Catriel: tiene antecedentes por robo y lo investigan por violencia de género pero sigue libre

Un hombre de 32 años, acusado de haber rociado con nafta a su expareja de 25 años y amenazar con prenderla fuego, fue liberado tras la instalación de una tobillera electrónica. El hecho ocurrió el 4 de diciembre en una vivienda de Catriel, en presencia de las hijas menores de edad de la pareja. Según el relato de la víctima, el hombre rompió su celular para impedir que pidiera ayuda y fue aprehendido dentro del domicilio tras la intervención de la policía alertada por la madre de la mujer.

El incidente fue inicialmente calificado como amenazas, daño y lesiones leves agravadas por violencia de género. La Fiscalía solicitó prisión preventiva basándose en la gravedad del hecho y el riesgo para la víctima, pero la defensora oficial del acusado propuso el uso de una tobillera electrónica como alternativa. La jueza determinó esta medida, sumada a la prohibición de acercamiento a la víctima y al domicilio a menos de 500 metros.

La decisión generó controversia en la ciudad, donde colectivos feministas y la Subsecretaría de la Mujer expresaron su descontento y preocupación. Argumentaron que este tipo de medidas no garantiza la seguridad de la víctima, citando antecedentes de tragedias bajo contextos similares. La comunidad se movilizó frente a la Fiscalía para exigir explicaciones sobre los fundamentos de la resolución judicial.

El acusado ya tiene el dispositivo electrónico colocado, por lo cual fue liberado. La investigación sigue en curso para profundizar en las circunstancias del hecho, incluyendo contradicciones entre los testimonios de las partes.

Este medio pudo confirmar de fuentes judiciales que el imputado tiene antecedentes por robo con arma de fuego en la ciudad de Córdoba. También que fue desvinculado laboralmente del supermercado La Anónima sus antecedentes y tiempo después de la Municipalidad de Catriel por irregularidades.

Intento de femicidio en Catriel: liberan al acusado y hay reclamos en Fiscalía

La comunidad de Catriel se moviliza tras un grave episodio de violencia de género registrado el miércoles, cuando un hombre fue detenido por intentar prender fuego a su expareja en una vivienda ubicada en calle Santiago de Chile al 100. El acusado, de 32 años, permanece detenido a la espera de la instalación de una tobillera electrónica, tras lo cual será liberado, decisión que despertó cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad.

Este viernes a las 11:30, un grupo de mujeres autoconvocadas se concentrará frente a la Fiscalía local para exigir explicaciones sobre los fundamentos detrás de esta medida judicial, en un caso calificado como intento de femicidio.

Según el informe policial, el incidente se desencadenó cuando la madre de la víctima detuvo a un móvil policial en calle Zurita para alertar que su hija estaba siendo agredida por su expareja. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 9ª encontraron al acusado, quien había rociado con nafta a la mujer, de 25 años, y amenazado con prenderla fuego. Además, había destruido el celular de la víctima, impidiéndole solicitar ayuda.

El agresor fue detenido en el marco de la Ley de Violencia de Género, mientras que la víctima recibió contención y asistencia por parte de la Comisaría de la Familia, que también tomó su denuncia.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde se decidió colocarle una tobillera electrónica al acusado como medida de control. Una vez instalado el dispositivo, el hombre será liberado, ya que no posee antecedentes penales. Actualmente, permanece alojado en la Unidad 9ª de Policía hasta que se concrete dicha instalación.

La medida judicial generó críticas, ya que en casos similares en la provincia de Río Negro suele aplicarse prisión preventiva hasta el inicio del juicio, especialmente en hechos considerados de alta gravedad.

Ante esta decisión, mujeres autoconvocadas organizan una concentración frente a la Fiscalía local para reclamar explicaciones sobre los criterios adoptados en el caso. Desde el colectivo sostienen que la gravedad del hecho y el riesgo para la víctima ameritaban una medida más estricta. Desde la Subsecretaría de la Mujer de Catriel, expresaron su rechazo a la libertad del acusado. «Sabemos que no se caratuló como intento de femicidio y que se le va a colocar una tobillera, pero no hay seguridad para la víctima. Aún con esta medida han ocurrido tragedias», indicaron.

