La pista en Catriel que lo terminó de hundir: confesó un violento robo y recibió 5 años de prisión

Una investigación que conectó hechos en distintos puntos del Alto Valle terminó con una condena contundente. Un hombre fue sentenciado a 5 años de prisión efectiva tras confesar su participación en un violento robo y otros delitos, en una causa donde un dato surgido en Catriel resultó determinante.

Todo comenzó con un asalto ocurrido el 2 de agosto de 2024 en una chacra de Sargento Vidal. Esa noche, un grupo de al menos cinco personas llegó en un vehículo y ejecutó un plan previamente organizado. Mientras uno de ellos quedaba de vigilancia sobre la Ruta 151, el resto ingresó armado al predio.

Dentro del lugar sorprendieron a dos personas y las redujeron a golpes. Bajo amenazas, lograron que entregaran dinero en efectivo, dólares y teléfonos celulares. Durante el ataque, una de las víctimas sufrió una lesión en la cabeza. En pocos minutos, los agresores escaparon con el botín.

Con el avance de la causa, los investigadores lograron reconstruir cómo se había organizado el hecho y el rol de cada participante. Aunque en un principio se habló de armas de fuego aptas para disparar, finalmente se determinó que fueron utilizadas para intimidar y golpear, lo que igualmente configuró un robo agravado cometido en banda y con uso de armas.

Pero el caso dio un giro clave tiempo después. En un allanamiento, los investigadores encontraron en poder del acusado una motocicleta que había sido robada en Catriel meses antes. El hombre no pudo justificar su tenencia, y ese hallazgo se convirtió en una pieza importante dentro del expediente.

A esto se sumó otro hecho: su vinculación con un caballo robado, que fue hallado mientras era faenado en una chacra. Al llegar la Policía, varios de los presentes escaparon. Para la Justicia, quedó acreditado que el acusado tenía el animal en condiciones que permitían sospechar su origen ilegal y con intención de obtener un beneficio económico.

Con todos estos elementos, la Fiscalía avanzó con un acuerdo judicial que incluyó los tres hechos. El imputado reconoció su responsabilidad, aceptó la pena y el tribunal avaló el acuerdo sin objeciones.

De esta manera, fue condenado como autor de robo agravado y encubrimiento en distintos hechos, unificando todo en una pena única de 5 años de prisión efectiva. La sentencia quedó firme de inmediato, por lo que ahora deberá cumplir la condena.

El caso, que combinó un violento episodio rural con delitos vinculados a bienes robados, tuvo en Catriel uno de los puntos clave que terminaron de cerrar la investigación.

La identidad del hombre que admitió haber abusado de una menor en Catriel: por qué la Justicia no difundió su nombre

La reciente condena por abuso sexual de una menor en Catriel dejó un dato que llamó la atención: el imputado no fue identificado con su nombre completo en la sentencia. En el fallo emitido por la Justicia de Cipolletti, el hombre aparece únicamente bajo las siglas J. I. C., una práctica habitual en este tipo de casos.

La decisión de no difundir la identidad completa no es casual ni responde a una falta de información, sino a un criterio judicial vinculado a la protección de la víctima, especialmente cuando se trata de menores de edad y delitos contra la integridad sexual. En estos casos, revelar el nombre del condenado podría facilitar indirectamente la identificación de la niña, algo que la normativa busca evitar.

El caso tuvo como protagonista a este hombre, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso luego de admitir haber abusado sexualmente de una menor, en un hecho ocurrido en enero de 2025 en Catriel. La resolución se dio mediante un juicio abreviado, un procedimiento que implica el reconocimiento de la culpa a cambio de una pena menor.

De acuerdo a lo establecido en la sentencia, el acusado —pareja de una tía de la víctima— ingresó a la vivienda durante la madrugada y, aprovechando que se encontraban solos, cometió el abuso. La situación fue denunciada ese mismo día por la madre de la niña, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Durante el proceso se reunieron pruebas clave, entre ellas la declaración de la menor en Cámara Gesell y distintos informes profesionales que respaldaron su relato. Con ese material, la Fiscalía avanzó en la acusación, que finalmente fue aceptada por el imputado.

