El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó al municipio de Catriel entregar información pública vinculada a la venta y regularización de terrenos, tras constatar que un vecino realizó múltiples pedidos sin obtener respuestas completas.
El fallo fija un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo municipal entregue la documentación faltante o justifique formalmente por qué no puede hacerlo, en el marco del derecho de acceso a la información pública.
El caso se originó a partir de solicitudes realizadas por un ciudadano sobre un fraccionamiento urbano. Entre los datos requeridos figuraban aspectos clave como la promulgación y publicación de una ordenanza, así como registros de compraventa y escrituras de los lotes involucrados.
Al analizar la situación, el Tribunal advirtió que existieron reiteradas presentaciones sin respuesta adecuada y que la información brindada por el municipio fue parcial. Entre las observaciones, se señaló la falta de constancias sobre la publicación de la normativa, documentación sin certificación y la ausencia de anexos relevantes.
Además, el fallo remarca que no se remitieron registros de ventas ni documentación vinculada a escrituras, pese a que el propio Ejecutivo reconoció su existencia. Incluso se menciona la presencia de operaciones de compraventa que no cuentan con formalización o registro administrativo.
Desde el gobierno local, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que la situación responde a irregularidades heredadas de la gestión anterior y aseguró que su administración remitió la información disponible cada vez que fue solicitada.
Según expresó, los faltantes detectados por la Justicia estarían vinculados a documentación que no fue generada o publicada en gestiones previas, lo que ahora obliga al actual equipo a revisar y completar esos registros.
El fallo también deja en claro que cualquier persona puede solicitar información pública sin necesidad de justificar un interés particular, y advierte que la falta de respuesta, la entrega incompleta o la obstaculización constituyen incumplimientos que habilitan la intervención judicial.
La resolución abre un nuevo frente en la discusión sobre la gestión de tierras en Catriel, un tema sensible por su impacto social y económico, y vuelve a poner en foco la transparencia administrativa y el acceso a la información en el ámbito local.
El caso por el crimen de Ana Masello, ocurrido en marzo de 2009 en Viedma, volvió a generar repercusiones luego de que familiares de la víctima aseguraran que la mujer condenada por el hecho se encuentra actualmente en Catriel bajo arresto domiciliario.
La niña, de 8 años, fue asesinada tras ser retirada de su entorno mediante un engaño. La investigación judicial determinó que fue llevada hasta la zona del río Negro, donde murió. Por ese hecho, Miriam Troche fue condenada a prisión perpetua por homicidio calificado.
A más de una década del hecho, la hermana de la víctima, Martina González, difundió un mensaje en el que expone la situación actual de la condenada y cuestiona el cumplimiento de la pena. Según expresó, la mujer estaría viviendo en Catriel con tobillera electrónica.
En su publicación, sostuvo que el crimen estuvo vinculado a una situación de conflicto con el padre de la niña y recordó que el engaño fue el mecanismo utilizado para llevarla. También planteó el impacto que persiste en la familia y cuestionó que la condena no se cumpla en un establecimiento carcelario. “A nosotros nadie nos devuelve a Anita, pero mínimo que la condena sea efectiva y cumpla con cárcel”, expresó.
El mensaje también menciona que la información sobre la presencia de la condenada en Catriel surgió a partir de conocidos que residen en la ciudad, lo que generó preocupación en el entorno familiar.
El caso de Ana Masello fue uno de los más conmocionantes de la historia reciente de Viedma y dejó una fuerte huella social. La reconstrucción judicial determinó que la niña fue llevada bajo la promesa de una salida y que posteriormente fue empujada al agua en una zona cercana al río.
La reciente manifestación pública de la familia vuelve a poner el foco en la situación actual de la condenada y en las condiciones de cumplimiento de la pena, en un contexto donde el caso sigue presente en la memoria colectiva.
Una investigación de la Justicia Federal terminó con un allanamiento en Catriel, donde secuestraron más de 1,3 kilos de marihuana y detuvieron a una pareja joven, acusada de vender droga en la ciudad.
El caso comenzó a partir de una denuncia anónima al 0800-Drogas, que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la zona de avenida General Savio. A partir de ese dato, la Policía inició tareas de seguimiento y vigilancia durante un mes.