El grupo de manifestantes permanecerá en el exterior del edificio del Poder Judicial hasta que tengan contacto con la fiscal Analía Diaz. Además, integrantes de la agrupación movilizada se comunicaron con el fiscal en jefe Gustavo Herrera para expresar su descontento con la resolución judicial y la necesidad de reforzar la protección a la víctima.

El caso pone nuevamente en foco la problemática de la violencia de género y los desafíos en la protección de las víctimas. Catriel, que cuenta con apenas dos patrulleros para 11 barrios, es una ciudad con escaso personal y recursos para cubrir todas las medidas establecidas en casos de violencia de género.

Catriel: Condenan a seis meses de prisión en suspenso a un hombre por amenazar a su ex pareja

En un fallo emitido el 23 de octubre de 2024, la jueza de Cipolletti, Dra. María Florencia Caruso, dictó una condena de seis meses de prisión en suspenso para un hombre de Catriel identificado como D.A.M., quien fue hallado responsable de cometer amenazas en un contexto de violencia de género. La sentencia también establece pautas de conducta que el acusado deberá cumplir durante dos años, incluyendo la prohibición de contacto con la víctima.

Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2024 en Catriel, cuando, según se detalló, el imputado amenazó verbalmente a su pareja y a la hija de ésta, generando una situación de alarma y peligro. La víctima había denunciado el incidente en la Comisaría de la Familia, relatando varios episodios de amenazas. Su hija, testigo del incidente, escapó de la vivienda para pedir ayuda a un vecino, quien alertó a la policía.

La acusación fue respaldada por declaraciones de la víctima, su hija y varios agentes policiales. Sin embargo, aunque se encontró un cuchillo en la vivienda, no se pudieron obtener pruebas concluyentes que relacionaran al imputado con el uso de dicho objeto como elemento intimidatorio.

La jueza Caruso resolvió que las amenazas proferidas por D.A.M. constituyen un delito de amenazas en contexto de violencia de género, en conformidad con el Código Penal y la Ley Nacional N° 26.485. El imputado aceptó los cargos y la pena como parte de un acuerdo de juicio abreviado, que fue respaldado tanto por la Fiscalía como por la defensa.

Sentencia y pautas de conducta

La condena impuesta a D.A.M. consiste en seis meses de prisión en suspenso, lo que implica que no cumplirá tiempo en prisión a menos que incumpla con las pautas de conducta establecidas. Estas incluyen:

  1. Fijar un domicilio y notificar cualquier cambio.
  2. Abstenerse de consumir alcohol y drogas en exceso en lugares públicos.
  3. Someterse a controles regulares de la Inspección de Asistencia y Protección Laboral (IAPL).
  4. Mantener la prohibición de acercamiento a la víctima, ya sea en forma presencial o por cualquier medio de comunicación.

Desde el inicio del proceso, D.A.M. tenía una orden de restricción y portaba una tobillera electrónica para monitorear su ubicación, medida que fue retirada tras la sentencia definitiva. La Fiscalía y la defensa acordaron que estas condiciones, sumadas a la sentencia en suspenso, cumplen con los requisitos de protección para la víctima, quien manifestó su deseo de no continuar con la causa penal.

Este fallo subraya el enfoque judicial en los casos de violencia de género en la provincia de Río Negro, donde -según informa- se busca aplicar sentencias que, además de castigar el delito, mantengan medidas de protección para las víctimas y prevengan nuevos incidentes. De acuerdo con lo que expresa la sentencia, la condena en suspenso y las pautas de conducta impuestas a D.A.M. reflejan una intención de equilibrar la sanción con medidas preventivas en un contexto que requiere atención continua.

La sentencia ya es firme, y el caso será remitido al Juzgado N° 8 para su seguimiento y ejecución.

Catriel: prohibición de acercamiento a una mujer por violencia familiar

El Juzgado de Familia de Cipolletti confirmó las medidas cautelares dispuestas contra una mujer denunciada por violencia familiar, extendiendo por 90 días la prohibición de acercamiento a su expareja, quien presentó la denuncia el 14 de septiembre de 2024. Estas medidas buscan proteger al denunciante y prevenir futuros episodios de violencia.

La prohibición establece que la denunciada, no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio del denunciante, ni de cualquier lugar público o privado donde él se encuentre. La policía local deberá intervenir si se constata el incumplimiento de esta medida, informando a la Unidad Fiscal para que se tomen las acciones legales correspondientes por el delito de desobediencia a la autoridad, según el artículo 154 del Código Penal.