Al momento de dictar la sentencia, el juez consideró acreditada la responsabilidad penal y homologó el acuerdo entre las partes. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los fallos de este tipo, se mantuvo la identidad del condenado bajo reserva parcial.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el hombre fue declarado culpable y deberá cumplir condiciones estrictas —como no acercarse a la víctima—, su nombre completo no será difundido públicamente en el marco de la causa. Esta medida apunta a resguardar a la menor y su entorno, evitando cualquier exposición innecesaria. Cabe destacar, el condenado está viviendo en la ciudad de Trenque Lauquen, según consta en el el fallo judicial.

Así, el caso no solo deja una condena judicial, sino también evidencia cómo actúa el sistema en situaciones sensibles, donde el derecho a la información convive con la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables.

“Todos sabíamos quién era”: el testimonio en el Juicio Escuelita que volvió a poner a Catriel en el centro del horror

Si era por él, tenía que detener a todo el pueblo”. La frase, dicha más de cuatro décadas después, volvió a resonar con fuerza en una sala colmada. El testimonio de un ex trabajador petrolero reconstruyó uno de los episodios más oscuros vividos en Catriel tras el golpe de Estado de 1976 y señaló directamente a quienes hoy están imputados por delitos de lesa humanidad en el Juicio Escuelita.

El relato lo dio Luis Mendoza, quien tenía 22 años cuando fue detenido ilegalmente el 27 de marzo de 1976, apenas tres días después del inicio de la dictadura. Contó que fue sacado de su casa y llevado a un calabozo de la comisaría 9, donde lo interrogaron a punta de pistola sobre su actividad gremial y política.

Mendoza no dudó en identificar a uno de los responsables: aseguró que Miguel Ángel Ferrari fue quien encabezó su detención. Lo describió como un hombre que en el pueblo se mostraba como vendedor de libros, pero que en realidad operaba para la inteligencia. “Yo ya sabía quién era… todos sabíamos que era servicio”, declaró, en una frase que expone el clima de época y el miedo instalado.

También señaló a Carlos Carretto, otro de los imputados, como quien lo apuntaba con un arma mientras lo interrogaban. Recordó que en ese momento no sabía su nombre, pero que con los años lo reconoció: “Después supe quién era, porque quedó como intendente”.

El operativo no terminó con él. Fue detenido junto a su amigo Félix Oga, quien luego fue trasladado a Neuquén, donde sufrió torturas en dependencias de la Policía Federal, según ya había declarado en instancias anteriores. Su recorrido siguió por la ex U9 y terminó en la cárcel de Rawson, en un circuito represivo que hoy forma parte de la investigación judicial.

Crédito: Cecilia Maletti (Diario Río Negro).

El impacto del testimonio no fue solo por lo que dijo, sino por quiénes lo escuchaban. La sala estuvo desbordada de público y entre los presentes había estudiantes de quinto año del Instituto María Auxiliadora, que asistieron junto a docentes y directivos como parte de un trabajo de memoria. La escena, cargada de simbolismo, unió generaciones frente a un mismo relato.

Desde la institución explicaron que la participación responde a un compromiso con los valores de Memoria, Verdad y Justicia. Recordaron además que dos ex alumnas están desaparecidas desde la dictadura, lo que volvió aún más significativa la presencia de los jóvenes en la audiencia.

La causa avanza con ocho imputados, entre ellos integrantes del Ejército, Gendarmería y policías provinciales, varios de los cuales siguen el juicio de manera virtual. En el tribunal, los jueces continúan escuchando testimonios que reconstruyen cómo operó el aparato represivo en la región.

La próxima audiencia fue fijada para el 7 de abril, donde se incorporarán declaraciones por video de referentes ya fallecidos, incluyendo testimonios clave sobre secuestros y persecución política en Catriel. Cada nueva jornada suma piezas a una historia que, lejos de cerrarse, sigue revelando detalles que durante años permanecieron en silencio.

