La Justicia de General Roca resolvió sobreseer a un hombre acusado de haber obligado a otro a firmar un boleto de compraventa bajo amenaza con un arma de fuego, en el marco de una operación por vehículos que tuvo derivaciones en Catriel. La decisión se tomó luego de que la fiscalía concluyera que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación en un juicio.

El caso se remonta al 24 de septiembre de 2013, cuando, según la denuncia, un hombre fue citado a un lavadero para concretar una operación de compra y venta de camionetas. Allí, de acuerdo a su relato, fue presionado para firmar la documentación de transferencia mientras el acusado le exhibía un arma de fuego.

Siempre según esa versión, el denunciante firmó el boleto contra su voluntad y no recibió el dinero acordado. Además, aseguró que en el lugar había otras dos personas que reforzaban la intimidación. Su sobrino, que lo acompañaba, respaldó esa reconstrucción durante la investigación.

La causa también incorporó el testimonio de una ex pareja del imputado, quien afirmó que el propio hombre le habría contado lo ocurrido y que solía portar un arma. Sin embargo, esos elementos no lograron ser corroborados con pruebas materiales.

Del otro lado, el acusado negó los hechos y sostuvo que todo se trató de un conflicto comercial vinculado a operaciones con vehículos, en el que él mismo habría resultado perjudicado. Su versión fue acompañada por testigos que estuvieron en el lugar ese día.

Esos testigos coincidieron en que no observaron amenazas, ni armas, ni la presencia de otras personas dentro del espacio donde se realizó la reunión. También señalaron que las partes mantuvieron una conversación vinculada a la operación y se retiraron sin incidentes visibles.

Un punto clave fue el resultado de un allanamiento realizado en el marco de la causa, donde no se encontró ningún arma de fuego. Este dato debilitó uno de los ejes centrales de la acusación.

Con el avance de la investigación, la fiscalía entendió que existían dos versiones contrapuestas sin elementos objetivos que permitieran confirmar una por sobre la otra. En ese contexto, consideró que no era posible sostener una acusación con chances de prosperar en juicio.

El tribunal aceptó ese planteo y dictó el sobreseimiento de L.F.P., lo que implica el cierre definitivo del caso y su desvinculación del hecho. La resolución también deja establecido que el proceso no afecta su buen nombre.

Aunque el hecho original ocurrió en General Roca, la causa tuvo impacto en la región, ya que parte de las operaciones y derivaciones del conflicto involucraron a Catriel, donde incluso se realizaron gestiones vinculadas a los vehículos en cuestión.