Además, la denunciada deberá someterse a un tratamiento psicológico en el Servicio de Salud Mental correspondiente a su domicilio, como lo exige la Ley 3040. Solo podrá solicitar el levantamiento de la restricción cuando acredite haber completado el tratamiento con resultados favorables.

El Juzgado recordó a ambas partes que, para el correcto desarrollo del proceso judicial, deberán contar con la asistencia de un abogado. Si alguna de las partes no dispone de medios económicos, puede recurrir de manera gratuita a la Defensoría General de Catriel o al Centro de Atención para la Defensa Pública en Cipolletti.

Finalmente, en caso de no poder notificar a la denunciada en su domicilio, la comisaría correspondiente tendrá cinco días para localizarla y proceder con la notificación de las medidas dispuestas. Si fuera necesario, se autorizó al OTIF a realizar la notificación por teléfono o correo electrónico.

Violencia en Catriel: por 90 días no podrá acercarse a la víctima

El Juzgado de Paz de Catriel mantiene las medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento contra un hombre denunciado por violencia familiar, según lo establece el Código Procesal de Familia. Estas disposiciones, de carácter provisorio, tendrán una duración de 90 días y buscan proteger a la denunciante mientras se resuelve el conflicto.

El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la denunciante ni de cualquier otro lugar público o privado donde ella se encuentre. En caso de incumplir esta medida, la policía está autorizada a intervenir y dar aviso al Ministerio Público Fiscal para que actúe en consecuencia.

Además, el Juzgado ordena al denunciado que realice un tratamiento psicológico en el Hospital de Catriel. Solo podrá solicitar el regreso al hogar una vez que acredite haber cumplido con este tratamiento y presente un informe favorable ante el tribunal, con la asistencia de un abogado particular o defensor oficial.

La denunciante, por su parte, deberá notificar al juzgado si conoce el domicilio actual del denunciado para que las autoridades puedan hacer efectiva la notificación de las medidas impuestas. Además, antes del vencimiento del plazo de 90 días, tiene la posibilidad de solicitar la extensión de la exclusión con asistencia letrada si considera que aún es necesario mantener la protección.

En caso de que las partes no cuenten con los recursos económicos para contratar un abogado, podrán acudir a la Defensoría General o al Centro de Atención para la Defensa Pública de manera gratuita, en las ciudades de Catriel y Cipolletti, respectivamente.

El Juzgado dejó en claro que cualquier intento de violar estas disposiciones legales implicará consecuencias judiciales para el denunciado, con la posibilidad de ser imputado por el delito de desobediencia a la autoridad.

Catriel: un médico se propasó con una paciente, fue desvinculado de una clínica y busca seguir trabajando

El Centro Médico Privado Catriel emitió un comunicado firmado por su director médico, Dr. Sergio M. Obrist, en el que informa sobre un reciente incidente ocurrido en la institución, y reafirma su compromiso con la ética y el cuidado de los pacientes. El comunicado señala que, tras una denuncia por conducta inapropiada de un profesional hacia una paciente durante una práctica médica, el director decidió desvincular inmediatamente al profesional involucrado y alertar a otros directores médicos de la región.

Obrist agradeció la valentía de la paciente que se animó a hablar sobre lo sucedido y destacó que, a partir de esa denuncia, otras mujeres también se animaron a relatar situaciones similares. Lamentó, además, que a pesar de las advertencias emitidas, el profesional en cuestión ya se encuentre trabajando en otra institución médica.

“Nosotros tenemos una trayectoria de muchos años en la localidad, iniciada por mi padre y continuada por mí y nuestro equipo, siempre honrando la relación médico-paciente”, expresó Obrist en el comunicado, reafirmando el compromiso del centro con los principios de moral y ética profesional.

En el mismo comunicado, el Dr. Obrist también anunció la renovación de la habilitación sanitaria del Centro Médico Privado Catriel por cinco años más, tras la inspección de Salud Pública. Esta renovación posiciona a la institución como una de las tres en Catriel que cuentan con la habilitación oficial para el ejercicio profesional.

Obrist hizo un llamado a la comunidad a exigir que los centros de salud cumplan con las normativas vigentes y destacó la importancia de elegir instituciones habilitadas para proteger la salud y seguridad de los pacientes. “El poner un centro médico no solo es un cartel, es mucho más; es moral y ética”, concluyó el director médico.

