La decisión ya fue tomada y refuerza medidas urgentes.

La Justicia de Río Negro ratificó una serie de disposiciones en el marco de una causa por violencia familiar iniciada días atrás en Catriel, donde se dispuso la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia una mujer que realizó la denuncia.

Según consta en la resolución emitida por la Unidad Procesal N° 7 de Cipolletti, las medidas alcanzan a un hombre identificado en el expediente y establecen que deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea público o privado.

De acuerdo a lo indicado en el fallo, la denuncia fue radicada el 2 de abril de 2026, y ese mismo día el Juzgado de Paz de Catriel dispuso las primeras medidas de protección, que ahora fueron ratificadas por la Justicia.

La resolución también establece que el acusado deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Incluso se advierte que acciones como insistencia en la comunicación, seguimiento o intimidación podrían ser consideradas incumplimientos de la orden judicial.

Según el texto oficial, el objetivo de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la persona denunciante, en el marco de la legislación vigente sobre violencia familiar y de género.

Además, se dispuso la realización de rondines policiales durante 15 días en el domicilio de la mujer, como medida adicional de resguardo.

En paralelo, tanto la denunciante como la persona denunciada deberán concurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel, donde deberán iniciar un tratamiento en cumplimiento de lo establecido por la normativa provincial.

La Justicia también dejó constancia de que las medidas son de carácter provisorio y que su eventual modificación dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas, incluyendo el tratamiento correspondiente.

Asimismo, se advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una nueva instancia judicial.

Por ahora, la prioridad está puesta en la protección.

Y en garantizar que las medidas se cumplan.