo fue supervisar el funcionamiento de las dependencias y fortalecer la coordinación operativa en la región.

En la ciudad, distintos factores vienen siendo señalados como condicionantes históricos del trabajo policial. Entre ellos, la disponibilidad de recursos y la cobertura territorial. También se han mencionado limitaciones en infraestructura y equipamiento.

En términos operativos, uno de los problemas de larga data eran los turnos con dotaciones reducidas, lo que impactaba en la capacidad de cobertura. A esto se suma una infraestructura que, según fuentes vinculadas al área, requiere ampliaciones. En ese sentido, los propios agentes locales han planteado la necesidad de una nueva subcomisaría.

Además, hay áreas específicas como Toxicomanía y la División de Investigaciones comparten espacio físico, lo que reduce la disponibilidad edilicia para tareas operativas.

La ciudad cuenta con un sistema de monitoreo con más de 80 cámaras, gestionado por el Municipio de Catriel, que colabora con las fuerzas de seguridad en tareas de prevención y seguimiento. En paralelo, el sistema de emergencias 911, ubicado en el acceso norte, es operado por personal policial y depende de la órbita provincial. En ambos casos, la efectividad del sistema depende de la capacidad de respuesta en territorio, lo que vuelve a poner el foco en la articulación entre recursos disponibles y demanda social.

Entre fines de 2024 y comienzos de 2025, se registró un incremento de hechos delictivos —incluyendo robos, situaciones de violencia y dos homicidios en pocas semanas— que motivó reclamos formales de la intendenta Daniela Salzotto ante el Gobierno provincial. En ese marco, se solicitó el refuerzo de personal, móviles y operativos específicos.

Como parte de esas gestiones, en febrero de 2026 se incorporaron 16 efectivos, se implementaron patrullajes estratégicos y se sumaron dos patrulleros, motocicletas y bicipolicías. También continúan en funcionamiento áreas como la Comisaría de la Familia, Toxicomanía y Judiciales, mientras que el destacamento de Puente Dique fue regularizado con 15 efectivos y móviles propios.

En paralelo, se registraron hechos recientes que reflejan distintas modalidades delictivas.

En la zona rural de Colonia Ovejero, una chacra fue objeto de un robo de animales y, días después, de un intento de ingreso reiterado. En esta segunda ocasión, los intrusos fueron detectados mediante cámaras y se retiraron sin concretar el hecho. La denuncia fue radicada y se inició una investigación.

En el casco urbano, el 4 de abril, cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 39 y 45 años— fueron demoradas tras un robo en un comercio del barrio Santa Cruz. La Fiscalía intervino bajo la figura de “robo en poblado y en banda”, con participación de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo a registros recientes, también se reportaron robos a comercios, intentos de hurto, agresiones, secuestro de armas de fabricación casera y hechos de violencia callejera, en un contexto que derivó en distintos operativos y actuaciones judiciales.

A nivel provincial, la Policía de Río Negro atraviesa una instancia de reclamos salariales. Aunque el ingreso inicial ronda los $1.400.000, sectores de la fuerza impulsan medidas de protesta y pedidos de revisión del esquema salarial.

En ese marco, se produjo la detención de Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, quien cumple prisión efectiva tras la revocación de una condena condicional. La situación generó repercusiones dentro del sector, que mantiene sus planteos.

En este contexto, la recorrida de Tapia se inscribe en una agenda de supervisión y seguimiento del funcionamiento policial en una ciudad donde la demanda de seguridad y las condiciones operativas de la fuerza se encuentran estrechamente vinculadas.

Entraba a casas de adultos mayores y robaba: confesó cuatro hechos y evitó la cárcel

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Entraba, revisaba, buscaba dinero y escapaba. En algunos casos no llegó a concretar el robo, pero el patrón se repetía. Finalmente, la secuencia de hechos quedó al descubierto y terminó en una condena.

Una mujer fue condenada en Cipolletti tras admitir su participación en cuatro hechos delictivos ocurridos en Catriel, que incluyeron robos en comercios, viviendas y situaciones que involucraron a adultos mayores como víctimas.

El primer episodio ocurrió en septiembre de 2024, cuando junto a otra mujer ingresó a un local comercial y, aprovechando un descuido, se llevó perfumes ocultándolos entre sus prendas antes de retirarse sin pagar.