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Un testimonio en el Juicio Escuelita confirmó a la U9 de Catriel dentro del circuito represivo de la dictadura

La reconstrucción de lo ocurrido durante la última dictadura en Catriel sumó en las últimas horas un elemento clave. En el marco del Juicio Escuelita, un sobreviviente declaró que permaneció detenido en la Comisaría 9ª pocos días después del golpe de Estado de 1976, aportando un testimonio directo en sede judicial que vuelve a ubicar a la ciudad dentro del circuito represivo de la región.

Se trata de Luis Mendoza, quien tenía 22 años cuando fue detenido el 27 de marzo de 1976. En su declaración, recordó que fue llevado a un calabozo de la dependencia local, donde permaneció privado de su libertad mientras era interrogado a punta de pistola sobre su actividad política y gremial. “El sábado ya estaba en un calabozo”, relató al reconstruir la secuencia de aquellos días.

El testimonio no solo describe lo sucedido, sino que lo sitúa con precisión en tiempo y lugar. Mendoza también identificó a quienes participaron del operativo, entre ellos a Miguel Ángel Ferrari y Carlos Carretto, hoy imputados por delitos de lesa humanidad en la causa que investiga el accionar de fuerzas de seguridad y militares en la Norpatagonia.

Su relato coincide con reconstrucciones previas incorporadas en expedientes judiciales y documentación oficial, donde ya se mencionaban detenciones ocurridas en Catriel en los días posteriores al golpe. Entre esos casos figura el de Félix Oga, quien fue detenido en el mismo contexto y luego trasladado a otros centros clandestinos, donde sufrió torturas.

La relevancia del testimonio radica también en el ámbito en el que fue dado: una audiencia judicial, bajo juramento, dentro de un proceso que busca establecer responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. En ese marco, cada declaración no solo aporta memoria, sino también valor probatorio en la reconstrucción de los hechos.

La escena tuvo además un componente simbólico. La sala estuvo colmada y entre los presentes había estudiantes secundarios que asistieron como parte de una actividad educativa vinculada a la memoria histórica. Escucharon, en primera persona, el relato de lo ocurrido en su propia ciudad hace casi cinco décadas.

La causa continuará en los próximos días con nuevas audiencias y testimonios. Pero lo ya expuesto vuelve a consolidar una línea de reconstrucción que, con el paso del tiempo, suma voces, documentos y decisiones judiciales.

En Catriel, esa historia no solo se escribe en los tribunales. También se reconstruye cada vez que alguien vuelve a contar lo que pasó. Y cuando eso ocurre en un juicio, la memoria deja de ser solo relato: pasa a formar parte de la verdad judicial.

La propia Municipalidad de Catriel reconoce oficialmente a la Comisaría 9ª como Sitio Local de Memoria, señalando que “fue utilizada como centro de detención ilegal a partir del golpe de Estado de 1976”. El reconocimiento se basa en testimonios incorporados en causas judiciales con sentencia, entre ellas el fallo del Tribunal Oral Federal de Neuquén de 2018, donde se reconstruyeron detenciones ocurridas en la ciudad y se identificó a víctimas como Félix Oga y Luis Mendoza, quienes permanecieron privados de su libertad en esa dependencia antes de ser trasladados a otros centros del circuito represivo.

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Catriel: confesó un abuso sexual a una víctima de 13 años pero seguirá en libertad

Un hombre fue condenado en Catriel por abuso sexual contra una menor de edad, luego de haber admitido su responsabilidad en el marco de un acuerdo judicial. La Justicia le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, lo que significa que no irá a la cárcel, aunque deberá cumplir una serie de condiciones durante dos años.

El caso se remonta a la madrugada del 26 de enero del año pasado, cuando el acusado, identificado como CJI, se presentó en la vivienda donde la víctima, de 13 años, se encontraba descansando junto a su familia. Según se pudo reconstruir durante la investigación, el hombre mantenía un vínculo cercano con el entorno familiar, ya que era pareja de una tía de la adolescente.

