“Si era por él, tenía que detener a todo el pueblo”. La frase, dicha más de cuatro décadas después, volvió a resonar con fuerza en una sala colmada. El testimonio de un ex trabajador petrolero reconstruyó uno de los episodios más oscuros vividos en Catriel tras el golpe de Estado de 1976 y señaló directamente a quienes hoy están imputados por delitos de lesa humanidad en el Juicio Escuelita.
El relato lo dio Luis Mendoza, quien tenía 22 años cuando fue detenido ilegalmente el 27 de marzo de 1976, apenas tres días después del inicio de la dictadura. Contó que fue sacado de su casa y llevado a un calabozo de la comisaría 9, donde lo interrogaron a punta de pistola sobre su actividad gremial y política.
Mendoza no dudó en identificar a uno de los responsables: aseguró que Miguel Ángel Ferrari fue quien encabezó su detención. Lo describió como un hombre que en el pueblo se mostraba como vendedor de libros, pero que en realidad operaba para la inteligencia. “Yo ya sabía quién era… todos sabíamos que era servicio”, declaró, en una frase que expone el clima de época y el miedo instalado.
También señaló a Carlos Carretto, otro de los imputados, como quien lo apuntaba con un arma mientras lo interrogaban. Recordó que en ese momento no sabía su nombre, pero que con los años lo reconoció: “Después supe quién era, porque quedó como intendente”.
El operativo no terminó con él. Fue detenido junto a su amigo Félix Oga, quien luego fue trasladado a Neuquén, donde sufrió torturas en dependencias de la Policía Federal, según ya había declarado en instancias anteriores. Su recorrido siguió por la ex U9 y terminó en la cárcel de Rawson, en un circuito represivo que hoy forma parte de la investigación judicial.
El impacto del testimonio no fue solo por lo que dijo, sino por quiénes lo escuchaban. La sala estuvo desbordada de público y entre los presentes había estudiantes de quinto año del Instituto María Auxiliadora, que asistieron junto a docentes y directivos como parte de un trabajo de memoria. La escena, cargada de simbolismo, unió generaciones frente a un mismo relato.
Desde la institución explicaron que la participación responde a un compromiso con los valores de Memoria, Verdad y Justicia. Recordaron además que dos ex alumnas están desaparecidas desde la dictadura, lo que volvió aún más significativa la presencia de los jóvenes en la audiencia.
La causa avanza con ocho imputados, entre ellos integrantes del Ejército, Gendarmería y policías provinciales, varios de los cuales siguen el juicio de manera virtual. En el tribunal, los jueces continúan escuchando testimonios que reconstruyen cómo operó el aparato represivo en la región.
La próxima audiencia fue fijada para el 7 de abril, donde se incorporarán declaraciones por video de referentes ya fallecidos, incluyendo testimonios clave sobre secuestros y persecución política en Catriel. Cada nueva jornada suma piezas a una historia que, lejos de cerrarse, sigue revelando detalles que durante años permanecieron en silencio.
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