Meses después, en enero de 2025, la situación escaló. Según la investigación, ambas mujeres se presentaron en la casa de un adulto mayor, lograron ingresar y comenzaron a revolver todo en busca de dinero. La escena fue caótica: ropa tirada, muebles abiertos y la víctima en estado de shock. No lograron concretar el robo porque un vecino alertó a la policía, lo que permitió su detención en el lugar.

El tercer hecho, ya en 2026, mostró un accionar más audaz. La imputada escaló una reja de casi dos metros, ingresó a otra vivienda y trató de llevarse una máquina de cortar césped. Otra vez, la intervención de un vecino frustró el robo y terminó con su detención.

El cuarto episodio tuvo otra modalidad: en la vía pública, la mujer pidió prestado un celular con la excusa de hacer una llamada por una supuesta emergencia familiar. Una vez con el teléfono en la mano, escapó e incluso intentó pedir dinero a cambio para devolverlo.

Con el avance de la causa, la Fiscalía reunió pruebas, testimonios y registros que permitieron reconstruir los hechos. Frente a ese escenario, la imputada confesó su participación y aceptó un acuerdo judicial.

El tribunal homologó el acuerdo y la condenó a ocho meses de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no irá a la cárcel, pero deberá cumplir una serie de condiciones durante dos años.

Entre ellas, se le impuso la obligación de no cometer nuevos delitos, someterse a controles, no consumir drogas ni abusar de alcohol, y someterse a evaluación por posibles problemas de consumo. Además, se le prohibió acercarse a las víctimas y volver a ingresar al comercio donde ocurrió uno de los robos.

La resolución también dispuso su libertad, aunque bajo cumplimiento estricto de estas pautas.

El caso deja al descubierto una modalidad reiterada, con objetivos claros y víctimas en situaciones de vulnerabilidad.

Y una advertencia: la próxima vez, la condena podría no ser condicional.

Catriel: Giró en “U”, provocó el accidente y ahora deberá pagar más de 50 millones de pesos

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Todo ocurrió en segundos. Una maniobra imprudente, una reacción imposible y una caída que terminó en un proceso judicial que se extendió durante años. Ahora, la Justicia habló.

Un fallo del Juzgado Civil de Cipolletti determinó que un vecino de Catriel deberá responder por el accidente ocurrido el 27 de octubre de 2021 en la localidad petrolera, donde un motociclista resultó lesionado tras una maniobra que cambió todo.

Según quedó acreditado, el conductor realizó un giro en “U” de manera antirreglamentaria y sin advertir la circulación de la víctima, interponiéndose en su trayectoria. El motociclista no pudo evitar el impacto y terminó cayendo sobre el asfalto.

Aunque en su defensa intentó sostener que “no hubo contacto” y que el conductor de la moto “se cayó solo”, la reconstrucción del hecho y las pericias fueron contundentes: la maniobra del automóvil fue el desencadenante del accidente.

La Justicia fue clara: no hace falta un choque directo para que exista responsabilidad. Alcanzó con demostrar que el vehículo generó un obstáculo que alteró el tránsito y provocó la caída.

El caso ya había tenido un paso por la vía penal, donde el conflicto se cerró con un acuerdo y el pago de $75.000. Sin embargo, ese monto no significó el final del reclamo.

El juez rechazó uno de los principales argumentos de la defensa —la llamada “cosa juzgada”— y dejó en claro que la acción civil es independiente de la penal, habilitando así un reclamo mucho mayor.

A partir de ahí, el expediente avanzó con pericias médicas y técnicas que confirmaron las consecuencias del hecho: el motociclista sufrió una lesión en la rodilla derecha que derivó en una incapacidad permanente del 13%, con impacto directo en su vida laboral.

También se comprobó la destrucción total de la moto, gastos médicos y otras consecuencias económicas derivadas del accidente.

El resultado final fue contundente: la indemnización fijada supera los $50 millones solo en concepto de incapacidad, a lo que se suman otros montos por daños materiales, gastos y más intereses acumulados.

En total, el fallo configura una condena económica muy superior a lo que inicialmente se había discutido en sede penal.

Otro punto clave del caso fue el rol de la aseguradora. La compañía intentó desligarse alegando que el siniestro no fue denunciado en tiempo y forma. Sin embargo, ese planteo no logró frenar el avance del reclamo.

El expediente dejó una conclusión que resuena más allá del caso puntual: las maniobras imprudentes en la vía pública tienen consecuencias, incluso cuando no hay un choque directo.

