Salarios policiales bajo tensión en Río Negro: acampe, advertencias de retención de servicios y la renuncia entre lágrimas de uno de los voceros del reclamo

La protesta policial que desde hace tres semanas mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma sumó el sábado 7 de marzo un nuevo capítulo de tensión política cuando el gobernador Alberto Weretilneck protagonizó un cruce directo con Rubén Muñoz, uno de los referentes del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro.

El intercambio ocurrió durante la jornada de protesta en la plaza San Martín, donde se desarrolla el acampe impulsado por familiares, retirados y sectores vinculados a la fuerza que reclaman una recomposición salarial y la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.

Según relataron testigos y registraron distintos videos difundidos en redes sociales, el mandatario se acercó a conversar con Muñoz, quien lo saludó y planteó el reclamo salarial de distintos sectores de la Policía provincial. El gobernador escuchó el planteo inicial, pero el diálogo se tensó cuando el referente del acampe pidió una solución concreta.

“Una solución a qué?”, respondió Weretilneck.

“A los problemas salariales de la Policía de Río Negro”, contestó Muñoz, quien intentó proponer la conformación de una mesa de trabajo para discutir mejoras.

La respuesta del mandatario fue tajante. “Vos no sos policía, no podés hablar por ellos”, le espetó, en referencia a la situación judicial de Muñoz, quien fue exonerado de la fuerza y mantiene pendiente su situación ante la Justicia rionegrina.

El intercambio subió de tono cuando el gobernador cuestionó el rol político del referente del reclamo. “Esto es simple. Andá a Roca, andá con tu jefe y hacé política en Roca. No vengas a hacer política acá. Volvé con los Soria”, le dijo antes de retirarse del lugar.

Tras el episodio, el clima en el acampe se volvió tenso. Hubo cruces verbales entre manifestantes y policías que custodiaban el vallado, aunque la situación no pasó a mayores.

Minutos después, Muñoz habló frente a las cámaras y profundizó sus críticas al Ejecutivo provincial. “Entiendo la situación de estos policías que están trabajando, que también cobran sueldos de miseria. Lo que no entiendo es la actitud del gobernador de desatender y negarse a escuchar un reclamo que es legítimo”, afirmó.

El referente del Consejo de Bienestar Policial aseguró que hay efectivos con salarios básicos cercanos a los 56 mil pesos, cifra que consideró “una vergüenza”, y lanzó una advertencia política de cara al futuro. “Esa es la política que tenemos que sacar a patadas en 2027”, expresó.

En videos difundidos posteriormente, Muñoz sostuvo que “la Policía de Río Negro se declara en estado de asamblea permanente” y advirtió que podrían avanzar con medidas de fuerza más contundentes.

“No podemos tener compañeros cobrando 56 mil pesos de básico, es una vergüenza. Esa es la política que tenemos que sacar a patadas en 2027.”

Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro.

“Ojo que podemos salir con una retención total de todos los servicios en toda la provincia”, señaló, al tiempo que responsabilizó al gobierno provincial por una eventual escalada del conflicto. “La irresponsabilidad de Weretilneck lo va a dejar en jaque con toda la provincia. La responsabilidad de la seguridad recae sobre el gobernador”, afirmó.

El dirigente también mostró imágenes del acampe bajo la lluvia y cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo. “Las familias policiales están acampando con los nenes, con los retirados. ¿No tenés un poquito de vergüenza? Necesitamos plata y dignidad para los policías”, expresó en uno de los registros.

El conflicto sumó este lunes un nuevo giro cuando Muñoz anunció que presentó su renuncia a su trabajo en el Concejo Deliberante de General Roca, donde se desempeñaba como colaborador administrativo, con el objetivo —según explicó— de evitar que el reclamo sea interpretado como una disputa política.

“No quiero que el conflicto se politice. Estoy muy triste. Así como me quitaron mis 20 años de policía, hoy el gobernador me quita el único laburo que tengo”, sostuvo en una transmisión en vivo difundida por redes sociales.

Entre lágrimas, el referente del acampe aseguró que su decisión busca despejar cuestionamientos sobre su vínculo con dirigentes de la oposición provincial. “No quiero que me involucren ni con María Emilia ni con Martín Soria. Esto es por derechos laborales, por comida, por pan”, afirmó.