De acuerdo a lo establecido en el expediente, el hombre logró ingresar a la casa tras golpear la ventana y pedir que le abrieran. En un momento en que se encontraban solos en el sector de la cocina-comedor, realizó conductas de carácter sexual hacia la menor, aprovechando la situación de vulnerabilidad.

La adolescente logró apartarse y dirigirse a la habitación donde se encontraba su madre, a quien le relató lo sucedido. A partir de ese momento, se radicó la denuncia y se activó el proceso judicial.

Durante la investigación se reunieron distintas pruebas consideradas relevantes, entre ellas la declaración de la víctima en cámara Gesell, testimonios de su entorno familiar y pericias realizadas por profesionales del ámbito forense y sanitario. Estos elementos permitieron sostener la acusación.

La causa avanzó hacia la instancia de juicio, pero finalmente se resolvió mediante un procedimiento abreviado. En ese marco, el imputado reconoció haber cometido el hecho, lo que permitió arribar a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, con el aval del juez interviniente.

Como parte de la condena, además de la pena en suspenso, se establecieron una serie de pautas de conducta. Entre ellas, la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, la obligación de fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y someterse a controles periódicos ante el organismo correspondiente en la ciudad de Trenque Lauquen (donde se encuentra domiciliado actualmente).

Asimismo, se dispuso la incorporación del condenado al registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. La resolución implica que, en caso de incumplir las condiciones impuestas, la pena podría volverse de cumplimiento efectivo.

El fallo cierra el proceso judicial, pero deja expuesta la gravedad de los hechos y el impacto que este tipo de situaciones tiene en ámbitos de confianza familiar, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Catriel: robaron cinco corderos, volvieron por más y quedaron escrachados en las cámaras

La inseguridad rural en Catriel sumó un nuevo episodio con ribetes cada vez más preocupantes: una banda ingresó a una chacra en Colonia Ovejero, robó seis corderos y días después volvió para intentar llevarse más, aunque esta vez no lo logró.

La víctima, Carolina Castillo, relató que el primer hecho ocurrió el miércoles pasado entre las 21:30 y las 22. Los delincuentes actuaron encapuchados y accedieron por un sector sin cámaras.

“En el primer video se ve que sacan tres corderos y se los llevan. Después vuelven a entrar y sacan tres más, aunque solo pudieron llevarse dos porque uno se escapó”, contó.

Las imágenes captadas muestran al menos a dos personas, aunque no descartan la participación de un tercero. También quedaron rastros del recorrido utilizado para ingresar y salir del predio.

Pero lo más alarmante ocurrió días después.
El domingo 29 de marzo, cerca de las 20:30, los delincuentes regresaron a la misma chacra con la intención de volver a robar. Esta vez, sin embargo, no contaban con que estaban siendo observados en tiempo real.

“Empecé a escuchar voces desde las cámaras y no sabía si era nuestro cuidador. Hasta que los vi. En ese momento una de las cámaras se desconecta y cae al piso. Ahí entendí que habían entrado de nuevo”, relató la mujer.

Según explicó, los intrusos comenzaron a golpear las cámaras para evitar ser filmados, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de las mismas personas que ya habían cometido el robo días antes.

La rápida reacción fue clave. Carolina alertó de inmediato a su marido, que se dirigió a la chacra junto a un familiar. En paralelo, el cuidador —que se encontraba en el lugar— logró advertir la situación desde otra chacra y salió a enfrentarlos.

Al verse descubiertos, los delincuentes escaparon sin poder concretar un nuevo robo.
“Tenemos rastros de zapatillas, sabemos por dónde ingresaron y también tenemos datos de personas que estarían ofreciendo corderos”, aseguró.

La denuncia ya fue radicada y el caso está en manos de la Policía que está investigando y ya está tras la pista de los posibles responsables.

El hecho no solo expone la modalidad delictiva —con robos planificados y reiterados— sino también un dato que inquieta: los delincuentes vuelven a los mismos lugares, confiados en la impunidad.

Esta vez no lo lograron. Pero el mensaje es claro: la zona rural sigue siendo un blanco fácil.

