El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó al municipio de Catriel entregar información pública vinculada a la venta y regularización de terrenos, tras constatar que un vecino realizó múltiples pedidos sin obtener respuestas completas.

El fallo fija un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo municipal entregue la documentación faltante o justifique formalmente por qué no puede hacerlo, en el marco del derecho de acceso a la información pública.

El caso se originó a partir de solicitudes realizadas por un ciudadano sobre un fraccionamiento urbano. Entre los datos requeridos figuraban aspectos clave como la promulgación y publicación de una ordenanza, así como registros de compraventa y escrituras de los lotes involucrados.

Al analizar la situación, el Tribunal advirtió que existieron reiteradas presentaciones sin respuesta adecuada y que la información brindada por el municipio fue parcial. Entre las observaciones, se señaló la falta de constancias sobre la publicación de la normativa, documentación sin certificación y la ausencia de anexos relevantes.

Además, el fallo remarca que no se remitieron registros de ventas ni documentación vinculada a escrituras, pese a que el propio Ejecutivo reconoció su existencia. Incluso se menciona la presencia de operaciones de compraventa que no cuentan con formalización o registro administrativo.

Desde el gobierno local, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que la situación responde a irregularidades heredadas de la gestión anterior y aseguró que su administración remitió la información disponible cada vez que fue solicitada.

Según expresó, los faltantes detectados por la Justicia estarían vinculados a documentación que no fue generada o publicada en gestiones previas, lo que ahora obliga al actual equipo a revisar y completar esos registros.

El fallo también deja en claro que cualquier persona puede solicitar información pública sin necesidad de justificar un interés particular, y advierte que la falta de respuesta, la entrega incompleta o la obstaculización constituyen incumplimientos que habilitan la intervención judicial.

La resolución abre un nuevo frente en la discusión sobre la gestión de tierras en Catriel, un tema sensible por su impacto social y económico, y vuelve a poner en foco la transparencia administrativa y el acceso a la información en el ámbito local.