Según pudo averiguar VSN, el profesional desvinculado es un oculista oriundo de Córdoba, quien, a pesar de las acusaciones en su contra, busca seguir ejerciendo en la localidad. Obrist, como director del Centro Médico Privado Catriel, señaló que tomó la decisión de advertir públicamente sobre la situación debido a la gravedad de las acusaciones recibidas y para proteger a los pacientes. Además, informó a sus colegas de otras instituciones sobre los hechos denunciados, con el fin de prevenir que situaciones similares se repitan en otros establecimientos de salud.

Proponen crear un registro huellas genéticas para investigar delitos en Río Negro

Los legisladores rionegrinos Lucas Pica y Facundo López presentaron una iniciativa para ampliar el uso del registro de violadores e incluir a todos los delitos penales. Esta propuesta se basa en el principio de que «la búsqueda de la verdad debe ser la premisa y el norte» y plantea que los registros de condenados por delitos contra la integridad sexual, así como el registro de identificación genética de abusadores sexuales, sean utilizados en el esclarecimiento de cualquier tipo de delito.

La propuesta de Pica y López llega en un contexto en el que el Congreso de la Nación dio recientemente media sanción a una norma con el mismo propósito a nivel nacional. La ley rionegrina N° 5115, sancionada en 2016, ya había establecido el Registro Nacional de Datos Genéticos (ReProCoIns) y el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RePrIGAS), en consonancia con la ley nacional Nº 26.879. Ambos registros fueron creados para proteger a la población de personas condenadas y liberadas por delitos contra la integridad sexual.

El ReProCoIns (Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual) contiene datos como huellas dactilares, grupo sanguíneo, fotografías y registros de ADN de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Por otro lado, el RePrIGAS (Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales) almacena y sistematiza información genética obtenida de muestras biológicas de personas condenadas con sentencia firme por estos delitos.

Los legisladores proponen la creación de un Registro Provincial de Huellas Genéticas, que incluiría información de ADN obtenida a través de análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN). Este nuevo registro permitiría que las huellas genéticas halladas en escenas de crimen puedan compararse con las de todas las personas investigadas o condenadas por cualquier delito tipificado en el Código Penal de la Nación, facilitando así el esclarecimiento de hechos delictivos.

Pica y López explicaron que con esta modificación buscan ampliar el accionar de la justicia e ir más allá de los delitos contra la integridad sexual. En sus palabras, «la búsqueda de la verdad debe ser la premisa y el norte».

Esta propuesta toma como referencia la ley 8.611 de la Provincia de Mendoza, que desde 2013 implementa un registro de huellas genéticas criminales que abarca a todos los imputados y condenados por delitos. Mendoza sirvió como modelo para la reciente modificación, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, de la ley nacional Nº 26.879. Los legisladores buscan que Río Negro siga esta tendencia y cuente con una base de datos de identificación genética criminal moderna, que permita no solo identificar a los autores de delitos, sino también facilitar la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas.

Femicidio en Río Negro: la víctima tenía 22 años y era bombera

La localidad de Mainqué, en Río Negro, está consternada tras el brutal femicidio de Sabina Antonella Silva, una joven de 22 años que fue asesinada en la madrugada del viernes. El crimen, que generó un fuerte impacto en la comunidad, ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando Silva fue atacada con un cuchillo en su vivienda ubicada en Calle 6. A pesar de los esfuerzos por trasladarla al hospital Francisco López Lima de General Roca, la joven falleció en el camino debido a la gravedad de sus heridas.

El presunto agresor, un hombre de más de 30 años con antecedentes judiciales, fue detenido poco después del hecho y está a disposición de la justicia. Según fuentes cercanas a la investigación, Sabina estaba sola al momento del ataque, mientras su hijo de cuatro años se encontraba con su padre. La fiscal jefe Graciela Echegaray está liderando la investigación, y la Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas en la escena del crimen.

Sabina Antonella Silva era bombera voluntaria en la localidad de Mainqué, y su muerte generó una ola de dolor y solidaridad. La Asociación Bomberos Voluntarios de General Roca expresó su «más profundo pesar» y su acompañamiento a la familia y compañeros de Silva, mientras que la Escuela de Cadetes de Río Negro también envió sus condolencias, particularmente a la hermana de la víctima, Silva Maitena Nicol.