Quiso robar en un súper de Catriel con un bebé y terminó detenido tras agredir a un empleado

Un intento de robo en un supermercado de Catriel terminó con un hombre detenido y un empleado lesionado, en un hecho que generó fuerte impacto por un dato particular: el sospechoso estaba acompañado por un bebé de poco más de un año.

El episodio ocurrió el jueves al mediodía en un comercio ubicado sobre calle Libertad. Según se informó, el hecho fue advertido a través de un llamado que alertaba sobre la sustracción de mercadería.

Cuando el personal policial llegó al lugar, se encontró con una situación ya en desarrollo: tres personas tenían reducido a un hombre de 41 años, señalado como el presunto autor del intento de robo.

En ese contexto, también se constató que un empleado del supermercado presentaba una lesión en el tobillo derecho. De acuerdo a su testimonio, fue agredido al intentar frenar al sospechoso, luego de que fuera detectado por las cámaras de seguridad del local.

El trabajador fue trasladado al hospital local para recibir atención médica, mientras que se avanzó con las actuaciones correspondientes en el lugar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de un bebé de 1 año y 3 meses junto al hombre. Ante esta situación, se dio intervención a personal de SENAF, que tomó resguardo del menor.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del involucrado, quien quedó imputado por tentativa de robo y lesiones, y permanece alojado en la Comisaría 9º de Catriel.

El hecho quedó bajo investigación, mientras se analizan las circunstancias en las que ocurrió el episodio dentro del comercio.

Confirmaron la prisión domiciliaria de la mujer condenada por matar a una niña y el caso repercute en Catriel

La Justicia de Río Negro confirmó que Miriam Graciela Troche Toledo, condenada a prisión perpetua por el homicidio de una niña de 8 años, cumple prisión domiciliaria por el plazo de un año, en una decisión basada en el cuidado de su hija, también menor de edad.

La resolución fue dictada el 10 de marzo de 2026 por el Tribunal de Impugnación, que rechazó un planteo del Ministerio Público Fiscal y ratificó lo dispuesto previamente por la jueza de Ejecución Shirley González.

El fallo sostiene que la medida responde al principio del interés superior del niño, a partir de informes sociales y psicológicos que indican un vínculo estable entre la menor y su madre. También se consideró la falta de alternativas familiares para el cuidado y la situación del padre, que se encuentra detenido.

La confirmación judicial se conoce días después de que el caso volviera a instalarse en la agenda local, cuando familiares de la víctima afirmaron públicamente que la mujer se encontraba viviendo en Catriel bajo esta modalidad.

El Ministerio Público Fiscal había cuestionado la domiciliaria al advertir que no se ajusta a los supuestos previstos por la normativa vigente y que no se ponderó adecuadamente la gravedad del delito. Además, planteó el riesgo de una posible desnaturalización de la pena.

Sin embargo, el Tribunal consideró que no hubo arbitrariedad en la decisión y remarcó que se trata de una medida excepcional y transitoria, que no implica un beneficio para la condenada sino una protección hacia la menor, ajena al hecho.

El crimen ocurrió en marzo de 2009 en Viedma, cuando la mujer retiró a la niña mediante un engaño y la llevó hasta la zona del río, donde murió. La investigación judicial determinó que el hecho fue cometido con planificación, en un contexto de conflicto previo con el padre de la víctima.

Por ese caso, en 2010 fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, en una causa que generó fuerte conmoción social en la región.

La resolución judicial establece que la prisión domiciliaria será revisada al cumplirse el plazo fijado y que el objetivo final continúa siendo el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

La situación vuelve a poner en discusión cómo se aplican las penas en delitos de extrema gravedad cuando intervienen derechos de terceros, en este caso una niña, y cómo esas decisiones impactan en la percepción social de la justicia.

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No fue a la salida de un boliche: la pelea de menores ocurrió en pleno centro de Catriel

El episodio de violencia entre menores que se viralizó en redes sociales en Catriel sumó nuevos elementos en las últimas horas. La familia de la joven agredida aclaró que el hecho no ocurrió a la salida de un local nocturno, como se difundió inicialmente.