Con el avance de la investigación, los efectivos lograron confirmar que en el lugar funcionaba un punto de venta de marihuana, con actividad sostenida en el tiempo.
Con esas pruebas, la Justicia autorizó el allanamiento. El operativo se realizó con apoyo del grupo COER y permitió ingresar al domicilio señalado.
Durante el procedimiento secuestraron 1,273 kilos de cogollos de marihuana, ya secos y listos para la venta. También encontraron tres plantas de cannabis en producción.
Fuentes del caso indicaron que la investigación apunta a la comercialización ilegal de la sustancia, una práctica distinta del cultivo permitido por la normativa vigente en determinados casos. En Argentina, la ley 27.350 autoriza el cultivo de cannabis con fines medicinales para personas registradas en el programa oficial (REPROCANN), ya sea para uso propio, a través de un tercero autorizado o mediante organizaciones habilitadas.
Además, había cigarrillos armados, una balanza digital, teléfonos celulares, fertilizantes y cerca de 400 mil pesos en efectivo, dinero que ahora se investiga si proviene de la venta.
En el lugar fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer de 25, quienes quedaron imputados en la causa y a disposición del fiscal federal Francisco Iglesias. La investigación sigue en curso.
Una familia de Catriel fue imputada por la Justicia tras el ataque de una perra de raza Cane Corso a un niño de seis años, un episodio que ocurrió el 11 de noviembre de 2025 y que derivó en una causa penal por lesiones leves.
La audiencia se realizó este viernes 20 de marzo de 2026 y alcanzó a tres personas: una joven y sus padres, señalados como los responsables del cuidado del animal al momento del hecho.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 20:30, cuando la perra salió de la vivienda donde se encontraba y cruzó la calle.
En ese contexto, el animal tiró de la bicicleta al niño y lo atacó, provocándole mordeduras y arañazos. Las lesiones fueron certificadas como leves por el personal médico que lo asistió.
La fiscal del caso sostuvo que los imputados incumplieron con su deber de cuidado al tratarse de un perro considerado de raza potencialmente peligrosa, lo que implicaba adoptar medidas de prevención para evitar riesgos, especialmente hacia terceros.
En ese sentido, indicó que quienes tienen a cargo un animal de estas características deben garantizar que permanezca resguardado y sin contacto con personas ajenas al entorno familiar, en particular con niños.
Durante la audiencia, la defensa oficial cuestionó la acusación y la calificación legal, al sostener que los hechos no se encontraban claramente determinados y pidió que no se avance con el proceso.
Sin embargo, la jueza de Garantías resolvió dar por formulados los cargos y habilitar la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
Además, como medida cautelar, dispuso que la perra no podrá regresar al barrio mientras dure la investigación, una decisión que impacta directamente en la convivencia en el sector donde ocurrió el hecho.
La causa continuará en etapa investigativa para determinar responsabilidades y el alcance de las consecuencias legales para los imputados.
Un joven quedó detenido con prisión preventiva luego de ser acusado de agredir físicamente a una adolescente que tenía a su bebé en brazos, en un hecho ocurrido en Catriel y que fue investigado en un contexto de violencia de género.
La decisión fue tomada por una jueza de Garantías, quien dio por formulados los cargos y dispuso dos meses de prisión preventiva, al considerar que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
Según la acusación presentada por la fiscal del caso, el episodio ocurrió el 12 de marzo alrededor de las 21:30, dentro de una vivienda donde reside el imputado. En ese lugar, la joven se encontraba con su hija de seis meses en brazos cuando comenzó la agresión.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el hombre la atacó físicamente mientras sostenía a la beba. En medio de la situación, tomó a la niña y continuó con la agresión hacia la joven, hasta que ambos cayeron al suelo. La fiscal indicó que la violencia no terminó allí, ya que el acusado habría seguido el ataque utilizando un cuchillo y profiriendo amenazas, lo que agravó el cuadro de riesgo para la víctima.
El hecho fue encuadrado como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. Según se explicó, existía una relación desigual de poder que se sostenía en el tiempo y que incluía violencia física, psicológica y simbólica.
Durante la audiencia, la defensa no cuestionó los hechos ni la calificación legal, aunque solicitó que el imputado continúe el proceso en libertad con una restricción de acercamiento, planteo que no fue aceptado.