Mientras tanto, desde el oficialismo provincial marcaron distancia con la conducción del reclamo. El presidente del bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, aseguró que el gobierno continuará dialogando con personal retirado de la fuerza, pero descartó reconocer como interlocutores a quienes no pertenecen a la institución.

“Con el tema retirados vamos a seguir hablando, pero con los retirados. No vamos a hablar con aquellos que no son o que no pertenecen a la fuerza policial”, señaló.

El legislador remarcó que Muñoz fue exonerado de la Policía, por lo que consideró que no representa a los retirados, y también lo vinculó con dirigentes del espacio político que gobierna el municipio de General Roca.

López defendió además la política salarial aplicada por el Ejecutivo provincial y recordó que la fuerza policial recibió aumentos y un adicional del 1,5 por ciento diferenciado respecto del resto de los empleados públicos, además de un reconocimiento histórico para retirados.

En ese contexto, el acampe frente a la Casa de Gobierno continúa y el reclamo mantiene como eje central alcanzar un salario mínimo de 1.800.000 pesos para el personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.

Mientras el gobierno insiste en cuestionar la representatividad de los voceros del reclamo, desde el Consejo de Bienestar Policial aseguran que la protesta seguirá hasta que se abra una instancia formal de negociación. En medio de esa pulseada, la tensión política crece y el conflicto salarial policial vuelve a instalarse en el centro del escenario provincial.

Dos hombres fueron sobreseídos en causas por violencia familiar en Catriel, en un contexto de alta demanda judicial por casos de género

A un día de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se conoció que la Justicia rionegrina resolvió -tiempo atrás- sobreseer a dos hombres imputados en causas por violencia familiar ocurridas en Catriel, luego de que ambos cumplieran con las condiciones establecidas durante una suspensión de juicio a prueba, una herramienta legal que permite cerrar un proceso penal si el acusado respeta determinadas pautas durante un período fijado por el tribunal.

Las decisiones fueron dictadas por jueces del Foro de Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en Cipolletti y corresponden a hechos ocurridos durante 2024 en la ciudad.

Uno de los casos involucra a un hombre acusado de lesiones y amenazas contra su expareja. La resolución judicial fue emitida el 6 de febrero de 2026.

La investigación se inició tras la formulación de cargos realizada el 11 de julio de 2024. Según la acusación, el primer episodio habría ocurrido alrededor del 9 de mayo de ese año, cuando el hombre habría agredido físicamente a su pareja durante una discusión en la vivienda que compartían en Catriel. La situación fue advertida por un vecino que alertó a la policía.

El segundo hecho investigado se produjo el 8 de julio de 2024, cuando la mujer intentó retirar a los hijos que tienen en común. Según la investigación, el hombre envió audios con insultos y amenazas y luego, cuando la mujer se presentó en la vivienda acompañada por una amiga, se produjo una nueva discusión en la que volvió a increparla e intentó agredirla. El conflicto se detuvo cuando intervino su madre.

Los hechos fueron investigados como lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas en un contexto de violencia de género. Sin embargo, en diciembre de 2024 el imputado accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año, con condiciones como el pago de una reparación económica, presentaciones ante la Justicia, la realización de un curso sobre nuevas masculinidades y la búsqueda de tratamiento psicológico.

Durante la audiencia realizada este año, la defensa solicitó el sobreseimiento al acreditar el cumplimiento de esas pautas. La fiscal del caso, Analía Díaz, confirmó que el acusado no registró nuevos delitos ni incidentes con la denunciante durante el período de prueba. Con esos elementos, el tribunal declaró extinguida la acción penal y cerró la causa.

Una resolución similar se dictó en otro expediente que tenía como imputado a un acusado de lesiones leves contra su pareja. En este caso, el sobreseimiento fue dispuesto el 2 de febrero de 2026.

El hecho investigado ocurrió el 7 de julio de 2024, cerca de las 23:30, en la vivienda familiar. Según la acusación, el hombre habría golpeado a la hija de la pareja en la cabeza durante una discusión. Cuando la madre intervino para protegerla, el acusado habría comenzado a patearla en una pierna para intentar apartarla.

Como resultado del episodio, la mujer sufrió un hematoma en el muslo derecho, lesión considerada leve por demandar menos de 30 días de curación. El caso también fue investigado en contexto de violencia de género.

En noviembre de 2024, el imputado accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año, con condiciones similares: reparación económica, tratamiento psicológico, participación en un curso sobre masculinidades y buena conducta.

