La visita del subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Elio Tapia, a Catriel se da en un contexto donde la dinámica de seguridad local presenta variaciones, con períodos de relativa calma y otros con mayor cantidad de hechos reportados, en un escenario que impacta tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en el trabajo operativo de la fuerza.

Tapia recorrió la Unidad 9°, mantuvo reuniones con jefes policiales y visitó sectores como Puente Dique y Peñas Blancas. Según se informó, el objetivo fue supervisar el funcionamiento de las dependencias y fortalecer la coordinación operativa en la región.

En la ciudad, distintos factores vienen siendo señalados como condicionantes históricos del trabajo policial. Entre ellos, la disponibilidad de recursos y la cobertura territorial. También se han mencionado limitaciones en infraestructura y equipamiento.

En términos operativos, uno de los problemas de larga data eran los turnos con dotaciones reducidas, lo que impactaba en la capacidad de cobertura. A esto se suma una infraestructura que, según fuentes vinculadas al área, requiere ampliaciones. En ese sentido, los propios agentes locales han planteado la necesidad de una nueva subcomisaría.

Además, hay áreas específicas como Toxicomanía y la División de Investigaciones comparten espacio físico, lo que reduce la disponibilidad edilicia para tareas operativas.

La ciudad cuenta con un sistema de monitoreo con más de 80 cámaras, gestionado por el Municipio de Catriel, que colabora con las fuerzas de seguridad en tareas de prevención y seguimiento. En paralelo, el sistema de emergencias 911, ubicado en el acceso norte, es operado por personal policial y depende de la órbita provincial. En ambos casos, la efectividad del sistema depende de la capacidad de respuesta en territorio, lo que vuelve a poner el foco en la articulación entre recursos disponibles y demanda social.

Entre fines de 2024 y comienzos de 2025, se registró un incremento de hechos delictivos —incluyendo robos, situaciones de violencia y dos homicidios en pocas semanas— que motivó reclamos formales de la intendenta Daniela Salzotto ante el Gobierno provincial. En ese marco, se solicitó el refuerzo de personal, móviles y operativos específicos.

Como parte de esas gestiones, en febrero de 2026 se incorporaron 16 efectivos, se implementaron patrullajes estratégicos y se sumaron dos patrulleros, motocicletas y bicipolicías. También continúan en funcionamiento áreas como la Comisaría de la Familia, Toxicomanía y Judiciales, mientras que el destacamento de Puente Dique fue regularizado con 15 efectivos y móviles propios.

En paralelo, se registraron hechos recientes que reflejan distintas modalidades delictivas.

En la zona rural de Colonia Ovejero, una chacra fue objeto de un robo de animales y, días después, de un intento de ingreso reiterado. En esta segunda ocasión, los intrusos fueron detectados mediante cámaras y se retiraron sin concretar el hecho. La denuncia fue radicada y se inició una investigación.

En el casco urbano, el 4 de abril, cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 39 y 45 años— fueron demoradas tras un robo en un comercio del barrio Santa Cruz. La Fiscalía intervino bajo la figura de “robo en poblado y en banda”, con participación de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo a registros recientes, también se reportaron robos a comercios, intentos de hurto, agresiones, secuestro de armas de fabricación casera y hechos de violencia callejera, en un contexto que derivó en distintos operativos y actuaciones judiciales.

A nivel provincial, la Policía de Río Negro atraviesa una instancia de reclamos salariales. Aunque el ingreso inicial ronda los $1.400.000, sectores de la fuerza impulsan medidas de protesta y pedidos de revisión del esquema salarial.

En ese marco, se produjo la detención de Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, quien cumple prisión efectiva tras la revocación de una condena condicional. La situación generó repercusiones dentro del sector, que mantiene sus planteos.

En este contexto, la recorrida de Tapia se inscribe en una agenda de supervisión y seguimiento del funcionamiento policial en una ciudad donde la demanda de seguridad y las condiciones operativas de la fuerza se encuentran estrechamente vinculadas.