El presidente de Primero Río Negro y actual candidato a senador nacional, Ariel Rivero, cuestionó con dureza a la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, por el tratamiento legislativo de un proyecto que, según denunció, busca condicionar la labor del Tribunal de Cuentas Municipal.
“La intendenta elige descalificar a quienes cumplen con su función constitucional en lugar de responder a los pedidos de informe y despejar las dudas legítimas de la comunidad”, señaló Rivero, en referencia al órgano encargado de controlar el uso de los recursos públicos.
El exintendente y referente libertario defendió a las concejalas de la oposición, en particular a la edil Elizabeth Cofré, quienes rechazaron la iniciativa oficialista para revisar la idoneidad del Tribunal. Según Rivero, la propuesta no sólo contraviene la Carta Orgánica de Catriel, sino que también “rompe con el principio de división de poderes”.
Rivero advirtió que el proyecto impulsado desde el Ejecutivo municipal sería una “revocatoria encubierta” contra los actuales integrantes del órgano de control, lo cual pondría en riesgo la institucionalidad. “Lo que hacen los miembros del Tribunal de Cuentas es cuidar los recursos públicos. Atacar al órgano de control es un atropello institucional que no podemos permitir”, afirmó.
Además, subrayó el acompañamiento a su fuerza política local: “Estamos en contacto permanente con nuestra referente en Catriel, Ely (Cofré), y con Franco (Rivero), nuestro representante en el Tribunal. Les damos todo nuestro respaldo ante este intento de silenciar y disciplinar al poder de control”.
Desde el oficialismo municipal ya se expidieron sobre el tema. Aseguraron que el proyecto aprobado es para dar cumplimiento al art. 328 de la COM y que no tiene fines políticos, ni afecta el funcionamiento del organismo. La polémica se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, con foco en el manejo de fondos y los mecanismos de control establecidos por la normativa local.
La Carta Orgánica Municipal, en su capítulo sobre el Poder de Contralor, establece el funcionamiento autónomo del Tribunal de Cuentas y garantiza su independencia para ejercer el control de legalidad, financiero y de gestión sobre los actos del Ejecutivo.