Según informó la fiscalía durante la audiencia, el acusado no registró nuevos delitos ni episodios de violencia durante ese período, por lo que el tribunal resolvió declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento.

Las resoluciones se conocen en un contexto local marcado por un alto nivel de intervenciones judiciales vinculadas a violencia familiar.

Entre el 2 de enero y el 23 de febrero de 2026, el Juzgado de Paz de Catriel dictó 54 resoluciones, de las cuales 47 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia familiar o de género, lo que representa un promedio superior a una medida por día.

La mayoría de esas resoluciones incluyeron prohibiciones de acercamiento de hasta 500 metros, impedimentos de contacto, cese de hostigamiento, exclusiones del hogar y rondines policiales, mientras que en al menos siete expedientes intervino la SENAF por la presencia de niñas y niños en situaciones de riesgo.

En ese escenario, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó recientemente la puesta en marcha de un Juzgado de Familia propio en Catriel, una estructura judicial que busca responder al crecimiento sostenido de los conflictos familiares que actualmente deben ser abordados, en primera instancia, por el Juzgado de Paz y magistrados subrogantes.

Mientras avanzan los concursos para cubrir los cargos y se proyecta la adecuación del edificio donde funcionará el nuevo organismo, las medidas urgentes por violencia familiar continúan dictándose casi a diario en la ciudad.

Trabajo en Catriel: se abren posibilidades en el petróleo y en la Justicia con inscripciones online

Se abrieron nuevas oportunidades laborales para personas de Catriel en dos sectores distintos: la actividad energética y el ámbito judicial. Las convocatorias incluyen puestos técnicos vinculados al Proyecto Duplicar Norte y cargos administrativos para el funcionamiento del nuevo Fuero de Familia que comenzará a operar en la ciudad.

Por un lado, el Servicio de Empleo Rionegrino lanzó una búsqueda de personal para cubrir distintos perfiles técnicos relacionados con tareas operativas y de obra en el marco del Proyecto Duplicar Norte, una iniciativa asociada al desarrollo energético en la región.

Los puestos solicitados son Operador Side Boom (O.E.2), Operador de Topadora, Soldador API Pipeline Doble Junta, Operador de Grúa menor a 60 toneladas y Topógrafo.

La convocatoria establece como requisitos ser mayor de edad, contar con residencia en la provincia de Río Negro y tener disponibilidad para trasladarse y permanecer en Catriel, donde se desarrollarán las tareas.

Las personas interesadas en estos puestos deben realizar la postulación a través del Servicio de Empleo Rionegrino, organismo provincial encargado de canalizar la convocatoria laboral.

En paralelo, el Poder Judicial de Río Negro avanza con la puesta en funcionamiento del Fuero de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Catriel, proceso que incluye distintos concursos para cubrir cargos dentro de la nueva estructura.

En una primera etapa, el Consejo de la Magistratura convocó a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir los cargos de Juez/a de Familia, Secretario/a, Defensor/a de Menores e Incapaces y Defensor/a de Pobres y Ausentes. Las inscripciones se realizan de manera electrónica a través del sitio www.jusrionegro.gov.ar desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 17 de abril de 2026 a las 13:30.

Además, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrió un concurso externo para cubrir un cargo de Abogado/a Referencista destinado al Fuero de Familia de Catriel. La inscripción está habilitada desde el 18 de febrero de 2026 hasta el 18 de marzo de 2026 a las 13:30, también mediante el portal oficial del Poder Judicial.

Como parte del avance en la conformación del nuevo organismo judicial, el STJ habilitará también un concurso público externo para personal administrativo, con puestos destinados a Catriel y Campo Grande.

Las postulaciones para estos cargos podrán realizarse desde el 10 de marzo de 2026 a las 8:30 hasta el 20 de marzo de 2026 a las 13:30, exclusivamente a través del sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar, en el marco del expediente VI-00299-2026.

El proceso de selección para estos puestos incluirá distintas etapas, entre ellas examen de saberes generales, resolución de problemas, evaluación de antecedentes, dinámica grupal y entrevista personal. Antes de la apertura de las inscripciones se publicarán las Bases y Condiciones que regularán el concurso.

Las convocatorias representan nuevas posibilidades laborales para la comunidad de Catriel, tanto en el sector energético —uno de los principales motores económicos de la región— como en el ámbito institucional vinculado al funcionamiento del sistema judicial.