Según precisaron, la pelea se produjo el lunes alrededor de las 22:30, en la vereda frente a un comercio ubicado en la esquina de Ingeniero Garro y avenida Roca, en una zona céntrica de la ciudad.

La corrección del lugar y el contexto modifica uno de los puntos centrales de la reconstrucción inicial del caso, que había ubicado el origen del hecho en inmediaciones de espacios nocturnos.

En cuanto al estado de salud, indicaron que la joven se encuentra fuera de peligro y en recuperación, aunque atraviesa un cuadro de dolores intensos producto de la agresión.

El caso había tomado relevancia luego de la difusión de un video del enfrentamiento, que generó una fuerte repercusión en redes sociales, con denuncias, acusaciones cruzadas y exposición de menores en escraches.

Con esta nueva información, el foco vuelve a ponerse en la reconstrucción precisa de lo ocurrido, en un contexto donde la viralización del contenido y la circulación de versiones no confirmadas amplificaron el impacto del hecho inicial.

Pelea entre menores en Catriel: video viral, denuncias y escraches en redes

Un episodio de violencia entre menores a la salida de un boliche en Catriel generó preocupación y fuerte repercusión durante el fin de semana, luego de que se viralizara un video del enfrentamiento y comenzaran a circular publicaciones vinculadas al hecho.

Según pudo saberse, la situación se originó en inmediaciones de la plaza San Martín, donde dos menores protagonizaron una pelea a golpes de puño. Parte de esa secuencia quedó registrada en un video que comenzó a difundirse en redes sociales y grupos locales.

En las imágenes, de unos 50 segundos, se observa a ambas jóvenes en el suelo, sujetándose del cabello y golpeándose, mientras un grupo de personas rodea la escena sin intervenir en un primer momento. La secuencia muestra además el instante en el que una de ellas logra cambiar la posición durante el forcejeo, hasta que finalmente un tercero interviene para intentar frenar la situación.

El material no solo incluye fragmentos de la pelea, sino también capturas y publicaciones posteriores donde se identifica a presuntas involucradas, junto con mensajes, audios y expresiones vinculadas al conflicto. En ese mismo contenido también aparecen acusaciones sobre la participación de otras menores y posibles agresiones posteriores, así como menciones a elementos utilizados durante el enfrentamiento, aunque todos esos puntos forman parte de versiones difundidas en redes sociales y no cuentan con confirmación oficial.

El material mencionado circuló ampliamente en redes, aunque este medio no reproduce ni difunde imágenes que involucren a menores, en resguardo de su integridad.

Tras lo ocurrido, se realizaron presentaciones en la comisaría local, tanto por la pelea como por las derivaciones posteriores, que incluyeron amenazas, exposición en redes y la difusión de contenido sensible.

El caso no solo expuso un hecho puntual de violencia, sino también el rol de las redes sociales en la amplificación del conflicto, donde la circulación de imágenes, la exposición de menores y los mensajes cruzados escalaron la situación más allá del episodio inicial.

El hecho generó preocupación en la comunidad, en especial por la falta de intervención inmediata durante la pelea y por la posterior circulación de material que involucra a menores, lo que abre interrogantes sobre los límites, responsabilidades y consecuencias de este tipo de situaciones.

Mientras avanzan las actuaciones tras las presentaciones realizadas, el episodio también vuelve a poner sobre la mesa otros debates: el rol de las familias en el acompañamiento y control de los jóvenes, la educación en el manejo de conflictos y el uso de redes sociales, y el control sobre los espacios públicos.

En ese cruce de responsabilidades —entre lo familiar, lo social y lo institucional—, el caso no pasa desapercibido en una ciudad que ya ha atravesado episodios de violencia entre jóvenes con consecuencias trágicas. Un antecedente que vuelve a encender una alerta y deja una pregunta abierta en la comunidad: hasta qué punto estos hechos pueden prevenirse antes de que escalen.