Con la resolución judicial, se dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, durante la cual se reunirán pruebas para determinar cómo avanzará el caso. La prisión preventiva implica que el acusado permanecerá detenido mientras se desarrolla esa etapa del proceso.
Un siniestro vial ocurrido el domingo al mediodía en Catriel derivó en un pedido público de ayuda por parte de una vecina que intenta identificar al conductor que chocó su vehículo y escapó del lugar.
El episodio se registró en la esquina de Cacique Catriel y San Juan, donde, tras el impacto, el otro vehículo abandonó la escena sin brindar asistencia ni intercambiar datos, lo que imposibilita iniciar los trámites habituales con el seguro.
La mujer afectada explicó que el daño no solo es material. El auto que resultó afectado es su principal herramienta para trasladarse diariamente y también para asistir a su madre de 90 años, lo que complejiza aún más su situación cotidiana.
En ese contexto, la intervención de vecinos fue clave en los minutos posteriores al hecho. Algunas personas lograron aportar información parcial sobre la patente, aunque no suficiente
para identificar con certeza al vehículo. De acuerdo al relato difundido, el rodado involucrado sería una camioneta de color oscuro que se retiró del lugar con el paragolpes dañado, arrastrándolo mientras circulaba por calle San Juan.
Ante la falta de datos concretos, la vecina recurrió a redes sociales para ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de quienes hayan presenciado el hecho o puedan aportar información relevante.
El objetivo es poder identificar al responsable y avanzar con el reclamo correspondiente para reparar los daños ocasionados.
Un hombre fue imputado en Catriel por un episodio de violencia de género ocurrido el pasado 8 de marzo, en el que habría agredido a su expareja, provocado daños en la vivienda y escapado con un documento personal de la mujer. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso medidas de protección para la víctima mientras avanza la investigación.
Durante una audiencia virtual realizada en el Foro Penal, la fiscal del caso explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el domicilio de la mujer. Según la acusación, el imputado se presentó en el lugar con la intención de hablar con la víctima, pero la situación derivó en una discusión.
De acuerdo con la investigación, en medio del conflicto el hombre comenzó a buscar un documento personal perteneciente a la mujer y adoptó una actitud violenta. En ese contexto, golpeó una ventana hasta romper el vidrio y pateó una puerta, lo que provocó daños materiales en la vivienda.
La fiscalía sostuvo que, ante la situación, la víctima intentó registrar lo que estaba ocurriendo con su teléfono celular. Sin embargo, el acusado le habría quitado el dispositivo y borrado las imágenes que había grabado.
Posteriormente, según la acusación, el hombre tomó el documento de manera ilegítima y se retiró del lugar, dejando a la víctima en la vivienda.
El certificado médico incorporado al expediente indicó que la mujer presentaba lesiones de carácter leve, las cuales fueron documentadas como parte de las pruebas reunidas en la causa.
La fiscal señaló que el episodio fue encuadrado como violencia de género, al considerar que existía una relación previa entre las partes y una situación de subordinación que derivó en violencia psicológica y simbólica.
Por estos hechos, el imputado fue acusado de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de género, además de daño y hurto, todos en calidad de autor.
Durante la audiencia, la defensora oficial no cuestionó la calificación legal ni las evidencias presentadas por la fiscalía, aunque indicó que la estrategia de la defensa se basa en una hipótesis diferente a la planteada por la acusación.
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Además, ordenó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima, junto con la colocación de un dispositivo de control de geolocalización para garantizar el cumplimiento de la medida de restricción mientras continúa el proceso judicia
Un hombre fue condenado a pena de prisión efectiva tras reconocer haber ejercido violencia contra su pareja en un episodio ocurrido en diciembre de 2025 en la ciudad de Catriel, donde la víctima fue golpeada, amenazada con un arma blanca y retenida contra su voluntad durante varias horas.
La condena fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Oficial durante una audiencia realizada en el Foro Penal. El acusado admitió su responsabilidad por los hechos ocurridos entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025 en una vivienda de la ciudad.
Según la acusación fiscal, el hombre fue responsabilizado por los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género, además de amenazas agravadas por el uso de arma blanca, amenazas simples y privación ilegítima de la libertad.