Catriel: acusan a una mujer que tenía 169 videos y 2 imágenes de abuso sexual infantil en su celular

El Ministerio Público Fiscal de Catriel formuló cargos contra una mujer acusada del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil agravada, ya que las víctimas serían menores de 13 años. La audiencia de imputación se llevó a cabo este martes de manera virtual.

Según informó la titular de la fiscalía descentralizada, el hecho se conoció tras un allanamiento realizado en un domicilio de Catriel, autorizado por el Juzgado Federal de General Roca, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Durante ese procedimiento se secuestró un teléfono celular perteneciente a la imputada. El dispositivo fue posteriormente analizado por la División de Pericias Telefónicas de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, en el teléfono se hallaron 169 videos y 2 imágenes con contenido de abuso sexual infantil, vinculados a víctimas menores de 13 años. El material estaría asociado a enlaces que redirigen a la aplicación Telegram.

El abogado defensor no objetó los hechos ni la calificación legal presentada por la fiscalía, aunque cuestionó el alcance del análisis del dispositivo, al señalar que se habrían examinado aplicaciones que no estaban comprendidas dentro de la autorización judicial original.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, período en el que se profundizarán las medidas probatorias.

Un trabajador petrolero fue indemnizado con $36,8 millones tras una lesión lumbar atendida en Catriel

La Cámara del Trabajo de Cipolletti dictó sentencia definitiva el 13 de agosto de 2025 y ordenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. pagar $36.824.742,14 a un trabajador petrolero por una incapacidad laboral derivada de una patología lumbar vinculada a su actividad en el sector hidrocarburífero.

El fallo tiene un anclaje directo en Catriel: según la sentencia, el trabajador —empleado de SERPA S.R.L. con base en 25 de Mayo, La Pampa— pidió atención en el centro prestador de su ART más cercano, la Clínica y Maternidad Juan D. Perón, donde se le realizó una resonancia magnética que informó una lesión en el segmento L5–S1 (“protrusión de base ancha” con “desgarro del annulus” y “deshidratación discal asociada”, según el texto judicial).

El caso llegó a juicio después de la instancia administrativa. La Comisión Médica N°353 (Delegación Cipolletti) había concluido el 2 de febrero de 2024 que la contingencia era de origen laboral, pero sin secuelas incapacitantes: dictaminó que no presentaba incapacidad laboral según el baremo aplicable. La ART, además, había rechazado la contingencia el 25 de octubre de 2023 al considerarla “inculpable”.

En el proceso judicial, la pericia médica oficial sostuvo que existía relación causal entre la patología y la exposición laboral a tareas de esfuerzo y movimientos (levantar, mover o empujar pesos), y calificó el cuadro como enfermedad profesional. La perito fijó inicialmente una incapacidad del 5,45%, pero el tribunal resolvió ajustarla al 8,5%, aplicando el máximo del ítem de lumbalgia y modificando factores de ponderación por el tipo de tareas y la necesidad de recalificación.

El trabajador había iniciado la demanda por $83.360.498,76 más actualizaciones e intereses. La sentencia finalmente estableció un monto de condena de $36.824.742,14, calculado con un Ingreso Base Mensual (IBM) de $3.039.123,68, un 8,5% de incapacidad y el adicional del 20% previsto por ley.

La Cámara ordenó que el pago se realice en el plazo de 10 días desde la notificación. Si no se cumple y hay mora, se aplicarán intereses según la normativa vigente, con una tasa equivalente al promedio de la tasa activa del Banco Nación para operaciones a 30 días, hasta el pago efectivo.

Además, impuso las costas a cargo de la ART y reguló honorarios: $7.365.000 para el abogado del trabajador; $5.600.000 en conjunto para los letrados de la demandada; y $2.200.000 para la perito médica.

El fallo destaca que la lesión, aunque fue denunciada como accidente, “puso de manifiesto” una enfermedad profesional listada, y que la controversia se resolvió con prioridad del control judicial por sobre lo resuelto en la instancia administrativa.

Catriel: Dejaron un caballo tres días atado sin agua ni comida

Un caballo en muy mal estado fue rescatado este sábado en Catriel, luego de que una vecina alertara a la Policía sobre su situación. Según informó la asociación Corazón Animal Catriel, el equino llevaba tres días atado a un poste, sin acceso a agua ni alimento.