Y también expone otra realidad: acuerdos menores en instancia penal no impiden que, años después, la Justicia civil termine fijando indemnizaciones millonarias.

Porque a veces, lo que parece un accidente menor… termina siendo un fallo que cambia todo.

Del fuego en Roca a un narco con armas y millones: el otro mapa de la droga en la Patagonia

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La imagen fue clara: droga en llamas, custodia judicial y más de 230 causas cerradas en General Roca. Pero mientras ese operativo mostraba el volumen del cannabis incautado, otro fenómeno —menos visible, pero más complejo— sigue creciendo en la región.

En los últimos meses, distintos procedimientos en Río Negro habían empezado a marcar una tendencia: la cocaína aparece de manera sostenida, muchas veces acompañada de dinero en efectivo, armas de fuego y estructuras más organizadas. No siempre genera imágenes impactantes como una quema, pero deja rastros más profundos.

Un caso reciente en San Martín de los Andes, Neuquén, refuerza esa línea.

Allí, una investigación que comenzó por robos terminó desarticulando un punto de venta de droga con características mucho más complejas. El operativo permitió secuestrar casi 10 kilos de estupefacientes —cinco de cocaína y cinco de marihuana—, armas de guerra, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y elementos robados. Además, el principal sospechoso terminó entregándose tras quedar cercado por la investigación, y en el procedimiento también fue detenido un abogado con droga y un arma en su poder.

Pero más allá del impacto del operativo, lo que emerge es el patrón.

Según explicaron los investigadores, en ese lugar los objetos robados se intercambiaban por dosis, lo que evidencia una conexión directa entre el narcomenudeo y otros delitos, como robos, encubrimiento y circulación de bienes ilegales. La droga no aparece aislada, sino integrada en un circuito más amplio.

Ese mismo esquema —aunque en menor escala— ya había comenzado a aparecer en Río Negro.

En Roca, además de los 43 kilos de marihuana incinerados, una causa reciente permitió secuestrar más de 10 kilos de cocaína de alta pureza, junto a dinero, armas y acusaciones por lavado de activos. En otras localidades como Fernández Oro, Cervantes, Lamarque y Valcheta, los allanamientos también arrojaron cocaína fraccionada, listas para la venta, acompañada de efectivo.

La diferencia no es solo de cantidad, sino de lógica.

Mientras la marihuana permite construir escenas visibles —plantas, bolsas, fuego—, la cocaína suele aparecer en dosis pequeñas, dispersas y asociadas a dinero, tecnología y redes de distribución. Es menos espectacular, pero más difícil de detectar y, en muchos casos, más rentable.

El caso de Neuquén suma además un elemento clave: la tecnología. Entre los elementos secuestrados había celulares, computadoras y hasta dispositivos de cobro electrónico, lo que abre una línea sobre el uso de billeteras virtuales y circuitos digitales para la comercialización.

En paralelo, los investigadores destacan otro punto que se repite: muchas de estas causas comienzan por denuncias o delitos aparentemente menores —como robos— y terminan exponiendo estructuras más complejas.

El fuego en Roca cerró expedientes y dejó una imagen contundente. Pero los operativos recientes en la región muestran otra cara del fenómeno: una que no siempre se ve, pero que aparece vinculada a redes, dinero y violencia.

Y en ese contraste, empieza a dibujarse un mapa más amplio. Uno donde la droga no es solo sustancia, sino parte de un sistema que se adapta, se fragmenta y se expande.

Operación vinculada a Catriel: lo acusaron de obligar a firmar un boleto con un arma y fue sobreseído

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La Justicia de General Roca resolvió sobreseer a un hombre acusado de haber obligado a otro a firmar un boleto de compraventa bajo amenaza con un arma de fuego, en el marco de una operación por vehículos que tuvo derivaciones en Catriel. La decisión se tomó luego de que la fiscalía concluyera que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación en un juicio.

El caso se remonta al 24 de septiembre de 2013, cuando, según la denuncia, un hombre fue citado a un lavadero para concretar una operación de compra y venta de camionetas. Allí, de acuerdo a su relato, fue presionado para firmar la documentación de transferencia mientras el acusado le exhibía un arma de fuego.

Siempre según esa versión, el denunciante firmó el boleto contra su voluntad y no recibió el dinero acordado. Además, aseguró que en el lugar había otras dos personas que reforzaban la intimidación. Su sobrino, que lo acompañaba, respaldó esa reconstrucción durante la investigación.