De acuerdo con la investigación, durante ese lapso el acusado agredió físicamente a la víctima, la amenazó utilizando un cuchillo y le impidió retirarse del lugar, sometiéndola a un escenario de intimidación y violencia.
La fiscalía señaló que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género, caracterizado por una relación desigual de poder en la que la mujer fue sometida a violencia física, psicológica y simbólica, sostenida en el tiempo.
El imputado fue formalmente acusado el 11 de diciembre de 2025, momento en el que se dispuso su detención con prisión preventiva por tres meses debido a los riesgos procesales.
Al homologar el acuerdo entre las partes, el juez también dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso por parte del condenado, y ordenó que el cumplimiento de la pena continúe en un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenido desde entonces.
La detención del expolicía Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro y uno de los principales voceros del reclamo salarial de la fuerza, sumó un nuevo capítulo de tensión política y social en medio del conflicto que desde hace semanas atraviesa la provincia.
La medida fue dispuesta por el juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien resolvió revocar la condicionalidad de la pena que Muñoz cumplía en libertad y ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario para cumplir la condena de manera efectiva. La decisión judicial se fundamentó en incumplimientos reiterados de las reglas de conducta impuestas en el marco de una sentencia anterior.
Según se informó durante la audiencia realizada este lunes, el referente del reclamo salarial de la Policía rionegrina había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de coacción, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, a los que posteriormente se sumó una segunda condena de ocho meses por amenazas simples. Tras la unificación de ambas causas se estableció una pena única de tres años de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de determinadas restricciones.
Entre esas condiciones se encontraba la prohibición de acercamiento o contacto con el actual ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, considerado víctima en uno de los expedientes. Según la resolución judicial, Muñoz habría incumplido nuevamente esa restricción, lo que llevó al magistrado a dejar sin efecto el beneficio de la condicionalidad.
La detención se produce en un contexto de fuerte conflicto salarial dentro de la Policía rionegrina, donde Muñoz se había convertido en uno de los principales referentes del reclamo impulsado por el Consejo de Bienestar Policial.
El clima de tensión ya se había intensificado durante el fin de semana, cuando Muñoz protagonizó un cruce directo con el gobernador Alberto Weretilneck durante un evento público en Cipolletti. En ese intercambio, el dirigente insistió con el reclamo por mejoras salariales para la fuerza, mientras que el mandatario cuestionó su representación del sector. “Vos no sos policía, por lo tanto no nos vamos a sentar con vos”, le respondió Weretilneck durante la discusión. “Andá con tus jefes de Roca. Andá a hacer política a Roca. No hagas política acá”, agregó el mandatario, en alusión a supuestos vínculos políticos del referente con dirigentes opositores.
Tras ese episodio, Muñoz había anunciado públicamente su renuncia al trabajo que desempeñaba en el Concejo Deliberante de General Roca, argumentando que buscaba evitar que el conflicto salarial fuera interpretado como una disputa partidaria.
La detención generó reacciones inmediatas en distintos sectores sindicales y sociales. Desde ASSPUR – FESPROSA Río Negro, gremio que nuclea a trabajadores de la salud pública, difundieron un comunicado en el que repudiaron la medida y plantearon que el caso no puede analizarse aislado del contexto político.
“En nuestra provincia, quienes levantan la voz para denunciar salarios indignos y condiciones laborales precarias suelen enfrentar mecanismos de disciplinamiento que buscan desalentar la protesta”, señalaron desde la organización.
El sindicato también advirtió que la judicialización de los conflictos laborales envía un mensaje preocupante hacia otros sectores estatales. “Cuando los reclamos por condiciones dignas de trabajo terminan en expedientes penales, el mensaje es claro: protestar puede tener consecuencias punitivas”, expresaron.
Mientras tanto, la protesta frente a la Casa de Gobierno comenzó a endurecerse tras conocerse la detención del referente del reclamo. Desde el propio Consejo de Bienestar Policial informaron que una mujer policía retirada se encadenó frente a la sede del Ejecutivo provincial e inició una huelga de hambre por tiempo indeterminado para exigir la liberación de Muñoz.