El animal tenía una lesión importante en una de sus patas, con presencia de bichera, y se encontraba tan debilitado que ya no podía mantenerse en pie.

Tras el llamado, intervino personal de la Comisaría Novena, junto a Defensa Civil y voluntarios de Corazón Animal, quienes actuaron en conjunto para concretar el rescate. El caballo fue retirado del lugar y quedó bajo resguardo para iniciar su recuperación.

Desde la asociación informaron que el animal permanecerá en tratamiento y solicitaron la colaboración de la comunidad para conseguir fardos de pasto y un tacho azul para agua, ya que no cuentan con esos insumos.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 299 623-4965.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del abandono y maltrato de animales en la ciudad, una situación que en reiteradas oportunidades ha requerido la intervención de organizaciones y fuerzas locales.

Catriel: filmaron una picada en la curva del barrio YPF al estilo «Rápido y Furioso»

Un video de 16 segundos comenzó a circular en redes sociales y generó repercusiones en Catriel. En las imágenes se observa a dos vehículos —un Volkswagen Vento blanco y una Volkswagen Suran gris— alineados sobre la calzada en la curva del barrio YPF, mientras un joven se ubica entre ambos para dar la señal de largada.

Tras contar hasta tres, el joven se aparta y los autos aceleran con el objetivo de sobrepasarse antes de llegar a la curva. La escena es registrada por una tercera persona que se encuentra filmando a pocos metros.

El video fue publicado por un usuario anónimo en un grupo de compraventa en redes sociales con el mensaje: “Después se quejan porque Tránsito está en la curva del barrio YPF…”.

La curva del barrio YPF es conocida como un punto de encuentro habitual de jóvenes durante las noches, donde suelen reunirse con amigos. En distintas ocasiones, vecinos han planteado preocupaciones vinculadas a maniobras riesgosas en ese sector.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si los conductores fueron identificados ni si el área de Tránsito municipal iniciará actuaciones por lo ocurrido.

Rechazan demanda por $30 millones de siete trabajadores de Catriel contra una petrolera

Siete trabajadores con domicilio en Catriel perdieron un juicio laboral en el que reclamaban más de $30 millones —más intereses y multas— contra la empresa LIHUEN S.A. y la operadora Petróleos Sudamericanos S.A.

El conflicto se originó el 26 de enero de 2021, cuando la empresa comunicó despidos invocando cierre de establecimiento. Los trabajadores rechazaron esa medida y el Sindicato Petrolero intervino ante la Delegación de Trabajo. La autoridad laboral dictó conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación, lo que implicó la reincorporación transitoria y el pago de salarios de enero, febrero y marzo de ese año.

La salida final del conflicto llegó con un acta acuerdo firmada ante la Secretaría de Trabajo de Neuquén. Allí se formalizó la desvinculación por mutuo acuerdo (artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo), con fecha 31 de marzo de 2021. El acuerdo incluyó el pago de sumas que, según la pericia contable incorporada al juicio, equivalían al 100% de la indemnización por despido sin causa vigente en ese momento, incluyendo el recargo extraordinario aplicado durante la pandemia.

Sin embargo, meses después los trabajadores enviaron cartas documento cuestionando la validez del acuerdo y sosteniendo que encubría un despido prohibido por los decretos vigentes en ese contexto sanitario. Luego iniciaron la demanda judicial reclamando diferencias indemnizatorias y multas.

En su sentencia del 13 de febrero de 2026, la Cámara del Trabajo de Cipolletti rechazó el planteo en todas sus partes. El tribunal consideró que:

  • El acuerdo fue firmado con intervención sindical y ante un funcionario público.
  • No se acreditaron presiones, engaños ni vicios en la voluntad al momento de firmarlo.
  • Las sumas abonadas cubrían —e incluso en algunos casos superaban— los montos indemnizatorios reclamados.
  • Los trabajadores reconocieron haber percibido esos pagos.

Por ese motivo, la Cámara entendió que no existían diferencias pendientes y que tampoco correspondían las multas solicitadas.

Además, las costas del proceso quedaron a cargo de los demandantes, con distribución proporcional entre ellos.

Catriel: un trabajador cobrará 3,3 millones por un accidente laboral

Un accidente de trabajo ocurrido en Catriel durante tareas de mecánica pesada derivó en una condena judicial contra una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La Cámara del Trabajo de Cipolletti (IV Circunscripción Judicial de Río Negro) dictó sentencia definitiva el 18 de diciembre de 2025 y ordenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. pagar una indemnización de $3.310.681,04, con plazo de 10 días desde la notificación.