El movimiento de Mujeres Evita Río Negro también se pronunció sobre el femicidio, señalando la necesidad de políticas públicas efectivas de género en un contexto social marcado por la desigualdad. La organización subrayó la importancia de esclarecer el crimen y de tomar medidas que prevengan futuros actos de violencia de género.

La justicia ha aclarado que la víctima y el agresor no mantenían una relación de pareja, lo que añade complejidad al caso mientras se investigan las circunstancias que llevaron a este lamentable desenlace. Se espera que el fiscal Marcelo Ramos formule los cargos contra el detenido en los próximos días.

Este femicidio, que deja a un niño pequeño sin su madre, resuena con fuerza en una comunidad que ahora se une en el dolor y el reclamo de justicia para Sabina Antonella Silva.

Violencia de género: una preocupación urgente para Catriel

La violencia de género en Catriel es, desde hace años, una preocupación constante para la comunidad y las autoridades locales. Un reciente fallo del Juzgado de Paz de la ciudad subrayó la gravedad de la situación al confirmar la implementación de medidas cautelares en un caso de violencia doméstica.

El fallo, emitido el 14 de agosto de 2024, ordenó mantener la prohibición de acercamiento y contacto entre el acusado y la víctima, con una restricción de 500 metros. Además, la decisión judicial instruyó al denunciado a someterse a un tratamiento psicológico obligatorio, como parte de los esfuerzos para abordar su conducta violenta y prevenir futuros incidentes.

Este caso no es aislado. En los últimos años, Catriel registra un preocupante aumento en los índices de violencia de género, lo que llevó a un incremento significativo en las denuncias. Las autoridades judiciales, en respuesta, comenzaron a adpotar medidas más estrictas para garantizar una intervención rápida y efectiva en situaciones de emergencia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia doméstica sigue siendo un problema grave en la ciudad. Una prueba de esto es que se sucedieron tres femicidios en menos de diez años: Cintia Vergara en 2014, Agustina Atencio en 2020 y Patricia Rendón Rodriguez en 2022.

Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de la violencia de género en Catriel. Las estadísticas locales revelan que muchas sufren agresiones reiteradas, y en varios casos, la intervención judicial no fue suficiente para detener el ciclo de violencia.

El fallo y el contexto de violencia de género en Catriel resaltan la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de protección y asistencia, así como de trabajar en la sensibilización y educación desde y para los medios de comunicación para prevenir la violencia en todas sus formas. Erradicar esta problemática requiere el compromiso activo de toda la sociedad, ya que la violencia de género afecta profundamente a toda la comunidad.

Catriel: un caso de internación involuntaria revela la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género

El 12 de agosto de 2024, el Juzgado de Cipolletti resolvió la situación de una mujer que fue internada involuntariamente en el Hospital de Catriel, en un contexto de extrema vulnerabilidad. La mujer había sido ingresada el 6 de agosto con un diagnóstico psiquiátrico severo, lo que llevó a los profesionales de salud a determinar que existía un riesgo inminente tanto para ella como para otros, justificando su internación sin su consentimiento.

Antes de su internación, la mujer vivía en un refugio proporcionado por la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Catriel, debido a su situación de calle. Su único vínculo cercano era su expareja, sobre quien pesaba una orden de restricción debido a una denuncia por violencia de género que ella misma había presentado semanas antes.

El hospital informó que, a pesar del tratamiento, la mujer no mostró mejoras significativas en su estado mental, lo que motivó la prolongación de su internación bajo supervisión judicial. El Juzgado ordenó al hospital informar periódicamente sobre la evolución de la paciente y evaluar la necesidad de extender la internación si las condiciones lo exigían. Asimismo, dispuso la intervención del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental para asegurar que se respetaran los derechos de la mujer durante todo el proceso.

Este caso expone la cruda realidad de muchas mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad en Catriel, donde la violencia de género, sumada a la falta de redes de apoyo, agrava considerablemente su situación. La complejidad del caso subraya la necesidad de una intervención multidisciplinaria que proteja tanto la salud como los derechos fundamentales de las mujeres que enfrentan este tipo de desafíos. La comunidad y las instituciones locales enfrentan un desafío creciente para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran en circunstancias tan precarias.