Lo que ocurrió en General Roca no fue un evento más. Fue una señal.
Durante años, el cannabis medicinal en Argentina y en la región estuvo atrapado entre el prejuicio, la burocracia y los proyectos aislados. Hoy, ese escenario cambió. El Encuentro Binacional entre Argentina y Brasil lo dejó en evidencia: el desarrollo ya no es marginal, es estructural.
Cuando organismos como INTA y Embrapa se sientan en la misma mesa junto a universidades, organizaciones sociales y actores productivos, lo que aparece no es una moda ni un experimento. Aparece un sistema en construcción. Y eso cambia todo, porque el eje deja de ser si el cannabis va a desarrollarse —eso ya está ocurriendo— y pasa a ser algo mucho más profundo: cómo se organiza ese desarrollo y quiénes participan de él.
Uno de los datos más contundentes que dejó el encuentro es que ese modelo ya existe. No es una hipótesis. Es una realidad en marcha. En la Patagonia se está consolidando una experiencia que integra toda la cadena de valor: desde el mejoramiento genético y la producción primaria, hasta la elaboración de resinas, la formulación de productos y el control desde el sistema de salud. La genética Cannawine, inscripta en el Registro Nacional de Cultivares, el desarrollo de extractos en el Alto Valle, las formulaciones magistrales en la cordillera y la validación sanitaria provincial forman parte de un mismo entramado.
Todo esto ocurre bajo el marco de las leyes 27.350 y 27.669, que no solo habilitan la investigación, sino que ordenan, legitiman y proyectan un sector completo, reconociendo el trabajo que durante años impulsaron cultivadores y organizaciones desde abajo. Hoy, con más de 50 variedades de cannabis registradas y más de una decena de cáñamo industrial, queda claro que el desarrollo dejó de ser informal para convertirse en política científica y productiva.
Ese recorrido marca un cambio de época. Pasamos de la prohibición al reconocimiento. De la persecución a la regulación. De la informalidad a la construcción de conocimiento público.
Pero ese avance abre una nueva discusión. Porque ahora que el cannabis está dentro del sistema, la pregunta ya no es si va a crecer, sino quién lo va a producir y bajo qué lógica.
Ahí es donde el cooperativismo deja de ser un actor secundario y pasa a ocupar un lugar estratégico. La propia naturaleza del cannabis medicinal —su vínculo con la salud, su impacto social, la necesidad de garantizar acceso— exige modelos que no estén definidos exclusivamente por la rentabilidad. Exige organización colectiva, articulación territorial y compromiso con la comunidad.
Eso no es teórico. Es exactamente lo que define al sistema cooperativo: organizar trabajo, producir y generar acceso de forma solidaria y autogestionada . Y es, también, lo que este sector necesita para desarrollarse de manera equilibrada.
En paralelo, el encuentro dejó en claro que el potencial productivo del cannabis no se agota en lo medicinal. El cáñamo industrial abre una dimensión completamente distinta y todavía poco discutida. Hablamos de alimentos, textiles, bioconstrucción, biomasa, cosmética. Hablamos de una planta capaz de integrarse a economías regionales y generar nuevas cadenas de valor.
En territorios como Catriel, históricamente ligados al petróleo, este proceso no es abstracto. Empieza a tomar forma en experiencias concretas que buscan diversificar la matriz productiva hacia la bioeconomía, incorporando cultivos como el cáñamo industrial y el desarrollo de insumos con valor agregado.
Sin embargo, ese desarrollo todavía está incompleto. Hoy se permite avanzar sobre fibra y grano, pero falta regulación para etapas clave como el aprovechamiento de biomasa y flores no psicoactivas. A eso se suma un contexto institucional en transición, donde el organismo rector del sector ha otorgado licencias, pero aún no consolida completamente el marco operativo.
Es decir: el potencial está, pero la decisión todavía no es plena.
Hay, además, un dato que no debería pasar desapercibido. El desarrollo del cannabis medicinal en Argentina tiene, en gran medida, rostro de mujer.
No es un detalle menor ni una coincidencia. Son ellas quienes han sido pioneras en la investigación, en la organización social y en la lucha por el reconocimiento del cannabis como herramienta de salud. Desde referentas como Roxana Aguirre —presidenta de Ciencia Sativa y una de las principales impulsoras de la articulación entre investigación pública, cultivo legal y acceso en sistemas de salud—, pasando por la propia intendenta de Roca, María Emilia Soria, que ya desde el Congreso acompañó la sanción de la Ley 27.350 y hoy promueve el desarrollo productivo del sector, hasta las profesionales del INTA y científicas que sostienen este proceso en todo el país, el liderazgo femenino aparece como una constante.
Pero ese protagonismo no se limita a lo institucional. También se construye en los territorios, en espacios colectivos donde el conocimiento circula y se organiza. En Catriel, por ejemplo, esa articulación tomó forma en el primer Festival de Cultura Cannábica, impulsado desde organizaciones locales, donde profesionales de la salud, la agronomía y la investigación acercaron a la comunidad información científica sobre cultivo, marco legal y uso terapéutico.
En ese cruce entre territorio, ciencia y organización aparece con claridad una figura como la de la bióloga Gabriela Calzolari, integrante de Ciencia Sativa, investigadora vinculada al INTA y al CONICET, y parte de una de las articulaciones público-privadas más relevantes del país en el desarrollo de cannabis medicinal. Su recorrido sintetiza algo más amplio: el paso del activismo a la construcción de conocimiento científico aplicado, con impacto directo en la producción, la regulación y el acceso.
Ese liderazgo explica, en gran medida, por qué este sector logró avanzar incluso en contextos adversos: porque siempre estuvo sostenido por una convicción que va más allá de lo productivo —el derecho a la salud y al acceso con calidad y trazabilidad garantizada.
Todo esto nos deja frente a una conclusión inevitable: el cannabis medicinal ya superó la etapa de debate cultural. Ya no se discute si es válido o no. Se discute cómo se produce, quién lo regula y quién accede.
Y esa discusión es profundamente política.
Porque implica decidir si este sector va a concentrarse o distribuirse. Si va a responder a intereses corporativos o a necesidades sanitarias. Si las comunidades van a participar o quedar afuera.
En ese contexto, hay algo que empieza a quedar claro: los territorios que no se involucren activamente en este proceso corren el riesgo de quedar afuera de una de las transformaciones productivas más relevantes de los próximos años.
La experiencia que ya se está desarrollando en la región demuestra que hay otro camino posible: uno basado en articulación, ciencia aplicada, producción local y organización colectiva. Un modelo que incluso puede replicarse en otros territorios, adaptándose a cada realidad e integrando al sistema de salud, a profesionales, a usuarios y a quienes ya tienen capacidad productiva.
El desafío no es menor. Pero tampoco lo es la oportunidad.
El verdadero debate ya no es si el cannabis va a crecer.
El verdadero debate es quién va a construir ese crecimiento y para qué.
Porque el futuro no es inmediato, pero empieza a construirse en decisiones como estas.
Elio Carrasco
Secretario de Cooperativa Quatrifinio Ltda.