El hecho se produjo el 5 de abril de 2023, cerca de las 17:30, mientras se realizaban labores vinculadas a la reparación de elásticos de un camión. Según el expediente, al manipular un paquete de elásticos junto a otra persona, se perdió el control del peso y se produjo un aplastamiento de la mano derecha, con lesión en el dedo anular.

Atención médica, cirugía y alta

La ART aceptó el siniestro y brindó prestaciones médicas. Los estudios informaron lesiones óseas y ligamentarias en el cuarto dedo de la mano derecha, y se indicó inmovilización. Hubo un alta inicial el 4 de mayo de 2023, pero la Comisión Médica dispuso el reingreso al tratamiento por la necesidad de intervención quirúrgica.

La cirugía se realizó el 28 de agosto de 2023 y luego se continuó con kinesiología y fisioterapia. El alta médica por parte de la ART se otorgó el 20 de octubre de 2023, sin secuelas incapacitantes según esa evaluación.

Diferencia clave: comisión médica vs pericia judicial

El eje del caso fue el porcentaje de incapacidad. En sede administrativa, la Comisión Médica de Cipolletti había determinado una incapacidad del 1,20%. Ya en el trámite judicial, la pericia médica oficial del Tribunal concluyó un porcentaje superior: 5,12%, que la Cámara tomó como referencia principal para definir la indemnización.

El tribunal remarcó que, en este tipo de controversias, el control judicial y la prueba pericial producida en el expediente tienen un peso decisivo cuando están debidamente fundamentados.

Cómo se fijó el monto

La sentencia detalla que el cálculo se realizó con un Ingreso Base Mensual (IBM) de $608.798,81, y aplicó la fórmula prevista por el régimen de riesgos del trabajo, incorporando:

  • el porcentaje de incapacidad (5,12%),
  • un coeficiente por edad (al momento del accidente),
  • y un adicional del 20% establecido por ley.

La suma final fijada como condena fue de $3.310.681,04.

Intereses, costas y honorarios

La Cámara estableció que, si no se paga dentro del plazo, el monto devengará intereses calculados con referencia a la tasa activa del Banco Nación (cartera general a 30 días) hasta la cancelación total.

Además, dispuso que las costas del proceso queden a cargo de la ART demandada. En la misma resolución se regularon honorarios profesionales:

  • $995.246 para la representación letrada de la parte actora (en conjunto),
  • $995.246 para la representación letrada de la demandada,
  • y $355.445 para la perito médica oficial.
    (La sentencia aclara que los honorarios no incluyen IVA).

Catriel: amenazó de muerte a su ex y la atacó con un cuchillo cuando tenía a su bebé en brazos

Un hombre quedó con prisión preventiva por el plazo de cuatro meses tras ser acusado por diversos delitos en contexto de violencia de género, luego de un hecho ocurrido en la madrugada del 25 de febrero de 2026 en Catriel.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la representante de la fiscalía descentralizada expuso que el imputado se presentó en el departamento donde reside la mujer junto a sus dos hijos, pese a que pesaba sobre él una prohibición de acercamiento dispuesta en enero por la jueza de Paz.

Según la acusación, el hombre reaccionó de manera violenta cuando la mujer intentó poner fin a la relación. Primero la habría agredido verbalmente y luego físicamente. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el imputado empuñó un cuchillo, la amenazó de muerte y la mantuvo encerrada en la vivienda.

La mujer, que tenía en brazos a su hija de un año, sufrió cortes en distintas partes del cuerpo que fueron certificadas como lesiones leves por el médico interviniente.
Tras la intervención policial, la víctima logró salir del domicilio con la bebé, mientras que el hombre retuvo a otro niño durante más de una hora, impidiendo el ingreso del personal policial. Finalmente, los efectivos lograron acceder al inmueble, reducir al acusado y resguardar al menor.

La fiscalía calificó los hechos como desobediencia a una orden judicial, amenazas calificadas por el uso de arma blanca, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacción calificada, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y por el vínculo, y retención coactiva.
La defensa oficial no cuestionó la materialidad del hecho, aunque sí la calificación legal, y presentó un recurso de reserva. También se opuso a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses, plazo durante el cual el imputado permanecerá detenido, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.