En un mensaje difundido por el espacio que encabeza el reclamo, se señaló que la medida busca presionar al gobierno provincial para que intervenga en el conflicto. “Se endurece el reclamo frente a la Casa de Gobierno. Una camarada retirada se encadena e inicia huelga de hambre por tiempo indeterminado. Que el gobernador dé soluciones. Basta de cárcel y hambre”, expresaron desde el grupo.
Además, desde el Consejo sostienen que las manifestaciones podrían extenderse a distintos puntos de la provincia si no aparecen respuestas oficiales al reclamo salarial y a la situación judicial de su referente.
“Libertad para Muñoz ya”, plantearon en la convocatoria difundida en redes sociales, donde también aseguraron que las medidas de protesta continuarán hasta obtener una respuesta política al conflicto.
Desde el oficialismo provincial, en tanto, sostienen que la detención responde exclusivamente a una decisión judicial vinculada al incumplimiento de condiciones impuestas por la Justicia, y remarcan que el gobierno mantiene instancias de diálogo con sectores de retirados de la fuerza.
En ese escenario, la detención de uno de los principales voceros del conflicto agrega un nuevo elemento de tensión política y social en Río Negro, en una disputa que combina reclamos salariales, denuncias de persecución política y la discusión sobre cómo se gestionan los conflictos laborales dentro del Estado.
Desde mediados de febrero, el espacio mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma para exigir una recomposición salarial y la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.
Un violento episodio ocurrido en la madrugada del 8 de marzo de 2026 en Catriel es investigado por la Justicia rionegrina tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido golpeado, amenazado con armas y obligado a conducir su propia camioneta antes de escapar saltando del vehículo en movimiento.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho comenzó alrededor de las 05:00, cuando la víctima llegó en su camioneta Ford EcoSport blanca a una vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores, lugar donde residía uno de los sospechosos y donde también frecuentaba el otro.
Según lo reconstruido en la investigación, uno de los hombres se subió inicialmente al vehículo y le pidió que condujera. Tras circular por varias calles de la ciudad, ambos descendieron en la zona de Juan Benigar y Rawson.
En ese lugar, el acompañante comenzó a agredir a la víctima con golpes de puño y luego extrajo un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, con el que le lanzó puntazos mientras le exigía que hablaran. Como resultado del ataque, el conductor sufrió varias heridas cortantes, entre ellas una lesión en el muslo derecho, otra en la mano derecha y una más en la zona detrás de la oreja, consideradas lesiones leves por el tiempo estimado de recuperación.
Después de la agresión, el hombre fue obligado a volver a subir a la camioneta y continuar conduciendo.
Durante el recorrido por calle Primeros Pobladores, antes de llegar a la Ruta Nacional 151, el vehículo se detuvo y un segundo hombre se subió al asiento trasero. Según la acusación, una vez dentro del vehículo extrajo dos armas —un revólver y una pistola— cuya capacidad de disparo no pudo ser acreditada, y comenzó a apuntar a la víctima.
Mientras tanto, el primer agresor continuaba amenazándolo con el cuchillo. En ese contexto, ambos lo intimidaron para que siguiera manejando y lo amenazaron con frases como “si nos denunciás te vamos a matar, a vos y a tu familia”, lo que generó temor en la víctima.
Durante el episodio también lo acusaron de haberlos delatado ante otra banda, a la que supuestamente habrían informado sobre actividades vinculadas al comercio de estupefacientes.
En medio de las amenazas, el conductor continuó circulando por calle Primeros Pobladores y, al cruzar la Ruta 151, decidió escapar. Según la investigación, se arrojó del vehículo en movimiento y huyó a pie por un sector descampado, pasando por detrás de las instalaciones de Transporte Hernández, en el acceso sur de la ciudad.
La víctima continuó corriendo hasta que fue auxiliada por un conocido cerca del casino, quien lo trasladó hasta la Comisaría 9 de Catriel, donde realizó la denuncia.
Según la acusación fiscal, tras la fuga del conductor, los dos hombres se apoderaron de la camioneta y escaparon. El vehículo fue hallado posteriormente abandonado en un sector descampado conocido como Valle de la Luna, donde además presentaba daños, con los vidrios de las ventanillas y la luneta trasera rotos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a uno de los sospechosos por el delito de lesiones leves y a ambos como coautores de coacción agravada por el uso de armas, robo agravado y daño, delitos que continúan siendo investigados en el marco de la causa penal.