La causa también incorporó el testimonio de una ex pareja del imputado, quien afirmó que el propio hombre le habría contado lo ocurrido y que solía portar un arma. Sin embargo, esos elementos no lograron ser corroborados con pruebas materiales.

Del otro lado, el acusado negó los hechos y sostuvo que todo se trató de un conflicto comercial vinculado a operaciones con vehículos, en el que él mismo habría resultado perjudicado. Su versión fue acompañada por testigos que estuvieron en el lugar ese día.

Esos testigos coincidieron en que no observaron amenazas, ni armas, ni la presencia de otras personas dentro del espacio donde se realizó la reunión. También señalaron que las partes mantuvieron una conversación vinculada a la operación y se retiraron sin incidentes visibles.

Un punto clave fue el resultado de un allanamiento realizado en el marco de la causa, donde no se encontró ningún arma de fuego. Este dato debilitó uno de los ejes centrales de la acusación.

Con el avance de la investigación, la fiscalía entendió que existían dos versiones contrapuestas sin elementos objetivos que permitieran confirmar una por sobre la otra. En ese contexto, consideró que no era posible sostener una acusación con chances de prosperar en juicio.

El tribunal aceptó ese planteo y dictó el sobreseimiento de L.F.P., lo que implica el cierre definitivo del caso y su desvinculación del hecho. La resolución también deja establecido que el proceso no afecta su buen nombre.

Aunque el hecho original ocurrió en General Roca, la causa tuvo impacto en la región, ya que parte de las operaciones y derivaciones del conflicto involucraron a Catriel, donde incluso se realizaron gestiones vinculadas a los vehículos en cuestión.

Catriel: incumplió su condena, fue detenido y la Justicia lo dejó libre

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Un vecino de Catriel que había sido detenido por incumplir las condiciones de su condena recuperó la libertad tras una decisión judicial que evitó que fuera a prisión efectiva. El caso se resolvió en los tribunales de Cipolletti, donde se tratan las ejecuciones penales de la región, pero tiene como eje el seguimiento que debía realizar en la localidad petrolera.

Se trata de J.A.G., condenado en agosto de 2025 a un año de prisión en suspenso, lo que le permitía permanecer en libertad bajo ciertas reglas. Entre las principales condiciones, debía presentarse regularmente ante el organismo de control (IAPL) y realizar un tratamiento por adicciones, con turno asignado en Catriel.

Según los informes incorporados al expediente, el hombre no asistió a ninguna de las entrevistas de control y tampoco acreditó haber iniciado el tratamiento en el sistema de salud local. Con el paso de los meses, el incumplimiento derivó en una situación más grave: fue declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia y se ordenó su captura.

Esa orden se concretó días atrás, cuando fue detenido y trasladado a audiencia. Allí, la fiscalía sostuvo que el incumplimiento había sido reiterado y solicitó que se le revocara el beneficio de la condena condicional, lo que implicaba que comenzara a cumplir la pena en prisión.

La defensa, en cambio, indicó que el imputado tenía un turno programado en Catriel para iniciar tratamiento y que había intentado ingresar al sistema de salud, aunque sin poder presentar constancias. También remarcó que no volvió a cometer delitos y que actualmente trabaja en la construcción.

Durante la audiencia, el propio J.A.G. reconoció que no cumplió con las condiciones, pero aseguró que no fue de manera intencional y manifestó su voluntad de retomar las obligaciones, especialmente el tratamiento.

El juez de Ejecución Penal N° 8, Lucas Lizzi, resolvió no hacer lugar al pedido de la fiscalía. Consideró que, si bien existieron incumplimientos, no se trató de una situación de gravedad extrema que justificara el paso inmediato a la cárcel, y que antes debían aplicarse medidas intermedias.

En ese sentido, dispuso un “no cómputo” de tres meses, lo que implica extender el tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir las pautas. Además, fijó como nueva fecha límite noviembre de 2027 y lo intimó a iniciar el tratamiento en un plazo máximo de 30 días, en el sistema de salud de Catriel.

También dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura, lo que permitió su inmediata liberación. No obstante, el juez advirtió que ante un nuevo incumplimiento podría revocarse la condicionalidad y deberá cumplir la pena en prisión.

La fiscalía, por su parte, dejó abierta la posibilidad de revisar la decisión. Mientras tanto, el caso vuelve a centrarse en Catriel, donde el cumplimiento de las condiciones será clave para definir el futuro judicial del condenado.

