La detención del expolicía Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro y uno de los principales voceros del reclamo salarial de la fuerza, sumó un nuevo capítulo de tensión política y social en medio del conflicto que desde hace semanas atraviesa la provincia.

La medida fue dispuesta por el juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien resolvió revocar la condicionalidad de la pena que Muñoz cumplía en libertad y ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario para cumplir la condena de manera efectiva. La decisión judicial se fundamentó en incumplimientos reiterados de las reglas de conducta impuestas en el marco de una sentencia anterior.

Según se informó durante la audiencia realizada este lunes, el referente del reclamo salarial de la Policía rionegrina había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de coacción, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, a los que posteriormente se sumó una segunda condena de ocho meses por amenazas simples. Tras la unificación de ambas causas se estableció una pena única de tres años de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de determinadas restricciones.

Entre esas condiciones se encontraba la prohibición de acercamiento o contacto con el actual ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, considerado víctima en uno de los expedientes. Según la resolución judicial, Muñoz habría incumplido nuevamente esa restricción, lo que llevó al magistrado a dejar sin efecto el beneficio de la condicionalidad.

La detención se produce en un contexto de fuerte conflicto salarial dentro de la Policía rionegrina, donde Muñoz se había convertido en uno de los principales referentes del reclamo impulsado por el Consejo de Bienestar Policial.

El clima de tensión ya se había intensificado durante el fin de semana, cuando Muñoz protagonizó un cruce directo con el gobernador Alberto Weretilneck durante un evento público en Cipolletti. En ese intercambio, el dirigente insistió con el reclamo por mejoras salariales para la fuerza, mientras que el mandatario cuestionó su representación del sector.
“Vos no sos policía, por lo tanto no nos vamos a sentar con vos”, le respondió Weretilneck durante la discusión. “Andá con tus jefes de Roca. Andá a hacer política a Roca. No hagas política acá”, agregó el mandatario, en alusión a supuestos vínculos políticos del referente con dirigentes opositores.

Tras ese episodio, Muñoz había anunciado públicamente su renuncia al trabajo que desempeñaba en el Concejo Deliberante de General Roca, argumentando que buscaba evitar que el conflicto salarial fuera interpretado como una disputa partidaria.

La detención generó reacciones inmediatas en distintos sectores sindicales y sociales. Desde ASSPUR – FESPROSA Río Negro, gremio que nuclea a trabajadores de la salud pública, difundieron un comunicado en el que repudiaron la medida y plantearon que el caso no puede analizarse aislado del contexto político.

“En nuestra provincia, quienes levantan la voz para denunciar salarios indignos y condiciones laborales precarias suelen enfrentar mecanismos de disciplinamiento que buscan desalentar la protesta”, señalaron desde la organización.

El sindicato también advirtió que la judicialización de los conflictos laborales envía un mensaje preocupante hacia otros sectores estatales. “Cuando los reclamos por condiciones dignas de trabajo terminan en expedientes penales, el mensaje es claro: protestar puede tener consecuencias punitivas”, expresaron.

Mientras tanto, la protesta frente a la Casa de Gobierno comenzó a endurecerse tras conocerse la detención del referente del reclamo. Desde el propio Consejo de Bienestar Policial informaron que una mujer policía retirada se encadenó frente a la sede del Ejecutivo provincial e inició una huelga de hambre por tiempo indeterminado para exigir la liberación de Muñoz.

En un mensaje difundido por el espacio que encabeza el reclamo, se señaló que la medida busca presionar al gobierno provincial para que intervenga en el conflicto. “Se endurece el reclamo frente a la Casa de Gobierno. Una camarada retirada se encadena e inicia huelga de hambre por tiempo indeterminado. Que el gobernador dé soluciones. Basta de cárcel y hambre”, expresaron desde el grupo.

Además, desde el Consejo sostienen que las manifestaciones podrían extenderse a distintos puntos de la provincia si no aparecen respuestas oficiales al reclamo salarial y a la situación judicial de su referente.

“Libertad para Muñoz ya”, plantearon en la convocatoria difundida en redes sociales, donde también aseguraron que las medidas de protesta continuarán hasta obtener una respuesta política al conflicto.

Desde el oficialismo provincial, en tanto, sostienen que la detención responde exclusivamente a una decisión judicial vinculada al incumplimiento de condiciones impuestas por la Justicia, y remarcan que el gobierno mantiene instancias de diálogo con sectores de retirados de la fuerza.

En ese escenario, la detención de uno de los principales voceros del conflicto agrega un nuevo elemento de tensión política y social en Río Negro, en una disputa que combina reclamos salariales, denuncias de persecución política y la discusión sobre cómo se gestionan los conflictos laborales dentro del Estado.

Desde mediados de febrero, el espacio mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma para exigir una recomposición salarial y la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.