Dejó su camioneta estacionada y una máquina vial la destrozó: le tienen que pagar casi 5 millones de pesos

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Dejar el vehículo estacionado y volver para encontrarlo destruido no fue lo peor. La verdadera pelea empezó después. Un vecino de Catriel llevó su caso a la Justicia tras sufrir graves daños en su camioneta y el desenlace terminó con una condena millonaria.

Todo ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2023, en calle La Habana, al norte de la ciudad. El hombre había dejado su Ford Ranger estacionada cuando una motoniveladora que realizaba trabajos para el municipio impactó de lleno contra el vehículo.

El resultado fue contundente: daños en el paragolpes, óptica izquierda, capot, guardabarros y parrilla, entre otras partes. La escena derivó rápidamente en un reclamo judicial.

Asistido por el abogado Daniel Lucero, el damnificado demandó por daños y perjuicios al conductor de la máquina, a la empresa Brava Ingeniería, a la aseguradora La Segunda y también al municipio, aunque luego desistió de este último. El reclamo inicial ascendía a $1.210.292,58, incluyendo reparación, mano de obra, privación de uso y gastos legales.

Pero la defensa no fue sencilla.

Desde la empresa negaron los hechos tal como fueron denunciados. La aseguradora, en tanto, apuntó directamente contra el dueño de la camioneta: sostuvo que el vehículo estaba mal estacionado y que la responsabilidad era “exclusiva” del damnificado.

El conductor de la motoniveladora ni siquiera se presentó a responder. Fue declarado en rebeldía, un dato que pesó fuerte en el expediente.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó con una prueba clave.

El informe del perito accidentológico Walter Puentes determinó que el choque se produjo por un “factor humano” atribuible al maquinista. Además, descartó uno de los argumentos centrales de la defensa: no se pudo comprobar que la camioneta estuviera mal estacionada.

El juez Mauro Marinucci, a cargo del Juzgado Civil N° 9 de Cipolletti, fue contundente: “Quedó demostrado que la motoniveladora fue el vehículo embistente”, sostuvo en su resolución.

Con ese respaldo técnico, el magistrado resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y condenó a la empresa, su titular, el conductor y la aseguradora a pagar una suma muy superior a la reclamada inicialmente: $4.768.229,47, más intereses y costas judiciales.

El fallo es de primera instancia y todavía puede ser apelado. Pero ya dejó un mensaje claro: en este tipo de siniestros, la responsabilidad no siempre está donde primero se intenta poner.

Catriel: Entraron a robar una carnicería de madrugada y se llevaron hasta la caja registradora

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Un robo ocurrido en plena madrugada en Catriel terminó con cuatro personas detenidas a pocos minutos del hecho, tras un rápido despliegue policial que permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

El episodio se registró alrededor de las 6 de la mañana, en una carnicería ubicada sobre calle San Juan, en el barrio Santa Cruz. A esa hora, y con escasa circulación en la zona, un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre movimientos sospechosos en el lugar.

Al arribar, el personal de la Comisaría 9° constató signos evidentes de violencia: las rejas habían sido forzadas, el candado destruido y la puerta de ingreso violentada. En el interior del comercio, el desorden confirmaba que el robo ya se había concretado.

Según se pudo reconstruir, los autores actuaron con rapidez y lograron sustraer mercadería, dinero en efectivo y la caja registradora completa, que fue arrancada del local.

De inmediato, se dispuso un operativo de rastrillaje en las inmediaciones. A pocas cuadras del comercio, los efectivos interceptaron a cuatro personas que transportaban elementos coincidentes con los denunciados como robados y no pudieron justificar su procedencia.

Durante el procedimiento, se logró recuperar productos alimenticios, prendas de vestir, dinero en efectivo —en su mayoría de baja denominación— y la caja registradora, que quedó secuestrada como evidencia clave en la causa.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la Justicia. En paralelo, intervino personal de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, que realizó peritajes en la escena y relevó material fílmico para reconstruir la mecánica del hecho.

La fiscalía de turno avanzó con la imputación por robo en poblado y en banda, una figura que contempla la participación conjunta de varias personas y que prevé penas más severas.

El procedimiento permitió no solo esclarecer el hecho en pocas horas, sino también recuperar los elementos sustraídos, en un caso que refuerza la importancia de la rápida intervención y la denuncia inmediata.